El PP propone facilitar la actividad de las fundaciones eliminando el silencio administrativo negativo

Presenta 46 enmiendas al Proyecto de Ley de Fundaciones

La diputada regional Isabel Urrutia pide al Gobierno más seriedad y rigor a la hora de elaborar normas porque no puede cometer errores como la modificación de una ley derogada hace casi año y medio

El Partido Popular ha propuesto al Gobierno de Cantabria que no contemple el silencio administrativo negativo en todos los trámites que se realicen en materia de fundaciones para dar celeridad y facilitar la actividad de las organizaciones de este tipo.

La diputada regional del PP Isabel Urrutia considera que la Administración tiene que ser eficiente y no servirse de herramientas para todo lo contrario con la excusa de defender el interés general. “La creación o constitución, así como la inscripción o los actos esenciales de la vida de las fundaciones, no pueden quedar supeditada a que una administración sea lenta o no, o que se escude en supuestas razones imperiosas de interés general para decir que no sin una resolución expresa”, ha señalado.

Por eso ha exigido al Gobierno “celeridad, responsabilidad y eficiencia” en materia de Fundaciones eliminando el silencio administrativo negativo.

Es una de las 46 enmiendas que ha presentado el Grupo Popular al proyecto de Ley de Fundaciones presentado el pasado mes de enero en el Parlamento por el Gobierno de Cantabria, al que la diputada regional ha exigido más seriedad y rigor en la elaboración de las normas.

Urrutia ha explicado que el texto contiene numerosos errores de redacción y sintácticos a lo largo de sus 49 artículos, siete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. Por ello la mayoría de las enmiendas presentadas por los populares van dirigidas a corregir esos errores de carácter formal.

Sin embargo, Urrutia ha advertido también de la presencia de importantes errores en el proyecto como que, para introducir un nuevo supuesto de silencio administrativo negativo, la Disposición Final Primera pretenda modificar la Ley 6/2002 de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, derogada en enero de 2019.

A juicio de la diputada del PP, “la falta de rigor del Gobierno de Cantabria es preocupante y de una gravedad manifiesta, no ya solo por presentar un proyecto errático y que pretende modificar una ley derogada hace casi año y medio, sino porque este hecho es avisado por el servicio jurídico el Gobierno de Cantabria el 5 de diciembre de 2019 y por lo que se ve nadie se leyó tal informe jurídico”.

“Ni la Secretaría General que impulsa el texto, que es la de la Consejería de Presidencia, ni la Comisión de Secretarios, ni el Consejo de Gobierno se han leído ni el informe de la Dirección del Servicio Jurídico ni el propio del proyecto de ley que ellos mismos han tramitado y enviado al Parlamento”, ha señalado Urrutia.

“He sentido desazón al ver errores como este en un proyecto de ley del Gobierno. No puedo creer que nadie lo haya leído antes de remitirlo al Parlamento con los numerosos errores que contiene. Parece que quieren poner a prueba a los diputados”, ha concluido Urrutia, precisando que del total de 46 enmiendas del Partido Popular, cinco son de adición, una de supresión y cuarenta de modificación.