La plataforma Stop Desahucios, promotora del documento que desarrolla el protocolo antidesahucios, expresa su desánimo ante la “falta de sensibilidad social” y “errática gestión” de la concejal de Servicios Sociales, María Tejerina, y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander. A pesar de todo, la plataforma mantiene su hoja de ruta para aprobar el protocolo. Por ello, entre otras cuestiones, ha presentado alegaciones a los presupuestos 2017 y también ha mantenido contactos con el resto de grupos municipales y con la Consejería de Vivienda, que han mostrado su apoyo a dicho protocolo.

 Durante el mes de noviembre, la plataforma Stop Desahucios ha venido manteniendo diferentes reuniones con los grupos municipales para presentarles el protocolo antidesahucios. Con la excepción del grupo popular, todos los grupos municipales han mostrado su apoyo a dicho documento; aunque hay matices en ese apoyo, ya que, según la plataforma, el grupo C’s ha sido “menos determinante” en cuanto al respaldo al método a seguir para su aprobación.

 

El pasado miércoles, 14 de diciembre, se celebraba una reunión del grupo de exclusión social del Ayuntamiento de Santander, compuesto por los grupos municipales del Consistorio y técnicos del Ayuntamiento, y de la plataforma Stop Desahucios para tratar el documento que desarrolla el protocolo. Dicha reunión se celebró a petición de la plataforma e inicialmente iba a tener como objetivo analizar la viabilidad jurídica del documento, ya que el grupo popular y la concejal de Servicios Sociales “tenían dudas al respecto”. Sin embargo, el contenido y el formato de la reunión se alteraron sin previo aviso y de forma unilateral por la titular de servicios sociales.

 

Para Ruth Deguas, portavoz de la plataforma, en dicha reunión se produjo un “debate insustancial”, entre los representantes del gobierno municipal y de la plataforma, “ya que no se puede debatir sobre una alternativa inexistente al protocolo de la plataforma. Según Ruth Deguas, para la Concejalía de Servicios Sociales y el grupo popular “no hacen falta más recursos que los existentes”. De hecho, en dicha reunión la concejal de Servicios Sociales presentó un documento que, siendo un “corta y pega” del protocolo de la plataforma, suprimía en su totalidad los recursos habitacionales y las ayudas directas, así como la Oficina de Defensa de la Vivienda, organismo fundamental para llevar a cabo los objetivos del protocolo.

 

En opinión de la representante del colectivo: “Los servicios sociales están colapsados y no pueden atender el volumen de afectados y es inviable que el Ayuntamiento pretenda que el servicio de mediación del colegio de abogados pueda cubrir las necesidades constatadas. Un servicio sin apenas funciones y generalista que ha atendido en 2016, según sus propias memorias, a 12 afectados. Cuatro horas a la semana para atender casos de clara, Emergencia Social es insuficiente, dada la cantidad de recursos que requieren los procesos de ejecución hipotecaria. Si las familias en riesgo de desahucio no acuden a dicho servicio es porque no supone una ayuda inmediata.”.

 

Según Ruth Deguas, el texto ‘alternativo’ presentado por la Concejalía de Servicios Sociales “no está bien desarrollado”, con “enunciados vacíos de contenido, sin datos y sin los recursos necesarios para el funcionamiento del protocolo”, lo cual refleja una clara “falta de sensibilidad social”, además de una “errática gestión”. Para la portavoz: “No existe intención de negociar, de debatir, porque para poder hablar sobre un documento, éste debe ser serio y riguroso en sus contenidos, como lo es el presentado por la Plataforma Stop Desahucios, que incluso ha recibido una valoración muy positiva por parte de los propios técnicos de servicios sociales presentes”.

 

El protocolo antidesahucios fue aprobado de forma unánime por todos los grupos municipales en febrero de 2016. El segundo de los puntos de dicha moción establecía que el Ayuntamiento debería “proporcionar recursos profesionales, económicos y habitacionales”. Sin embargo, el protocolo que quiere aprobar la concejal de Servicios Sociales, en opinión de la plataforma, “difumina los recursos profesionales y hace desaparecer completamente los recursos económicos y habitacionales para las personas en riesgo de desahucio”.

 

Alegaciones al presupuesto

Debido a la falta de respuesta del equipo de gobierno, la plataforma Stop Desahucios presentó el pasado 13 de diciembre alegaciones a los presupuestos de 2017. En dichas alegaciones se expresa el gasto que implicaría el protocolo: 362.700 euros anuales. “Una cantidad ridícula si lo comparamos con otros gastos mucho menos necesarios como los microespacios”, expresan desde la plataforma.

 

Ciudadanos “tendrá que mojarse”

Para Ruth Deguas: “La responsabilidad recae en C’s, que deberá definir su postura. Si realmente son sinceros en el apoyo al protocolo, y quieren ser coherentes, deberán votar a favor de las alegaciones. Eso implicará llevar la contraria al equipo de gobierno. Desde la plataforma les pedimos que demuestren su independencia con respecto al Partido Popular”. De hecho, esa coherencia o su falta tendrían también relación con el contenido de las propuestas del grupo parlamentario del mismo partido. Y es que recientemente, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una propuesta para los presupuestos del Gobierno de Cantabria que incluían nada menos que 4 millones de euros para alquiler social.

 

El grupo municipal de C’s ha expresado que se podría aprobar el desarrollo del protocolo mediante un expediente extraordinario de modificación de presupuestos. Sin embargo, para la plataforma esa posibilidad es “inviable” ya que necesitaría del acuerdo del equipo de gobierno.

 

Apoyo de la Consejería de Vivienda

La plataforma Stop Desahucios también ha mantenido en los últimos días contactos con representantes de la Consejería de Vivienda y Obras públicas, los cuales han dado el visto bueno al documento del protocolo. Desde la D.G. de Vivienda están centralizando un convenio para toda Cantabria con el Consejo General del Poder Judicial. En el documento que desarrolla el protocolo para Santander se establece la obligación de un acuerdo con los órganos judiciales y, por tanto, a la plataforma le parece adecuada dicha fórmula.

 

Según la plataforma, otra de las cuestiones que han tratado es la necesidad de especificar en el protocolo de forma pormenorizada los casos de afectados que no posean título que acredite la ocupación de una vivienda. Por último, en la Consejería entienden que existe un problema de coordinación y que, por ello, tendría que incoporarse un acuerdo por escrito donde se establezca la colaboración entre Ayuntamiento y Consejería de Vivienda. Una de las cuestiones que entienden tanto en la plataforma como en la Consejería es la necesidad de tener informes sociales que avalen las ayudas dirigidas a los afectados que han sufrido un lanzamiento de su vivienda o que se encuentran en riesgo de desahucio. Esos informes, obligatorios para gestionar las ayudas, ya sean de alquiler social o ayudas directas al alquiler, deben realizarse de forma inmediata cuando existe la posibilidad de un desahucio inminente. Por ello, entienden muy razonable la existencia de un órgano, como la Oficina de Defensa de la Vivienda, que coordine las actuaciones y emita dichos informes.

 

Recuadros

El número de desahucios en Cantabria y en Santander

Según el Consejo General del Poder Judicial, en los últimos cuatro años, del 2013 al tercer trimestre de 2016, ha habido 2.689 lanzamientos (desahucios). Concretamente, en Cantabria hubo 799 desahucios o lanzamientos en 2015 (311 fueron por ejecución hipotecaria, 462 por impago de alquiler y 26 por otros procedimientos). En 2016, la tendencia estadística indica una reducción en torno al 8% durante los tres primeros trimestres (600 en 2015 por 549 en 2016). Según la plataforma, el 80% de los lanzamientos sería de viviendas. La extrapolación al municipio de Santander indicaría un número de lanzamientos de vivienda en torno a los 300-350 lanzamientos anuales. La extrapolación desarrollada por la plataforma se ha realizado valorando que la población santanderina representa el 30% de la de toda Cantabria y que el municipio de Santander se encuentra 8 puntos por encima de Cantabria (28,10% en Santander por 20,40% en Cantabria) en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social.

 

El protocolo antidesahucios

Según el documento elaborado por la plataforma, el objetivo es conseguir a medio plazo que el número de desahucios o lanzamientos en la ciudad de Santander para personas sin recursos sea “igual a CERO”. El número de familias afectadas del municipio que podrían acudir a los servicios que ofrece el protocolo podría estar en torno a las 700 (dos últimos años), aunque en el mismo se contempla un número de usuarios alrededor de 150 para el primer año.

 

En el documento de 18 páginas se desarrollan de forma muy específica los recursos legales, económicos y organizativos para llevar a cabo todas las medidas. Incluso se concretan aspectos como la situación habitacional y judicial, así como el perfil económico y condiciones de especial vulnerabilidad de los beneficiarios.

 

Además de los recursos habitacionales contenidos en el documento (alquiler social y ayudas al alquiler), se promueve la creación de la Oficina de Defensa de la Vivienda en el Ayuntamiento de Santander. Dicha oficina, integrada por dos personas que ejercerán labores de asesoramiento jurídico y  trabajo social, se ocupará de intervenir en cada caso y coordinará las actuaciones del día a día. Y es que en el documento también se proponen órganos de coordinación más amplios, con la participación de colectivos sociales y políticos.

Documento que desarrolla el ROTOCOLO ANTIDESAHUCIOS PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS

 A partir de la página 14 se desarrolla el presupuesto. En rojo los cambios de última hora.

 INTRODUCCIÓN

El pasado 25 de febrero de 2016, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción para habilitar un protocolo de actuación en casos de desahucio.

 

Dicha moción intentaba llenar un vacío en el municipio de Santander al no disponer el Consistorio de ningún protocolo de actuación en casos desahucios o lanzamiento.

 

Este protocolo de actuación proponía las siguientes medidas:

1ª) Habilitar un protocolo de actuación en casos de desahucio por alquiler o de lanzamiento por procedimientos de ejecución hipotecaria que, por su carácter de urgencia y por falta de recursos económicos de los afectados, impliquen una respuesta inmediata.

2ª) Proporcionar recursos profesionales, económicos y habitacionales para situaciones de extrema necesidad en los casos mencionados.

3ª) Establecer cauces de coordinación con la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria.

4ª) Constituir un operativo de emergencia en los Servicios Sociales para poder actuar en este tipo de situaciones, emitiendo sus informes sociales de forma inmediata y urgente

5ª) Establecer un acuerdo con los Juzgados de Primera Instancia de cara a conocer de forma inmediata los desahucios y lanzamientos que vayan a ser ejecutados.”

Habiendo trascurrido más de siete meses desde su aprobación, dicho protocolo no se ha llegado a desarrollar. Entendemos que una de las causas pueda ser el gran volumen de trabajo de los responsables políticos y funcionarios del Ayuntamiento. Y, precisamente por ello, hemos creído necesario desarrollar dichas medidas desde nuestra plataforma.

 

Después de más de un lustro de apoyo a los afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios por impago de alquiler, y del conocimiento adquirido durante todos estos años, creemos que podemos aportar nuestra experiencia para implementar un desarrollo de las medidas adecuado a las necesidades de los afectados de la ciudad.

 

Es obvio que estas medidas deberían coordinarse con programas que afronten de forma integral las graves dificultades de una gran parte de la población española, cántabra y santanderina para acceder a una vivienda digna. Y, desde luego, son necesarias reformas legislativas de amplio espectro que erradiquen el abrumador número de desahucios o lanzamientos en Cantabria y Santander.

 

 

  1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española proclama en su artículo 47 como principio rector de la política social y económica el derecho a una vivienda digna y adecuada. Dicho precepto también dirige un mandato a los poderes públicos para que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

 

El derecho a una vivienda digna es indisociable a otros derechos contenidos en la carta magna, como la función social del derecho a la propiedad (art. 33), la redistribución más equitativa de la renta personal (art. 40) o la garantía de la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41). Sin obviar el mandato del artículo 128, donde se establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

 

El derecho a la vivienda está indisolublemente unido también al derecho a la protección del hogar y el derecho a la vida privada y familiar, reconocido también como derecho fundamental en el artículo 18 de la Constitución Española. Sin olvidar que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito por España, indica en su apartado 1 que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

 

La conexión entre el derecho a la vivienda y el derecho a la vida privada y familiar ha sido también reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia TJUE, de 14 de marzo de 2013, y sentencia TSJUE, de 10 de septiembre de 2014). Dicho tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de una actuación urgente de los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos de competencia, dirigidos a la salvaguarda de los derechos fundamentales y estatutarios que van ligados con el uso y disfrute de la vivienda habitual.

 

A la luz de estos pronunciamientos, se han adoptado por el Estado español algunas medidas legislativas para proteger a los deudores hipotecarios con un alcance muy limitado: el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Dichas normas, además de resultar insuficientes, no son aplicables a la mayoría de los desahucios, sobre todo, los que se producen por impago del alquiler y derivan en situaciones extremas de emergencia social con el desalojo.

 

En Cantabria ha habido 5.411 procedimientos de ejecución hipotecaria durante el período 2007-2015 (531 en 2014 y 403 en 2015). Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados (según la terminología judicial) o desahucios (según el lenguaje común), fue de 716 en 2013, 625 en 2014 y 799 en 2015. De los cuales, por ejecución hipotecaria fueron 205 en 2013, 219 en 2014 y 311 en 2015. Mientras que los desahucios por impago de alquiler y aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fueron 433 en 2013, 350 en 2014 y 462 en 2015. Como puede observarse y como seguimos denunciando desde los colectivos de afectados, el número de lanzamientos no ha dejado de aumentar, a pesar de las informaciones falseadas que suelen aparecer de vez en cuando. Y es digno de valorar que la mayor parte de los desahucios practicados lo son precisamente por impago de alquiler. Un hecho que suele ser ocultado de forma sistemática.

 

Contribuye a esta situación de emergencia social, una crisis que no parece terminar que ha llevado a Cantabria y a la ciudad a unas tasas altísimas de población en riesgo de pobreza y exclusión social –sobre el 28% (cerca de 50.000 santanderinos) –. Por no hablar de una tasa de paro cercana al 20%, sobre 13.100 parados, de los cuales alrededor de un 70% no estarían cobrando prestación alguna.

 

Para compensar la falta de avances en la promulgación de leyes que combatan de forma efectiva los desahucios, que aumenten la protección de las personas y aseguren el derecho básico a la vivienda, las distintas administraciones se vienen comprometiendo, de forma dubitativa en algunos casos y con mayor intensidad, en otros, en adelantar soluciones dentro de sus posibilidades y competencias.

 

Y es que ninguna familia en riesgo de desahucio tiene esa única amenaza sobre sí. La experiencia nos dice que son situaciones en las que los problemas se acumulan y afectan a muchas facetas vitales: desempleo de larga duración o sub-empleo, desnutrición infantil, falta de suministros básicos, otras deudas, salud deteriorada, estados de shock, ansiedad, relaciones familiares alteradas, sentimientos de fracaso, angustia, etc. Por eso es necesario un abordaje integral, aunando perspectivas jurídicas, financieras y sociales. En este sentido, los sistemas integrados de Servicios Sociales y de Vivienda, pueden y deben actuar como interlocutores públicos que movilicen y ordenen los recursos urgentes y necesarios para que la unidad familiar afronte la situación con garantías de éxito.

 

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece, en el artículo 25, entre las competencias propias de los municipios, además de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública, la “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

 

El Ayuntamiento de Santander, en cumplimiento del mandato constitucional y con la habilitación legal referida, está dispuesto a promover, en el ámbito de sus competencias, las medidas que estén a su alcance y que contribuyan a defender el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos de Santander.

 

Y con el propósito de intervenir y paliar las situaciones de desahucio de las viviendas que constituyan el domicilio habitual de los ciudadanos, especialmente los que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, se establece este Protocolo Antidesahucios en la ciudad de Santander.

 

  1. OBJETIVOS

El objetivo principal de las medidas contenidas en este documento es llegar a conseguir a medio plazo que el número de desahucios o lanzamientos en la ciudad de Santander para personas sin recursos sea igual a CERO.

Este Protocolo camina en la intención y en el deseo de poner fin a los desahucios o lanzamientos de vivienda. Estas actuaciones deben formar parte de una serie de medidas integradas en el próximo Plan Municipal de la Vivienda.

 

  1. CONDICIONES OBJETIVAS Y PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

Definir el perfil de las personas que podrán acceder a las medidas del protocolo es obligado ya que de otra forma, la aplicación de las actuaciones podría convertirse en un cajón de sastre en donde podría entrar cualquier persona con problemas de acceso a la vivienda.

Por ello se establece en primer lugar como criterio para poder acceder a las actuaciones previstas estar empadronado en el municipio o demostrar la residencia en una vivienda ubicada en el mismo.

En segundo lugar se define la situación habitacional. En esta parte se delimita claramente que las medidas sólo serán aplicables a viviendas de personas físicas que sean la residencia habitual de la persona o familia afectada.

En tercer lugar, se valora la situación judicial en relación con el tipo de uso de la vivienda. La casuística es amplia pero se puede resumir en la existencia de un título de propiedad o de un contrato de alquiler. También se valoran los casos de ocupaciones de vivienda sin título de ninguna clase.

En cuarto lugar se valora la situación económica y las situaciones de especial vulnerabilidad como la existencia de menores, de violencia de género y discapacidad o circunstancias similares.

 

RESIDENCIA Y EMPADRONAMIENTO

El objeto de las actuaciones de este protocolo va dirigido a aquellas personas o familias que residen en la ciudad de Santander y cuya vivienda se encuentra inmersa en un procedimiento de desahucio, desalojo o lanzamiento.

Por ello, para ser beneficiaria de las intervenciones que se ofrecen en este protocolo, la persona o personas interesadas deben cumplir el requisito previo de estar empadronadas en el municipio de Santander.

Sin embargo, podrán existir excepciones cuando exista o haya existido algún problema administrativo para el empadronamiento en la vivienda objeto de desahucio o lanzamiento, que serán valoradas siempre y cuando se demuestre que la persona o familia afectadas residen o residían en dicha vivienda ubicada en el municipio. Este hecho es fácilmente demostrable si nos atenemos a la documentación de los procedimientos judiciales de desahucio, desalojo o lanzamiento de la vivienda.

 

SITUACIÓN HABITACIONAL

El protocolo se activará sólo en los siguientes casos:

El procedimiento de desahucio o lanzamiento se puede producir, se produce o se ha producido en la residencia habitual de la persona o familia beneficiaria. No se considerará en ningún caso la aplicación del protocolo para viviendas que no sean residencia habitual o viviendas cuyo titular antes de subasta sea una  persona jurídica.

La persona o familia beneficiarias carecen de otra vivienda alternativa. Es decir, no podrán acceder a las actuaciones previstas en este procedimiento aquellas personas que ellas mismas o cualquiera de las que integran su unidad familiar dispongan sin ninguna limitación de otra vivienda en alquiler, en propiedad o en usufructo. Las condiciones de propiedad y uso de una vivienda pueden limitar de forma extraordinaria la posibilidad de residir en la misma, ya que puede existir una imposibilidad legal para su uso residencial (por ejemplo, una herencia sin derechos de uso y disfrute o por separación matrimonial).

En cualquier caso, la persona o familia beneficiaria no podrá ser atendida si posee una segunda vivienda en condiciones de habitabilidad en el mismo municipio o zona (municipios limítrofes o cercanos) cuya propiedad sea 100% de la persona o cualquier miembro de la familia afectada o sobre la que tengan derecho de uso y disfrute sin limitación alguna.

Se valorará la aplicación de las medidas en casos excepcionales aunque no se cumplan totalmente los requisitos mencionados. En el caso de poseer una segunda vivienda fuera del municipio o zona (municipios limítrofes o cercanos), deberá demostrarse que no puede utilizarse como primera vivienda, ya sea por la distancia del puesto de trabajo, en su caso, por motivos de escolarización de los hijos o por cualquier otra causa que pueda considerarse de forma objetiva.

 

SITUACIÓN JUDICIAL Y TÍTULO

El protocolo se activará sólo en las siguientes situaciones:

  • Familias y personas titulares de un préstamo hipotecario y de unas escrituras de propiedad cuya vivienda haya sido subastada y traspasada la titularidad de la misma.

En este apartado se atenderá a dos tipos de situaciones en relación con la fase del procedimiento de ejecución que estén sufriendo los afectados.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellas personas o familias cuya propiedad haya sido subastada y/o trasferida la propiedad. Se priorizará a aquellas personas o familias en las que el juzgado haya fijado fecha de lanzamiento para el desahucio de su vivienda.

 

  • Familias y personas que poseen un contrato de alquiler de la vivienda

Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellas personas o familias afectadas por procedimientos de desahucio por impago de alquiler en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Al igual que en el caso anterior, se priorizará a aquellos casos en los que el juzgado haya fijado fecha para el desahucio de su vivienda. El procedimiento de desahucio –en particular, el desahucio Express – es mucho más rápido que el procedente de una ejecución hipotecaria, por tanto, se priorizarán las medidas para este tipo de desahucios.

 

  • Familias y personas que no poseen un título que acredite la ocupación de la vivienda.

Podrán ser beneficiarios de las actuaciones aquellas personas o familias incursas en procedimientos de desahucio en precario, desalojo o procedimientos judiciales similares, ya sea por ocupación sin título, ocupación sobrevenida o por cualquier otra causa.

Creemos que las medidas contenidas en este protocolo deben ampliarse a una serie de casos con difícil encaje pero vinculados a procesos de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler –por ejemplo, cesiones de uso – o al número cada vez más creciente de ocupaciones sobrevenidas y ocupaciones en general.

En términos generales, las ocupaciones de vivienda por falta de recursos económicos son un fenómeno creciente que tiende a ocultarse para evitar el “efecto llamada”. Sin embargo, si se considera que este fenómeno es dañino para la sociedad, la mejor forma de atajar el problema es regularlo y legalizar la situación de estas personas. La realidad es que el único efecto llamada posible es la terrible situación que padecen muchas familias para acceder a una vivienda digna.

 

  • Familias y personas que hayan sufrido un desahucio de forma reciente.

Podrán ser beneficiarios de las actuaciones aquellas personas o familias que hayan sido desahuciadas en el último año inmediatamente antes de la solicitud por cualquiera de los procedimientos descritos.

 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

Para poder acceder a las actuaciones de este protocolo, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos económicos:

  • Ingresos reales por debajo de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) a 14 pagas para unidades familiares de un solo miembro: 11.182,71 euros.
  • Ingresos reales por debajo de 2 veces el IPREM para unidades familiares de dos miembros: 14.910,28 euros.
  • Ingresos reales por debajo de 2,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres miembros o más miembros: 18.637,85 euros

Se consideran ingresos reales aquellos que se corresponden con la renta familiar disponible, descontando los gastos destinados al pago de deudas y otros como, por ejemplo, los seguros sociales y el IRPF en personas que trabajan.

El límite propuesto se considerará de forma flexible para propiciar que no se produzcan situaciones absurdas como, por ejemplo, que un posible beneficiario quede fuera porque excede en 10 euros el límite IPREM.

La existencia de menores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas graves, personas que hayan sufrido violencia de género y jubilados se valorará especialmente a la hora de establecer los límites económicos propuestos. Como mínimo se establecerán las siguientes ampliaciones al límite:

  • Ingresos reales por debajo de 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) a 14 pagas para unidades familiares de un solo miembro en situación de discapacidad, enfermedad crónica, violencia de género o jubilado: 14.910,28 euros.
  • Ingresos reales por debajo de 2,5 veces el IPREM para unidades familiares de dos miembros: 18.637,85 euros
  • Ingresos reales por debajo de 3 veces el IPREM para unidades familiares de tres miembros o más: 22.365,42 euros

En cualquier caso, además de los criterios económicos se valorará la situación de la unidad familiar en su conjunto para que no se produzcan situaciones injustas a favor o en contra de la consideración de la persona o familia como beneficiarios de las actuaciones previstas en este documento.

 

  1. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Para el desarrollo de las medidas del protocolo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander elaborará una ordenanza específica, que deberá ser aprobada por el pleno de la Corporación. De igual, forma se modificarán aquellas ordenanzas que se vean afectadas por los contenidos del presente protocolo. De igual forma, se habilitará una partida en los presupuestos de 2017 para el cumplimiento efectivo de estas medidas.

4.1. Recursos habitacionales, ayuda económicas y alquiler social

El Ayuntamiento de Santander proporcionará viviendas para alquiler social a los beneficiarios en aquellos casos en los que no haya acuerdo con los propietarios de las viviendas en proceso de desahucio.

Dichas viviendas podrán ser proporcionadas directamente por el Ayuntamiento a través de su parque de viviendas sociales de titularidad municipal o de la empresa pública Sociedad de Vivienda y Suelo.

El Ayuntamiento también podrá proporcionar viviendas sociales de forma indirecta, ya sean cedidas por otras administraciones públicas (Gobierno de Cantabria) o por las entidades bancarias. E, igualmente, la Corporación santanderino establecerá acuerdos con el Gobierno de Cantabria o con las entidades bancarias para que sean éstas directamente las que aporten el recurso habitacional.

El importe del alquiler social nunca podrá ser superior al 30% de los ingresos reales de la unidad familiar.

Cuando no sea posible proporcionar viviendas en régimen de alquiler social a los beneficiarios del protocolo, el Ayuntamiento de Santander, en coordinación con el Gobierno de Cantabria si es necesario, habilitará un crédito de ayudas de emergencia social para aquellas unidades familiares que no posean ingresos suficientes para un alquiler en el mercado libre. Dichas ayudas podrán ser del 25%, del 50%, del 75% o del 100% del precio del alquiler, atendiendo a los ingresos de la unidad familiar.

 

4.2. Garantía de suministros básicos

Se garantizarán los suministros básicos de agua, luz y calefacción a aquellas personas o familias que demuestren la imposibilidad del pago en situaciones de desahucio. Para lo cual, se elaborará el pertinente informe de los servicios sociales de Atención Primaria.

 

4.3. Oficina de Defensa de la Vivienda de Santander

Se crea la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda como un servicio que coordinará la estrategia municipal de actuación de cara a evitar los desahucios. Desde esta oficina se prestarán los servicios de orientación, atención social, asesoramiento jurídico, intermediación con las entidades financieras, propietarios o administradores de fincas y acompañamiento social a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en situación de vulnerabilidad para la defensa de sus intereses, a los que se atenderá de forma individualizada, preservando su intimidad.

 

Esta oficina municipal actuará como instrumento de intervención y coordinación técnica para cada caso entre los distintos servicios de los que se requiera alguna actuación en el presente Protocolo: Servicios Sociales, Juzgados, Oficina de Emergencia Habitacional, Colegio de Abogados, Policía Local y Nacional, Entidades Financieras, plataformas de Afectados y otros que pudieran intervenir.

 

Especialmente, la coordinación específica de esta oficina municipal con la Oficina en Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, con los Órganos Judiciales para la detección precoz de los procedimientos de lanzamiento o desahucio y con el Colegio de Abogados, se realizará en los términos en que se determine en los correspondientes Convenios de Colaboración entre estos organismos y la Corporación municipal, que se unirán como anexo a este Protocolo.

 

Asimismo, cuando sea la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda la que realice la derivación a cualquier otro servicio, lo hará de forma coordinada con el mismo, informando a la persona usuaria desde ese mismo momento, la fecha y hora de la cita en la que será atendida en el servicio al que se ha derivado.

 

La Oficina estará integrada por un asesor jurídico o mediador con experiencia en procedimientos hipotecarios y desahucios, así como un trabajador social. Este último se integrará en los servicios sociales de Atención Primaria.

 

 

Funciones del asesor jurídico o mediador

  • Asesoramiento jurídico a las personas afectadas en materia de arrendamientos urbanos, préstamos hipotecarios, formalización/extinción de contratos de arrendamiento y procedimientos de desahucio.
  • Mediación con entidades financieras, administraciones de fincas y propietarios/as,
  • Gestión y apoyo en trámites de justicia gratuita y seguimiento en juzgados.
  • Presentación de escritos (suspensiones, recursos) en los juzgados cuando los afectados no dispongan de abogado por carecer del derecho o porque no se haya resuelto la petición de justicia gratuita.
  • Elaboración de un informe jurídico de cada caso, que se adjuntará siempre al informe social de cada afectado.

 

Funciones del trabajador social

  • Asesoramiento general e información del servicio
  • Coordinación con los servicios sociales de Atención Primaria
  • Valoración, diagnóstico y orientación a personas destinatarias del presente protocolo. Informe social, en colaboración con los servicios sociales.
  • Información relativa al parque de viviendas disponibles y de las ayudas directas.
  • Acompañamiento y seguimiento en las gestiones a realizar por la persona afectada con entidades financieras, con otras Administraciones Públicas, con el arrendador/propietario, así como en la búsqueda de una nueva vivienda. Seguimiento de la persona afectada.

 

Operativo de emergencia

La oficina de Defensa de la Vivienda constituirá un operativo de emergencia en los casos que sea necesario y urgente, en coordinación con los servicios sociales, para poder actuar en este tipo de situaciones, emitiendo los informes sociales de forma inmediata.

 

4.4. Convenios de colaboración y espacios de coordinación

CONVENIOS

El Ayuntamiento de Santander establecerá diferentes convenios de colaboración con el Colegio de Abogados y, sobre todo, con los Juzgados de Primera Instancia de Santander a través del Juzgado Decano[1] para coordinar las actuaciones del protocolo y conocer de forma inmediata los desahucios y lanzamientos que vayan a ser ejecutados. En este convenio se prestará una atención muy concreta a los casos de especial vulnerabilidad. En dicho convenio se establecerá en aquellos casos que sea necesario, y siempre que haya acuerdo del juzgado implicado, la suspensión automática de los desahucios cuando haya afectados menores.

Además, se establecerán convenios y coordinación continuada con la Oficina en Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria. La colaboración entre el Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander es un requisito básico para que las actuaciones sean eficaces.

De igual forma, el Ayuntamiento de Santander promoverá los acuerdos o convenios con las entidades bancarias, tanto en lo que atañe a la aplicación de las medidas contenidas en este protocolo como las necesarias sobre la cesión de viviendas para alquiler social, tanto para causas de desahucio como en general para aquellas personas sin opciones para acceder al mercado libre.

 

ESPACIOS DE COORDINACIÓN COLECTIVA

La intervención y la coordinación continuada, en el día a día, será función de la Oficina de Defensa de la Vivienda, pero son necesarios espacios de coordinación colectiva para controlar el funcionamiento de la Oficina y el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del protocolo. En ese sentido, habrá dos ámbitos de coordinación. En primer lugar, el Consejo de Coordinación, que se ocupará de hacer el seguimiento de la aplicación del protocolo y proponer medidas generales que mejoren las actuaciones contenidas en el mismo. En segundo lugar, una mesa de coordinación técnica, que se ocupará de valorar los casos llegados a la Oficina de Mediación y Defensa de los afectados de la vivienda de Santander.

 

Consejo de coordinación del protocolo

Ayuntamiento de Santander

  • Concejal de Servicios Sociales
  • Representantes del pleno (concejales): Representantes de los grupos municipales, así como el concejal responsable de la moción que se desarrolla con este protocolo.
  • Un técnico en representación de los servicios sociales de atención primaria
  • Un técnico en representación de la oficina de defensa de la Vivienda de Santander

Gobierno de Cantabria

  • Un representante de la Consejería de Vivienda
  • Un técnico en representación de la oficina de Emergencia Habitacional

Entidades bancarias y sector inmobiliario

  • Un representante de las entidades bancarias.
  • Un representante del sector inmobiliario, no vinculado a entidades bancarias.

Plataformas, asociaciones y colectivos sociales

  • 1 representante de cada una de las plataformas que operan en el municipio de Santander: Plataforma Stop Desahucios y Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
  • 1 representante de asociación de consumidores.

Juzgados de Santander

1 representante de los juzgados de primera instancia de Santander o del decanato.

 

Mesa de coordinación técnica

Se ocupará de coordinar las actuaciones de los casos específicos que lleguen a la Oficina de  Defensa de la Vivienda. Se reunirá cuando sea necesario por motivos de urgencia y, en todo caso, se reunirá de forma mensual. Los miembros serán los siguientes:

Ayuntamiento de Santander

  • Concejal de Servicios Sociales
  • Un técnico en representación de los servicios sociales de atención primaria
  • Un técnico en representación de la oficina de defensa de Vivienda de Santander

Gobierno de Cantabria

Un técnico en representación de la oficina de Emergencia Habitacional

Plataformas, asociaciones y colectivos sociales

  • 1 representante Plataforma Stop Desahucios
  • 1 representante Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Juzgados de Santander

1 representante de los juzgados de primera instancia de Santander o del decanato.

 

4.5. Difusión

La difusión de la existencia del Protocolo Municipal AntiDesahucios y de los recursos disponibles se realizará por los siguientes medios:

  • Información directa de la existencia de este Protocolo en las distintas dependencias municipales de atención social.
  • Campañas en medios de comunicación.
  • Edición de publicidad (panfletos, trípticos, cartelería) al respecto para su difusión entre la ciudadanía.

 

4.7. Procedimiento

FORMA DE ACCEDER A LAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO

Las personas interesadas o afectadas podrán tener acceso a este servicio a través de las siguientes vías:

  1. a) DIRECTAMENTE: Dirigiéndose a la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda de Santander (OMDV).
  2. b) INDIRECTAMENTE: A través de los juzgados de primera instancia, de los servicios sociales de atención primaria o de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria. Estos organismos se pondrán en contacto con la

 

Los afectados que requieran la atención de la OMDV en casos de lanzamiento o desahucio rellenarán una instancia a presentar en el registro del Ayuntamiento, además de los datos a cumplimentar proporcionados por la OMDV para realizar el oportuno informe.

 

Procedimiento de derivación de los juzgados y coordinación con la OMDV

Una vez que el juzgado correspondiente emita orden de lanzamiento o desahucio, se pondrá en contacto con el afectado o afectados para proponerle derivar su situación a la OMDV del Ayuntamiento de Santander.

 

Una vez el Juzgado correspondiente, con la autorización del afectado, remita a la OMDV la comunicación de la orden de lanzamiento, ésta se pondrá en contacto con la persona afectada al objeto de ofrecerle la intervención de los servicios municipales que están previstos en este protocolo y los propios de los servicios sociales de atención primaria.

 

Si la persona afectada declina el ofrecimiento, la OMDV levantará acta de ello y la incorporará a su expediente, sin más trámite.

 

Si la persona afectada acepta el ofrecimiento, la OMDV levantará acta de ello y lo comunicará de forma urgente a los Servicios Sociales. La propia OMDV o los servicios sociales emitirán un informe urgente sobre la situación de la persona o familia afectadas. En el caso de derivación a servicios sociales, en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde el siguiente a la comunicación que les haya hecho la OMDV, mantendrán una entrevista con la persona afectada, emitiendo el informe correspondiente con carácter de urgencia.

 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y PREVENCIÓN

La oficina de Defensa de la Vivienda de Santander (OMDV) podrá ofrecer información sobre préstamos hipotecarios, contratos de arrendamientos urbanos o procedimientos de desahucio a cualquier persona que lo requiera. Sin embargo, las actuaciones específicas del protocolo y de la oficina sólo se producirán en afectados por procedimientos de lanzamiento o de desahucio. En el resto de situaciones, se derivará a la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional de Cantabria. Será ésta, como viene siendo hasta el momento, la encargada de las actuaciones de mediación entre entidades bancarias y propietarios cuando todavía no se haya subastado la vivienda y/o traspasada la propiedad del inmueble para proponer medidas como la dación en pago, quita de la deuda, reestructuración del préstamo, alquiler social o cualquier otra medida oportuna.

 

En cualquier caso, todas las actuaciones de la OMDV de Santander se coordinarán con el trabajo de la oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria.

 

ACTUACIONES PREVIAS DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN

Se llevarán a cabo dos líneas principales de actuación:

 

Ejecuciones hipotecarias

En el caso de préstamos hipotecarios a los que no se pueda atender por empobrecimiento o insolvencia sobrevenida, y cuyos deudores hayan sido requeridos judicial o extrajudicialmente por los acreedores, habiéndose producido la subasta y/o el traspaso de la propiedad del inmueble, la OMDV se coordinará con la Oficina de emergencia habitacional para decidir la propuesta de intervención en cada caso en relación con los recursos disponibles.

Cualquier acción que se lleve a cabo en esta línea, deberá ser debidamente informada y consensuada con la persona demandante de ayuda, teniendo en cuenta la situación de la persona y las posibles dificultades añadidas (vg., vivienda como bienes gananciales en una pareja divorciada, avalistas implicados).

 

Se informará al afectado para que solicite justicia gratuita si no lo ha solicitado previamente. De igual forma, mientras se produce la designación del letrado, se estudiará jurídicamente si existe alguna posibilidad de suspender o anular el procedimiento en el caso de de errores en el proceso judicial o causas de nulidad de los contratos de préstamo o en el mismo procedimiento judicial.

 

Se propondrá a la entidad bancaria la posibilidad del alquiler social en la misma vivienda o en otra cuyo titular sea la misma entidad bancaria.

Desahucios por impago de alquiler

En el supuesto de contratos de arrendamiento cuyas rentas no se puedan sufragar por empobrecimiento o insolvencia sobrevenida de las personas inquilinas, las cuales ya hayan sido requeridas judicialmente de pago tras interposición de la correspondiente demanda de desahucio, se actuará de la siguiente manera: se informará a la persona inquilina de la conveniencia y del plazo para solicitar abogado/a del turno de oficio a través del Juzgado, si tiene derecho, con las pertinentes explicaciones para ello, o en su caso, se actuará conforme a lo que se establezca al efecto en el Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Santander y el Colegio de Abogados. Mientras se le asigna abogado/a de oficio a la persona afectada, se le proporcionará los siguientes recursos:

 

Se comprobará inicialmente si es correcto el montante del importe reclamado. Si no es así (y en el caso de que no necesite actuar en dicho procedimiento judicial con abogado/a ni procurador/a por la cuantía reclamada o no tenga uno asignado), se le redactará un escrito de oposición a la demanda para que la persona inquilina lo presente directamente en el juzgado.

 

Se analizará si tiene posibilidad de enervar la acción y se le asesorará, en dicho caso, sobre cómo hacerlo, redactándole los escritos pertinentes para poder hacer efectivo dicho derecho (esto último, si se dan los mismos supuestos que en el párrafo anterior).

 

Si el importe reclamado es correcto y no puede enervar la acción (porque legalmente no procede o porque carece de los medios económicos necesarios para ello), se asesorará a la persona afectada acerca de las consecuencias legales del impago y de la fecha señalada para el lanzamiento.

 

En caso de que no se enerve la acción, se contactará directamente con la propiedad, administración, representante legal o abogado/a, y se le pondrá en contacto con la persona inquilina. La OMDV servirá de mediador entre la propiedad e inquilino/a, favoreciendo la consecución del acuerdo que favorezca a ambas partes y que sea elegido de manera consensuada y libre. Estas medidas pueden suponer la suspensión del lanzamiento o una prórroga de la fecha señalada para el mismo, fraccionamiento, aplazamiento o incluso quita de deuda.

 

El Ayuntamiento estudiará fórmulas de compensación a los propietarios que acepten las propuestas de la OMDV. En los supuestos en que se haya asignado un abogado/a de oficio al afectado, se dará cuenta a este profesional del resultado de la mediación.

 

La proposición de suspensión del lanzamiento será por el tiempo necesario para que la persona inquilina pueda trasladarse a una vivienda con una renta más acorde a sus posibilidades económicas o mientras se tramita la obtención de ayudas públicas de los servicios sociales municipales, destinadas a obtener una vivienda en alquiler social o sufragar el alquiler de la vivienda en la que se encuentra, en caso de que cumpla los requisitos para ser beneficiaria de las mismas.

 

Esta actuación de asesoramiento jurídico, redacción de escritos para su presentación ante el juzgado, mediación con la propiedad y, en su caso, con el abogado del turno de oficio que se ha designado al afectado, será llevada a cabo por personal jurídico de la OMDV.

 

 

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN EN PROCEDIMIENTOS CON FECHA DE LANZAMIENTO O DESAHUCIO

 

Las intervenciones que se establecen en este apartado están destinadas a atender a aquellas personas que, como consecuencia de un procedimiento judicial, se vean obligadas a abandonar su vivienda habitual por haberse dictado una orden judicial de lanzamiento, desahucio o desalojo.

 

Actuación en los casos de Ejecución Hipotecaria con fecha de lanzamiento

Las intervenciones que se establecen en este apartado están destinadas a atender a aquellas personas que, como consecuencia de un procedimiento judicial iniciado por la falta de pago de las cuotas de un préstamo hipotecario contraído para la adquisición de su vivienda habitual, se vean obligadas a abandonar su vivienda habitual por haberse dictado una orden judicial de lanzamiento.

 

El Juzgado derivará, previa aceptación por parte de las personas implicadas, a la OMDV los datos de las personas sobre las que recaiga una orden de lanzamiento de su vivienda, al objeto de que desde esta oficina se entre en contacto con ellas y se les ofrezca asesoramiento y las ayudas contenidas en este protocolo.

 

En caso de ser aceptado el ofrecimiento, la OMDV atenderá inmediatamente a estas personas, a través del personal técnico que mantendrá una entrevista con las mismas, en las que se les informará de los servicios y recursos públicos previstos en este protocolo a los que pueda acceder, y realizará las gestiones necesarias para un acceso efectivo a los mismos siempre que la persona que vaya a ser privada de su vivienda habitual cumpla los requisitos.

 

Desde la OMDV se informará de los derechos del afectado para solicitar justicia gratuita. Mientras se designa el abogado de oficio y en cualquier caso, la OMDV podrá presentar los escritos oportunos necesarios con el fin de defender los derechos de los afectados.

 

Desde la OMDV, en su caso, se proporcionará al afectado escrito para solicitar la suspensión del lanzamiento y la moratoria de lanzamientos de dos años contenida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

 

También desde la OMDV, en su caso, se proporcionará al afectado el modelo de escrito de aplazamiento del lanzamiento, conforme a lo previsto en el artículo 704 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para su presentación en el Juzgado al objeto de solicitar la prórroga de un mes para el desalojo de la vivienda.

 

Además, se ofrecerán las siguientes gestiones:

  • Derivación a la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, previa coordinación entre el Servicio Municipal y el Servicio Autonómico de las actuaciones a seguir en cada caso.
  • Mediación con la Entidad Financiera, entre otros, para el ofrecimiento por la entidad financiera a la persona que va a ser o que ya ha sido lanzada el alquiler social de la vivienda objeto de ejecución hipotecaria por una renta adecuada a su capacidad económica.
  • Gestión de Justicia Gratuita y, en su caso, “Defensa Judicial”, en los términos previstos en el presente protocolo y en el de Colaboración con el Colegio de Abogados.
  • Acompañamiento, búsqueda de alternativa habitacional y coordinación con los Servicios Sociales para la tramitación de alojamiento urgente y temporal y/o para cubrir gastos destinados al acceso a una vivienda de alquiler.
  • Información relativa a los distintos Programas Públicos Existentes para el Acceso a un inmueble del parque público de vivienda de titularidad municipal, autonómica o cedida por las entidades bancarias.

 

Actuaciones en los casos de desahucio de arrendatarios con fecha de lanzamiento

Las intervenciones que se establecen en este apartado están destinadas a aquellas situaciones en las que la persona arrendataria ha dejado de pagar las rentas del alquiler de su vivienda habitual, la parte arrendadora ha interpuesto demanda por esa falta de pago y el procedimiento judicial se encuentra en fase de ejecución y con fecha señalada para el lanzamiento.

 

Una vez el juzgado comunique los procedimientos en curso que terminen con una orden de lanzamiento, la OMDV actuará de la misma forma que en los casos de ejecución hipotecaria recogidas en este Protocolo.

 

En cualquiera de las intervenciones previstas en este procedimiento, la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda, ofrecerá a las personas interesadas las siguientes gestiones:

  • Información sobre el proceso a seguir para facilitar el beneficio de justicia gratuita, en orden a obtener la correspondiente defensa jurídica de sus derechos y conforme al Convenio de Colaboración que se establezca con el Colegio de Abogados. “Defensa judicial” si, excepcionalmente, no tiene derecho a justicia gratuita.
  • Mediación con la propiedad de la vivienda o la Administración para buscar alguna alternativa que evite el desahucio y garantice la permanencia en la vivienda.
  • La Oficina realizará todo el proceso de acompañamiento que la familia necesite para los trámites judiciales, la búsqueda de alternativa habitacional, y la coordinación con los Servicios Sociales para la tramitación de alojamiento urgente y temporal y/o para la gestión de ayudas económicas destinadas al acceso a una vivienda de alquiler, en los términos establecidos en este protocolo y en la futura Ordenanza Reguladora, también asesorará en el acondicionamiento básico de la vivienda, en el trámite del nuevo arrendamiento, en el uso y disfrute de la vivienda y en la planificación de los gastos.
  • Información relativa a los distintos Programas Públicos Existentes para el Acceso a un inmueble del parque público de vivienda de titularidad municipal, autonómica o cedida por las entidades bancarias.

 

Actuaciones en afectados que hayan sufrido el desahucio y otros

En aquellos casos de afectados que hayan sufrido el desahucio de su vivienda o en otros casos de los contenidos en el punto 3, sobre condiciones objetivas y perfil de los beneficiarios, la OMDV ofrecerá igualmente las siguientes gestiones:

  • Información sobre el proceso a seguir para facilitar el beneficio de justicia gratuita, en orden a obtener la correspondiente defensa jurídica de sus derechos y conforme al Convenio de Colaboración que se establezca con el Colegio de Abogados.
  • Mediación, en su caso, con la entidad bancaria titular de su antigua vivienda para proporcionarle alguna vivienda en alquiler social por parte de dicha entidad o negociar la condonación de la deuda, si existiera.
  • Información relativa a los distintos Programas Públicos Existentes para el Acceso a un inmueble del parque público de vivienda de titularidad municipal, autonómica o cedida por las entidades bancarias.
  • Información relativa a las ayudas económicas para el alquiler de una vivienda en el mercado libre.

 

El presente protocolo ha sido redactado por personas voluntarias de la Plataforma Stop Desahucios. El documento es de elaboración propia, aunque en algunas partes se ha tomado como referencia el contenido de otros protocolos, en particular, los de Cádiz, Castilla y León, Gorliz y Galdakao.

 

Documentación de referencia:

Tres modelos que funcionan para combatir los desahucios.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/14/actualidad/1436900574_498843.html

 

Protocolo municipal de actuación para la prevención de desahucios y para la atención a las personas afectadas por desahucios en el municipio de Gorliz

http://www.gorliz.eu/es-ES/Documents/Protocolo%20desahucios%20castellano.pdf

 

Protocolo de actuación para la prevención de los desahucios del Ayuntamiento de Cádiz

http://www.procasacadiz.es/omdevi/PROTOCOLO4dic15.pdf

 

Protocolo de actuación ante los desahucios del municipio de Galdakao

http://www.galdakao.net/Documentos/AreaDescargas/PROTOCOLO%20DESAHUCIOS%20GALDAKAO.pdf

 

 


PRESUPUESTO DEL DESARROLLO DEL PROTOCOLO ANTIDESAHUCIOS DE SANTANDER PARA EL AÑO 2017

ELABORADO POR LA PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

 

Contexto

En este presupuesto se plantea un escenario que determina los necesarios recursos económicos y materiales de las medidas contenidas en el documento sobre desarrollo del protocolo antidesahucios.

 

Tomamos como dato de referencia el número de familias que sufrieron desahucios o lanzamiento de sus viviendas en 2015. En Cantabria hubo 5.411 procedimientos de ejecución hipotecaria durante el período 2007-2015 (531 en 2014 y 403 en 2015). Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos practicados o desahucios fue de 716 en 2013, 625 en 2014 y 799 en 2015. De los cuales, por ejecución hipotecaria fueron 205 en 2013, 219 en 2014 y 311 en 2015. Mientras que los desahucios por impago de alquiler en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fueron 433 en 2013, 350 en 2014 y 462 en 2015. En los tres primeros trimestres del año 2016, los datos del CGPJ parecen indicar una disminución en torno al 8% de los lanzamientos o desahucios (600 en 2015 por 549 en 2016).

 

Es decir, si continúa dicha tendencia en los dos últimos trimestres de 2016 nos podríamos encontrar con un número de lanzamientos o desahucios para 2016 entre 730 y 750 para toda Cantabria. Esos datos implican que en Santander durante el año 2016 podrían producirse alrededor de 350 desahucios o lanzamientos como mínimo. Por tanto, el número de familias afectadas del municipio que podrían acudir en teoría a los servicios que ofrece el protocolo para 2017 podría estar en torno a las 650-700 (dos últimos años).

 

Esta extrapolación se ha hecho valorando que la población santanderina representa el 30% de la de toda Cantabria y que el municipio de Santander se encuentra 8 puntos por encima de Cantabria (28,10% en Santander por 20,40% en Cantabria) en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social[2].

 

Desde la plataforma Stop Desahucios entendemos que la mayor parte de esos desahucios lo son por pobreza sobrevenida para poder mantener los gastos (cuotas hipotecarias o alquiler) de su vivienda familiar.

 

Es obvio que ni las diferentes plataformas ni tampoco la Oficina de Emergencia Habitacional del gobierno de Cantabria cubren la necesidad de vivienda para los afectados por desahucios o lanzamientos de primera vivienda. Según nuestros datos, en el año 2016 apenas se ha llegado al 5% de todos los casos en Cantabria.

 

Los apoyos familiares y la propia idiosincrasia de la población santanderina son factores que hay que valorar también a la hora de establecer los posibles escenarios en relación con el número de afectados que podrían acudir a los servicios del Ayuntamiento de Santander.

 

Muchos ciudadanos de Santander, ante la falta de perspectivas de empleo o por pura desesperanza, prefieren volver al domicilio de sus padres, jubilados, o buscar otras alternativas en su grupo social o cultural de referencia antes de tener cualquier iniciativa que solucione con eficacia su problema de vivienda. Sin obviar la estigmatización social de las personas que acuden a este tipo de servicios municipales, factor que provoca en el contexto social de Santander que los afectados eviten acudir no sólo a las instituciones públicas sino incluso a las propias plataformas que defienden los derechos de los ciudadanos a tener una vivienda digna.

 

Desde la plataforma creemos que, si se realiza una buena campaña de información en los medios de comunicación y en los propios servicios sociales del Ayuntamiento, ofreciendo la cobertura contenida en el protocolo antidesahucios, aumentaría la demanda de forma exponencial.

 

Una vez establecido el contexto de las necesidades de la población santanderina, nos tenemos que situar en un escenario que puede variar en alguna medida, pero que puede mantenerse en las ratios propuestas aquí, siempre y cuando se ofrezca una cobertura mínima para los afectados.

 

Presupuesto

En el presupuesto que viene a continuación se han tenido en cuenta los presupuestos de los programas de Emergencia Habitacional y Garantía de suministros básicos del Gobierno de Cantabria para el supuesto de un acuerdo con dicha institución. Por ello, se expresa un apartado con los recursos del Gobierno de Cantabria, que en tres de las partidas, se contempla un gasto compartido entre ambas administraciones. Entendemos desde la plataforma que los presupuestos del Gobierno de Cantabria van dirigidos a toda la región y van destinados a una población mucho más amplia que la que se propone para este protocolo. Por ese motivo, no pueden llegar a cubrir las necesidades de la mayor parte de los afectados por desahucios de nuestro municipio.

 

Obviamente, si no se pudiera establecer un convenio de esas características, con objeto de coordinar actuaciones y recursos, habría que retirarlos como anexo del presupuesto. Pero, en ese caso, estaríamos hablando de derivar a los usuarios en aquellos casos que fueran necesarios. En cualquier caso, no tiene mucho sentido que no se establezca algún grado de coordinación entre la oficina municipal de vivienda y la oficina de emergencia habitacional. Y, por supuesto, aquí estamos hablando básicamente del gasto de la Corporación Municipal, con independencia de otros factores.

 

Desde la plataforma Stop Desahucios confiamos en que haya reformas legislativas, además de los efectos del cumplimiento de este tipo de protocolos, que reduzcan de forma efectiva en su origen el número de desahucios o lanzamientos anuales. En la medida en que se produzca ese hecho, se irán reduciendo las necesidades y el número de futuros usuarios del protocolo. En cualquier caso, las consecuencias no se podrán medir hasta pasados varios años después de la aprobación de esas posibles reformas legislativas. Por tanto, aún en el mejor de los casos, seguirá existiendo la necesidad a corto y a medio plazo.

 

Por otro lado, en el presupuesto se valoran las dificultades de gestión a corto plazo de los recursos habitacionales. Entendemos que en el futuro, por ejemplo, en los presupuestos del año 2018, si se cumplen con eficacia las medidas del protocolo, es posible que puedan aumentar los recursos habitacionales (cesión de bancos, por ejemplo) y, por tanto, disminuir al mismo tiempo las ayudas directas al alquiler y, por tanto, el gasto directo. Por ello, en el presupuesto se equilibran los recursos habitacionales y las ayudas al alquiler de cara a impedir que a la larga se condicionen las políticas en un sentido o en otro.

 

En el presupuesto se contemplan unos gastos anuales de 362.700 euros y unos posibles ingresos de 129.600 euros.

 

GASTOS

Los recursos se plantean para un escenario con 150 usuarios, bastante por debajo del 50% de los afectados en el municipio, por encontrarse en riesgo de desahucio o lanzamiento de vivienda o porque han sido desahuciados en el año inmediatamente anterior al momento de la solicitud.

El capítulo de gastos se divide en cuatro apartados: recursos habitacionales, ayudas al alquiler, garantía de suministros básicos y oficina municipal de defensa de la vivienda.

 

Recursos habitacionales

En este apartado se contempla la posibilidad de disponer de 90 inmuebles para los afectados que cumplan los criterios del protocolo y de la ordenanza elaborada al efecto. De esos 90 inmuebles, 20 serían por adquisición del Ayuntamiento de Santander (directamente o a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo), otros 10 procederían del parque público de viviendas del Gobierno de Cantabria y 60 serían cedidos temporalmente por los bancos según convenio con cada una de las entidades bancarias. Lógicamente, no se puede decidir en este documento o en lo que afecta a los presupuestos del Ayuntamiento para 2017 el número de inmuebles aportados por bancos y por otras instituciones. Es obvio que todo depende de los convenios que se firmen. Sin embargo, es necesario establecer un criterio de partida que sólo depende de la voluntad de todas las partes para llegar a unos acuerdos satisfactorios para la ciudadanía de Santander. Nos parece, en ese sentido, que los recursos planteados son ajustados a la realidad del municipio.

En todo caso, el Ayuntamiento de Santander es autónomo y los recursos que se proponen son coherentes con la capacidad económica y de gestión de la institución, independientemente de la contribución de otras instituciones o entidades.

Desde la plataforma consideramos que hay dos entidades básicas para gestionar los recursos y el patrimonio inmobiliario que se promueve en el documento que desarrolla el protocolo: la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) y la Fundación de Centros y Servicios Sociales.

La SVS es una empresa pública cuya labor principal ha consistido en la promoción de viviendas protegidas en el municipio de Santander. Sin embargo, debido a la desaparición de las subvenciones a este tipo de viviendas, y a la consiguiente reducción de la demanda, la SVS tendrá que adaptarse y reconsiderar su actividad principal. Una forma de cumplir su objeto social sería reconvertirse en la entidad que gestione las viviendas sociales del municipio de Santander. La SVS está en condiciones legales y estructurales de realizar dicha labor y sus finanzas permiten hacerlo sin entrar en desequilibrio presupuestario.

La FUNDACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES, a través de una encomienda de gestión, debería ocuparse de la gestión de las ayudas, pero además podría participar en la gestión del patrimonio a través de algún tipo de comisión mixta con la SVS y la concejalía de Servicios Sociales. También tiene autonomía jurídica para hacerlo.

Con respecto a la adquisición de viviendas, ésta se puede hacer de dos formas. La más sencilla en apariencia sería que existiera una partida (1,5 millones) en los presupuestos para la compra de viviendas, de segunda mano principalmente; lo cual incrementaría el gasto a corto plazo. Otra opción es la contratación de préstamos hipotecarios (a 20 años) con las entidades bancarias, reduciendo el gasto a corto y ampliando el gasto a largo plazo. Esa opción implicaría un gasto anual (cuotas hipotecarias) por debajo de los 100.000 euros anuales (91.200 euros) al contemplarse un precio por vivienda que podría oscilar entre 60.000 y 90.000 euros. El presupuesto está muy ajustado pero entendemos que si se queda por debajo de las expectativas gasto, podría solventarse con aquellas viviendas de la SVS que se encuentren desocupadas. La opción del préstamo bancario es también factible ya que las finanzas del Ayuntamiento de Santander lo permiten.

En cuanto al fondo inmobiliario que aporten las entidades bancarias, las 60 viviendas cedidas deben encontrarse en condiciones de habitabilidad, cumpliendo la normativa vigente. Sería inviable para los usuarios y para la propia administración local hacerse cargo de las reparaciones y acondicionamiento de las viviendas, por pequeñas que fueran.

La aportación del Gobierno de Cantabria es de 10 inmuebles. El presupuesto del Gobierno de Cantabria en el año 2016 para el parque público de viviendas ha sido de 2 millones de euros para toda Cantabria. Y suponemos que no aumentará de forma considerable el presupuesto para el año 2017. Por ello, entendemos que ese número de inmuebles puede ser ajustado a la realidad. Y, obviamente, todo depende de la voluntad política del Gobierno de Cantabria para acabar con los desahucios en Santander.

Por último, en este capítulo se contempla un apartado destinado a otros gastos como IBI, el pago de la comunidad o gastos generales de gestión. El Ayuntamiento debería establecer un IBI reducido para aquellos inmuebles cedidos para alquiler social. En cualquier caso, sería la propia institución local, la fundación de Centros y Servicios Sociales, la que tendría que pagar estos gastos.

 

Ayudas al alquiler

Entendemos desde la plataforma que en la medida que los efectos de la crisis se vayan atenuando serán necesarias menos inversiones a medio y largo plazo. Y los propios usuarios podrán ir dejando las viviendas de alquiler social por otras en el mercado ‘libre’. Por ello, se opta también por hacer un esfuerzo presupuestario en las ayudas al alquiler, mayor que la partida destinada al gasto a corto plazo de la adquisición de inmuebles.

En el caso de las ayudas al alquiler existe una partida considerable (3.750.000 de euros) en el programa de emergencia habitacional del Gobierno de Cantabria para 2016. Probablemente, dicha ayuda se pueda mantener para el 2017. Sin embargo, como ya hemos expresado, esas ayudas van destinadas a una población mucho más amplia, desde el punto de vista territorial y del perfil de los receptores de las mismas, con respecto a la población en riesgo de desahucio del municipio de Santander.

Por ello, se propone un pago al 50% de los gastos de alquiler, incluyendo las fianzas de las viviendas. Esto es: 144.000 euros cada una de las dos administraciones para 60 familias.

 

Garantía de suministros básicos

De la misma forma que en las ayudas al alquiler, existe una partida para suministros en el Gobierno de Cantabria de 2 millones de euros. En Santander hay aproximadamente 15.000 personas que sufren pobreza energética. Por ello, se propone, al igual que en la partida anterior un gasto compartido al 50%, aunque mucho más reducido y destinado a 50 usuarios de los 150 usuarios posibles que plantea este presupuesto. En cualquier caso, si la partida se queda corta el programa general de garantía de suministros básicos (500.000 euros aportados por el Gobierno de Cantabria y 200.000 euros por parte del Ayuntamiento) podría paliar esta necesidad.

En la garantía de suministros básicos se contemplan los gastos por alta del suministro.

 

Oficina municipal de defensa de la vivienda

En esta partida figuran los salarios de los dos trabajadores de la oficina, incluyendo los seguros sociales (55.000 euros). También figuran gastos de oficina (ordenadores, teléfono) cuyo importe es de 20.000 euros.

 

INGRESOS

Este capítulo se divide en dos apartados: ingresos por alquiler social (129.600 euros). Para calcular los ingresos por alquiler social se ha tomado como importe de referencia un valor de 120 euros mensuales. También se refleja aquí, en rojo, los posibles ingresos por el abastecimiento de agua y el servicio de basura (45.000 euros), aunque no se contabiliza formalmente ya que dichos ingresos serían indirectos (gestión de los servicios por entidades privadas) y podrían no corresponderse con los ingresos recibidos finalmente por la institución municipal.

La recaudación de los alquileres podría ser labor de la SVS, de la Fundación de Centros-Servicios Sociales o de aquella unidad administrativa del Ayuntamiento que sea adecuada. Desde la plataforma, entendemos que los ingresos deberían gestionarse por el Ayuntamiento, con independencia del destino final de los mismos. Y en cualquier caso, es lógico que la entidad que gestiona el servicio y que sufre el mayor gasto, sea también la entidad que perciba los ingresos derivados de su gestión.

 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER      
GASTOS      
RECURSOS HABITACIONALES NÚMERO INVERSIÓN GASTO ANUAL
VIVIENDAS MUNICIPALES 20 1.500.000 91.200
VIVIENDAS CONVENIOS ENTIDADES BANCARIAS 60   0
OTROS GASTOS (IBI, COMUNIDAD, GESTIÓN)     22.500
       
AYUDAS AL ALQUILER 60   144.000 (1)
       
GARANTÍA SUMINISTROS BÁSICOS 50   30.000 (2)
       
OFICINA DEFENSA DE LA VIVIENDA      
ASESOR JURÍDICO-MEDIADOR 1   30.000
TRABAJADOR SOCIAL 1   25.000
GASTOS DE OFICINA     20.000
       
    Subtotal 362.700
INGRESOS      
INGRESOS ALQUILER SOCIAL 90   129.600
INGRESOS AGUA Y BASURA 150   45.000
    Subtotal 174.600
       
GOBIERNO DE CANTABRIA      
RECURSOS HABITACIONALES      
PARQUE PÚBLICO VIVIENDAS 10 (3) ? ?
       
AYUDAS AL ALQUILER 60   144.000 (1)
AYUDAS FONDO DE EMERGENCIA      
AYUDAS PARA EL ACCESO AL ALQUILER      
       
GARANTÍA SUMINISTROS BÁSICOS 50   30.000 (2)

 

  • y (2) Compartido al 50% de los gastos entre las dos Administraciones.

(3) Se suman a las viviendas aportadas por el Ayuntamiento de Santander y por el convenio con bancos.

 

[1] Después de las reuniones mantenidas con representantes de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, se contempla que el convenio con los órganos judiciales se establezca de forma centralizada para toda la Comunidad Autónoma entre la Consejería y el Consejo General del Poder Judicial, derivando la información y las actuaciones a los servicios sociales  del municipio o a los organismos creados al efecto (Oficina de Defensa de la Vivienda).

[2] Según AIS Group, que combina información del INE y de los indicadores socioeconómicos de Habits Big Data, y el indicador europeo AROPE. Datos 2015-2016.