Las directoras generales del ICASS y de Política Social nunca avalarán un sistema de atención a la dependencia de “dos velocidades” y abogan por “más financiación a cambio de más calidad en el sistema”

 

Las directoras generales del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, y de Política Social, Ana Isabel Méndez, recuerdan que, tras dos años de diálogo, el Gobierno tiene sobre la mesa una nueva normativa de acreditación para todos los centros de atención a las personas dependientes, así como el incremento de financiación necesario para esa nueva normativa.

“Si CERMI no lo acepta, el Gobierno no va a sostener un sistema de atención a la dependencia a dos velocidades, uno para personas mayores y otro para personas con discapacidad, uno con centros que se esfuerzan en acreditar su calidad y otro con centros que nunca han querido acreditarse. En esto ha habido claridad desde el primer día”, coinciden en señalar Lois y Méndez.

El Ejecutivo cántabro demanda al CERMI un esfuerzo “sincero” porque recuerda que “fue este Gobierno quien invitó, al inicio de esta legislatura, al CERMI a llegar a un acuerdo y encontrar una salida a la situación de este sector”.

Tal y como sostienen las directoras generales del ICASS y de Política Social, “el Gobierno, lejos de recortar, siempre ha ofrecido al sector una mayor financiación, pero esa mayor financiación siempre la hemos condicionado a que contraten a más personal que atienda a las personas dependientes en los centros”, lamentan.

En lo que va de legislatura el Gobierno ha hecho “un esfuerzo de diálogo hasta la extenuación acompañado de una mayor inyección de dinero al sistema, siempre condicionando la subida a un incremento de personal y a una nueva normativa de acreditación”, algo que, según defienden desde el Gobierno, “el CERMI no está dispuesto a aceptar”.

El Gobierno lamenta que el CERMI haya incumplido porque, después de aceptar en enero de 2016 una normativa común para personas con discapacidad y para personas mayores, “ahora quieren volver al punto cero del diálogo, pidiendo una normativa sólo para las propias entidades del CERMI”.

El Gobierno cumple los acuerdos y exige mejoras

 

Tanto Lois como Méndez reafirman el compromiso del Gobierno regional a la hora de querer negociar para reforzar y mejorar la calidad asistencial e ir recuperando la financiación que tantos recortes sufrió desde 2012 con el Gobierno del Partido Popular.

“Cumplimos nuestro compromiso de rebajar los copagos que las personas dependientes pagan por vivir en una residencia, por la ayuda a domicilio o por ir a un centro de día”, coinciden en explicar ambas directoras, al tiempo que recuerdan que el Gobierno de Cantabria ofreció diálogo al sector para elaborar “todos juntos” una nueva normativa de acreditación para centros de atención a personas dependientes y una nueva normativa de autorización de centros de servicios sociales, en aplicación del nuevo modelo asistencial de Atención Centrada en la Persona (ACP), que ya existen y están sobre la mesa.

También, dicen, que han cumplido al ofrecer al sector un incremento de financiación y no recortes, como se hicieron en la pasada legislatura.

Ambas directoras afirman que “este Gobierno no es el responsable de los recortes que Buruaga hizo al sector en 2012, pero sí ha sido este Gobierno quien se ha comprometido a un incremento paulatino en función de las mejoras en el sistema, y las entidades saben que la negociación ha sido totalmente transparente, y dilatada en el tiempo, ya que llevamos dos años negociando”.

El CERMI recibe más de 8 millones del Gobierno 

Desde el Gobierno de Cantabria recuerdan al CERMI que sus entidades reciben de las arcas públicas más de 8 millones de euros a través de diversas vías de financiación, tales como convenios de colaboración, subvenciones y conciertos de estancias en centros de atención a la dependencia.

El Ejecutivo recuerda que ya ha comunicado a las entidades que, en 2018, se actualizarán los precios con una subida del IPC de un 3% de incremento para no perjudicar al sector, y les recuerda que se trata de un incremento que no se producía desde 2014.