El Parlamento aprueba un registro del número de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia Católica. El Partido Popular y Ciudadanos votan en contra de la propuesta de la formación morada

Cantabria contará con un registro de bienes inmuebles propiedad de la Iglesia católica que permitirá evaluar la existencia de irregularidades en la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles para cuantificar los beneficios fiscales de los que goza esta institución. Podemos Cantabria ha logrado esta tarde el apoyo del Pleno del Parlamento para que el Estado ponga en marcha este estudio, que ha contado con los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos.

 

Así, la diputada de Podemos ha manifestado esta tarde  que “desde la Transición la Iglesia católica es mucho más rica y el Estado mucho más pobre por lo que la negociación de esta recuperación de patrimonio público junto con el pago del IBI es un asunto de Estado que debe resolverse para buscar equilibrar desigualdades”. Para Ordóñez “estamos ante un pelotazo urbanístico de alto nivel teniendo en cuenta que la Iglesia católica ha inmatriculado plazas, parques, calles, quioscos y todo tipo de templos de culto y monumentos artísticos por lo que cobran entrada a los turistas”.

 

Ante esta situación, desde Podemos se pide la aprobación de una orden ministerial del Ministerio de Justicia dirigida al Colegio de Registradores de la Propiedad para que cancelen todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1979 bajo la fórmula del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento Hipotecario porque son “nulas de pleno derecho por inconstitucional sobrevenida” ya que la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo del 20 de diciembre de 2016 que declara esta forma de inmatriculación contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos.

 

Ordóñez ha señalado que si bien sabemos que monumentos como la Estela de Barros fueron registrados por primera vez por la Iglesia, desconocemos cuántos más pueden haber pasado a formar parte de la propiedad de la jerarquía eclesiástica. Por ello ha abogado por la reforma de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español para incluir una categoría de bien común a partir del concepto jurídico de “bien de dominio público eminente” en relación a los inmuebles de extraordinario valor histórico y cultural vinculados al uso religioso. Para la formación morada, “esto es importante porque hasta hoy día en los inventarios de los bienes de dominio público han quedado fuera los casos más evidentes y es una de las causas de la inmatriculación ilícita”.

Además, se pide que el Vaticano reconozca que los bienes de dominio público eminente pertenecen al Estado, del mismo modo que lo hizo en Portugal mediante convenio en 1940, y una vez que sean declaradas nulas todas las inmatriculadas desde 1978, la Iglesia católica podrá inmatricular aquellas propiedades que acreditadamente les pertenezcan y pagar sus correspondientes impuestos.