El presidente del Tribunal Superior de Justicia destaca que los jueces cántabros son los segundos más resolutivos de España, pero alerta de la falta de medios, las deficiencias de las sedes judiciales y las demoras de los equipos psicosociales
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga Cortázar, ha reclamado este miércoles un incremento de la planta judicial de la comunidad y ha advertido de que la actual sobrecarga de trabajo está provocando retrasos que, en ocasiones, resultan «inasumibles» para los profesionales del Derecho y, especialmente, para los ciudadanos.
Arsuaga realizó esta reivindicación durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial 2026/2027, celebrado este 17 de septiembre en Santander, en el que repasó la situación de la Administración de Justicia en Cantabria y abordó también cuestiones como las infraestructuras judiciales, los equipos psicosociales y la independencia e imparcialidad de los jueces.
Cantabria reclama nueve plazas judiciales más
El presidente del TSJC valoró la creación de cuatro nuevas plazas judiciales en Cantabria, dentro de las 500 previstas en España y que entrarán en funcionamiento en 2027, pero consideró que este incremento resulta insuficiente.
La memoria judicial mantiene la petición de otras nueve plazas, con especial atención a la Audiencia Provincial.
Arsuaga recordó que España cuenta con una media de once jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los diecisiete de media europea, y señaló que la carga de trabajo de los órganos judiciales cántabros ha aumentado un 25% en los últimos seis años.
Pese a esta situación, destacó que la dedicación de los jueces de Cantabria se encuentra por encima de la media nacional y que se ha resuelto un número de asuntos equivalente a los ingresados y un 4% adicional, lo que sitúa a los jueces cántabros como los segundos más resolutivos de España.
Sobrecarga en las jurisdicciones civil y social
El presidente del TSJC puso especialmente el foco en las jurisdicciones civil y social, donde se concentra una parte importante del incremento de la demanda judicial.
En el ámbito civil continúa teniendo un peso significativo la contratación bancaria con consumidores, una situación que ha terminado trasladando también la sobrecarga a la Audiencia Provincial.
Según los datos expuestos por Arsuaga, los jueces cántabros de esta jurisdicción han resuelto el mismo número de asuntos que ingresaron y casi un 10% adicional.
En la jurisdicción social, Cantabria ha registrado durante 2024 y 2025 y en el primer semestre de 2026 un incremento de asuntos «desproporcionado» y superior a la media nacional.
A esta situación se sumó a finales del pasado año el cese de tres magistrados, la mitad de la plantilla de jueces de lo social, y su sustitución por tres nuevas magistradas.
Problemas en las sedes judiciales de Santander y Laredo
Arsuaga dirigió también parte de sus reivindicaciones al Gobierno de Cantabria, aunque reconoció la implicación del Ejecutivo autonómico en materia de innovación organizativa y tecnológica.
Entre las necesidades pendientes destacó especialmente el estado de los edificios judiciales de Laredo y Santander.
Sobre Laredo señaló que se trabaja en un edificio que considera inadecuado para las exigencias de un servicio público moderno, sin acceso para personas con movilidad reducida a la segunda planta y sin espacios apropiados para la custodia de detenidos o para mantener separados a víctimas e investigados.
En Santander, el problema se centra tanto en la dispersión de los órganos judiciales en tres sedes como en la falta de espacio disponible para afrontar el crecimiento de la planta judicial y de los servicios.
A ello añadió la obsolescencia de algunos espacios y los problemas o inexistencia de sistemas de climatización central en varios edificios.
Informes psicosociales que pueden demorarse más de un año
Otro de los problemas destacados durante la apertura del Año Judicial fue el funcionamiento de los equipos psicosociales dependientes de la Administración.
Estos profesionales elaboran informes solicitados por los jueces en asuntos especialmente sensibles que afectan, entre otros, a menores y personas vulnerables.
Arsuaga advirtió de que la demora en la emisión de estos informes supera en ocasiones el año y reclamó una solución que permita garantizar la tutela judicial dentro de un plazo razonable y la protección del interés del menor.
Una llamada a preservar la independencia y la imparcialidad judicial
La parte final del discurso estuvo dedicada al papel constitucional del Poder Judicial y al clima de polarización.
Arsuaga defendió que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica y discusión, pero recogió la advertencia formulada por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de que la discrepancia con una resolución no debe transformarse en la atribución de intenciones políticas o ideológicas a los jueces.
También citó el Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea correspondiente a España en 2026 para señalar la importancia del respeto institucional y de preservar la confianza ciudadana en la independencia judicial.
Al mismo tiempo, Arsuaga dirigió una exigencia a los propios miembros de la carrera judicial.
Ante el actual contexto de polarización, sostuvo que los jueces deben extremar sus deberes legales y éticos y actuar con «mesura y prudencia», tanto durante los procesos como en sus intervenciones públicas y en las redes sociales.
Para el presidente del TSJC, no basta con que los jueces sean imparciales, sino que deben evitar comportamientos que puedan generar dudas sobre esa neutralidad.
Contexto
El discurso de José Arsuaga se produjo durante el acto de apertura del Año Judicial 2026/2027 en Cantabria y tomó como referencia la memoria judicial aprobada por la Sala de Gobierno del TSJC el pasado 28 de abril, junto con los datos disponibles de 2026.
Durante el acto también se reconoció la trayectoria de magistrados jubilados y de miembros de la carrera judicial que han cumplido veinticinco años de ejercicio.
El presidente recordó asimismo al magistrado Ramón Gimeno Lahoz, fallecido repentinamente a finales de noviembre de 2025 tras haber ejercido durante veinte años en el Juzgado de lo Social número 5 de Santander.
Las claves
- Nueve jueces más: el TSJC mantiene su reclamación de nueve nuevas plazas judiciales adicionales a las cuatro ya creadas para Cantabria.
- Segundos de España: los jueces cántabros se sitúan como los segundos más resolutivos del país según los datos expuestos por Arsuaga.
- 25% más de asuntos: la carga de trabajo judicial ha aumentado un 25% durante los últimos seis años.
- Santander y Laredo: el presidente del TSJC reclama soluciones para las deficiencias y falta de espacio de ambas sedes judiciales.
- Más de un año: algunos informes de los equipos psicosociales acumulan demoras superiores a doce meses.
- Polarización: Arsuaga pide respeto a la independencia judicial y reclama a los propios jueces mesura, prudencia y especial cuidado para preservar la apariencia de imparcialidad.
