La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para el agente, que habría consultado repetidamente datos protegidos de una mujer cuya vigilancia no tenía asignada. El Ayuntamiento de Santander ha sido declarado responsable civil subsidiario.
Santander, 22 de octubre de 2026. El titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado la apertura de juicio oral contra un agente de la Policía Local de Santander, acusado de acceder reiteradamente al sistema VIOGÉN para consultar información confidencial sobre una víctima de violencia de género cuya protección no tenía encomendada.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el policía habría utilizado posteriormente esa información para dirigirse al agente de la Policía Nacional responsable de la protección de la mujer y conseguir que se reevaluara su nivel de riesgo, que pasó de medio a bajo.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la intimidad y solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 3.000 euros por daños morales.
El agente mantenía una relación personal con el presunto agresor
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la relación existente entre el policía acusado y el presunto agresor de la mujer.
Según recoge la resolución judicial, este último era el arrendador del agente de la Policía Local.
El funcionario estaba destinado en la Oficina de Protección de Víctimas y tenía acceso al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, conocido como VIOGÉN.
Sin embargo, no tenía asignada la protección de la mujer cuyos datos consultó repetidamente.
La resolución señala que el policía únicamente tenía encomendada la protección del hombre denunciado como agresor, quien también figuraba como víctima protegida a raíz de una denuncia presentada contra ella.
Pese a esta circunstancia, el acusado habría accedido en distintas ocasiones a la información relativa al nivel de riesgo de la mujer, establecido inicialmente como medio.
Posteriormente, habría contactado con el funcionario de la Policía Nacional encargado de su protección, consiguiendo que se realizara una nueva evaluación que rebajó ese nivel a bajo.
La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel
El Ministerio Fiscal atribuye al agente un delito contra la intimidad y solicita cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de 3.000 euros a la perjudicada.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la propia mujer, solicita tres años de prisión, una multa de 8.100 euros, seis años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 6.000 euros por daños morales.
La acusación particular también reclama la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
El Ayuntamiento de Santander deberá comparecer en el procedimiento
El magistrado ha declarado al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario por los hechos objeto de acusación.
Esta decisión implica que el consistorio deberá personarse en el procedimiento judicial mediante abogado y procurador y presentar su correspondiente escrito de defensa en el plazo de diez días.
La responsabilidad civil subsidiaria supone que el Ayuntamiento podría tener que responder económicamente de las indemnizaciones que finalmente se establecieran, en los términos previstos legalmente, si el acusado no pudiera hacer frente a ellas.
Además, el juez ha requerido al agente para que preste una fianza de 4.000 euros destinada a garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.
El juez aprecia indicios de acceso indebido a datos protegidos
Durante la instrucción, la defensa del policía solicitó el sobreseimiento de la causa, petición que fue rechazada por el magistrado.
El instructor considera que la cuestión fundamental no es el acceso general del funcionario al sistema informático, sino la consulta de datos personales protegidos para los que no estaba autorizado en relación con aquella víctima.
En particular, el juez entiende que existen indicios de que el agente consultó información confidencial con la finalidad de perjudicar a su titular.
La resolución que transformó las diligencias en procedimiento abreviado fue confirmada por la Audiencia Provincial de Cantabria, después de que no prosperara el recurso presentado por el policía investigado.
Con la apertura de juicio oral, el procedimiento entra ahora en una nueva fase que culminará con el enjuiciamiento del agente ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
La apertura de juicio oral no supone una declaración de culpabilidad. El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.
Contexto
El sistema VIOGÉN es una herramienta utilizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para realizar el seguimiento y la protección de las víctimas de violencia de género.
Las valoraciones de riesgo permiten establecer medidas de protección adaptadas a las circunstancias de cada caso.
La información que contiene el sistema está sometida a especiales exigencias de confidencialidad, dada su relación directa con la seguridad y la intimidad de las personas protegidas.
Las claves
- Acusado: un agente de la Policía Local de Santander destinado en la Oficina de Protección de Víctimas.
- Presunto delito: acceso indebido a información protegida del sistema VIOGÉN.
- Hechos investigados: consultas reiteradas del nivel de riesgo de una mujer y posterior intervención para conseguir su reevaluación.
- Relación personal: el presunto agresor de la mujer era arrendador del policía acusado.
- Petición de la Fiscalía: cuatro años y medio de prisión y diez años de inhabilitación.
- Responsabilidad civil: el Ayuntamiento de Santander deberá comparecer como responsable civil subsidiario.
- Próxima fase: juicio ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
