El consejero anuncia en el Parlamento que la promotora ya ha solicitado la declaración de interés regional y que el Gobierno ha pedido 44 informes para avanzar en la tramitación del proyecto, que incluye 3.140 viviendas protegidas y la futura Ciudad de la Justicia.
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha defendido este lunes, 9 de noviembre, ante el Parlamento autonómico el interés regional del proyecto Bosques de Santander, una actuación urbanística que contempla la ordenación de más de 2,2 millones de metros cuadrados de terreno en los municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo.
Durante su comparecencia, Media ha anunciado que la empresa promotora registró la pasada semana la solicitud de declaración de interés regional y que el Ejecutivo ya ha remitido la documentación a las administraciones y organismos competentes para recabar un total de 44 informes.
El proyecto contempla una inversión privada estimada de 1.500 millones de euros, así como infraestructuras, equipamientos y dotaciones públicas valoradas en al menos 320 millones de euros que, según el Gobierno, serían ejecutadas por la promotora sin coste para la Administración.
Un proyecto de 7.850 viviendas, el 40% protegidas
Uno de los principales argumentos expuestos por el consejero ha sido la necesidad de incrementar la oferta residencial en Cantabria, especialmente para jóvenes y familias con dificultades para acceder a una vivienda.
Bosques de Santander contempla la construcción de 7.850 viviendas, de las cuales 3.140 tendrán algún régimen de protección pública, lo que representa el 40% del total.
Media ha recordado que la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobada en abril de 2025 permite vincular grandes equipamientos de interés regional con la construcción de viviendas, estableciendo un mínimo del 30% de protección pública.
A su juicio, esta fórmula permite agilizar la generación de vivienda asequible y obtener infraestructuras y equipamientos públicos financiados por la iniciativa privada.
El consejero ha citado como ejemplo de la demanda residencial existente las últimas adjudicaciones de viviendas protegidas en El Alisal, donde se registraron 12.929 solicitudes para 282 viviendas disponibles.
Según ha explicado, el 45% de las solicitudes correspondía a menores de 36 años, una circunstancia que considera especialmente significativa de las dificultades de acceso a la vivienda.
La Ciudad de la Justicia y nuevas infraestructuras públicas
El proyecto incorpora también importantes dotaciones destinadas al uso público.
Entre ellas destaca la futura Ciudad de la Justicia de Cantabria, que dispondría de 28.000 metros cuadrados construidos y permitiría concentrar las principales sedes judiciales de la comunidad autónoma.
Según la propuesta defendida por Media, esta infraestructura se entregaría completamente construida y sin coste para la Administración.
La actuación incluye igualmente un aparcamiento disuasorio de 1.300 plazas, más de 650.000 metros cuadrados de espacio natural incorporados al uso público mediante el Parque Litoral Norte y nuevas infraestructuras de movilidad.
Entre las actuaciones previstas figuran más de 300.000 metros cuadrados de viales públicos, 70.000 metros cuadrados de sendas peatonales y ciclables, tres nuevos puentes y otras conexiones viarias.
Media considera que estas dotaciones justifican la dimensión regional del proyecto, al trascender las necesidades urbanísticas de un único municipio.
Las viviendas afectadas y las garantías para sus propietarios
Otro de los asuntos abordados durante la comparecencia ha sido la situación de los propietarios cuyas viviendas se encuentran dentro del ámbito previsto para la actuación.
El consejero ha destacado las gestiones realizadas por la presidenta del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga, para reducir las afecciones inicialmente contempladas.
Según ha explicado, en la zona de Rucandial se ha conseguido pasar de 29 viviendas afectadas a seis.
La delimitación actual, de acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, contempla afecciones sobre seis viviendas en Rucandial, cinco en Ojaiz y una en Bezana.
Media ha asegurado que el Gobierno ha exigido a la promotora garantías para los propietarios, incluyendo alternativas de realojo en condiciones equivalentes, indemnizaciones económicas o viviendas de sustitución de características similares.
«Nadie dejará su vivienda sin tener una nueva», ha afirmado el consejero, quien ha asegurado que ningún vecino tendrá que abandonar su residencia sin disponer previamente de una solución habitacional adecuada, supervisada y validada por la Administración autonómica.
Asimismo, ha señalado que se continuarán estudiando alternativas para reducir las afecciones que puedan derivarse del desarrollo urbanístico.
El Gobierno solicita 44 informes antes de decidir sobre el interés regional
La solicitud presentada por la promotora ha iniciado el procedimiento administrativo para determinar si la actuación reúne las condiciones necesarias para obtener la declaración de interés regional.
El Gobierno ha remitido la documentación a los ayuntamientos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, además de a las consejerías, direcciones generales y organismos autonómicos y estatales competentes.
En total, se han solicitado 44 informes que el Ejecutivo espera recibir durante el próximo mes.
Media ha insistido en que la declaración de interés regional corresponde exclusivamente a la Administración autonómica y no a la empresa promotora.
El consejero ha defendido la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) como un instrumento de planificación territorial sujeto a garantías urbanísticas, ambientales y sectoriales.
La actuación, según ha explicado, permitiría planificar conjuntamente y desde el inicio los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios para desarrollar una superficie superior a 2,2 millones de metros cuadrados.
La primera fase incluiría la Ciudad de la Justicia y viviendas protegidas
Roberto Media ha avanzado que Bosques de Santander se desarrollaría por fases.
La primera contemplaría la construcción de la Ciudad de la Justicia, las infraestructuras necesarias para su funcionamiento y una primera oferta de vivienda protegida.
No obstante, el proyecto deberá superar previamente diferentes etapas administrativas.
La primera será la declaración de interés regional por parte del Gobierno de Cantabria. Posteriormente, se redactará y tramitará el PSIR, incorporando los correspondientes estudios urbanísticos, ambientales, económicos y sectoriales.
Durante esa segunda fase se solicitarán los informes preceptivos y se abrirá un periodo de información pública para que ciudadanos y colectivos puedan formular alegaciones.
Solo después de completar el procedimiento y evaluar las aportaciones recibidas podrá aprobarse definitivamente el proyecto.
Una vez aprobado, la empresa promotora deberá presentar un aval de 60 millones de euros, equivalente al 4% del coste estimado de las obras.
También tendrá que acreditar la propiedad de al menos el 70% de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación.
El consejero ha concluido asegurando que el Ejecutivo continuará trabajando en el desarrollo de Bosques de Santander con transparencia y atención a los intereses de los propietarios afectados, los ayuntamientos implicados y el conjunto de la ciudadanía.
Contexto
Bosques de Santander constituye una de las mayores actuaciones urbanísticas planteadas en Cantabria por su extensión territorial, inversión prevista y número de viviendas proyectadas.
Su ámbito abarca terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, lo que implica la participación de tres administraciones municipales y diferentes organismos autonómicos y estatales.
El Gobierno regional defiende su tramitación mediante la figura del PSIR por considerar que incorpora infraestructuras y equipamientos públicos de alcance supramunicipal.
Sin embargo, la presentación de la solicitud no supone todavía la aprobación del proyecto ni su declaración definitiva de interés regional. Ambas decisiones quedan condicionadas al cumplimiento de los procedimientos administrativos y legales correspondientes.
Las claves
Extensión: más de 2,2 millones de metros cuadrados en Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo.
Viviendas: 7.850 previstas, de las que 3.140 serían protegidas.
Inversión: 1.500 millones de euros de inversión privada estimada.
Dotaciones públicas: al menos 320 millones de euros en equipamientos e infraestructuras.
Ciudad de la Justicia: edificio previsto de 28.000 metros cuadrados construidos.
Movilidad y medio ambiente: aparcamiento de 1.300 plazas, Parque Litoral Norte y nuevas conexiones viarias.
Viviendas afectadas: seis en Rucandial, cinco en Ojaiz y una en Bezana, según la delimitación actual.
Tramitación: 44 informes solicitados antes de avanzar en la declaración de interés regional.
Garantías: la promotora deberá acreditar la propiedad del 70% de los terrenos y aportar un aval de 60 millones de euros tras la aprobación del PSIR.
Fuente: Oficina de Comunicación del Gobierno de Cantabria. Comparecencia parlamentaria del consejero Roberto Media, 9 de noviembre de 2026. Las inversiones, infraestructuras y viviendas descritas corresponden a las previsiones del proyecto presentado, pendiente de tramitación y aprobación.
