Podemos Santander censura que el Ayuntamiento intente adjudicar el servicio de parques y jardines a una empresa que no cumple los mínimos
La formación morada lamenta que una vez más sean los trabajadores los más perjudicados por las prácticas negligentes del Consistorio que preside Gema Igual
Podemos Santander ha criticado que el Ayuntamiento capitalino intente adjudicar el contrato del servicio de parques y jardines a una de las cinco empresas que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos, y que traerá como consecuencia el despido de al menos 20 trabajadores y una importante reducción de medios y maquinaria. La secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, tras reunirse con los miembros del comité de empresa ha mostrado su preocupación “con el nuevo expolio de un servicio público que esta realizando el Partido Popular”.
La formación censura que la empresa con menos puntuación, formada por la UTE Imesapi-La Encina-Copsesa, sea la “favorita” del Consistorio para gestionar el servicio, que incluso gastó 9.000 euros en una consultoría externa, afín a Íñigo de la Serna, para justificar el corte en que caso de que no lo pasara. “Las distintas anomalías detectadas en este proceso nos ponen ante un caso de presunta prevaricación en la concesión administrativa, ya que el hecho de que no cumpla los requisitos exigidos y que pese a ello, el Ayuntamiento siga adelante, tiene visos de que nos encontramos ante un caso grave de corrupción”.
“Esta forma de actuar del Ayuntamiento no es nueva desgraciadamente; la hemos visto con el servicio de vigilancia de las playas, las basuras, el transporte público en el Metro TUS o la grúa municipal, por citar algunos ejemplos”, señala Alegría.
Para la formación, la decisión del Consistorio tendrá una repercusión muy negativa en la plantilla, ya que la bajada de precio afectará a unos 20 trabajadores lo que redundará en el servicio que se ofrece a la ciudadanía, como ya sucedió con el de la limpieza. Como recuerda la secretaria general de Podemos Santander, “con el servicio de vigilancia de playas, por ejemplo, no dudaron en poner en peligro la vida de los bañistas. Finalmente, no les quedó más remedio que rescindir el contrato ante las evidencias porque aunque el ayuntamiento lo niega, su mala gestión de los servicios públicos y actuaciones anteriores le precede”.
