El Gobierno de Cantabria ha dado hoy un paso más en su configuración definitiva con la toma de posesión de sus cargos de tres nuevos directores generales: el de Justicia y Victimas del Terrorismo, Juan Sáez; el de Industria, Energía y Minas, José Luis Ceballos; y la directora general de Universidades y Política Universitaria, Marta Pascual.
Las tomas de posesión han tenido lugar de forma sucesiva en la sede del Ejecutivo cántabro en presencia de los respectivos consejeros, titulares del departamento, familiares de los altos cargos que han jurado o prometido sus cargos y compañeros de trabajo. Tras la toma de posesión, asumen sus respectivas a su tarea como representantes públicos de la Comunidad Autónoma y con el objetivo de contribuir al buen gobierno y a la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha elogiado de Sáez la «valentía» por aceptar «un reto que conlleva mucha responsabilidad», pero que «seguro» ejercerá con «lealtad». Además, ha recordado Urrutia, asumirá como titular de la Dirección «la obligación honrosa de desplegar las medidas de la recién aprobada Ley 1/2023, de 5 de abril de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo». Se trata, ha dicho, de cumplir con la deuda que teníamos como sociedad cántabra con las víctimas del terrorismo y el deber moral de honrar su memoria y legado.
Urrutia, que también ha tenido palabras de agradecimiento al anterior director, Pablo Ortiz, por su «trabajo y dedicación» durante los últimos 8 años, ha asegurado que promoverá, como primera medida, un Pacto por la Justicia entre sus profesionales, trabajadores y agentes que defina las medidas que Cantabria necesita «a corto, medio y largo plazo». Además, ha garantizado el cumplimiento de «los compromisos de refuerzo y planes de agilización, las sedes judiciales para reunificar, un plan de empleo específico o la implementación de la oficina Fiscal y Judicial, además del plan de inversión en las infraestructuras judiciales».
«Aunque no son buenos tiempos para la Justicia», ha añadido la titular de Presidencia, es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho, por lo que es crucial que tenga un «buen y correcto funcionamiento», puesto que «su agilidad es garantía de estabilidad y progreso social, así como reseña de competitividad». El objetivo es, por tanto, trabajar junto al resto de autonomías y el Gobierno Central en conseguir una justicia ágil y eficaz, para lo que es necesario más recursos humanos y materiales. En definitiva, ha explicado Urrutia durante la toma de posesión de Sáez, el Gobierno de Cantabria apuesta por una administración de justicia ágil, cercana, eficaz e independiente, porque «la mejor forma de hacer justicia en una sociedad moderna es que la Justicia que se imparta sea rápida y garantista».