Santander Sí Puede solicitará en el próximo pleno la suspensión cautelar del Jefe del servicio de Cultura

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La formación municipalista registra para su debate en el pleno del Ayuntamiento del próximo jueves una iniciativa que pide la suspensión cautelar de Enrique Álvarez, jefe del servicio de Cultura, y la apertura de expediente disciplinario por falta muy grave como consecuencia de su artículo “El Islam y el Mal”.

La moción, que se basa en la Ley del Estatuto Básico del empleado público (Real Decreto Legislativo 5/2015) y en el artículo 510.1b del Código Penal, también exige una rectificación de la regidora, Gema Igual, por su connivencia con los hechos, y propone la elaboración de un “código de buenas prácticas periodísticas”, además de cortar toda colaboración económica con medios de comunicación que fomenten la xenofobia o el odio por cuestiones étnicas o de religión.

Santander Sí Puede, a través de su concejal en el ayuntamiento de Santander, Antonio Mantecón, muestra de esta manera su más profundo rechazo a las manifestaciones realizadas por Álvarez el pasado 22 de agosto a través de un artículo de opinión publicado en un medio de prensa escrita que llevaba por título “El Islam y el Mal”. La Coordinadora del Comité Ciudadano del partido, Susana Ruiz, ya manifestó esa repulsa mediante una tribuna publicada en diferentes medios de comunicación durante el día siguiente, a la que se viene a sumar esta iniciativa en el ámbito institucional.

“Entendemos los sentimientos de rabia e indignación que tras los terribles atentados sufridos en Cataluña invaden nuestra sociedad. Pero eso no es óbice para descargar esa ira contra la comunidad musulmana residente en nuestro país. Los ataques racistas contra miembros de ese colectivo han aumentado de manera exponencial estos días, llegando a las agresiones físicas a menores y mujeres en diferentes puntos de España. Estos hechos son intolerables”, comenta Ruiz. “Que desde una tribuna de opinión de un medio de comunicación de amplia difusión un funcionario público, Jefe del servicio de Cultura de este consistorio, haga unas valoraciones incendiarias sobre la religión islámica solo contribuye a fomentar la violencia en un contexto tan delicado como el actual. Y eso también es intolerable”, prosigue la portavoz de Santander Sí Puede.

En la moción se especifica de manera clara el comportamiento que debe seguir un funcionario público en este sentido, establecido por el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este decreto recoge en su Título III, Capítulo IV el Código de conducta del empleado público que en su Artículo 53 titulado Principios Éticos, punto 4, dice: “Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Para Antonio Mantecón la vulneración de esa norma está clara: “Entendemos que el libre ejercicio de la libertad de expresión asiste a Álvarez, siempre y cuando sus manifestaciones se hagan dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Pero no es este el caso. E incluso el Código Penal, que también se refleja en la moción, tipifica este tipo de soflamas como delictivas, con lo que no estaríamos hablando de algo inocente y sin relevancia o de una falta únicamente administrativa.”

 

Es por ese motivo que la formación solicita al pleno la apertura de un expediente disciplinario al funcionario y la suspensión cautelar en sus funciones hasta que este se resuelva. El régimen disciplinario recogido en el Real Decreto 5/2015 tipifica como falta muy grave “toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Falta que podrá ser sancionada con la separación del servicio del funcionario en cuestión.

 

Por otro lado, también exigen la rectificación de la alcalde, Gema Igual, que declaró a preguntas de la prensa sobre el citado artículo su “respeto absoluto” por la “opinión personal” de Álvarez. “Estas declaraciones de la señora Igual son casi tan censurables como las propias manifestaciones de Enrique Alvarez, puesto que no dejan de expresar un cierto halo de connivencia o acuerdo con las mismas y con quien las formula. Incidiendo en que se hacen a título personal, como si fuese fácilmente disociable la persona del cargo que ocupa. De esta forma, la regidora se lava las manos”, asevera Mantecón.

 

La moción también insiste, en la misma línea que la tribuna de Ruiz “La Razón frente al Mal”, en la responsabilidad de los medios de comunicación con respecto a la difusión de este tipo de mensajes intolerantes. “Nosotros entendemos que los profesionales de la información tienen una responsabilidad social enorme en estas cuestiones. No solo es responsable quien escribe, sino también quien decide publicar. Y una institución no debe colaborar con quienes determina encender la llama del odio en aras de una mayor tirada, de crear una controversia o aumentar su número de lectores”, comenta Ruiz en relación con una de las propuestas de resolución de la moción. En ella solicitan al pleno que se acuerde suspender en el futuro cualquier colaboración económica con cuanto medio de comunicación local que difunda, en el formato que sea, contenidos de corte xenófobo, racista, homófobo o que fomenten el odio, el desprecio, la estigmatización y escarnio público contra cualquier colectivo, por cuestiones de religión, raza, condición sexual o de otras índole.

 

Así mismo, Santander Sí Puede cree que hay que ir un paso más allá en este sentido para evitar futuras publicaciones como la que motiva la iniciativa. El concejal Antonio Mantecón explica que “en la moción instamos al equipo de gobierno a que, junto a la Asociación de Prensa de Cantabria, se elabore un Código de Buenas Prácticas periodísticas para que sea utilizado por los profesionales y medios de este ámbito a la hora de abordar y tratar informaciones o artículos de opinión que por su temática pudieran estar dotados de un carácter discriminatorio. Hay que ponerse manos a la obra y trabajar para que nuestra sociedad sea más justa. Todos debemos asumir esa responsabilidad”.