El PRC pide al equipo de Gobierno que “arroje luz” sobre la Copa del Mundial de Vela, un “ejemplo de oscurantismo”

El portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha pedido hoy al equipo de Gobierno que “arroje luz y dé explicaciones” sobre la gestión de la Final de la Copa del Mundo de Vela celebrada en Santander entre el 6 y el 11 de junio que, a su juicio, ha sido “un ejemplo de oscurantismo” con circunstancias “cuanto menos inusuales” como, entre otras, la cláusula de confidencial del contrato suscrito para su celebración, la central de compras impuesta por el adjudicatario y un número de casetas mayor que el previsto inicialmente.

Para Fuentes-Pila, es “imprescindible” que el equipo de Gobierno “despeje todas las dudas” sobre la gestión de un evento que ha costado más de 500.000 euros de dinero público.

Según ha explicado, el pasado mes de abril, su Grupo solicitó vía registro documentación relativa a la celebración del evento, entre la que se incluía la traducción jurada del contrato con la World Sailing. Sin embargo, más de un mes después -“de nuevo incumpliendo los plazos previstos por la Ley de Transparencia”, sostiene el portavoz- el equipo de Gobierno contestó por escrito que “el contrato fue suscrito por el Real Club Marítimo de Santander, quien dispone del documento y en el que existe una cláusula de confidencial”.

En este punto, Fuentes-Pila cree “vergonzoso” que una cita deportiva sufragada “íntegramente” con dinero público se rija por un contrato “secreto” que no pueden conocer los ciudadanos. “Pagamos todo, pero, no sabemos por qué, el Ayuntamiento no participa en el convenio que regula el evento que paga y permita la inclusión de una cláusula que impide que conozcamos el contenido del mismo”, ha resumido el regionalista.

Adjudicatario

Por otra parte, el regionalista cree que el equipo de Gobierno debe dar “explicaciones inmediatas” sobre la gestión del programa social, al que se destinaron 117.000 euros de los algo más de 500.000 de presupuesto total, y que discurrió de forma paralela a la competición deportiva y que fue adjudicado a la misma empresa que organiza el Festival de las Naciones. A esta empresa, ha explicado, se le adjudicaron directamente esos 117.000 euros, a los que hay que sumar los réditos de la gestión de las casetas, que cobró directamente.

Según el regionalista, su formación ha recibido ya “varias quejas” de algunos comerciantes que alquilaron una caseta, “muy molestos por  la imposición” de adquirir los suministros a través de una central de compras organizada por el propio adjudicatario. “En lugar de comprar a sus proveedores habituales, tuvieron que hacerlo a través de este servicio, lo que incrementó considerablemente el coste para los comerciantes”, ha dicho al respecto Fuentes-Pila. Como ejemplo, ha afirmado que los barriles de cerveza se cobraron a los comerciantes a 84 euros, cuando el precio habitual de venta para establecimientos oscila entre 30 y 60 euros en función de la marca comercial, mientras que los botellines de agua, que no suelen superar los veinte céntimos, se les vendieron a 58.

Todo esto, ha subrayado Fuentes-Pila, cuando en el contrato suscrito entre los comerciantes y el adjudicatario para la ocupación de las carpas “no había ninguna alusión a la obligación de comprar absolutamente a través de esa central de compras”.

Además, ha pedido al PP que expliquen por qué finalmente se establecieron más de setenta casetas, cuando en “todos” los documentos se fijaba un máximo de 40. Más aún, según ha detallado, en el convenio suscrito entre el Club Marítimo y el Ayuntamiento se establecían precios “sensiblemente inferiores” a los finalmente cobrados a los comerciantes. Así, frente a los 350 y 600 euros previstos en el convenio, finalmente se han cobrado 1500 euros más un diez por ciento de IVA a las ‘jaimas’ de 25 metros cuadrados y 3.500 más IVA a las casetas gastronómicas de 37 metros cuadrados. Dinero, todo ello, según recuerda el regionalista, que ha ido a parar a manos del adjudicatario.

Por último, ha explicado que la gestión del programa social se adjudicó vía concurso, al que se presentaron tres empresas. Dos de ellas fueron excluidas del proceso. Una, por no presentar el borrador del plan de autoprotección, y otra porque su objeto social no comprendía el objeto del contrato al que aspiraba.

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