Podemos rechaza modificar la Ley del Suelo para rescatar el PGOU de Santander

Podemos se ha manifestado esta tarde en contra de la Proposición de Ley de modificación de la Ley del Suelo para la regulación de las normas urbanísticas transitorias a aprobar en supuestos de anulación de planes generales de ordenación urbana, presentada por el Partido Popular y que, a juicio de Podemos, “se trata de una legislación a la carta para salvar el plan urbanístico de Santander, que fue tumbado por el Tribunal Supremo por la falta de abastecimiento de agua para las previsiones de habitantes que había previsto el consistorio santanderino”.

José Ramón Blanco ha defendido una planificación urbanística realizada “de forma consensuada con los vecinos y vecinas de la ciudad y con todas las organizaciones políticas con representación en el Ayuntamiento”. El diputado de Podemos ha criticado esta tercera modificación de la ley del suelo “que aparta a los vecinos de la participación y planificación sobre sus barrios y su ciudad, pero que pretende dar voz en la CROTU a las constructoras”.

Podemos ha hablado esta tarde de una Ley del Suelo “que vale más bien poco sin su desarrollo reglamentario, pero que agrada a los gobernantes porque así se puede interpretar ‘ad hoc’ de forma interesada y arbitraria”. José Ramón Blanco ha hablado de leyes “cojas” que acaban permitiendo que los ayuntamientos en Cantabria desarrollen modelos urbanísticos basados en la especulación y el agotamiento del suelo, con un crecimiento caótico y sin sentido pensado en los bolsillos de algunos”.

Para Podemos el urbanismo debe ser un método para organizar racionalmente los recursos de las ciudades, para satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas de cada ciudad, “ya que estas son de sus gentes y no de las empresas especuladoras y los políticos al servicio de estas”.

Blanco ha señalado, además, que PP y PRC “siguen anclados en el pasado del pelotazo urbanístico, de la corrupción y la especulación vinculada al ladrillo como único modelo de desarrollo para Cantabria y Santander” y les ha acusado de no ser capaces de proponer ningún proyecto alternativo viable y sostenible “capaz de satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía”