Podemos rechaza la modificación de la Ley del suelo porque está hecha a la carta y por su “pésima calidad técnica”

Gracias a la labor de fiscalización de Podemos Cantabria se ha cerrado la puerta al fracking que quedaba abierta con esta modificación

Podemos está en contra de esta ley porque puede invadir competencias estatales, porque es una ley ad hoc para un grupo de empresas, porque juega con las necesidades y expectativas de las personas, por el daño medio ambiental, por el posible daño al patrimonio y porque hipotecará el futuro de todos y todas

Podemos ha mostrado hoy en el pleno su rechazo a la reforma de la Ley del suelo que hoy se votaba en el Parlamento para dar luz verde a la mina de zinc, proyecto estrella del actual gobierno PRC-PSOE, que la formación morada rechaza por tres motivos: el primero porque es una ley hecha a la carta para poder satisfacer los intereses de algunas empresas como Emerita Resources, Ambioum o Aldesa “compañía que aparece reiteradamente en los ‘papeles de Bárcenas’”; segundo, por el oscurantismo, medias verdades  y mentiras “que se cuentan en torno a este proyecto como las expectativas de empleo o el riesgo que puede suponer para las cuevas de Altamira o el acuífero de Santillana” y tercero, porque es una ley de “una calidad técnica pésima, que no plantea un equilibrio y relación a medio-largo plazo entre los beneficios económicos y los costes ecológicos de una explotación minera”.

Afortunadamente y gracias a la labor de fiscalización de Podemos Cantabria se ha cerrado la puerta al fracking que quedaba abierta con esta modificación y gracias al
trabajo realizado con otros grupos de la cámara, se ha incluido la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental.

Para Podemos, esta modificación legislativa se lleva a cabo para favorecer los intereses de estas empresas y el gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla “ha impulsado esta modificación para entregar la construcción de esta mina a una empresa citada en muchas ocasiones en los papeles de Bárcenas” y, lo que aún es peor, se está impulsando una modificación de la ley obviando la opinión de expertos que han advertido de que esta veta que se pretende explotar afectaría al acuífero de Santillana y a las cuevas de Altamira”.

Verónica Ordóñez también ha explicado que alrededor de este proyecto se están contando “medias verdades y mentiras que oscurecen el mismo” como las previsiones de empleo que a juicio de Podemos se están lanzando utilizando las necesidades de las personas, “algo que nosotros no queremos”. Además, ha hecho hincapié en que esta ley no ha ha previsto ni una sola garantía medioambiental como solicitar la acreditación de las garantías financieras exigidas por la legislación estatal de responsabilidad medioambiental para otorgar autorización”.

La formación morada ha denunciado también “la pésima calidad técnica de la norma” que no plantea un equilibrio y relación a medio-largo plazo entre los beneficios económicos y los costes ecológicos de una explotación minera”. En tono de humor, la diputada de Podemos ha evidenciado que, literalmente, la ley dice que sólo se podrá acceder al recurso natural a través del subsuelo, algo por lo que Ordóñez ha deseado que Emerita Resources tenga en su poder la teletransportación, “porque al subsuelo solo se puede acceder por el suelo”, ha rematado. También ha denunciado que con esta tramitación también se persigue que los PGU y los planes especiales de protección de suelo rústico no puedan impedir la autorización de la construcción de las instalaciones industriales e infraestructuras en superficie necesarias para el desarrollo de esta actividad.

Podemos está en contra de esta ley porque puede invadir competencias estatales, porque es una ley ad hoc para un grupo de empresas, porque juega con las necesidades y expectativas de las personas, por el daño medio ambiental, por el posible daño al patrimonio y porque hipotecará el futuro de todos y todas.