Podemos ha presentado esta mañana una Proposición de Ley para modificar la Ley 2/2007 de 27 de marzo de derechos y servicios sociales para “mejorar y dignificar la Renta Social Básica en Cantabria y que esta sirva como herramienta de estímulo al empleo”, ha indicado el coordinador de Podemos Cantabria, Alberto Gavín, quien ha explicado que este es uno de los acuerdos firmados con Miguel Ángel Revilla, que le dio acceso a la presidencia del Gobierno, y es uno de los puntos que el partido ha venido reivindicando desde el inicio de la legislatura y a día de hoy no se ha cumplido, por lo que esperamos que el Gobierno y Miguel Ángel Revilla mantenga el compromiso con ese acuerdo de investidura y con cada uno de sus puntos”.
Podemos cuantifica la propuesta, que beneficiaría a 25.253 familias y 48.473 personas, en 78.000.000€, un 3% del presupuesto de Cantabria, señalando que un 85% se recuperaría a través del consumo directo y un 15% vía impuestos.
Esta modificación es necesaria para paliar la situación de crisis que vive la comunidad desde 2008, ha señalado Verónica Ordóñez, con una tasa de desempleo superior al 12% desde 2009, la creación de empleo temporal y precario con un 94.7% de contratos temporales en 2017, una disminución de los salarios del 22% y el 40% de la población activa de Cantabria desempleada o con ingresos por debajo del SMI.
“Por toda esta situación y de conformidad con la recomendación del 20 de octubre de 2010 del Parlamento de Europeo, que insta a los gobiernos de los estados miembros a aprobar programas de garantía de rentas para toda la población en situación de pobreza, es necesaria la actuación inmediata del Gobierno de Cantabria para adaptar la RSB a estas recomendaciones”, ha dicho Ordóñez.
Con esta reforma legislativa Podemos busca incentivar el empleo y la integración social, permitiendo que la Renta Social Básica sea complementaria a otros ingresos que reciba el ciudadano hasta alcanzar unos Ingresos Mínimos Garantizados.
La propuesta aumenta la cuantía de la Renta Social Básica del 80% al 90% del IPREM, así como la cuantía por cada persona adicional en un 20% sin fijar límite cuantitativo y añade un subsidio complementario para familias monoparentales con hijos menores de 14 años o mayores incapacitados o con una discapacidad superior al 33%, que se corresponderá con el 50% del gasto derivado de su guarda y cuidado.
La cuantía también se incrementa en un 10% para personas con electrodependencia o gran invalidez y añade como titulares a las personas que dejan de estar tuteladas por la Administración al llegar a la mayoría de edad.
Además, y como novedad, incluye la agilización de los trámites que tiene que realizar el ciudadano para solicitarla y que este no tenga que presentar ningún documento que ya tenga la administración.
