Podemos presenta una Ley dirigida a las mujeres que viven y trabajan en los sectores agrario, pesquero, marisquero y acuícola

La diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, ha presentado esta mañana una Proposición de Ley sobre el Estatuto de la Mujer Rural y de la Mar. Ordóñez ha explicado que esta propuesta parte de la premisa de que “nuestro medio rural y costero se está muriendo a un ritmo desolador, por falta de relevo generacional. Fundamentalmente el factor que más está influyendo, es el éxodo masivo de mujeres. La vida en estos medios es muy dura para ellas simplemente por su género. Hacen dobles jornadas de trabajo, pues desempeñan labores en las empresas familiares, ganaderas, agrícolas o pesqueras, pero estas labores en su mayoría de las veces no son reconocidas ni tenidas en cuenta, porque se ven como una extensión más de su rol reproductivo. Son las mujeres quienes se siguen encargando de las labores domésticas y de cuidados en total exclusividad”.

A esto se suma la desaparición de paulatina de los servicios, como escuela, centro de salud, centro de día, “que les obliga a asumir en exclusiva estas funciones y por tanto acaban trabajando los 365 días del año, sin derecho a descanso u ocio”. Sin embargo, a pesar de todo eso, su trabajo y su esfuerzo es totalmente invisible. tan invisible que ni siquiera se las tiene en cuenta en las toma de decisiones. Basta echar un vistazo a las organizaciones y entidades del medio rural y del mar para ver dos cosas. En su mayoría, las titularidades de las empresas y los órganos de dirección y de toma de decisiones está copado por hombres. O si hay mujeres como titulares, lo es a título figurativo. Por conveniencia. Sin recibir los beneficios propios de tal condición.

Ordóñez ha  destacado también que  cuando la mujer se va el mundo rural y de la mar empieza a morirse. “La mujer es el pulmón, es la sabia que mantiene vivos ambos mundos, el rural y el de la mar. La mujer es quien da la vida. Sin ella, solo hay extinción”.

Por todo ello, la aprobación de un Estatuto de la Mujer Rural y de la Mar responde a la necesidad de afrontar la discriminación que sufren estas mujeres a través de su reconocimiento profesional, potenciando su estimación social, así como garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales, económicos y políticos.

Las mujeres rurales y de la mar son claves en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto y la atención específica a sus diferentes necesidades y expectativas supone un importante desafío para las administraciones públicas. Conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres rurales y de la mar es una cuestión de justicia, de derechos fundamentales y de responsabilidad ética, pero también un factor fundamental para el desarrollo económico, la vertebración y cohesión social y la supervivencia de Cantabria.

El mantenimiento de un sector agrario y pesquero sostenible y dinámico, como principal base económica de las zonas rurales y costeras y que contribuya al desarrollo rural, a la producción de alimentos, a la biodiversidad y a la creación de puestos de trabajo, pasa por la visibilización y el reconocimiento del papel de las mujeres en estas actividades – especialmente en las empresas familiares- y por la adopción de medidas de igualdad de trato y de oportunidades mediante la acción positiva de las administraciones públicas, la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos administrativos y la garantía de representación igualitaria.

Principales cuestiones de la Ley

La ley está dirigida a las mujeres que viven y trabajan en los sectores agrario, pesquero, marisquero y acuícola, pero no sólo a las que trabajan propiamente, la agricultura, la ganadería o la pesca, sino también a aquellas que llevan a cabo la transformación y comercialización de los productos derivados de dichos sectores de forma artesanal o a través de pequeña empresa y actividades auxiliares propias de las actividades económicas de estos sectores, todas ellas fundamentales para el desarrollo y buen término de la actividad principal, pero que sin embargo no es en muchas ocasiones reconocido y es invisibilizado.

Se ha incluido también un paquete de medidas de fomento para la igualdad de la mujer rural y del mar, como por ejemplo que para las ayudas y subvenciones en estos sectores se tengan en cuenta criterios de género, priorizando a las explotaciones o negocios de mujeres, o aquellas empresas u organizaciones que tengan una representación equilibrada en sus órganos de decisión, o incluso reservando partidas para ayudar y subvenciones a actividades que sean creadas por y para la mujer rural y de la mar, incluyendo la diversificación de actividades en estos sectores.

La ley incide en que la formación debe estar dirigida al emprendimiento social e innovación en el sector agrario, pesquero, marisquero y acuícola, así como la formación y capacitación profesional específica para que las mujeres puedan acceder a puestos cualificados técnicos y de gestión en condiciones de igualdad salarial.

También prevé la creación de líneas de crédito para determinados proyectos empresariales o su transformación creados por estas mujeres rurales y de la mar que permitan su arraigo en la tierra y fomenten la economía circular y el turismo sostenible.

 

La ley incluye medidas para apoyar la contratación por cuenta ajena de estas mujeres estableciéndolo como criterio a tener en cuenta en la concesión de las ayudas públicas, o incluso proponiendo la adaptación y habitabilidad de los barcos pesqueros diseñados para albergar sólo a hombres, en aquellos aspectos e infraestructuras que puedan suponer impedimentos u obstáculos para el acceso y embarque de las mujeres.

 

Así mismo, impone la introducción de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos de las administraciones con incidencia directa e indirecta en estos sectores económicos.
Por último, con esta Ley se persigue igualmente la formación en igualdad de género por parte del personal de la administración, de modo que la superación de estas formaciones sea tenido en cuenta en los baremos de puntuación de méritos en las convocatorias públicas.