Podemos ha presentado varias enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para mejorar y dignificar la Renta Social Básica en Cantabria y que esta sirva como herramienta de estímulo al empleo. Esta propuesta forma parte de los acuerdos firmados con Miguel Ángel Revilla, que le dio acceso a la presidencia del Gobierno, y es uno de los puntos que el partido ha venido reivindicando desde el inicio de la legislatura y a día de hoy no se ha cumplido. Tras haber tumbado la Proposición de Ley en el Pleno del 4 de diciembre, “esperamos que el Gobierno y Miguel Ángel Revilla mantenga el compromiso con ese acuerdo de investidura y con cada uno de sus puntos, aprobando estas enmiendas que se han presentado.
Podemos cuantifica su propuesta de Renta Social Básica compatible, que beneficiaría a 25.253 familias y 48.473 personas, en 78.000.000€, un 3% del presupuesto de Cantabria, señalando que un 85% se recuperaría a través del consumo directo y un 15% vía impuestos.
Esta modificación es necesaria para paliar la situación de crisis que vive la comunidad desde 2008, con una tasa de desempleo superior al 12% desde 2009, la creación de empleo temporal y precario con un 94.7% de contratos temporales en 2017, una disminución de los salarios del 22% y el 40% de la población activa de Cantabria desempleada o con ingresos por debajo del SMI.
Por toda esta situación y de conformidad con la recomendación del 20 de octubre de 2010 del Parlamento de Europeo, que insta a los gobiernos de los estados miembros a aprobar programas de garantía de rentas para toda la población en situación de pobreza, es necesaria la actuación inmediata del Gobierno de Cantabria para adaptar la RSB a estas recomendaciones.
Con estas enmiendas Podemos busca incentivar el empleo y la integración social, permitiendo que la Renta Social Básica sea complementaria a otros ingresos que reciba el ciudadano hasta alcanzar unos Ingresos Mínimos Garantizados.
La propuesta aumenta la cuantía de la Renta Social Básica del 80% al 90% del IPREM, así como la cuantía por cada persona adicional en un 20% sin fijar límite cuantitativo y añade un subsidio complementario para familias monoparentales con hijos menores de 14 años o mayores incapacitados o con una discapacidad superior al 33%, que se corresponderá con el 50% del gasto derivado de su guarda y cuidado.
La cuantía también se incrementa en un 10% para personas con electrodependencia o gran invalidez y añade como titulares a las personas que dejan de estar tuteladas por la Administración al llegar a la mayoría de edad.
Además, y como novedad, incluye la agilización de los trámites que tiene que realizar el ciudadano para solicitarla y que este no tenga que presentar ningún documento que ya tenga la administración.
