Podemos quiere que se abone a los trabajadores del proyecto fallido de Ecomasa el dinero que aportaron de sus indemnizaciones cuando fueron recolocados tras salir de Teka: un total de 3.289.719€ que Teka cedió a Néstor Martín correspondiente a las indemnizaciones que debieron percibir estos empleados por sus despidos. “Ellos no deben pagar por un plan de negocio que resultó ruinoso para ellos y para la Administración Regional, que ya ha asumido que es imposible recuperar buena parte de las inversiones”, ha explicado José Ramón Blanco quien ha hecho referencia al testimonio del presidente y secretario del Comité de Empresa “nunca tuvieron acceso a los informes de viabilidad entre otros de la empresa y que sólo aceptaron incorporarse al proyecto de Ecomasa por el aval del ex presidente Ignacio Diego y su Gobierno, que les aseguraron la viabilidad, presionados y apremiados para tomar esta decisión en dos días, por lo que deben devolverles su dinero”.

Esta es una de las primeras conclusiones de Podemos, que se derivan de la comisión de investigación sobre el caso Ecomasa-Néstor Martín que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria desde noviembre de 2016 y finalizará el próximo mes de mayo con la presentación de las conclusiones de todos los grupos parlamentarios.

Además, quieren que se analicen las responsabilidades que puedan tener Jorge Gómez de Cos, director general del ICAF, quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, “continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa”. Así mismo, también quieren que se depuren las responsabilidades que pudieran tener Eduardo Arasti, entonces consejero de Industria y Cristina Mazas, titular en esa época de la consejería de Economía, “responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria”. También incluyen al entonces presidente, Ignacio Diego, promotor inicial del proyecto que dio luz verde al mismo.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.

Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el Concurso de Acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de “importantes” préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.

José Ramón Blanco ha indicado que esta comisión de investigación ha confirmado que  la solicitud de avales en Ecomasa fue realizada ante la administración regional sin soporte documental suficiente, ni informe económico, ni estudio de aspectos técnicos, industriales y comerciales de un tercero, limitándose aportar un documento sobre garantías con incidencias, y una resolución que declaraba estratégica la operación. Además, en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de fecha 4 de octubre 2013 ya se detectaban “serios problemas en la consolidación del negocio, reducida liquidez y por tanto elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de pago de futuros derivados del contrato de Prestamos del ICAF.