El diputado ha criticado duramente el incremento de las tasas que recoge la Ley de Acompañamiento que no apoyará “mientras el Gobierno de Cantabria no incluya medidas de mejora de la gestión pública, lucha contra la corrupción y aumento de la transparencia”, añadiendo que la presión fiscal sobre los ciudadanos debe estar sujeta a la progresividad y capacidad económica de cada ciudadano”.
José Ramón Blanco, diputado autonómico de Podemos Cantabria, ha defendido la enmienda a la totalidad de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que debe recoger todas las modificaciones legislativas y reglamentarias necesarias que garanticen la ejecución de los presupuestos, al considerar que la imposibilidad de debate de las enmiendas “han convertido este Parlamento en un mero escenario en el que se escenifican las decisiones que los grupos parlamentarios aquí presentes han tomado fuera de él de manera sectaria”.
Blanco ha afirmado hoy que el presupuesto que el Gobierno ha presentado, “no se puede debatir, porque todo está cerrado y discutido fuera de este Parlamento”, añadiendo que es “absolutamente continuista” con la del año pasado y provocará que este primer trimestre del año alcance los 3.000 millones de deuda y que en el mes de junio la situación del gasto público sea de bloqueo.
También ha expuesto en su intervención que si en 2017 se ingresaban 200 millones de euros menos de los calculados en este presupuesto, “los servicios sociales sufrirán recortes por una cuantía al menos de 100 millones, lo que se traduce en un presupuesto que va a suponer todo lo contrario: recortes sociales y la quiebra económica de nuestra comunidad autónoma”.
Podemos ha denunciado que la Ley de Acompañamiento no recoge ninguna de las propuestas aprobadas por el Parlamento durante el año 2016 y “deberían estar recogidas por esta Ley”, propuestas aprobadas por mayoría parlamentaria que el gobierno obvia. En este sentido, José Ramón Blanco ha puesto como ejemplo “la PNL votada y aprobada repetidamente en este Parlamento de devolver Sodercan a Industria, que no ha sido incluida en la Ley de Acompañamiento, demostrando que el Ejecutivo no recoge el mandato del Parlamento”.
La formación morada también ha criticado que la Ley de Acompañamiento, que tendría que ser una herramienta para mejorar la gestión pública de la administración y de las consejerías y empresas públicas que la componen, no recoge ninguna medida al respecto: “ni para conseguir una mayor eficiencia de los recursos, ni para garantizar la coherencia de las políticas de este gobierno, ni reduciendo las empresas públicas
