FECHA: 6 de noviembre de 2017 (lunes) – LUGAR: Sede del Parlamento CONVOCATORIA: Sesión plenaria ordinaria

ORDEN DEL DÍA

  1. Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de Protección Integral de los denunciantes de corrupción, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA º 254, de 12.06.2017). [9L/2000-0009]

 

  1. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 196, relativa a impulso del cambio de modelo productivo fomentando sectores  innovadores,  presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA º 271, de 13.09.2017). [9L/4300- 0196]

 

  1. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 218, relativa a sumarse al Gobierno de España en una estrategia cuyo objetivo sea alcanzar  un sistema de gestión procesal común que sea adoptado por las Administraciones con competencias en Administración de Justicia, presentada por el Grupo Parla- mentario Popular. (BOPCA º 291, de 30.10.2017). [9L/4300-0218]

 

  1. Interpelación º 122, relativa a motivos que justifican la desigualdad de oportu- nidades de las familias por la cantidad que debe abonarse por los libros de tex- to, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (BOPCA n.º 291, de 30.10.2017). [9L/4100-0122]

 

  1. Pregunta º 34, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a motivos por los que no se está cumpliendo la Disposición adicional sexta de la Ley de Can- tabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas, presen- tada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (BOPCA n.º 288, de 23.10.2017). [9L/5150-0034]

 

  1. Pregunta º 35, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición acer- ca de la ausencia de Director de la Estación de Esquí de Alto Campoo ante la llegada de la temporada de deportes de invierno, presentada por el Grupo Par- lamentario Mixto. (BOPCA n.º 291, de 30.10.2017). [9L/5150-0035]

 

  1. Pregunta º 36, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a qué se está haciendo para afrontar con éxito la negociación del nuevo modelo de financia- ción autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 291, de 30.10.2017). [9L/5150-0036]

 

  1. Pregunta º 306, relativa a situación en la que se encuentra en la actualidad el PSIR Gran área de desarrollo de Buelna, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 291, de 30.10.2017). [9L/5100-0306]

 

  1. Pregunta º 307, relativa a previsión de algún plan o fórmula para que las uni- dades familiares que necesiten ayuda para pagar el alquiler puedan tenerla, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Po- demos Cantabria. (BOPCA n.º 291, de 30.10.2017). [9L/5100-0307]

 

2.  PROPOSICIONES DE LEY.

 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/2000-0009]

 

Escrito inicial.

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 33.1.e) y 128 y concordantes del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la Proposición de Ley de Protección Integral de los denunciantes de corrupción, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

 

Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento.

Santander, 9 de junio de 2017 LA PRESIDENTA DEL

PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

[9L/2000-0009]

 

 

“PROPOSICION DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I

La corrupción es la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás del paro. Se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene consecuencias únicamente sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas ni supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas del Estado. La corrupción es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia.

 

Lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de los partidos políticos y los organismos públicos ha  generado no sólo el rechazo de los ciudadanos, sino que ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones. El mantenimiento de personas imputadas en listas electorales y en cargos públicos, o el uso clientelar que, en ocasiones, los partidos han hecho de los fondos y los nombramientos en la Administración, han generado la percepción de que, en España, la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que debiera. Del mismo modo, los ciudadanos tienen la impresión de que el principio de igualdad ante la ley que establece nuestra Constitución no es respetado en la práctica.

 

La corrupción es un problema que urge abordar y atajar. Urge porque ya se han descubierto cerca de 200 tramas corruptas desde 1978, y la cifra va en aumento. Urge porque la corrupción también pone trabas a la competencia,  lastrando la competitividad de nuestra economía. Y urge, sobre todo, porque el fundamento de todo Estado de derecho reside en el principio de legitimidad democrática, y esta legitimidad sólo puede otorgarla o retirarla el pueblo, del cual, según nuestra Constitución, emanan todos los poderes del Estado. Por este motivo, no podemos sobrellevar por más tiempo la comisión de unas malas prácticas que siembran dudas entre los ciudadanos sobre la legitimidad de nuestras instituciones democráticas.

 

Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha. No es suficiente con la aplicación del Código Penal. La actividad pública no es una actividad cualquiera, y debe llevar aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular. Transcurridas varias décadas desde que nuestro país completara la Transición a la democracia, ha llegado el momento de reformar y actualizar nuestra Administración para subsanar sus errores y corregir las malas prácticas que llevamos años arrastrando.

 

Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad y afiancen los principios del Estado de Derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros. Desde 1996, la preocupación por la creciente corrupción, también en el ámbito internacional, conllevó el inicio de acuerdos de acción conjunta en este ámbito. La comunidad internacional manifestó interés en perfilar un acuerdo verdaderamente global y capaz de prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas. Así, se suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de octubre de 2003, ratificado por España el 16 de septiembre de 2005.

 

La lucha contra la corrupción en el ámbito de nuestras Administraciones Públicas exige garantizar una función pública profesional, independiente y regida por criterios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, con frecuencia los empleados públicos muestran reticencias a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. Por eso es fundamental proteger a los denunciantes a través de mecanismos eficaces que generen confianza y seguridad frente a posibles represalias.

 

En esos mismos términos se expresaba el Informe de 3 de febrero de 2014 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, en el que se ponía énfasis en la en la necesidad de adoptar mecanismos de denuncia adecuados que codifiquen procesos dentro de las administraciones públicas y abran canales oficiales para comunicar lo que se perciba como irregularidades o, incluso, actos ilegales pueden contribuir a resolver los problemas de detección inherentes a la corrupción. Unos mecanismos que, a día de hoy ya existen en países como Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Noruega, Rumanía, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suiza o Eslovenia, por citar algunos.

 

Con este objetivo en mente se presenta esta Ley, por la que se regula un marco de protección integral de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma que denuncien casos de corrupción. A todos ellos, la presente Ley les garantiza una protección integral de sus derechos, entre ellos, el de confidencialidad, el de recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, a la asesoría legal y a la asistencia psicológica, o a recibir justa indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia. Mención especial merece el derecho que se reconoce a todos los denunciantes de corrupción a la indemnidad en su puesto de trabajo frente a posibles represalias, disponiéndose que serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y decisiones que constituyan una represalia de las denuncias presentadas.

 

II

 

La presente Ley se estructura en cuatro Capítulos.

 

El Capítulo I, “Disposiciones generales”, define el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley, así como los requisitos para ser considerado denunciante a los efectos de la misma.

 

El Capítulo II, “Protección integral de los denunciantes”, enumera los derechos de los que gozarán los denunciantes de corrupción, cuya tutela compete al órgano de protección del denunciante.

 

El Capítulo III, “Procedimiento de denuncia y medidas de protección”, regula el procedimiento de presentación de la denuncia a efectos del reconocimiento de los derechos dispuestos en esta Ley y establece las medidas de protección por el órgano de protección de los denunciantes para salvaguardar sus derechos durante la tramitación de su denuncia.

 

El Capítulo IV, “Relaciones con el Parlamento de la Comunidad Autónoma”, dispone los canales de interlocución, información y fiscalización entre el órgano de protección de los denunciantes y el Parlamento autonómica.

 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

 

Artículo 1. Objeto.

 

La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen de protección integral de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y de las Administraciones locales que integren su ámbito territorial cuando denuncien o pongan en conocimiento de las autoridades competentes información sobre hechos que pudieran ser constitutivos de corrupción.

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

 

  1. Esta Ley será de aplicación a:

 

  1. A los empleados públicos y al resto del personal al servicio de la Administración y del sector público de la Comunidad Autónoma.

 

  1. A los empleados públicos y al resto del personal al servicio de la Administración Local de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos en la Disposición adicional

 

  1. A los empleados públicos y al resto del personal al servicio de las Universidades públicas de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos en la Disposición adicional

 

  1. También se incluye en el ámbito de la aplicación de la Ley, las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas, las entidades adjudicatarias de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y las que en virtud de convenio sean prestadoras o gestoras de servicios públicos o que ejerzan potestades administrativas así como los proveedores y subcontratistas de las mismas, incluidos, en todos los casos, tanto los gestores como los empleados de todas

 

Artículo 3. Concepto de denunciante.

 

  1. A los efectos de esta Ley, se considera denunciante a quien haya sido reconocido como tal por el Consejo de Transparencia de Cantabria, tras haberle facilitado información, que hubiera tenido conocimiento en el desempeño de su empleo, con apariencia suficiente de veracidad, sobre hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas o de delito, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4 de esta

 

  1. Asimismo, se considera denunciante a los efectos de esta Ley a quien hubiese denunciado ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial la posible comisión de un delito contra la Administración Pública de los tipificados en el Título XIX del Código Penal, siempre que dicha denuncia fuese admitida a trámite.

 

Artículo 4. Hecho denunciado.

 

  1. La denuncia habrá de versar sobre un hecho indiciariamente ilegal de aquellos que pudieran ser constitutivo de infracción o de delito, en los términos de los siguientes

 

  1. En el caso de los empleados públicos, el hecho habrá de versar sobre alguna de las faltas disciplinarias muy graves tipificadas en el artículo 95.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en particular, en las letras d), e), f), h), j) y n) de dicho artículo.

 

  1. Si el denunciado, indiciariamente, fuese un alto cargo, en los términos del artículo 2.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el hecho habrá de versar sobre alguna de las conductas tipificadas en el artículo 25 de dicha Ley o en los artículos 28 y 29 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en los concordantes de la legislación de la Comunidad Autónoma.

 

  1. En el caso de los delitos, el hecho habrá de referirse a alguno de los tipificados contra la Administración Pública de los tipificados en el Título XIX del Código

 

CAPÍTULO II

Protección integral de los denunciantes

 

Artículo 5. Denuncia con plenas garantías.

 

  1. Los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley podrán formular denuncias ante el Consejo de Transparencia de Cantabria con todas las garantías previstas en la Ley, facilitándoles el cumplimiento de los deberes, los principios éticos y de conducta que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

 

  1. Las actuaciones realizadas al amparo del número primero de este artículo no se considerarán, en ningún caso, una infracción del deber de sigilo impuesto a los empleados públicos respecto de los asuntos de que conozcan por razón de su

 

Artículo 6. Garantías de confidencialidad.

 

  1. El Consejo de Transparencia de Cantabria establecerá los canales y procedimientos adecuados para garantizar la confidencialidad de las denuncias que le sean presentadas. En todas sus actuaciones se omitirán los datos relativos a la identidad del denunciante, así como aquellos otros que pudieran conducir a su identificación.

 

  1. La garantía de confidencialidad no será de aplicación cuando, con el consentimiento expreso del denunciante, resulte estrictamente indispensable para lograr la aplicación efectiva de las demás garantías previstas en esta

 

Artículo 7. Derechos respecto del procedimiento de denuncia.

 

  1. Los denunciantes tienen derecho a conocer el estado de la tramitación de su denuncia y a ser notificado de los trámites realizados y de las resoluciones acordadas respecto de la

 

  1. Corresponde a los denunciantes el derecho a instar, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, la adopción de las medidas de protección previstas en el artículo 14 de esta

 

  1. Se reconoce, asimismo, el derecho a que la denuncia presentada finalice mediante resolución expresa y motivada en los términos y plazos previstos en esta

 

Artículo 8. Asesoría legal.

 

Los denunciantes tienen derecho a la asesoría legal gratuita en relación a la denuncia presentada, sin que tal derecho pueda entenderse comprensivo de los gastos de representación y defensa correspondientes a un eventual proceso judicial relativo a los hechos denunciados cuando lo inste el propio denunciante a título personal.

 

A tales efectos, se suscribirán convenios con los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores para dispensar la asistencia a los denunciantes en ejercicio del expresado derecho.

 

Artículo 9. Asistencia psicológica.

 

El Consejo de Transparencia de Cantabria proporcionará a éstos y a sus familiares directos asistencia psicológica cuando así lo requieran a causa de trastornos derivados de su denuncia. A tal fin, se suscribirán convenios con los  colegios de médicos y de psicólogos a los efectos de que los denunciantes puedan beneficiarse de la asistencia en ejercicio del derecho que se le reconoce.

 

Artículo 10. Protección frente a represalias.

 

  1. Los denunciantes no podrán ser objeto de actuaciones que constituyan represalias de cualquier tipo por su denuncia, en particular, aquellas que le inflijan un perjuicio en su relación de servicio o condiciones de

 

  1. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones, decisiones y cualesquiera otras actuaciones que supongan, deliberadamente o en la práctica, una represalia de las denuncias presentadas, salvo que la autoridad o superior jerárquico que las adopte acredite, a juicio del órgano de protección de los denunciantes, su legitimidad y su falta de relación causal con la denuncia

 

  1. Será considerada infracción disciplinaria muy grave cualquier actuación que suponga represalia en los términos de este artículo. El órgano de defensa de los denunciantes dará traslado al órgano competencia para la tramitación y resolución del correspondiente procedimiento contra el responsable de tal actuación. El resultado del mismo se deberá comunicar.

 

Artículo 11. Indemnización de daños.

 

Los denunciantes tendrán derecho a la indemnización por los daños efectivos, evaluables económicamente e individualizados, que hubiesen sufrido como consecuencia de la denuncia, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración.

 

CAPÍTULO III

Procedimiento de reconocimiento de la condición de denunciante y medidas de protección

 

Artículo 12. Inicio del procedimiento.

 

El procedimiento de reconocimiento de la condición de denunciante a los efectos de esta Ley se iniciará ante el Consejo de Transparencia de Cantabria mediante denuncia que deberá identificar los hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa o de delito, en los términos del artículo 3 de esta Ley, los presuntos responsables y, si fueren conocidas, la fecha de la comisión, el alcance económico del acto ilícito, así como cualquier otra circunstancia que facilite la investigación.

 

Artículo 13. Trámite de admisión.

 

  1. Presentada la denuncia, el órgano de protección de los denunciantes deberá dictar, en un plazo de quince días, resolución motivada sobre la inadmisión o admisión a trámite.

 

  1. Se dictará resolución de inadmisión en caso de denuncias anónimas, manifiestamente infundadas o referidas a hechos delictivos o infracciones administrativas no incluidos en el ámbito de aplicación de esta

 

  1. La resolución de admisión a trámite, que comportará el reconocimiento inicial de la condición de denunciante a los efectos previstos en esta Ley, acordará asimismo el inicio de un trámite de información reservada, salvo que el Consejo de Transparencia de Cantabria, ante la relevancia de la información aportada y la investigación preliminar practicada permite concluir la procedencia del traslado de la denuncia al Ministerio Fiscal o al órgano administrativo competente para la incoación de un procedimiento

 

Artículo 14. Instrucción.

 

  1. El Consejo de Transparencia de Cantabria practicará todas las actuaciones que sean precisas para determinar la veracidad de los hechos expuestos en la denuncia presentada. A tal fin, llevará a cabo un trámite de información

 

  1. La comprobación previa de los hechos y de la participación de los presuntos responsables, se realizará en el plazo máximo de tres meses desde el acuerdo de inicio de las

 

No obstante, podrá acordarse motivadamente la ampliación de este plazo hasta un máximo seis meses cuando así lo exija la complejidad de los hechos investigados.

 

  1. Todas las autoridades, cargos y empleados que desarrollen funciones en las Administraciones que formen parte del ámbito de actuación del Consejo de Transparencia de Cantabria deberán prestar toda la colaboración que sea necesaria, a instancia de dicho órgano, para el desarrollo del trámite de la información

 

  1. A los presuntos responsables se les garantiza, en todo caso, los derechos de defensa que la legislación administrativa general

 

Nada de lo practicado y resuelto por el Consejo de Transparencia de Cantabria podrá presumir ni implicar ningún tipo de imputación de delito o infracción, lo que corresponde a los órganos judiciales y administrativos competentes.

 

Artículo 15. Medidas de protección.

 

  1. En cualquier momento del procedimiento, tras el reconocimiento inicial de la condición de denunciante, éstos podrán solicitar del Consejo de Transparencia de Cantabria inste a la autoridad o al órgano competente la concesión de un traslado provisional a otro puesto de trabajo del mismo o equivalente grupo, cuerpo, escala o categoría profesional; o la concesión de un período de excedencia por tiempo determinado, con derecho al mantenimiento de su retribución y computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación, en ambos casos con derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran.

 

  1. Los efectos de las medidas de protección previstas en el apartado anterior se extenderán durante el período que determine el Consejo de Transparencia de Cantabria, con el límite máximo de dos años desde la resolución judicial que, en su caso ponga fin al procedimiento penal, o de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento  administrativo

 

Artículo 16. Finalización del procedimiento.

 

El procedimiento finalizará, una vez culminada la instrucción, mediante la adopción motivada de alguna de las siguientes resoluciones que serán, en todo caso, notificadas al denunciante:

 

  1. El archivo definitivo de las actuaciones cuando de lo actuado no resulten indicios de delito o de infracción que estén incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, en los términos del artículo 3. En tal caso, se revoca el reconocimiento de la condición de

 

  1. El traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal cuando de las actuaciones practicadas resulten indicios racionales de la existencia de un posible delito contra la Administración.

 

En este supuesto, el órgano de protección de los denunciantes informará al Ministerio Fiscal de si, a su juicio, concurren circunstancias que puedan suponer un peligro grave para la persona, libertad o bienes del denunciante, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos, a efectos de que la autoridad judicial adopte las medidas de protección a que haya lugar de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

 

  1. El traslado de lo actuado al órgano administrativo competente para la incoación de un procedimiento sancionador cuando de las actuaciones practicadas se aprecie la posible comisión de una infracción administrativa de aquellas que formen parte del ámbito de aplicación de esta

 

Las resoluciones de las letras b) y c) suponen el reconocimiento definitivo de la condición de denunciante a los efectos de esta Ley, con sus consecuencias, en relación, en particular, los derechos y las medidas de protección, sin perjuicio de las medidas que, con los mismos efectos, pudieran adoptar los órganos a los que se da traslado del resultado de la investigación desarrollada.

 

Artículo 17. Interrupción del procedimiento.

 

En caso de que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal  de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación del órgano de defensa de los denunciantes, este deberá interrumpir sus actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de la que dispone, además de proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerid. En caso de que no se apreciase ningún hecho de relevancia penal, el Consejo de Transparencia de Cantabria, podrá continuar el procedimiento.

 

CAPÍTULO IV

Relaciones con el Parlamento de la Comunidad Autónoma

 

Artículo 18. Comparecencias.

 

El órgano de protección de los denunciantes comparecerá ante el Parlamento de la Comunidad Autónoma, en Pleno o en la Comisión que resulte competente, cuantas veces sea requerido para informar de los asuntos que se le soliciten.

 

Artículo 19. Informe anual.

 

  1. El Consejo de Transparencia de Cantabria presentará un informe anual al Parlamento de la Comunidad Autónoma relativo a las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus

 

  1. El informe anual deberá ser presentado dentro de los tres primeros meses del año natural siguiente a aquél al que se

 

  1. No podrá contener datos personales que permitan la identificación de los denunciantes e incorporará, como contenido mínimo:

 

  1. La mención del número de denuncias presentadas, así como de las admitidas e inadmitidas a trámite y de las causas de admisión o inadmisión.

 

  1. El sentido de las resoluciones finalizadoras del

 

  1. La información económica que recoja la liquidación del presupuesto de la institución.

 

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, el Consejo de Transparencia de Cantabria quedará sujeto a las demás obligaciones que, en materia de transparencia, le imponga la legislación.

 

Disposición adicional primera. Aplicación al ámbito local.

 

La aplicación de la esta Ley a los empleados públicos de las Entidades Locales se realizará en los términos que prevea la legislación aplicable en materia de régimen local. Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Locales podrán formalizar convenios de colaboración con el Consejo de Transparencia de Cantabria a los efectos incluirse directamente  en el ámbito de aplicación de la esta Ley.

 

Disposición adicional segunda. Aplicación a las Universidades públicas.

 

Los empleados y, en particular, los docentes de las Universidades públicas, podrán disfrutar de la condición de denunciante, en los términos de esta Ley, en relación con los hechos que formen parte de su ámbito de aplicación, con el debido respeto a la autonomía universitaria, en los términos de la legislación reguladora.

 

Disposición transitoria única. Consejo de Transparencia de Cantabria.

Hasta la constitución del Consejo de Transparencia de Cantabria, la competencia atribuida en esta ley al Consejo  de Transparencia de Cantabria será ejercida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

 

Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente Ley, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley de Función Pública autonómica.

 

Se modifica el artículo 62 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, reguladora de la Función Pública de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria quedando redactado de la siguiente manera:

 

  1. El funcionario tiene el deber general de sigilo en lo que atañe a la función desempeñada y especialmente el de secreto profesional sobre datos y situaciones que conozca por razón del cargo y cuya divulgación pueda dañar o crear riesgo para los intereses públicos o al interés de los particulares

 

  1. No se considerará infracción del deber de sigilo impuesto a los empleados públicos respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, las denuncias formuladas ante el Consejo de Transparencia de Cantabria que puedan ser constitutivas de un delito de corrupción.

 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley de Altos Cargos autonómica.

 

Se modifica el artículo 20 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria quedando redactado de la siguiente manera:

 

  1. A los efectos de esta Ley se consideran infracciones muy graves:

 

  1. El incumplimiento de las normas sobre

 

  1. El incumplimiento del régimen de actividades una vez abandonado el cargo público establecido en la presente

Ley.

 

  1. La presentación de declaraciones con datos o documentos

 

  1. La falta de colaboración reiterada con la Inspección General de

 

  1. El quebrantamiento del régimen de posesión de participaciones accionariales en empresas o sociedades contratistas del sector público autonómico establecido en el artículo 17 de la presente

 

  1. La revelación de datos que supongan el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.

 

  1. La comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.

 

  1. Se consideran infracciones graves:

 

  1. El quebrantamiento de los deberes de inhibición y abstención establecidos en la presente

 

  1. La no declaración de actividades, intereses, bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, tras el apercibimiento para

 

  1. La omisión de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta

 

  1. La falta de colaboración con la Inspección General de

 

  1. El quebrantamiento del régimen de obsequios y donaciones establecido en la presente

 

  1. La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.

 

  1. Se considera infracción leve la no declaración de actividades e intereses, o de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al

Disposición final sexta. Habilitación normativa.

 

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo  y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

 

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

 

 

 

4.  PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO.

 

IMPULSO DEL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO FOMENTANDO SECTORES INNOVADORES, PRESENTADA  POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/4300-0196]

 

Escrito inicial.

 

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0196, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulso del cambio de modelo productivo fomentando sectores innovadores.

 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que haya de debatirse.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 12 de septiembre de 2017

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

[9L/4300-0196]

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

El Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En la actualidad, las StartUps de Internet son vehículos de innovación, atracción de capital, creación de trabajo y alternativa a las salidas profesionales tradicionales. No obstante, los importantes avances que se han sucedido en los últimos años, con la irrupción de numerosas StartUps de Internet que han conseguido un notable éxito, en algunos casos incluso desplazando en volumen de capitalización a grandes compañías de sectores tradicionales.

 

En ese sentido, debemos reconocer la especificidad de las StartUps de Internet como iniciativa emprendedora, pues son proyectos de innovación tecnológica lanzados a iniciativa individual de los propios emprendedores, en ocasiones al margen del sistema (por ejemplo, desde el salón de un domicilio particular), cuyos fundadores gastan a menudo sus ahorros propios en los inicios sin constituirse como empresa y que tienen un enorme potencial de crecimiento si consiguen validar su modelo de negocio innovador, puesto que su audiencia objetiva, por la naturaleza de Internet y de los proyectos que testean, es global. Precisamente por este potencial de crecimiento, estos proyectos de innovación, por su naturaleza y audiencia globales, pueden crecer en cualquier otra capital mundial. Siendo conscientes de este hecho, otros ecosistemas de StartUps de Internet ofrecen facilidades e incentivos para atraer talento, inversión y emprendedores a sus ciudades.

 

Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que Cantabria necesita modernizar y adaptar su modelo productivo a las nuevas realidades. Las StartUps en internet son una oportunidad de evolucionar para Cantabria. Hablamos de un tipo de industria que no requiere de grandes superficies de suelo, no requiere una inversión inicial excesivamente grande, tiene una evolución rápida, no contamina y, además, por su actividad puede generar interesantes sinergias con la Universidad  de Cantabria.

 

Por lo expuesto, se presenta la siguiente Propuesta de Resolución: El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a:

 

Impulsar el cambio de modelo productivo de nuestra región fomentando sectores innovadores, con empleo de alto valor añadido, profundizando en el desarrollo del ecosistema de StartUps de internet en Cantabria a través  de las siguientes medidas:

 

  1. Establecer un Programa de Fomento del Capital Semilla para promover la inversión en las StartUps de Internet que se instalen en Cantabria que permita reconocer formalmente a una empresa como “StartUp de Internet” y a un inversor como “business angel”.

 

  1. Elaborar un programa de incentivos fiscales para aquellos inversores personas físicas que inviertan en StartUps de Internet a través de este Programa de Fomento del Capital

 

  1. Mejorar la financiación pública autonómica de sectores estratégicos, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding que coinviertan con capital especializado, mejorando los programas existentes y centrando los recursos en sectores altamente innovadores como aquellos donde se desarrollan las StartUps de

 

En Santander a 5 de Septiembre de 2017

 

Fdo.: Rubén Gómez González. Diputado del Grupo Mixto-Ciudadanos.”

 

4.  PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO.

 

SUMARSE AL GOBIERNO DE ESPAÑA EN UNA ESTRATEGIA CUYO OBJETIVO SEA ALCANZAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL COMÚN QUE SEA ADOPTADO POR LAS ADMINISTRACIONES CON COMPETENCIAS EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [9L/4300-0218]

 

Escrito inicial.

 

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0218, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a sumarse al Gobierno de España en  una estrategia cuyo objetivo sea alcanzar un sistema de gestión procesal común que sea adoptado por las Administraciones con competencias en Administración de Justicia.

 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que haya de debatirse.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 27 de octubre de 2017.

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

[9L/4300-0218

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo  176 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para que sea debatida ante el  Pleno;

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho.

 

La apuesta por una Justicia del siglo XXI ha de ser respetuosa con el diseño institucional del que nos hemos  dotado. Dicho modelo reserva al Estado, como competencia exclusiva, la Administración de Justicia (art. 149.1.5 CE), a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, la provisión de medios materiales y personales necesarios para que el ejercicio de la función jurisdiccional pueda desarrollarse de manera eficaz y eficiente, y al Ministerio de Justicia para aquellas en que no lo están.

 

Este modelo no ha sido impedimento, en otros sectores, para ofrecer al ciudadano y al profesional un mismo servicio. No es el caso de las tecnologías de la información aplicadas al ámbito de la Justicia. Desde hace más de una década las Administraciones competentes han ido abordando la implantación de diferentes sistemas de gestión procesal para que sean utilizados en la Administración de Justicia.

 

A pesar de los logros y del importante esfuerzo técnico y presupuestario realizado, la realidad hoy es que hemos llegado a una situación en la que en una misma organización – la Administración de Justicia – existen numerosos sistemas (hasta nueve), que son diferentes, que no son compatibles entre sí y cuyo despliegue es desigual, lo cual dificulta significativamente el funcionamiento de la Administración de Justicia como Poder único en todo el Estado, y de sus profesionales.

 

Reiteradamente el conjunto de Instituciones, operadores jurídicos y profesionales que forman el sector Justicia vienen planteando la necesidad de revertir esta situación y apelan a todas las Administraciones para que trabajen en converger hacia una solución tecnológica común que ofrezca la misma respuesta de la Justicia en todo el territorio.

 

 

Si es obligación de los poderes públicos defender la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley y velar por la tutela judicial efectiva, también debe serlo defender un sistema de gestión procesal que permita a todas las Administraciones responder por igual a ciudadanos y profesionales de la Justicia. Por eso se considera prioritario el desarrollo de un sistema de gestión procesal común en la Administración de Justicia que facilite el servicio que presta a los ciudadanos que recurren a ella -y a la sociedad en general- en igualdad de condiciones.

 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la propuesta de resolución El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a:

  1. A sumarse al Gobierno de España en una estrategia cuyo objetivo sea alcanzar un sistema de gestión procesal común que sea adoptado por las Administraciones con competencias en Administración de

 

  1. A instar al Gobierno de España a diseñar el modelo para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión procesal común, con la premisa de que dicho sistema esté basado en la excelencia técnica.

 

  1. Instar al Gobierno de la Nación a dotar de los medios humanos, materiales y económicos necesarios para poner en marcha este sistema de gestión procesal común en la Administración de

 

Santander a 24 de octubre de 2017.

 

Fdo.: Eduardo Van den Eynde Ceruti. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.”

 

 

 

 

4.  PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

 

 

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS FAMILIAS POR LA CANTIDAD QUE DEBE ABONARSE POR LOS LIBROS DE TEXTO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA. [9L/4100-0122]

 

Escrito inicial.

 

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto  en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 9L/4100-0122, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, relativa a motivos que justifican la desigualdad de oportunidades de las familias por la cantidad que debe abonarse por los libros de texto.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 27 de octubre de 2017

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

[9L/4100-0122]

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

El Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 160 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente interpelación al Consejero de Educación, Cultura y Deporte.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

A pesar de que, si nos atenemos a la legislación vigente, la enseñanza en las etapas obligatorias debiera ser gratuita para todas las personas que las cursen (y esto incluye la gratuidad de los recursos que se necesitan para estar escolarizado, entre ellos los libros de texto), desafortunadamente en Cantabria aún no lo es.

 

La Administración educativa cántabra ha ido dando algunos pasos en dirección a la gratuidad total de la enseñanza en esas etapas, por ejemplo ofreciendo ayudas individuales a las familias para la compra de libros de texto, libros que pasaban a ser, automáticamente, de propiedad privada. En esta legislatura, estas ayudas han sido sustituidas por bancos de libros públicos que permiten reutilizarlos de un curso para el siguiente, una práctica que apoyamos porque supone una austeridad sensata que va en contra del insostenible “usar y tirar” y, en definitiva, nos permite ahorrar dinero público y no despilfarrarlo.

 

A pesar de la existencia de estos bancos de libros públicos, la Administración educativa no cubre la totalidad del precio de los libros y muchas familias se ven obligadas a pagar cierta cantidad de dinero por ellos. Pero, además, en nuestra Comunidad se está produciendo una situación que supone injusticia y desigualdad de oportunidades ya que las familias están pagando diferentes cantidades porque sus hijos o hijas dispongan de los libros de textos necesarios y esto depende no del curso, sino del centro escolar donde están cursando sus estudios, algo que nos parece inadmisible.

 

Y es por todo lo anteriormente expuesto que se interpela al Consejero de Educación, Cultura y Deporte acerca de:

 

– Motivos que justifiquen, si los hay, la injusticia y desigualdad de oportunidades a la que se enfrentan las familias cántabras en relación a la cantidad que deben abonar para que sus hijos e hijas dispongan de los libros de texto necesarios y medidas que el Consejero está tomando o va a tomar para terminar con esta situación inaceptable.

 

En Santander a 23 de octubre de 2017

 

 

 

Fdo.: Verónica Ordóñez López. Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.”

 

 

5.  PREGUNTAS.

 

  • CON RESPUESTA ORAL ANTE EL

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY DE CANTABRIA 2/2017, DE 24 DE FEBRERO, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS, PRESENTADA POR D. JOSÉ RAMÓN BLANCO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA. [9L/5150-0034]

 

Escrito inicial.

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 166 a 170 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta al Presidente del Gobierno con respuesta oral ante el Pleno, N.º 9L/5150-0034, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, relativa a motivos por los que no se está cumpliendo la Disposición adicional sexta de la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 20 de octubre  de 2017

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

José Ramón Blanco Gutiérrez, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en virtud del presente escrito y conforme a lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara formula al Presidente del Gobierno la  siguiente pregunta para que sea contestada oralmente ante el Pleno.

 

¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de Cantabria no está cumpliendo la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas?

 

En Santander a 17 de octubre de 2017

 

Fdo.: José Ramón Blanco Gutiérrez. Portavoz Suplente Grupo Parlamentario Podemos.”

 

 

 

5.  PREGUNTAS.

 

  • CON RESPUESTA ORAL ANTE EL

 

POSICIÓN ACERCA DE LA AUSENCIA DE DIRECTOR DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ALTO CAMPOO ANTE LA LLEGADA DE LA TEMPORADA DE DEPORTES DE INVIERNO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/5150-0035]

 

Escrito inicial.

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 166 a 170 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta al Presidente del Gobierno con respuesta oral ante el Pleno, N.º 9L/5150-0035, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a posición acerca de la   ausencia de Director de la Estación de Esquí de Alto Campoo ante la llegada de la temporada de deportes de invierno.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 27 de octubre de 2017

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

El Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 170 del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente pregunta al Presidente del Gobierno para que sea contestada oralmente en el Pleno.

 

Posición del Presidente acerca de la “ausencia” de Director de la Estación de Esquí de Alto Campoo ante la inminente llegada de la temporada de deportes de invierno.

 

Santander a 24 de octubre de 2017

 

Fdo.: Rubén Gómez González. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos.”

 

 

5.  PREGUNTAS.

 

  • CON RESPUESTA ORAL ANTE EL

 

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA AFRONTAR CON ÉXITO LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [9L/5150-0036]

 

Escrito inicial.

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 166 a 170 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta al Presidente del Gobierno con respuesta oral ante el Pleno, N.º 9L/5150-0036, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a qué se está haciendo para afrontar con éxito la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 27 de octubre de 2017.

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

 

 

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

[9L/5150-0036]

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en el art. 170 del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente del Gobierno para que sea contestada oralmente ante el Pleno.

 

¿Qué está haciendo el Presidente del Gobierno para preparar a Cantabria para afrontar con éxito la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica?

 

Santander, a 25 de octubre de 2017.

 

Fdo.: Eduardo Van den Eynde Ceruti. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.”

 

 

5.   PREGUNTAS.

 

  • CON RESPUESTA ORAL ANTE EL

 

 

Escritos iniciales.

 

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno relacionadas.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 27 de octubre de 2017

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

 

[9L/5100-0306]

 

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD EL PSIR GRAN ÁREA DE DESARROLLO DE BUELNA, PRESENTADA POR D. RUBÉN GÓMEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

  1. Rubén Gómez González, diputado del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos Cantabria, al amparo de lo establecido en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la siguiente pregunta para que sea contestada oralmente en el Pleno:

 

Situación en la que se encuentra en la actualidad el PSIR Gran Área de Desarrollo de Buelna. En Santander a 24 de octubre de 2017

Fdo.: Rubén Gómez González. Diputado del Grupo Mixto-Ciudadanos.”

 

 

5.   PREGUNTAS.

 

  • CON RESPUESTA ORAL ANTE EL

 

[9L/5100-0306] [9L/5100-0307]

 

Escritos iniciales.

 

PRESIDENCIA

 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno relacionadas.

 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

 

Santander, 27 de octubre de 2017

 

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA,

 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

 

PREVISIÓN DE ALGÚN PLAN O FÓRMULA PARA QUE LAS UNIDADES FAMILIARES QUE NECESITEN AYUDA PARA PAGAR EL ALQUILER PUEDAN TENERLA, PRESENTADA POR D. JOSÉ RAMÓN BLANCO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA.

 

“A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

 

  1. José Ramón Blanco Gutiérrez, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, en virtud del presente escrito y conforme a lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la siguiente pregunta para que sea contestada oralmente en el Pleno.

 

¿Tiene previsto la Consejería de Obras Públicas y Vivienda algún plan o fórmula para que todas las unidades familiares que necesiten una ayuda para pagar el alquiler puedan tenerla?

 

En Santander, a 25 de octubre de 2017.

 

Fdo.: José Ramón Blanco Gutiérrez. Portavoz Suplente Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.”

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