La Plataforma STOP DESAHUCIOS ha acasudo a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria GESVICAN de «muy negligentes con el juzgado de instrucción» en nota pública que reproducimos.

Hoy, Jueves 23 de julio, se ha presentado un numeroso dispositivo de la Policía Nacional a las 7,30h. de la mañana en el domicilio de Lidia y su familia para ejecutar el desahucio programado por el juzgado de instrucción n.º 4 de Santander. El desahucio de la familia de Lidia fue suspendido el pasado 19 de junio gracias a la movilización ciudadana.

Dicho desahucio se ha llevado a cabo sin orden judicial de lanzamiento con fecha y hora. Y, además, se ha practicado con dos menores delante, de seis y siete años de edad.

Ni la comisión judicial ni el jefe del dispositivo policial han querido entregar copia del acta del desalojo o desahucio, cuando es algo preceptivo, según la plataforma Stop-Desahucios. Tampoco han entregado ninguna copia de la orden judicial de lanzamiento o de desalojo a la familia.

En concreto, el único documento que ha llegado a la abogada de la familia es una providencia de fecha 25 de junio en donde se oficiaba al Ayuntamiento de Santander y a Gesvican para que ofrecieran una vivienda en el plazo de siete días. Y que una vez trascurrido dicho plazo, se procedería a ejecutar el desalojo sin comunicar a la condenada ni el día de la hora. Después de esto, según la plataforma Stop-Desahucios, se han remitido varios escritos por parte de Gesvican y de la D.G. de Vivienda al juzgado. El problema, según esta misma fuente, es que no concretaban nada y “se escaqueaban del asunto”, aunque a la plataforma la informaron que estaban concretando la alternativa habitacional para la familia.

Para Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma Stop-Desahucios: “todo lo que ha pasado hoy es una auténtica vergüenza desde cualquier punto de vista. El juez, Enrique García Delgado, juez del juzgado de instrucción n.º 4 ha cometido una ilegalidad absoluta, por decirlo suave. Todos los desahucios deben realizarse con orden de lanzamiento en donde figure día y hora. Un juez no se puede saltar la ley por muy juez que sea, y la ley en este caso es el derecho civil, el derecho supletorio, ya que no existe ningún precepto penal que avale la decisión del juez. Las ordenes de desalojo son de cumplimiento voluntario. Y si no se cumplen, se emite una orden de lanzamiento con fecha y hora, y se debe comunicar a la familia afectada. Pero esa orden de lanzamiento no puede ser secreta. No se puede bordear o incumplir la ley para que una plataforma impida el desahucio. Además, ese celo para cumplir las órdenes de un fondo buitre como Desarrollos Las Peñicas no tiene sentido en plena pandemia. Por no hablar de la presencia de dos menores de seis y siete años. La madre, de los niños, ahora mismo, está sufriendo un ataque de ansiedad, vomitando y temblando”.

Por todos estos motivos, la plataforma y la familia presentarán denuncia por allanamiento, prevaricación y abuso de autoridad, entre otros delitos, contra el dispositivo policial, la comisión judicial y el juez responsable.

Actualización: vivienda en Beranga

 Poco después del mediodía, varias horas después del desalojo, la D.G. de Vivienda llamaba a Lidia para comunicarle la resolución en la que se le concedía a la familia una vivienda de alquiler social en Beranga, a más de 35 kms de Santander. Aunque pueda parecer un hecho positivo en sí mismo, desde la plataforma Stop-Desahucios critican cómo se ha llevado a cabo este asunto.

Para Roberto Mazorra, “el comportamiento de la D.G. de Vivienda ha sido muy poco serio,  esperando hasta el último momento para emitir la resolución. No es una casualidad que haya sido el mismo día en que se ha ejecutado el desahucio. Han estado ‘entreteniendo’ con papeles y burocracia a la familia, han dilatado la decisión y, sobre todo, han sido muy negligentes con el juzgado de instrucción. Pareciera que quisieran que se realizara el lanzamiento, tal y como se ha producido. De no ser así, no se entiende que estuvieran mareando al juzgado con ambigüedades de todo tipo cuando ya habían decidido darles una vivienda”.

La trabajadora social que ha trasladado la resolución a Lidia, le ha comentado que no hay viviendas en Santander, “algo completamente falso”, en opinión de la plataforma. La funcionaria le ha comunicado a Lidia que “rehaga su vida en Beranga”. Lidia malvive de una renta social básica, tendría que cambiar de colegio a sus hijos y no tiene carnet de conducir ni medios para desplazarse diariamente a Santander, donde tiene su vida y su familia.