Antonio Mantecón, concejal de Santander Sí Puede, presenta tres mociones relativas a la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS).
La primera de ellas se refiere a la realización de auditorías y periciales en todas las promociones para comprobar que no haya existido fraude en las ejecuciones de obra.
La otra promueve la supresión del carácter privado y del ánimo de lucro de las futuras promociones de la SVS y la revisión de este aspecto y del tipo de IVA cobrado en todas las viviendas construidas hasta ahora.
A última hora también se ha presentado una moción relativa a la aplicación de la bonificación del 50% del IBI para las viviendas protegidas de General Dávila, contemplado en la ordenanza del impuesto y que no se está cumpliendo.
Hace escasas semanas, el entonces todavía consejero de la SVS, Roberto Mazorra, denunciaba un presunto trato de favor e irregularidades en varias promociones de viviendas protegidas de la empresa pública del Ayuntamiento de Santander. Denuncia que le costaba el puesto tan solo dos días después de hacerse pública.
Pasados los días cobra fuerza la existencia de un “posible fraude” con el abaratamiento de costes en la ejecución de las obras, que contrasta con la memoria de calidades y las certificaciones de los presupuestos de cada promoción. Hecho que explicaría en parte los numerosos y costosos –millones de euros –desperfectos en las promociones. Y es que según la moción, el partido municipalista habría detectado irregularidades en “al menos, la mitad de las promociones ejecutadas por la SVS”, de las doce realizadas.
Por esos motivos, Santander Sí Puede está estudiando el tema con su equipo jurídico y con los propios afectados. Mientras tanto, han presentado una moción para comprobar la ‘sensibilidad’ hacia dicha denuncia por parte del equipo de gobierno. Concretamente, promueven la realización de auditorías externas e informes periciales de todas las promociones realizadas hasta la fecha, cuya labor sería controlada por todos los grupos municipales, incluyendo a colectivos sociales interesados y a las propias plataformas de afectados que se vayan creando. En la moción, de igual forma, promueven la reparación inmediata de los graves desperfectos detectados en las viviendas o inmuebles promovidos por la SVS.
“Si realmente tienen las manos limpias no debería existir ningún problema en realizar las auditorías de todas las promociones para comprobar la veracidad de los materiales y de las ejecuciones. Sólo alguien que tiene algo que ocultar, bloquearía este asunto. No creemos que realizar una pericial de todas las promociones sea algo demasiado costoso, ni técnica ni económicamente”, asevera Mazorra.
¿Empresa pública o privada con ánimo de lucro?
Por otro lado, el partido municipalista promueve un cambio profundo en la gestión y calificación de las promociones de viviendas protegidas impulsadas por la SVS. La propuesta concreta consiste en que todas las promociones que se lleven a cabo a partir de ahora tengan carácter público y sin ánimo de lucro, solicitando el preceptivo informe jurídico. E igualmente, se promueve en el mismo escrito que se revisen todas las promociones realizadas hasta el momento y “medir los efectos de dicha especificación” en la calificación de las viviendas protegidas.
Para Antonio Mantecón: “Si algo sorprende cuando hemos analizado los expedientes de la empresa pública del Ayuntamiento de Santander es que todas las promociones son “privadas” y “con ánimo de lucro. Nosotros defendemos, obviamente, lo contrario”.
En la moción presentada, de nueve páginas, se ofrecen fundamentos jurídicos de todo tipo para sostener la propuesta. De hecho, según la misma, serían de aplicación “cerca de una treintena de leyes que forman el corpus jurídico del derecho público y/ o administrativo” como la Ley de Bases y sus desarrollos reglamentarios, la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Contratos del Sector Publico, la Ley del Suelo, las normativas sobre viviendas protegidas, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) o la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJAP). Mientras que la aplicación del derecho privado se limitaría a algunos artículos de la Ley de Sociedades de Capital.
Para Roberto Mazorra, el tema está claro: “Sólo hace falta un juez valiente al que le guste el derecho. Es un caso de libro para elevar una cuestión prejudicial a los Tribunales de Justicia de la Unión Europea ya que hay unas cuantas directivas europeas, además de las propias disposiciones legales españolas, que establecen el carácter público y sin ánimo de lucro de las sociedades mercantiles totalmente públicas, como es la SVS. El derecho privado sólo se aplica para el papeleo mientras que en todo lo demás, que es lo importante, es puro derecho administrativo y público. Y el carácter privado y el ánimo de lucro de la SVS y de las promociones no se sostiene por ningún lado”.
Como bien reconoce, el propio Mantecón: “El tema es controvertido desde el punto de vista jurídico pero no lo son las consecuencias en los afectados, que pasan de pagar un 4% a un 10% del importe escriturado en concepto de IVA. Por eso nos tememos el bloqueo del equipo de gobierno y sus amigos ya que si la revisión se realizara de acuerdo a ese carácter público que nosotros defendemos, podría significar devolver mucho dinero a los afectados. Pero creemos que sería lo justo. Mucho mejor que se lo lleven estas personas que los bancos”.
Y es que según la ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se aplica un 10% al importe escriturado en la compra de viviendas. Esto es así desde 2013, ya que existió una moratoria en el 2012 y anteriormente se aplicó el 7% hasta 2010 y el 8% hasta 2012. Sin embargo, existe una excepción para las viviendas protegidas de régimen especial y para todas las viviendas de promoción pública, a las que se ha aplicado un 4% desde siempre. “Por eso, si un juez determina que la calificación de promoción privada y “con ánimo de lucro” no es ajustada a derecho les tendrían que devolver a todos los compradores de vivienda, dependiendo del caso, un 3%, un 4% o un 6% del precio escriturado”, explica Mantecón.
La bonificación del IBI
Para Mantecón, “la última moción visibiliza la mala gestión de la SVS y de sus principales responsables, esto es, Iñigo de la Serna y César Díaz”.
La ordenanza sobre el (IBI) del Ayuntamiento de Santander establece en su artículo 6.4 que gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del IBI las viviendas de protección oficial, durante un plazo de seis años. Sin embargo, en al menos una de las promociones de viviendas protegidas, dicha bonificación no se está haciendo efectiva en el momento de liquidar el impuesto. Concretamente, se trata de los adquirientes en 2015 de las viviendas de la promoción de General Dávila. Por eso, Mantecón promueve “algo tan sencillo como cumplir las propias ordenanzas del Ayuntamiento”.
