Mantecón exige la devolución del IBI del ‘catastrazo’ por la anulación del PGOU

El concejal de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, ha presentado una moción en la Corporación santanderina para el pleno del próximo 25 de mayo donde solicita la devolución de los ingresos indebidos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la emisión de un nuevo recibo para todos los vecinos afectados por “el catastrazo”, como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

 La resolución de la moción registrada por el concejal de Santander Sí Puede consta de cinco puntos. El primero es el cumplimiento “sin dilación de la DEVOLUCIÓN del IBI a todos aquellos titulares catastrales que lo reclamen en relación con los procedimientos simplificados de valoración catastral colectiva derivados de las comunicaciones de la Corporación con respecto a las modificaciones del PGOU 2012”.

 

En opinión de Antonio Mantecón, “estamos hablando de justicia y de dinero, nada más y nada menos. Si ha habido una anulación del PGOU y otras sentencias que anulan los procedimientos y los actos del catastro, derivadas precisamente de las modificaciones comunicadas por el Ayuntamiento, lo que debe hacer el equipo de gobierno es devolver el dinero cobrado indebidamente. Pero hasta ahora se ha negado a ello. Es una vergüenza”.

El segundo punto de la resolución se refiere a que el Ayuntamiento deberá informar a la D.G. del Catastro “que todas las modificaciones comunicadas a dicho órgano en relación con el PGOU de 2012 son nulas de pleno derecho”. El tercero es un compromiso del Ayuntamiento para “publicitar en todos los medios a su alcance el procedimiento para solicitar la devolución del IBI”. El cuarto propone la coordinación de la Corporación con el Catastro de cara a “anular y/o suspender” todos los procedimientos, actos de modificación catastral y efectos de las notificaciones a los titulares. Por último, en el quinto punto se insta al Equipo de Gobierno para que modifique la ordenanza del IBI ya que todavía no ha sido adaptada a la reforma de 2015 de la Ley del Catastro.

Para Mantecón este último punto es “más relevante de lo que parece” porque “el cambio normativo operado por la Ley 13/2015 implica considerar como rústicos terrenos que antes de la última reforma eran tratados como urbanizables a los efectos del catastro. Por eso, es tan destacable que no se haya incluido en ninguna de las ordenanzas aprobadas desde 2015. Aquí algo huele mal o igual es simple desidia”.

Precisamente, la exposición de motivos de la moción expresa la importancia de las modificaciones en 2015 de la Ley del Catastro Inmobiliario, sobre todo, en lo que respecta a la consideración de los terrenos rústicos en relación con su valoración catastral. Sin embargo, también se censura la existencia de “una cara B” de la reforma al promover un régimen transitorio en su aplicación que permitió el catastrazo de 2016. Y es que durante el año 2016,  numerosos vecinos del municipio de Santander, sobre todo en la zona norte (Cueto, Monte, entorno de la senda costera), van a ver “incrementados de forma exponencial sus valores catastrales en el año 2016 –en algunos casos entre un 600 y un 800% – debido a los cambios producidos en el PGOU de 2012 y a pesar de tener la consideración de suelos rústicos sus terrenos según las numerosas normas contempladas.

El concejal se pregunta “¿por qué hasta los años 2015-2016 no se comunicaron los cambios del PGOU de 2012 en el Catastro? Es posible que la Corporación esperara para poder acogerse al régimen transitorio de la reforma y al procedimiento simplificado de valoración catastral. O es posible que todo lo explique el largo año electoral de 2015. En cualquier caso, la avaricia rompe el saco y a finales de 2016 se anulaba el PGOU gracias al recurso de ARCA y poco después ha habido una sentencia del Tribunal Económico Administrativo de Cantabria (TEARC) que anula los procedimientos y actos del Catastro”.

Para Mantecón es obvio que “la anulación del PGOU, sobre todo, y también la sentencia del TEARC obligan a devolver el dinero cobrado de más, pero el Ayuntamiento continúa denegando las devoluciones del IBI de forma sistemática, amparándose en argucias jurídicas de dudosa legalidad”.