Podemos ha defendido esta tarde una Proposición No de Ley con la que pretende “atajar la pobreza energética” en nuestra comunidad. De esta manera, pretenden que el Parlamento de Cantabria inste al Gobierno de España a aprobar las medidas necesarias para garantizar el acceso al sumnistro eléctrico, entendiendo “como parte inalienable” el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana.
Así, el diputado José Ramón Blanco, ha desglosado las medidas que, a juicio de Podemos, serían necesarias para acabar con la pobreza energética: la prohibición legal de todos los cortes de luz de las familias con problemas económicos; el fin de los abusos tarifarios, aprobando una tarifa asequible regulada por el Gobierno; la creación de una auténtica tarifa social; el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CRCs); la realización de una auditoría al sistema eléctrico con el objetivo de determinar los costes reales de las tarifas eléctricas y la aplicación del IVA reducido en la electricidad, por ser un servicio esencial para la ciudadanía.
En una intervención en la que el diputado José Ramón Blanco ha explicado pormerizadamente las consecuencias de la pobreza energética en la población, ha puesto de manifiesto que en España se producen aproximadamente 7.000 muertes anuales relacionadas con la pobreza energética. A esta cifra se une las que arroja el ultimo informe de la Asociación de Ciencias Ambientales que cifra en 7 millones de personas en España tienen serias dificultades para abordar el pago de sus facturas energéticas.
Además, Blanco a manifestado “la falta de empatía de la Cámara” en diversas cuestiones sociales, instando a los diputados y diputadas a imaginar una vida en la que no pudiesen pagar el suministro de luz y “con el yugo de poder ser desahuciados en cualquier momento de sus domicilios”.
El diputado también ha vuelto a recordar que el derecho a la vivienda y el derecho a una vida digna son derechos universales recogidos en nuestra Constitución y en la Carta Internacional de Derechos Humanos que este país firmó. “Derecho reconocido al cual esta cámara y el ejecutivo está sometido y que este país sistemáticamente viola anteponiendo intereses de terceros a los derechos de la ciudadanía”.
