Desde 2011, la práctica de fraccionar contratos se ha convertido en un sistema normalizado con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas

Podemos ha destapado nuevos contratos fraccionados en el Servicio Cántabro de Salud, una sistema de contratación irregular que se lleva realizando en el Gobierno de Cantabria desde 2011, cuando el Partido Popular ostentaba el poder,  y que el actual Ejecutivo sigue perpetuando a costa de perjudicar a las arcas públicas.

El diputado de la formación morada,  Alberto Bolado,  ha criticado hoy en el Pleno del Parlamento de Cantabria estas prácticas irregulares, “ejemplos clarísimos de fraccionamiento y de cómo evitar la libre concurrencia de empresas en los concursos públicos”. Así, Bolado ha recordado a la consejera María Luisa Real que “hacen ustedes un contrato menor todos los meses de entre 15.000 y 20.000 euros de manera ininterrumpida de 2012 a 2018, y se quedan tan  a gusto. Ni concurso ni nada, para qué, si está claro que a ustedes les va más adjudicar a dedo”.

El diputado señala que la privatización parcial del servicio de cita previa le ha costado a la ciudadanía cántabra cerca de 1.150.000 euros, un servicio que se contrató con Call&Net, una empresa propiedad del dueño de Idea Gestión, que en 2014 firmó un contrató similar de teleoperación para reforzar el 061. Se da la casualidad, recuerda el diputado, que una hermana de Pedro Nalda, concejal del PP en el Ayuntamiento de Santander, es apoderada de las empresas citadas.

Además de los casos mencionados,  la práctica de fraccionamiento en la contratación se da de manera habitual en la Administración sanitaria. Así, no hace falta más que echar un vistazo en el Boletín Oficial de Cantabria para encontrar casos como el del 24 de mayo, que tras ser notorias las irregularidades en la contratación del SCS, se publican los contratos menores de la Gerencia de Atención Primaria en el primer trimestre, y vemos que en el mes de marzo, después de la denuncia de la funcionaria, se conceden cuatro contratos a Serincopsa, Iralia y Gardenor (todas ellas con los mismos administradores) de los seis contratos de obras de este trimestre.

Otro ejemplo lo encontramos el  seis de marzo, cuando se compran cuatro ecógrafos a través de otros tantos contratos menores de 17.000 euros cada uno. El cinco de marzo se compran ocho monitores desfibriladores también cada uno con su contrato menor. Igualmente, se adquieren,  en dos días consecutivos, 44 maletines para la asistencia domiciliaria, por un valor de entre 500 y 1000 euros cada uno, todos a Elite Bags, y cada uno através de un contrato menor.

Del mismo modo a Ambuibérica, empresa propiedad de un exdiputado del PP, se le adjudican mensualmente contratos de servicios de 14.066,25 euros, “como no, con contratos menores mensuales siempre por la misma cantidad”, censura el diputado.

Dado estos ejemplos, para Podemos no es de extrañar que la consejera señalara que hay unos 40.000 contratos “si prácticamente hacen uno distinto cada vez que compran un boli”.

Para la formación morada, aunque la consejera siga empeñada en negar lo innegable, “el informe prueba la existencia de un sistema normalizado de contratación irrregular: Contratos a dedo a empresas que tiene entre sí sospechosas relaciones o vinculaciones, compartiendo incluso los mismos administradores; fraccionamientos de contratos; contratos de obras donde se asume la obligación de pago antes de comenzar las obras o entregar los suministros; expedientes donde ni se habían elaborado los pliegos, ni existía valoración de las ofertas, ni fichas técnicas ni memoria que lo avale”.

Un cúmulo de circunstancias a las que se suman las ilegalidades detectadas en el contrato público privado de Valdecilla y que hacen perentorio que el Ejecutivo lleve ante los tribunales la contratación administrativa de los gobiernos del PP.