En una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios, la Plataforma expone lo siguiente:
Hace unas semanas la ciudadanía de Santander comenzó a ver, consternada, el significado real de la construcción de una gran escollera en la playa de la Magdalena, escollera que destrozaba una de las imágenes icónicas de la ciudad. De forma inmediata personas y colectivos proteccionistas de todos los ámbitos, nos pusimos en marcha para intentar detener el brutal e incomprensible ataque a una de las esencias de nuestra ciudad: su paisaje más identitario.
Hace unos días pudimos contemplar el debate en el Ayuntamiento de Santander, en el que todos los grupos de la oposición rogaron encarecidamente al equipo de gobierno que escuchara a los ciudadanos, en lugar de seguir escudándose en unas supuestas consultas trucadas hechas en el pasado, que nadie recuerda, y en las que no sólo no se informaba con claridad, sino que se ocultaban las consecuencias reales de lo que se iba a hacer: no es de extrañar por tanto, que ahora que se está ejecutando el proyecto, la ciudadanía se sienta engañada, escandalizada, e indignada y manifieste su malestar, pese a lo cual, de todos es sabido que la moción presentada en el ayuntamiento fue rechazada por el equipo de gobierno.
Días más tarde hemos podido seguir el debate en el Parlamento, en el que estamos representados todos los cántabros. La plataforma Salvar la Magdalena y el conjunto de los ciudadanos vimos con satisfacción que todo el arco parlamentario a excepción del Partido Popular, que es quien gobierna en Santander, adoptaba acuerdos para solicitar la paralización de las obras y el respeto a la Bahía. No podía ser de otra forma, puesto que, aunque la Bahía tome el nombre de nuestra ciudad, no pertenece a a nuestra ciudad en exclusiva, sino a todos los municipios a los que bañan sus aguas y por supuesto a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria.
No queremos que todo quede en una mera declaración formal: por ello a través de esta carta abierta solicitamos a nuestros representantes, que efectúen cuantas actuaciones administrativas, judiciales y de diplomacia política procedan para que de forma inmediata se paralicen las obras y se abra un debate sosegado para encontrar una solución sensata. Creemos que las consejerías de Medio Ambiente, Cultura y Medio Rural tienen las competencia y lo que es más importante , las responsabilidades, de ponerse en marcha para resolverlo, pues para ello no basta un mero acuerdo parlamentario, salvo que solo se pretenda el mero efecto propagandístico de quedar bien ante la opinión pública. No queremos que esto se convierta en una cuestión de vencedores y vencidos. Sólo queremos salvar nuestro patrimonio colectivo. Por supuesto también queremos que por parte de todas nuestras autoridades y representantes políticos se dé una información completa y veraz a la ciudadanía.
