Que la justicia española está al servicio del poder político es un hecho, negado por la clase política e incluso por el Jefe del Estado.

Cuando el Rey pronunció su famosa frase de que en España “la justicia era igual para todos los españoles”, pocos españoles le creyeron. El tiempo le hizo quedar como un mentiroso.

Afortunadamente en la justicia hay personas honestas que ratifican la realidad negada por los políticos.

Ya en enero de 2017 la juez Alaya lamentaba las injerencias del poder político en la actividad de poder judicial. Tambien Alaya puso sobre la mesa la parcialidad de los grandes medios de comunicación, un secreto a voces, controlados por banqueros y políticos.

Hay una justicia para poderosos y otra para los que no lo son

La juez Alaya advirtió de la paulatina y grave pérdida de independencia que padece el gremio “Hay una justicia para poderosos y hay una justicia para los que no lo son”

En la misma comparecencia Alaya afirmaba «La única solución es que estos procedimientos se mantengan gracias a las acusaciones populares», una forma de personación que cumple con la premisa de que «la justicia emana del pueblo» proponiendo que estas acusaciones populares fueran apoyadas económicamente.

A estas alturas ignoro cuál debería ser la fórmula de elección del poder judicial, no soy especialista.

Siempre he sido partidario de no inventar por inventar y simplemente copiar lo que funciona y desechar lo que no funciona.

Los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Fiscal General del Estado desembocan en que haya profesionales que «proyectan su carrera con fines políticos», pues «los que mejor se relacionan con los políticos llegarán más lejos que los que tengan más capacidad»

Considero que eliminar la sumisión judicial, al poder político, es una entelequia. Tan solo si los partidos políticos, que en teoría nos representan a todos, se pusieran de acuerdo podría buscarse una solución. Por desgracia ya hemos visto el espíritu de acuerdo que tienen los partidos políticos.

¿Qué nos queda?

Ante esta realidad solo nos queda el derecho al pataleo y a seguir denunciando esta intromisión del poder político y económico en la judicatura. El sistema es el sistema y los que lo manipulan y benefician de este sistema injusto, afirman que es el menos malo…

Mientras la judicatura no tenga autonomía presupuestaria y sea dependiente de lo que al gobierno de turno le venga en gana, todo seguirá igual con una justicia para el pueblo llano y otra para los poderos políticos y financieros, los actuales señores feudales.