Recalca que en Santander las facturas se aprueban con informe de la Intervención, mientras en el Gobierno el interventor advierte posibles ilegalidades en contratos. Subraya la antelación del equipo de gobierno, que empezó a redactar en 2016 el pliego del nuevo contrato de parques y jardines, y aclara que el retraso se debe al recurso de una empresa que ha sido desestimado. Critica la “doble vara de medir” de Casares y le recuerda que el Ejecutivo regional aprueba este tipo de expedientes en Consejo de Gobierno y no lo lleva al Parlamento
La concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha acusado al PSOE santanderino de “intentar sembrar dudas sobre la gestión municipal con el único fin de desviar la atención de los escándalos socialistas en otras administraciones en las que gobiernan”.
De esta forma, la edil ha respondido a las afirmaciones del portavoz socialista, Pedro Casares, que, a su juicio, “no está en condiciones de dar lecciones de legalidad, transparencia y buena gestión, mientras no exija explicaciones a sus compañeros de partido”.
González Pescador ha recalcado que en Santander no hay ilegalidad alguna en los contratos ni en las facturas, que se aprueban siempre con informes de la Intervención municipal y sin reparos.
En cambio, ha señalado que los socialistas en el Gobierno regional no pueden decir lo mismo, porque es la intervención regional la que advierte posibles ilegalidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que están siendo investigadas incluso por la Fiscalía.
Según ha explicado la concejala de Economía y Hacienda, el reconocimiento extrajudicial de créditos es un procedimiento administrativo legal y habitual en administraciones de todo signo político, incluidos muchos ayuntamientos socialistas, para aprobar facturas que han sufrido diversas incidencias en su tramitación.
Ha señalado que también es común que este tipo de expedientes se aprueben por la Junta de Gobierno, para agilizar la tramitación y los pagos, “sin que ello suponga merma alguna en la política de transparencia, puesto que se debaten previamente en comisión y los acuerdos de la Junta son públicos”.
Además, González Pescador ha criticado la “doble vara de medir” de Casares, que censura este tipo de tramitación en el Ayuntamiento, cuando el Ejecutivo regional aprueba este tipo de expedientes en Consejo de Gobierno sin llevarlo al Parlamento.
Por lo que respecta a los facturas incluidas en el expediente, la concejala de Economía y Hacienda ha reiterado que en todos los casos son por servicios imprescindibles debidamente justificados con informes técnicos.
Antelación y previsión
En el caso del contrato de parques y jardines, ha subrayado la antelación y previsión del equipo de gobierno, que empezó a redactar en 2016 el pliego del nuevo contrato y lo licitó en septiembre de 2017, medio año antes del vencimiento del anterior.
En este sentido, la concejala ha dejado claro que la demora no es achacable en modo alguno al Ayuntamiento y ha aclarado que se debe al recurso que presentó una empresa ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que obligó a suspender el procedimiento de adjudicación cuando ya se habían presentado las ofertas.
Según ha precisado la edil, el recurso ha sido finalmente desestimado y actualmente el contrato se encuentra ya en proceso de adjudicación.
En cuanto a las facturas relacionadas con los centros cívicos y las ludotecas, ha señalado que se deben también a demoras derivadas de incidencias administrativas en la tramitación de los contratos.
Para González Pescador, las críticas de Casares “tratando de buscar sombras donde no las hay y elevando a la categoría de noticia un procedimiento administrativo común denotan la falta de motivos reales para atacar la gestión económica municipal y su intento desesperado de tapar las vergüenzas socialistas”.
