La última moción registrada tiene como contenido la propuesta de un protocolo antidesahucios para el municipio. La agrupación municipalista vuelve a la carga con otro caso de desahucio y denuncia la inoperancia del Ayuntamiento de Santander.
La semana pasada la prensa se hizo eco del nuevo e inminente desahucio de una familia en situación de extrema necesidad. Sus tres miembros, uno de ellos menor de edad y el otro con discapacidad, podrían dormir en la calle el próximo 14 de marzo. La Plataforma PAH-STOP DESAHUCIOS está poniendo todos sus medios para que esto no se produzca. Por ello, dicha plataforma y la propia afectada mantuvieron una reunión el día 19 de Febrero con el Presidente Autonómico, Miguel Ángel Revilla; en donde se fraguó el compromiso de concederle a esta familia una vivienda de su parque público. Pero la concesión pende de un hilo y de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander emitan el consiguiente informe. Según la plataforma, la trabajadora social responsable se ha comprometido a tenerlo para el próximo lunes 29. Además, el colectivo antidesahucios ha informado de otra familia que podría ser desahuciada en abril, también por impago de alquiler.
En palabras de Antonio Mantecón: “Hay cosas que solo dependen de la voluntad política, de querer hacerlas. Y no entendemos que, caso tras caso, no se tomen medidas para solucionar una situación de extrema gravedad. O bien es por incapacidad o bien por inhumanidad. Y cualquiera de las dos opciones es muy mala”.
En cuanto a la intervención de los Servicios Sociales, Antonio Mantecón expresa lo siguiente: “El trabajo de los servicios sociales de atención primaria es encomiable pero se encuentran colapsados. Es responsabilidad política que su trabajo sea más eficaz y para ello se necesitan más medios y personal. También en esa línea proponemos medidas”.
El edil santanderino propondrá en el pleno de este jueves 25 de Febrero que el Ayuntamiento se comprometa a habilitar un Protocolo de actuación en casos de desahucio por alquiler o por ejecución hipotecaria que por su carácter de urgencia y por la falta de recursos económicos de los afectados impliquen una respuesta inmediata. Este protocolo conllevaría proporcionar recursos profesionales, económicos y habitacionales para situaciones de extrema necesidad en los casos mencionados. También solicitan, que pese a las diferencias políticas con el gobierno autonómico, se establezcan cauces de coordinación con la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria. Esta coordinación, junto con un operativo de emergencia para los Servicios Sociales, que emitirían sus informes de forma urgente, evitaría, en parte, situaciones como la que están viviendo estas familias. “Para nosotros en muy importante que se establezca un acuerdo con los Juzgados de Primera Instancia de cara a conocer de manera inmediata los desahucios y lanzamientos que vayan a ser ejecutados. Esa medida permitirá adelantarse, y ofrecer a las familias afectadas una solución rápida y eficaz. Vivir un desahucio, con menores implicados, es una drama terrible. Y prolongar ese sufrimiento es algo que las instituciones pueden evitar. Hace falta que se quiera, claro”, concluye Mantecón.
La labor de los juzgados
En la situación que sufren estas familias cobra especial importancia la labor judicial. Los juzgados de primera instancia están ejecutando lanzamientos en familias, “la mayoría de ellas con menores y sin recursos”, en opinión del partido municipalista.
Según el Consejo General del Poder Judicial, en el año 2014 hubo 625 lanzamientos practicados en los Juzgados de 1ª Instancia de Cantabria y 600 en los tres primeros trimestres de 2015. De ellos, fueron 219 por ejecuciones hipotecarias y 350 por alquiler en 2014, mientras en los tres primeros trimestres de 2015 hubo 228 por ejecuciones hipotecarias y 358 por alquiler; este último dato representa un aumento del 34% con respecto al año anterior.
En ese sentido, Roberto Mazorra, co-portavoz del partido, evalúa la actuación de los juzgados: “En los últimos años ha habido una leve reducción de los lanzamientos por ejecución hipotecaria. Sin embargo, en el caso de los desahucios por impago de alquiler, no sólo no se ha reducido sino que en los tres primeros trimestres del 2015 ha habido un aumento exagerado. Y si los desahucios por hipoteca demuestran los efectos de la crisis, los lanzamientos por impago de alquiler reflejan una situación todavía más tremenda. Son el último eslabón de la cadena de una crisis convertida en pobreza para muchas familias santanderinas”.
Para Mazorra: “Los Juzgados de primera instancia, sin perder de vista lo que obliga la ley y los derechos de los propietarios, deben considerar la situación económica de las familias que van a ser desahuciadas y valorar si estas familias pueden terminar en la calle. Y, sobre todo, debe valorar la existencia de menores. Hay herramientas jurídicas para suspender los desahucios hasta que haya un recurso habitacional. Por eso es tan importante la coordinación entre los Juzgados y el Ayuntamiento”.
