La formación morada ha solicitado su presencia para informar sobre el Proyecto del Ley de Régimen Jurídico de Cantabria

El magistrado del Tribunal Supremo, César Tolosa, ha comparecido esta tarde en la Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento de Cantabria a petición de Podemos Cantabria para informar sobre el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El diputado de Podemos, Alberto Bolado, ha recordado que la presencia de expertos del Derecho en esta Comisión es esencial para incluir aportaciones que ayuden a comprender y analizar una normativa que será de gran importancia para las relaciones entre la ciudadanía y la administración.  Para Bolado,  “la opinión cualificada de César Tolosa es de gran ayuda para que en Cantabria contemos con una ley mejor”. Además, señaló que en el Parlamento cántabro “no es frecuente que comparezcan jueces y magistrados del poder judicial durante el proceso de elaboración de las leyes  debido al principio de separación de poderes del que desde Podemos somos firmes defensores, aunque también consideramos que es muy importante que los que hacemos las leyes escuchemos y aprendamos de los que se dedican a aplicarlas diariamente”.

El diputado recordó que la norma que actualmente se está tramitando en el Parlamento destaca por su excesiva complejidad, que requiere de conocimientos técnicos. Por ello,  indicó, la solicitud de comparecencia del magistrado del TS, era relevante para  conocer los problemas prácticos que genera la aplicación de la ley vigente y prever los que podría llegar a generar el actual proyecto en el futuro.

Enmiendas

Una vez finalizadas las comparecencias, Podemos Cantabria presentará varias enmiendas al Proyecto de ley de Régimen Jurídico de Cantabria, entre ellas la

 

 

obligación de que la tutela y adscripción de las sociedades públicas sea siempre a una consejería que guarde relación directa con su objeto social, lo que evitaría que se vuelvan a dar situaciones como la de Sodercán, adscrita a Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social en vez de a Industria.

 

Además, se solicitará la obligatoriedad de que todas las empresas públicas –tanto las de nueva creación como las ya existentes- cuenten con un plan  de actuación para que se pueda controlar tanto su desempeño como el nivel de cumplimiento de sus objetivos y eficacia.

 

Igualmente, la formación reducirá, vía enmienda,  el número de procedimientos administrativos que se van a resolver por silencio administrativo. Actualmente, según explica Alberto Bolado, el proyecto de ley contempla alrededor de 184 supuestos que propiciar que  si un administrado solicita algo a la administración y ésta incumple su labor  de resolver y de contestar al ciudadano, “no pase nada, lo que nos parece totalmente injusto”. A través de la enmienda de Podemos, se pedirá que el silencio administrativo no implique necesariamente la desestimación de lo que pide el ciudadano, porque en la práctica supone premiar a la administración que incumple.