Cs denuncia que Educación suspende el PROA “con premeditación” y “no ante circunstancias inesperadas”

El portavoz autonómico de Cs califica el refuerzo educativo como “un derecho de la atención a la diversidad del alumnado”

El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha denunciado que el Gobierno de Cantabria ha suspendido el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) que llevaba hasta hace días la empresa EDUCO “con premeditación” y “no ante circunstancias inesperadas de ningún tipo”, ya que la medida adoptada por la Consejería de Educación de pagar 18 euros por hora a los docentes que asuman las tareas de apoyo en horario extraescolar “ya estaba contemplada en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2019”.

 

Álvarez, que ha calificado el refuerzo educativo como “un derecho dentro de la atención a la diversidad del alumnado”, tal y como se recoge en el Proyecto de Orden que establece las condiciones y el procedimiento para la designación del personal docente encargado de la realización de tareas de refuerzo o apoyo educativo fuera del horario lectivo en el curso 2018-2019, ha manifestado que “el acompañamiento” al que se hace referencia en repetidas ocasiones a lo largo del texto “no es una función que pueda atribuirse al profesorado de Primaria o Secundaria debido a que no se recoge en la LOE y, por tanto, es improcedente en esos términos”.

 

En este sentido, el portavoz autonómico de Cs ha apostado porque “se retiren” del proyecto de Orden “todas las referencias al servicio de acompañamiento” y se incorpore esta asistencia como “apoyo en el proceso educativo”. Asimismo, ha valorado que el pago a los docentes “sea contemplado como servicio público esencial por circunstancia sobrevenida” y tenga, por tanto, “la misma consideración que la elaboración de pruebas, tutorización o la creación de materiales”.

 

Por último, Félix Álvarez ha incidido en que estas medidas “deben incorporarse al proyecto de Orden” con el fin de “no generar precedentes legales que vulneren las funciones del profesorado”. En su opinión, “se hace necesario establecer límites” ante un nuevo servicio, de forma que “no termine por convertirse en algo obligatorio”.