El PP pide en el Parlamento derogar el decreto que permite a Sánchez “confiscar” los ahorros municipales

El Grupo Popular ha registrado una Proposición no de Ley en la que solicita que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente de tesorería para actuar contra los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19

El Partido Popular ha registrado una Proposición no de Ley en el Parlamento de Cantabria en la que rechaza el acuerdo suscrito entre el Gobierno de la Nación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, y pide que el Congreso de los Diputados derogue el Real Decreto de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que permite al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias “confiscar” los ahorros municipales.

La diputada regional y portavoz de Economía del Grupo Popular, María José González Revuelta, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es “defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos” y que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente de tesorería para actuar contra los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19.

González Revuelta ha abogado por alcanzar un acuerdo de todos los grupos con representación en el Parlamento de Cantabria en torno a esta propuesta para hacer valer los acuerdos adoptados en Cantabria, recordando que la Cámara ha aprobado varias resoluciones instando al Gobierno de España a permitir a los ayuntamientos de Cantabria utilizar sus remanentes.

“Lejos de dar libertad a los ayuntamientos para emplear sus ahorros, el Gobierno quiere que les presten la totalidad de sus ahorros acumulados y, a cambio, solo se les permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de sus vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el Gobierno”, ha sentenciado la diputada popular, para quien esta propuesta esconde un “chantaje inaceptable” y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales.

En este sentido, la iniciativa del PP reclama que el Gobierno de España respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, y le insta a flexibilizar la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Además, exigen al Ejecutivo que abone «de forma inmediata» las cantidades que adeuda a las entidades locales correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017, así como la creación de un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Según precisa el PP, estos fondos deben ser independientes y no deben estar vinculados a la cesión de remanentes.

Asimismo, la PNL registrada por el Grupo Popular insta al Ejecutivo central a transferir una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.

Y, finalmente, insta al Gobierno de España a prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar inversiones financieramente sostenibles, financiadas con cargo al superávit del 2018 y 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020.