«La inteligencia artificial no convierte automáticamente a un país en una potencia militar. Lo consigue cuando se integra en una estrategia que conecta conocimiento, industria, presupuesto y capacidad de decisión»
La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en un factor de transformación de la seguridad y la defensa. Los conflictos contemporáneos muestran que la superioridad militar no depende exclusivamente de disponer de aviones más avanzados, carros de combate mejor protegidos o misiles de mayor alcance. Depende también de quién obtiene antes la información, quién la interpreta mejor y quién es capaz de convertirla en una decisión eficaz. Pero hay una dimensión menos visible de esta revolución: su impacto sobre la economía de la defensa, los presupuestos públicos y la política industrial.
La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de los drones, la inteligencia de fuentes abiertas, la guerra electrónica y la rápida adaptación tecnológica. En este contexto, la IA permite analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones, apoyar la vigilancia, anticipar necesidades logísticas y acelerar determinados procesos de decisión. Su relevancia no reside únicamente en automatizar tareas, sino en reducir el tiempo que transcurre entre la aparición de una amenaza y la respuesta a ella. Sin embargo, la tecnología no garantiza por sí sola la victoria. Los algoritmos dependen de la calidad de los datos, las comunicaciones pueden ser interrumpidas y, además los sistemas pueden cometer errores. La eficacia militar exige integrar tecnología, doctrina, personal formado y capacidad industrial.
La primera consecuencia económica afecta a la relación entre el coste y la eficacia de los sistemas militares. Tradicionalmente, una parte importante de la modernización de las fuerzas armadas se ha apoyado en plataformas complejas, caras y de larga vida útil. Sin embargo, el empleo de drones relativamente baratos, combinados con sensores, comunicaciones y herramientas de análisis automatizado, introduce una nueva lógica ya que en determinadas misiones, un sistema barato y reemplazable puede generar efectos militares desproporcionados respecto a su coste, frente a sistemas mucho más costosos.
Esta transformación obliga a revisar cómo se mide la eficiencia del gasto militar. No basta con conocer cuánto cuesta un avión, un misil o una fragata, es necesario evaluar qué capacidad proporciona, durante cuánto tiempo, con qué disponibilidad y con que coste de mantenimiento. También hay que considerar el precio de las municiones utilizadas, la protección frente a las contramedidas y la rapidez con la que el adversario puede adaptar sus sistemas en respuesta a las acciones de la otra parte.
Un dron barato no es necesariamente más eficiente que un interceptor de mayor coste dependerá de la amenaza, de la misión y de las consecuencias de no neutralizar dicha amenaza. Pero si un sistema de defensa consume municiones de elevado precio para responder a amenazas de bajo coste, puede aparecer una relación económica insostenible. La ventaja tecnológica debe medirse, por tanto, en términos de eficacia militar y coste total, no únicamente por el sofisticado diseño de una plataforma.
La IA añade otra variable adicional de tipo industrial, ya que puede mejorar el mantenimiento predictivo, reducir tiempos de inactividad y optimizar inventarios y cadenas logísticas. En un conflicto prolongado, estas mejoras pueden resultar tan importantes como incorporar nuevos equipos, porque la capacidad de sostener el esfuerzo militar depende también de disponer de repuestos, municiones y personal en el momento adecuado.
En los últimos años Europa está aumentando sus recursos para defensa, de manera que la Agencia Europea de Defensa estima que el gasto de los veintisiete alcanzó los 418.000 millones de euros en 2025 y podría llegar a 454.000 millones en 2026. En este sentido, el desafío consiste en transformar ese esfuerzo presupuestario en capacidades reales. Gastar más no equivale automáticamente a estar mejor preparado ya que, si los recursos se destinan a sistemas incompatibles entre países, a programas excesivamente prolongados o a adquisiciones que dependen de proveedores externos, el incremento del presupuesto puede producir un menor nivel de seguridad del esperado.
Aquí entra la IA, ya que está “enseñándonos” a introducir nuevas prioridades. De hecho, junto a la adquisición de armamento, los gobiernos deben financiar infraestructuras de datos, capacidad de computación, comunicaciones seguras, etc. Además, necesitan recursos para actualizar los sistemas durante su vida útil. En este ámbito, una inversión inicial relativamente pequeña genera obligaciones recurrentes importantes y cambia la distribución temporal del gasto. Los programas tradicionales de defensa suelen desarrollarse durante años, mientras que el software y los modelos de IA evolucionan en ciclos mucho más cortos. Diseñar un sistema que quede tecnológicamente desfasado antes de terminar su desarrollo constituye un riesgo económico y operativo. Por ello, la contratación pública debe combinar controles rigurosos con procedimientos ágiles y reducida burocracia que permitan experimentar, evaluar y actualizar soluciones sin ralentizar la innovación.
Por ello, la competencia por la IA militar es, en buena medida, una competencia industrial. Estados Unidos y China disponen de grandes ecosistemas tecnológicos, empresas digitales, capacidad de computación, etc. Europa, aunque cuenta con una base industrial y científica relevante, debe superar la fragmentación de sus mercados, las dependencias tecnológicas y las dificultades para transformar la investigación en productos utilizables a una escala productiva relevante. La ventaja no procede únicamente de las empresas tradicionales de defensa y, cada vez depende más de compañías de software, fabricantes de semiconductores, operadores de telecomunicaciones, centros de investigación y PYMES tecnológicas que son capaces de desarrollar soluciones especializadas en ámbitos tan relevantes como la inteligencia estratégica. Así, la política industrial de defensa debe facilitar la cooperación entre estos actores sin convertir la contratación pública en una protección indiscriminada de proveedores ni un freno a la adopción de capacidades innovadoras.
Para España, esta cuestión es especialmente relevante. El objetivo no debería limitarse a adquirir sistemas que incorporen IA, sino a desarrollar capacidades propias en aquellos segmentos donde exista una posibilidad realista de competir y aportar valor a las cadenas europeas. Esto exige seleccionar prioridades, coordinar la política de defensa con la industrial y la científica, y evaluar los resultados de las ayudas públicas, algo, esto último, de lo que carecemos.
La colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas puede contribuir a ese objetivo. Pero requiere financiación estable, acceso a entornos de prueba, contratación previsible y mecanismos que permitan retener el talento. Sin estas condiciones, el aumento del gasto puede traducirse en menores incrementos de la productividad, el conocimiento o el empleo tecnológico nacional.
Existe, finalmente, una dimensión política ya que la IA puede ayudar a evaluar escenarios, estimar costes, detectar vulnerabilidades en las cadenas de suministro y comparar alternativas de inversión. Igualmente, puede mejorar la planificación presupuestaria al relacionar recursos, disponibilidad de equipos y objetivos operativos. Pero estas herramientas no eliminan la incertidumbre ni resuelven por sí mismas los posibles conflictos entre prioridades. Los sistemas algorítmicos pueden reproducir sesgos, ofrecer resultados difíciles de explicar o generar una falsa sensación de precisión. En decisiones militares, además, los errores pueden tener consecuencias irreversibles. Por eso, la responsabilidad última debe permanecer en manos humanas, con mecanismos de supervisión, evaluación y rendición de cuentas acordes con la gravedad de las decisiones.
La misma prudencia debe aplicarse al gasto público. Antes de financiar una tecnología, conviene preguntarse qué problema resuelve, qué alternativa existe, cuánto costará mantenerla, qué dependencias crea y qué beneficios industriales puede generar. La evaluación debe incluir indicadores de eficacia operativa, el coste durante todo el ciclo de vida, la disponibilidad, la productividad y su contribución a la base tecnológica nacional y europea.
La inteligencia artificial no convierte automáticamente a un país en una potencia militar. Lo consigue cuando se integra en una estrategia que conecta conocimiento, industria, presupuesto y capacidad de decisión. La cuestión decisiva para España y Europa no es cuánto dinero dedicarán a esta revolución, sino cómo emplearlo para obtener capacidades útiles, sostenibles y menos dependientes del exterior.
Por ello, en la “nueva economía de la defensa”, la superioridad no se medirá únicamente por las armas disponibles, sino también por la capacidad de innovar, producir, adaptarse y aprender más deprisa que los adversarios. La IA puede ser un factor decisivo en esa competencia. Pero la tecnología solo se convierte en poder cuando existen instituciones, empresas y decisiones económicas y presupuestarias capaces de transformarla en seguridad efectiva.
Autor: Antonio Fonfría, Universidad Complutense de Madrid y Academia de las Ciencias y Artes Militares
La entrada Antonio Fonfría: «La inteligencia artificial también juega en los presupuestos de defensa» se publicó primero en CANTABRIA DIRECTA.
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Author: CD
