Lunes, 23 de septiembre

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 23/19

Tráfico de drogas

Acusado de traficar con heroína por las calles de Santander. El fiscal le considera autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, con la agravante de reincidencia, y pide una condena de cinco años de cárcel y multa de 100 euros.

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Sumario 8/19

Abuso sexual

Acusado de abusar sexualmente de manera continuada de su hija adoptiva.

Según el escrito del ministerio fiscal, el hombre comenzó los tocamientos desde el primer momento de convivencia con la menor, cuando ésta tenía ocho años.

Continuaron, según sostiene el ministerio público, desde 2004 a 2009, y partir de esa fecha los contactos sexuales incluyeron penetración.

El escrito de calificación explica que el hombre conseguía que la menor accediera a los contactos “diciéndole que tenían una relación muy especial, que no se lo podía decir a nadie porque si no se rompería la familia, a sabiendas de que para la chica tener una familia era muy importante habiendo carecido de una antes de ser adoptada”.

Como consecuencia de estos hechos, que el fiscal califica como delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal y agravado por la vulnerabilidad de la víctima y con abuso de superioridad, la chica sufre estrés postraumático con síntomas ansioso depresivos y disfunciones sexuales, y se encuentra en tratamiento psicológico.

La petición de pena asciende a doce años y medio de prisión, libertad vigilada y prohibición de acercamiento y comunicación con la chica durante diez años y una indemnización de 75.000 euros.

Martes, 24 de septiembre

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 23/19

Delito contra los derechos de los trabajadores

Acusado de, en su condición de propietario y gerente de un club en Ojáiz, Santander, tener empleadas a ocho personas extranjeras sin contrato de trabajo y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Además, dos de ellas carecían de autorización para trabajar en nuestro país.

Según el fiscal, los ocho trabajadores eran “personas con situaciones económicas precarias, con obligaciones familiares en sus países de origen, sin cualificación profesional y con largos periodos en desempleo, circunstancias que el acusado aprovechaba para contratarles en condiciones claramente perjudiciales”.

El acusado, además, “utilizaba en ocasiones a los trabajadores para ocultar su identidad, obligándoles a firmar contratos”.

Según el ministerio público, los hechos descritos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y merecen una pena de tres años de prisión, multa de 2.700 euros e inhabilitación para ejercer el cargo de administrador de industria o comercio por tres años.

Asimismo, considera el fiscal que procede la clausura del club por un periodo de tres años, aun cuando el mismo haya cambiado de nombre comercial.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado debe indemnizar, a juicio del ministerio público, a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad correspondiente a las cuotas impagadas por los trabajadores que no estaban de alta en la Seguridad Social.

La Tesorería General de la Seguridad Social ejerce la acusación particular y solicita la misma pena pedida por el fiscal.

Miércoles, 25 de septiembre

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Sumario 15/18

Agresión sexual

Acusado de agredir sexualmente a su hija cuando ésta contaba con catorce años. En ocasiones anteriores, según el escrito del fiscal, le había realizado tocamientos.

La chica “presenta un estado emocional desadaptado, con síntomas de estrés postraumático afectando a su salud emocional, vida familiar y social, con posibles secuelas de trastorno postraumático, trastorno depresivo mayor y cambios permanentes de personalidad”.

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, por lo que pide una condena de once años de prisión; alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante doce años; libertad vigilada de ocho años desde la finalización de la pena privativa de cárcel, y privación de la patria potestad.

En concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización a favor de la víctima de 6.000 euros por el trastorno de desadaptación y 3.000 euros por los daños morales.

La acusación particular, que ejerce la madre de la menor, coincide en sus peticiones con el ministerio fiscal.

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 25/19

Tráfico de drogas

Tres acusados de dedicarse entre mediados de 2017 y principios de 2018 al tráfico de cocaína en la zona del Valle de Cabuérniga.

El relato del ministerio fiscal explica cómo uno de ellos era el suministrador de las sustancias a los otros dos, que a su vez vendían la droga a terceros.

En el momento de su detención, uno de ellos portaba dos trozos de cocaína con un peso bruto de 100 gramos, que en el mercado negro podrían alcanzar un valor de 6.000 euros.

Posteriormente, en el registro del domicilio del que era proveedor, se localizaron útiles destinados a la preparación de la droga, 140 gramos de cocaína –con un valor superior a 8.000 euros-, así como una elevada cantidad de dinero, 325.595 euros, en billetes de 500, 200, 100 y 50 euros, procedente de ventas de sustancias estupefacientes.

Según el fiscal, los hechos constituyen un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y por ello solicita una pena de cinco años de prisión y 24.237 euros de multa para el que era suministrador; cuatro años de cárcel y multa de 18.275 euros para el que portaba cien gramos de cocaína; y cuatro años de prisión y multa de 2.163 euros para la tercera.

Jueves, 26 de septiembre

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 22/19

Delito de trata de seres humanos

Dos acusados, que formaban pareja, de presionar a la sobrina de ella para venir a España a ejercer la prostitución.

Según el fiscal, eran sabedores de que la mujer pasaba por “serias dificultades económicas”, se había quedado sin trabajo y sin ingresos hacía meses y estaba viviendo en un apartamento propiedad de la acusada.

Comenzó a proponerla que se trasladase a España a ejercer la prostitución, pero como la sobrina no aceptaba la propuesta, la acusada “decidió en cierto momento presionarla, y la exigió el pago de todas las rentas que no le había satisfecho durante el tiempo que le había dejado estar viviendo en su apartamento”.

“La convenció de que viviendo a España a ejercer la prostitución podría saldar esa deuda y además ganar dinero, ya que se repartirían al 50% los beneficios de esa actividad”, prosigue el escrito.

Según el ministerio público, los acusados “habían planeado desde un principio trasladar a su sobrina a nuestro país para obtener un sustancioso beneficio económico a costa de que la joven ejerciera para ellos la prostitución”, y desde el momento en que llegó a España “comenzaron a imponerle la dedicación a esta actividad en condiciones abusivas y humillantes”, como realizar “hasta quince servicios sexuales en un día, lo que le ocasionaba dolores en muchas ocasiones”.

El escrito explica cómo la promesa inicial de repartir las ganancias no se cumplió y que “desde el primer día fueron los acusados los que se quedaban con todos los beneficios que generaba la actividad” de la joven con la excusa de saldar la deuda contraída con ellos.

Junto a ello, señala el fiscal que obligaban a la joven a entretener a los clientes en el baño para, de esa manera, entrar en la habitación y sustraer el dinero de la cartera, si bien no constan denuncias concretas por estos hechos.

La situación que vivió la joven, según relata el escrito, se prolongó durante un año y en diversas ciudades del país.

Finalmente, “a consecuencia del excesivo número de servicios sexuales prestados, la joven tuvo que ser atendida en el Hospital de Valdecilla”. La acusada la acompañó para “impedir que su sobrina pudiese revelar a los facultativos que la atendiesen cuál era el verdadero origen de sus molestias”.

Ese mismo día, la chica dio aviso a la policía pidiendo auxilio y logrando escapar.

Para ocultar la actividad, explica el escrito de calificación que los acusados utilizaban identidades falsas. El acusado, haciéndose pasar por otra persona dio de alta 18 líneas de teléfono, que utilizaron para anunciar en internet los servicios sexuales de su sobrina.

En otra ocasión, utilizó la identidad falsa para suscribir contratos de arrendamiento de los pisos en los que la chica recibía a los clientes.

Como consecuencia de estos hechos, la joven ha presentado síntomas compatibles con un cuadro ansioso depresivo durante cuatro meses, restándole un trastorno de estrés postraumático leve.

Según el escrito del fiscal, los hechos constituyen:

  • Un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de inmigración ilegal.
  • Un delito de prostitución coactiva.
  • Un delito leve de maltrato.
  • Un delito continuado de falsedad en documento privado.

Por todo ello, solicita una pena para cada uno de ellos de once años de prisión y multa de 9.900 euros.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil pide que indemnicen a la joven en 30.000 euros por los perjuicios psicológicos y morales derivados de los hechos.

Nota:

Está previsto que este juicio continúe el viernes 27 de septiembre, a las diez de la mañana.