Lunes, 28 de noviembre
09,30 horas
Sección Primera de la Audiencia Provincial
Prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
Acusados dos concejales de Castro Urdiales y una técnico municipal por beneficiar a un militante del partido de los dos primeros encargando los servicios de desratización y desinfección del municipio a su empresa.
Según el relato del fiscal, al acceder al cargo de concejala de Sanidad y Asuntos Sociales la acusada ordenó a los funcionarios que encomendaran con exclusividad los servicios de desratización a la empresa TRAPUR, de la que era administrador único un compañero de su partido político, pese a que existía un contrato administrativo con otra mercantil para realizar tales servicios.
Meses después, la concejala recibió un cheque de mil euros como obsequio o contraprestación por las continuas adjudicaciones.
Cuando la concejala cesó en su cargo, lo asumió el otro acusado, quien mantuvo el método.
Un año después, cuando el Ayuntamiento decide iniciar el procedimiento administrativo de contratación legalmente establecido para contratar los servicios de desratización y desinfección, el concejal exigió a una técnico municipal de Sanidad del Ayuntamiento que redactara un informe en el que se dio por ganador del concurso a la empresa TRAPUR.
Según el ministerio público, estos hechos constituyen un delito de tráfico de influencias que imputa a los dos concejales, otro de cohecho, que habría cometido la concejal, y un tercer delito continuado de prevaricación, que atribuye a los tres acusados.
Por ello, solicita la condena de dos años y un mes de prisión para la que fue concejala, así como 27 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 200.000 euros.
Para el otro concejal, la pena propuesta es de diez meses de cárcel, 15 años de inhabilitación y multa de 200.000 euros.
Y para la técnico municipal, por la prevaricación, la condena reclamada asciende a siete años de inhabilitación para empleo público.
Nota:
Está previsto que el juicio continúe el martes 29 y el miércoles 30, a partir de las 9,30 horas.
10,00 horas
Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Abusos sexuales
Acusado de abusar sexualmente de su nieta de seis años de edad.
El fiscal considera los hechos un delito de abuso sexual de menores y solicita una condena de cinco años de cárcel.
Martes, 29 de noviembre
10,00 horas
Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Falsedades
Dos acusados de falsificar documentación y la firma de la madre de uno de ellos para concertar tres contratos de préstamo para la adquisición de vehículos. La mujer aparecía como titular del contrato o bien como avalista, y era la titular de la cuenta que emplearon para realizar las operaciones, cuenta en la que el hijo implicado estaba autorizado.
El ministerio público califica los hechos como un delito de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por lo que solicita una pena de seis años de cárcel y multa de 3.600 euros para cada uno de ellos.
Miércoles, 30 de noviembre
10,00 horas
Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Apropiación indebida
Dos acusados, marido y mujer, de aprovecharse de la amistad y confianza que tenían con un hombre que sufre una discapacidad intelectual y que se encuentra incapacitado judicialmente.
Le convencieron para adquirir dos vehículos para uso exclusivo de los acusados, y la mujer logró obtener un poder especial para poder intervenir en nombre y representación del hombre discapacitado.
En uso de tal poder notarial, la acusada recogió un requerimiento judicial que ocultó, lo que dio lugar a que se acordara el embargo de la vivienda del hombre incapaz.
Según el fiscal, estos hechos representan un delito consumado de estafa agravada por lo que pide una pena de dos años y medios de cárcel y multa de 2.700 euros para cada uno de ellos, así como una indemnización por los contratos de financiación suscritos para la adquisición de los vehículos.
Jueves, 1 de diciembre
10,00 horas
Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Tráfico de drogas
Dos acusados de portar dos envoltorios de cocaína para su distribución entre terceros.
El ministerio público califica los hechos como un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y solicita una condena de tres años y medio de prisión y multa de 1.000 euros para cada uno de ellos.
10,00 horas
Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Falsificación de documentos
Acusada de falsificar un documento de liquidación y finiquito que presentó como prueba documental en un juicio por despido.
Los hechos constituyen, a juicio del fiscal, un delito continuado de falsificación en concurso con otro de estafa procesal en grado de tentativa. La pena reclamada asciende a dos años de cárcel.
