THE OBJECTIVE, informa que la Unión de Oficiales (UO), que representa a toda la escala de oficiales, ha denunciado ante el juzgado al mando por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos al no haber iniciado ningún procedimiento de sanción, ocho meses después del escándalo, contra el agente que presuntamente extorsionó a uno de las empleados del establecimiento. Unos hechos que esta asociación profesional también ha puesto en conocimiento del juez.
La polémica reside en que la jefatura del Instituto Armado, siempre según la denuncia de la Unión de Oficiales, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solo habría abierto un expediente disciplinario a una parte de los agentes que se vieron involucrados en los hechos mientras que contra otro guardia civil de tráfico, que exigió el reembolso de su prepago enseñando la placa de Guardia Civil, no se ha tomado ninguna medida sancionadora.
Se proponen 2 faltas graves a un oficial de la Guardia Civil por una discusión
En octubre, tras una celebración, varios guardias civiles se dirigieron al Club New Borgia. A la entrada del mismo, sin embargo, se produjo una discusión entre uno de ellos y el portero del establecimiento. El primero quería entrar al club de alterne con un disfraz, pero el último se lo prohibió, lo que produjo un enfrentamiento acalorado entre las dos partes. La cuestión quedó ahí.
Tiempo después, un anónimo denunció los hechos ante otra asociación profesional, y esta lo remitió a la Comandancia de Cantabria. Fue cuando el jefe del Instituto Armado, Antonio Orantos, ordenó una investigación de lo ocurrido. En la misma, el personal del establecimiento no quiso denunciar los hechos y, al igual que hicieron los agentes implicados poco después, señalaron que no hubo ningún tipo de incidente.
Aún así, la Jefatura ha elevado parte disciplinario, considerando los hechos como graves, y ha propuesto sanciones graves para los guardias civiles que discutieron con el portero. Contra un oficial, presente durante la noche en el prostíbulo, se proponen dos faltas graves, con sanción de tres meses de suspensión.
La extorsión de un Guardia Civil de tráfico
La investigación iniciada por el teniente coronel Orantos, no obstante, dio un giro cuando el portero del establecimiento declaró y firmó, en el atestado levantado por la Guardia Civil que investigaba la discusión, que días más tarde a la discusión investigada, concretamente en diciembre de 2022, otro grupo de guardias civiles de Tráfico acudió al local. Según rezan las declaraciones que obran en el expediente, dos de ellos subieron a los reservados, y uno de ellos tras no quedar satisfecho con el servicio, «acudió a un responsable, mostrando su acreditación como Guardia Civil, para que le devolvieran el dinero». ¿Qué servicios pediría el Guardia Civil de Tráfico a la prepago?
Un comportamiento, que de acuerdo con la denuncia de la Unión de Oficiales, puede constituir un supuesto delito de extorsión, recogido en el artículo 243 del Código Penal. Pese a conocer estos hechos, sin embargo, la Jefatura de la Guardia Civil en Cantabria no ha promovido ningún parte disciplinario contra el agente de tráfico que pidió la devolución de su dinero mostrando su placa. La Unión de Oficiales ha llevado el caso a los tribunales para depurar responsabilidades que, advierte, podrían llegar incluso a la Delegación del Gobierno.
Plan de Ética Profesional de la Guardia Civil
Este miércoles, según ha publicado CANTABRIADIRECTA.ES, tras denunciar los hechos, la Unión de Oficiales ha anunciado que retirará a sus dos representantes en el Consejo de la Guardia Civil del grupo de trabajo para la implantación del Plan de Ética Profesional. «La omisión del deber de perseguir estos hechos ocurridos en Cantabria, sin ni tan siquiera ofrecer una explicación pública que salvaguarde la imagen de la Guardia Civil y aclare por qué no se ha hecho nada para perseguirlos, ilustra sobre el compromiso con la Ética Profesional dentro del Cuerpo de quienes dirigen la Guardia Civil», denuncian.