Juan José Alonso contradice las cifras ofrecidas por el líder socialista y asegura que el Gobierno de España no aporta financiación directa a estas promociones
El Partido Popular de Cantabria ha respondido a las declaraciones del secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, sobre la financiación de las políticas de vivienda y ha ofrecido una versión radicalmente diferente sobre el origen de los recursos destinados a las 285 viviendas públicas en alquiler asequible impulsadas por el Gobierno regional.
El portavoz del PP cántabro, Juan José Alonso, sostiene que el 70% de la financiación corresponde al Gobierno de Cantabria y el 30% restante procede de fondos europeos, mientras que atribuye al Gobierno de España una aportación directa de «cero euros».
La respuesta llega después de que Casares afirmase que esas 285 viviendas anunciadas por el Ejecutivo autonómico cuentan con 12 millones de euros de financiación del Gobierno de España, unas cifras que el PP rechaza.
Dos versiones enfrentadas sobre la misma financiación
«De las 285 viviendas públicas en alquiler asequible impulsadas por el Ejecutivo del Partido Popular, el 70% de la financiación corresponde al Gobierno de Cantabria, el 30% procede de fondos europeos y el Gobierno de Sánchez cero euros», ha asegurado Alonso.
El portavoz popular acusa al PSOE de intentar atribuir al Ejecutivo central unos recursos comunitarios que, según argumenta, corresponden a la Unión Europea.
«Europa aporta fondos y es el Gobierno de Cantabria quien los gestiona, tramita las ayudas y consigue que se conviertan en viviendas», sostiene Alonso.
El PP considera, por tanto, que el debate no se limita al origen de los fondos, sino también a quién corresponde el mérito político de su ejecución.
El PP reivindica la gestión de los fondos europeos
Alonso asegura que Cantabria se encuentra actualmente entre las comunidades que gestionan con mayor eficacia los fondos europeos y sostiene que parte de esos recursos estaban en riesgo de perderse al comienzo de la actual legislatura.
El dirigente popular responsabiliza de aquella situación al anterior Gobierno autonómico PRC-PSOE y atribuye al actual Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga haber conseguido mantener los fondos y destinarlos finalmente a las promociones de vivienda.
«Unos hablan de fondos y otros los convierten en vivienda», resume el portavoz del PP.
Alonso reprocha también a Casares que reivindique ahora la actuación socialista en esta materia cuando, según afirma el PP, durante los cuatro años de la anterior legislatura, en los que el PSOE gestionó las competencias autonómicas de vivienda, no se construyó ninguna vivienda pública.
La SAREB entra también en la confrontación
El portavoz popular introduce además en la polémica la actuación de la SAREB.
Alonso sostiene que la entidad ha optado por vender a promotores privados inmuebles que el Gobierno de Cantabria pretendía adquirir para incorporarlos al parque de vivienda asequible.
«No se puede venir a Cantabria a hablar de vivienda pública mientras desde el propio Gobierno de España se venden a promotores privados edificios que podían haberse destinado a ampliar el parque público de vivienda», ha afirmado.
Cruce de acusaciones por la «lealtad institucional»
La controversia se extiende también a las críticas realizadas por Casares sobre la presencia institucional en actos relacionados con proyectos financiados por distintas administraciones.
Alonso acusa al dirigente socialista de falta de coherencia y pone como ejemplo una reciente visita a las obras de la N-611, en la que, según el PP, se invitó al alcalde socialista de Reinosa pero no a responsables municipales del PP de otras localidades atravesadas por la carretera.
El portavoz popular considera que Casares aplica diferentes criterios dependiendo de quién gobierne cada administración.
El PP pide al PSOE que apoye la Ley de Vivienda de Cantabria
Alonso termina emplazando al PSOE a respaldar la primera Ley de Vivienda de Cantabria, actualmente en tramitación parlamentaria.
Según el PP, la futura norma permitirá a la comunidad desarrollar plenamente sus competencias y ofrecer mayor seguridad y soluciones tanto a propietarios como a inquilinos.
El llamamiento responde también a la petición formulada por Casares para que Cantabria aplique la Ley estatal de Vivienda y declare zonas de mercado residencial tensionado, una posibilidad que enfrenta políticamente a socialistas y populares.
Contexto
La vivienda se ha convertido en uno de los principales frentes políticos entre PP y PSOE en Cantabria, con discrepancias tanto sobre las medidas que deben aplicarse para contener los precios como sobre la financiación y gestión de las nuevas promociones públicas.
La polémica de las 285 viviendas refleja además una cuestión que aparece recurrentemente alrededor de los fondos europeos: distinguir entre el origen comunitario del dinero, la administración encargada de canalizarlo y la institución responsable de ejecutar finalmente las actuaciones.
En este caso, PSOE y PP ofrecen interpretaciones enfrentadas. Casares atribuye al Gobierno de España 12 millones de euros para las promociones anunciadas por Cantabria, mientras Alonso sostiene que la financiación se reparte entre el Gobierno autonómico (70%) y fondos europeos (30%), sin aportación directa del Ejecutivo central.
Las claves
- Pedro Casares afirmó que el Gobierno de España aporta 12 millones de euros para 285 viviendas anunciadas por el Ejecutivo cántabro.
- Juan José Alonso lo niega y sostiene que el reparto es 70% Gobierno de Cantabria y 30% fondos europeos.
- El PP asegura que no existe aportación directa del Gobierno de España a esas promociones.
- Los populares reivindican al Ejecutivo de Buruaga como responsable de gestionar y ejecutar los fondos europeos.
- Alonso acusa al anterior Gobierno PRC-PSOE de haber dejado parte de esos recursos en riesgo de perderse.
- El PP introduce en el debate la actuación de la SAREB y reclama al PSOE que apoye la Ley de Vivienda de Cantabria actualmente en tramitación parlamentaria
