Miguel Ángel Vargas asegura que el convenio pretende regular la relación con la entidad y recuerda que el anterior Ejecutivo PRC-PSOE abonó 1,5 millones de euros por derivaciones
SANTANDER.- El Partido Popular de Cantabria ha respondido a las acusaciones del PSOE sobre el convenio del Gobierno regional con Mutua Montañesa para realizar intervenciones de Traumatología y sostiene que las derivaciones que los socialistas califican ahora como un avance hacia la privatización sanitaria ya se realizaban durante la anterior legislatura.
El diputado autonómico y portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas, ha acusado al PSOE de «volver a mentir a los cántabros» y asegura que el objetivo del nuevo convenio es regular unas derivaciones que ya se producían cuando los socialistas formaban parte del Gobierno de Cantabria.
«Lo único que se va a hacer con este convenio es regular las derivaciones que ellos mismos hicieron durante su etapa al frente de la sanidad de la región con esta entidad colaboradora de la Seguridad Social», ha afirmado Vargas.
La respuesta del PP llega después de que el secretario de Salud del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, calificara el acuerdo previsto con Mutua Montañesa como «un paso más hacia la privatización y un golpe más a la sanidad pública».
El PP recuerda pagos por 1,5 millones durante el Gobierno PRC-PSOE
Vargas introduce en su respuesta un dato con el que pretende cuestionar las críticas socialistas.
Según el diputado popular, el anterior Ejecutivo PRC-PSOE realizó pagos por 1,5 millones de euros a Mutua Montañesa correspondientes a derivaciones sanitarias.
El portavoz de Salud del PP sostiene que aquellos pagos fueron imputados a un contrato mercantil y que, al tratarse Mutua Montañesa de una entidad colaboradora con la Seguridad Social, la relación debe articularse mediante un convenio.
Ese cambio en la fórmula jurídica es, según la explicación ofrecida por Vargas, lo que pretende realizar ahora el Gobierno de Cantabria.
«El PSOE de Casares vuelve a demostrar una vez más su doble vara de medir: critican ahora lo que ellos hicieron cuando estuvieron al frente del Gobierno de Cantabria», ha señalado.
Dos interpretaciones enfrentadas sobre el convenio
El acuerdo con Mutua Montañesa ha abierto así un nuevo enfrentamiento entre PP y PSOE sobre la política sanitaria de Cantabria.
Los socialistas sostienen que el convenio, previsto por cuatro años y un importe de 6,5 millones de euros, supone profundizar en una política de derivación de recursos hacia entidades externas y lo relacionan con el incremento de las listas de espera.
El PP rechaza esa interpretación y argumenta que las derivaciones no constituyen una novedad de esta legislatura, puesto que ya se realizaban durante el anterior Gobierno regional del que formaba parte el PSOE.
Vargas también ha defendido la inversión del actual Ejecutivo en el sistema sanitario público y reprocha a los socialistas que cuestionen unas medidas similares a las que aplicaron durante su etapa de gobierno.
El diputado popular ha elevado además el tono de su respuesta al afirmar que «mentir, ahora sobre el convenio del Gobierno de Cantabria con la Mutua Montañesa, no les va a ayudar a recuperar su dignidad política».
Contexto
La polémica comenzó después de que el PSOE de Cantabria denunciara el convenio previsto entre el Gobierno autonómico y Mutua Montañesa para la realización de intervenciones quirúrgicas de Traumatología.
El secretario de Salud socialista, Marcos Agudo, aseguró que el acuerdo tendrá una duración de cuatro años y un importe de 6,5 millones de euros, y lo calificó como un nuevo avance hacia la «privatización» de la sanidad pública.
El PP responde ahora que el debate no está en la existencia de las derivaciones, porque asegura que estas ya se producían durante el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, sino en la fórmula utilizada para regular la relación con Mutua Montañesa.
Las claves
- Réplica del PP: Miguel Ángel Vargas rechaza que el convenio suponga iniciar una nueva política de derivaciones.
- 1,5 millones: el PP asegura que el anterior Gobierno PRC-PSOE ya abonó esa cantidad a Mutua Montañesa por derivaciones.
- Cambio jurídico: según Vargas, el actual Ejecutivo pretende sustituir la fórmula del contrato mercantil por un convenio.
- 6,5 millones y cuatro años: son las cifras del futuro acuerdo denunciadas previamente por el PSOE.
- Dos versiones: el PSOE habla de un nuevo paso hacia la privatización; el PP sostiene que está regularizando una práctica que ya existía durante la anterior legislatura.
