LA EMIGRACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN ARMA
La emigración, entendida como el desplazamiento de personas a través de fronteras en busca de mejores condiciones de vida o huyendo de la persecución, ha sido tradicionalmente un fenómeno humanitario y social. Sin embargo, en las últimas décadas —y de forma acelerada en los últimos cinco años—, los flujos migratorios han adquirido una nueva dimensión: se han convertido en un instrumento de presión política y geopolítica. Ya no hablamos solo de personas que huyen, sino de gobiernos que deciden, de forma deliberada, cuándo abrir o cerrar el grifo de esas salidas para forzar concesiones de otros Estados.
Los analistas y organismos internacionales han acuñado un término para describirlo: “weaponización”[1] o “instrumentalización” de la migración. La propia Comisión Europea la define como una táctica de “guerra híbrida”, en la que un Estado facilita o incluso organiza flujos migratorios hacia el territorio de otro con el objetivo de desestabilizarlo, dividir a su opinión pública o extraer concesiones políticas y económicas. Tres casos recientes —Bielorrusia frente a la Unión Europea, Marruecos frente a España y Turquía frente a Grecia— ilustran con claridad este fenómeno.
El caso más estudiado y mejor documentado es el de la frontera oriental de la UE. Desde el verano de 2021, Bielorrusia —con el respaldo de Rusia— comenzó a facilitar de forma organizada la llegada de migrantes procedentes de Oriente Medio y África (principalmente de Irak, Siria y Afganistán) hasta su frontera con Polonia, Lituania y Letonia. Agencias de viaje bielorrusas y rusas ofrecían paquetes que incluían visados de turista o estudiante y transporte hasta la propia línea fronteriza, donde después se “empujaba” a los migrantes a cruzar de forma forzada.
La Comisión Europea ha señalado que más del 90% de quienes cruzaban de forma irregular desde Bielorrusia hacia Polonia portaban visados rusos de estudiante o turista, y ha documentado casos en los que las autoridades bielorrusas facilitaron material como escaleras para saltar las vallas fronterizas. La entonces comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, calificó la maniobra como una forma de “usar a seres humanos como acto de agresión”.
El fenómeno no se ha detenido: en 2024 los cruces irregulares en esta frontera aumentaron un 66% respecto al año anterior, y a comienzos de 2026 el Ministerio de Defensa letón volvió a denunciar la implicación directa de las fuerzas de seguridad y estructuras militares bielorrusas en la organización de estos flujos. Polonia, por su parte, ha militarizado su frontera oriental y ha llegado a suspender parcialmente el derecho de asilo en esa zona, una medida muy criticada por organizaciones de derechos humanos pero defendida por Varsovia como respuesta a lo que el primer ministro Donald Tusk describió como una operación coordinada para quebrar la frontera y desestabilizar el país.
Este caso muestra el patrón típico de la migración como arma: un Estado emisor (o de tránsito) que no tiene, en principio, ningún vínculo humanitario con los migrantes, pero que los utiliza como palanca de presión frente a un tercero con el que mantiene un conflicto de otra naturaleza —en este caso, la hostilidad de Minsk y Moscú hacia la UE por las sanciones impuestas tras la guerra en Ucrania y la represión interna bielorrusa.
Ceuta como termómetro de la relación bilateral en Marruecos y España
El segundo caso, más cercano, es el de la frontera sur de España. En mayo de 2021, cerca de 8.000 personas —muchas de ellas menores no acompañados— entraron de forma irregular en Ceuta en apenas 48 horas, en su mayoría bordeando a nado los espigones fronterizos. La entrada coincidió con una crisis diplomática desatada por el ingreso hospitalario en España, sin previo aviso a Rabat, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La pasividad inicial de las fuerzas marroquíes de seguridad fue interpretada tanto por el Gobierno español como por numerosos analistas internacionales como una forma deliberada de presión diplomática.
El patrón se ha repetido después. En el verano de 2026 se produjo una nueva crisis migratoria en Ceuta que, según varias fuentes, llegó a superar en volumen a la de 2021, con decenas de miles de intentos de entrada en un corto periodo de tiempo. De nuevo, el repunte coincidió en el tiempo con movimientos diplomáticos sensibles para Marruecos —en este caso, una visita del presidente del Gobierno español al presidente argelino—, lo que reabrió el debate sobre si Rabat estaba usando de nuevo el control de su frontera como instrumento de negociación. El Ministerio de Asuntos Exteriores español negó públicamente cualquier relación causal entre ambos hechos, mientras que agentes sobre el terreno denunciaron una “dejadez” deliberada por parte de las autoridades marroquíes.
Lo distintivo de este caso es que Marruecos no necesita “fabricar” migrantes: le basta con relajar el control de una frontera que habitualmente vigila con gran eficacia (en buena medida gracias a la financiación y cooperación española y europea) para generar una crisis casi inmediata. Esa capacidad de “abrir y cerrar el grifo” a voluntad es, en sí misma, la fuente de su poder de negociación frente a Madrid y Bruselas en asuntos que van desde el Sáhara Occidental hasta los fondos de cooperación.
Un tercer ejemplo, algo anterior pero que marcó un antes y un después en el debate europeo, es el protagonizado por Turquía. En febrero de 2020, el presidente Recep Tayyip Erdoğan anunció que su país dejaba de contener los flujos migratorios hacia Europa —en aplicación de un acuerdo UE-Turquía de 2016 por el que Ankara recibía fondos europeos a cambio de frenar las salidas— y miles de personas se dirigieron hacia la frontera terrestre greco-turca de Pazarkule. La decisión llegó en un momento de fuerte tensión entre Turquía y la OTAN por la intervención turca en la guerra de Siria, y fue leída de forma generalizada como un intento de forzar un mayor respaldo europeo a la posición turca en el conflicto sirio, además de más ayuda económica.
Este episodio consolidó en el vocabulario político europeo la idea de que el control migratorio se había convertido en una carta de negociación más, al mismo nivel que los aranceles o las sanciones diplomáticas.
Un patrón común, con matices importantes
Estos tres casos comparten una misma lógica de fondo: un actor estatal con capacidad de facilitar o frenar flujos migratorios utiliza esa capacidad para obtener réditos políticos —ya sea presión geopolítica directa (Bielorrusia), palanca de negociación bilateral (Marruecos) o consecución de ayuda económica y apoyo diplomático (Turquía). En todos ellos, las personas migrantes quedan situadas en una posición doblemente vulnerable: son usadas como instrumento por el Estado que las deja salir, y a menudo reciben una respuesta securitizada y poco garantista por parte del Estado receptor, que tiende a tratarlas como una amenaza a la seguridad nacional antes que como solicitantes de protección internacional.
Conviene, no obstante, matizar el fenómeno. No todo repunte migratorio responde a una instrumentalización deliberada por parte de un gobierno: las causas estructurales de la migración (pobreza, conflictos armados, cambio climático, redes de tráfico de personas) siguen siendo, con diferencia, el principal motor de los desplazamientos. Atribuir de forma automática cualquier crisis migratoria a un cálculo geopolítico puede servir, además, como coartada para endurecer políticas de asilo y deshumanizar a las personas migrantes, algo que varias organizaciones de derechos humanos y algunos académicos han advertido como un riesgo del propio concepto de “weaponización”. La prudencia analítica exige distinguir entre los casos en los que existe evidencia razonable de facilitación estatal deliberada —como los tres descritos— y aquellos en los que la etiqueta se usa de forma más retórica que probada.
En resumen, lo ocurrido en la frontera de Bielorrusia con Polonia, en Ceuta y en la frontera greco-turca demuestra que la migración ha dejado de ser, para algunos actores estatales, un simple fenómeno social que gestionar: se ha convertido en una herramienta de política exterior, capaz de generar crisis diplomáticas, forzar negociaciones y condicionar la agenda de organismos como la Unión Europea. Este giro es imprescindible no solo para el debate político, sino también para no perder de vista que, detrás de cada cifra de “flujo migratorio instrumentalizado”, hay personas reales atrapadas entre los cálculos de dos Estados.
JACA, Santander, septiembre 2026
Fuentes consultadas
- Comisión Europea, Comunicación sobre la situación en la frontera con Bielorrusia y Rusia (EUR-Lex, 52024DC0570)
- Foundation for Defense of Democracies, Weaponized Mass Migration (2026)
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime, People as ammunition: The structures behind Russian and Belarusian weaponized migration (2026)
- European Papers, Belarus-sponsored Migration Movements and the Response by Lithuania, Latvia, and Poland: A Critical Appraisal (2023)
- Foreign Affairs, How Migrants Got Weaponized (2023)
- UnHerd, Weaponized migration menaces Europe (2026)
- Bloomsbury Intelligence and Security Institute, EU and Migration: Will the New Pact Hold at the Poland-Belarus Border? (2025)
- Infobae, La crisis de Ceuta, en cinco claves (agosto 2026)
- Wikipedia, Incidentes fronterizos entre España y Marruecos de 2026
[1] La weaponization o militarización es el proceso de convertir un objeto, concepto o herramienta no militar en un arma diseñada para causar daño, obtener ventaja estratégica o lograr objetivos políticos. Aunque históricamente está asociado a objetos físicos, el concepto se ha ampliado en la era moderna para incluir sistemas abstractos, datos y estructuras sociales.
