20MINUTOS.ES
- El movimiento feminista de Madrid convoca una concentración para pedir una investigación a fondo.
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La expareja de la trabajadora de la fábrica de Iveco que se quitó la vida tras difundirse entre sus compañeros un vídeo sexual suyo de hace cinco años, se ha entregado en un cuartel de la Guardia Civil de la localidad madrileña de Mejorada del Campo, donde reside.
El hombre, principal sospechoso en la investigación policial, está prestando declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según han informado a 20minutos.es fuentes de la Guardia Civil. «Se ha presentado en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, pero se ha hecho cargo de la investigacion la Policía nacional, en concreto la comisaria de Coslada», han confirmado las citadas fuentes.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto este mismo jueves diligencias previas por la presunta comisión de los delitos descubrimiento y revelación de secretos. La jueza que se encargó del levantamiento del cadáver es la misma que ahora investiga el caso.
La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.
El marido vio el vídeo el pasado viernes
Fuentes de la investigación han confirmado que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente. De hecho, no existiría un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde «dentro de la propia empresa».
El presunto responsable sería posiblemente el hombre que se ha entregado este jueves, un compañero de trabajo con el que la víctima tuvo algún tipo de relación sentimental en el pasado. La Policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid) y ahora toma declaración a este sospechoso.
[A FONDO: ¿Quién es responsable penal del envío de vídeos sexuales sin consentimiento?]
El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.
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Author: 20MINUTOS.ES