Santander Sí Puede propone al pleno que se declare a Uribe persona non grata

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Antonio Mantecón, concejal de Santander Sí Puede, presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento una moción donde se declara a Uribe persona non grata en la ciudad. Así mismo, en la misma declaración se insta al Consistorio  para que no tenga representación institucional en el acto de entrega de la medalla al ex presidente de Colombia.

 Santander tendrá el “dudoso honor”, según el partido municipalista, de recibir al ex presidente colombiano Álvaro Uribe el próximo 5 de julio en el Palacio de la Magdalena, para recibir de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) la medalla de honor 2016 “por su liderazgo político en la historia reciente de Iberoamérica y por su dedicación al servicio de la defensa de los derechos y libertades públicas en Colombia y en el continente americano”. Será recibido entre honores de alto dignatario, y recogerá de las manos del rector de la universidad la distinción por su trayectoria como defensor de la democracia en Colombia.

La sociedad y diversos colectivos sociales y políticos, entre ellos Santander Sí Puede, han declarado públicamente su repulsa a este acto. El periodista y escritor especializado en Latinoamérica, Paco Gómez Nadal ha iniciado una campaña en Change.org recogiendo firmas para que Álvaro Uribe no reciba el galardón de la UIMP. Más de 6.200 personas han secundado ya la iniciativa. La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) ha enviado cartas a todos los grupos políticos con representación municipal en el mismo sentido.

Santander Sí Puede, por todos estos motivos y algunos más, va a presentar en el próximo pleno una moción, que promoverá como conjunta, para evitar que el Ayuntamiento de Santander tenga representación institucional en el acto de entrega del premio al ex presidente Uribe. “Una institución democrática no puede hacerse cómplice del aplauso a quien utiliza y ha utilizado el poder institucional para asolar las vidas de cientos de personas, con la colaboración de narcotraficantes y matarifes”, en palabras de Antonio Mantecón.

“Nuestra iniciativa también propondrá que se declare “persona non grata” en la ciudad de Santander a Antonio Uribe Veléz. No podemos, desde una postura moral y desde la defensa de los derechos humanos, acoger ningún mandatario que acarrea a sus espaldas la comisión de semejantes atrocidades”, apostilla el concejal.

Según Susana Ruiz, Coordinadora general del Comité Ciudadano del partido municipalista, “el señor Uribe recogerá el premio, si el clamor social no es escuchado, con unas manos manchadas de sangre y droga. La misma sangre que regó los campos colombianos y la misma cocaína que ha inundado el país latinoamericano durante décadas. Estamos hartos de oír a partidos políticos hacer sangre de Venezuela y cerrar los ojos ante las barbaridades cometidas en países vecinos como Colombia. Esto no parece ser interesante en campaña electoral”.

Para la formación de Antonio Mantecón, la trayectoria vital de este mandatario no es digna de recibir un reconocimiento como el que se le ha ofrecido. Según el partido municipalista, existen conexiones innegables con el Cartel de Medellín y la familia Escobar.  De hecho, ha sido denominado por The Narco News, centro de investigación en materia de narcotráfico internacional, como uno de los precursores del “Narco-Estado colombiano”. De hecho, en dicha revista se denuncia su relación con la empresa GMP Productos Químicos, a la que se incautaron tres aviones en la década de los noventa con 50 toneladas de permanganato de potasio, químico clave necesario en la manufactura de cocaína, con destino a Medellín. El dueño de esa empresa era Pedro Juan Moreno Villa, jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el período de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez.

En el año 2007, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, canceló su presencia en un foro internacional que se celebraba en Miami, al que también iba a asistir el mandatario, como consecuencia de las denuncias sobre los vínculos con los paramilitares y la “parapolítica” recibidas en Colombia. El entonces Presidente reconoció que como Gobernador de Antioquia, en 1995, aprobó la creación de una cooperativa de seguridad denominada “Convivir”, entidad pionera de los grupos armados paramilitares colombianos.

Uribe Vélez puso en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Noguera cumple actualmente condena en la cárcel por connivencia para delinquir con grupos paramilitares y permitir que la Agencia de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la República fuera puesta al servicio de los narco paramilitares. Durante sus actividades, cientos de sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia.

La mal llamada política de «Seguridad Democrática» de Álvaro Uribe dio lugar al escándalo conocido como «falsos positivos», esto es, el asesinato de al menos 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana. Dichos asesinatos fueron perpetrados bajo el mandato de Uribe como presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa –actual presidente de Colombia – presentados como «guerrilleros dados de baja en combate» con la única intención de cobrar las recompensas que el E­stado colombiano pagaba por «dar de baja a guerrilleros».

En el año 2006 las especulaciones sobre el poderío político de las autodefensas en el país se ven confirmadas cuando se empezaron a revelar hechos y acusaciones concretas sobre cómo los grupos criminales de extrema derecha que, con financiación del narcotráfico, se habían adentrado en los gobiernos locales, el Congreso, en los debates electorales y las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, más de 70 congresistas y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe se  encuentran procesados por la justicia colombiana bajo acusaciones de pertenecer o estar vinculados con organizaciones narco-paramilitares, casi el 50% de las cámaras legislativas. Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas cumplen condena por favorecer o pertenecer a dichos grupos armados.

El ex presidente colombiano se vio en 2012 salpicado por el denominado Caso Santoyo. Mauricio Santoyo, jefe de seguridad del presidente y General de la Policía Nacional de Colombia, reconoció haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia ante una corte de Virginia (Estados Unidos) en agosto de 2012. Concretamente, Santoyo alertó a los paramilitares sobre operativos de la policía en su contra, además de facilitar el tránsito de la cocaína destinada a Estados Unidos; a cambio de la ayuda, los grupos narcoterroristas le habrían pagado 5 millones de dólares. Santoyo también estuvo involucrado en el escándalo de las “chuzadas ilegales”, interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales realizados por el DAS durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Una vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada de “una empresa criminal dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño”.

“Esta es a grandes rasgos, la trayectoria vital de un presidente marcado por los crímenes y masacres, por la colaboración con bandas armadas y por la connivencia con los carteles de la droga. Un presidente que merece una medalla de honor de la UIMP por su larga trayectoria como “demócrata”. Cuya última iniciativa política no es otra que encabezar una campaña para terminar con el proceso de paz colombiano, que tantas muertes ha dejado por el camino”, concluye Susana Ruiz.