El caso Matesa

El caso Matesa, puso al descubierto la fragilidad del sistema ante la corrupción. El primer caso de fraude financiero con dinero público del que se tuvo plena información a pesar del férreo control que la dictadura ejercía sobre los medios de comunicación, que a su vez gozaban de nula independencia. Pero también puso de manifiesto las luchas intestinas en la “Democracia orgánica del Estado español”

Nos dicen ahora que Juan Guerra es el primero de todos, pero eso no es cierto. Quizá sea el más famoso, o el primer nombre que la gente asocia a la corrupción, pero la cosa ya venía de atrás.

Tan de atrás como del propio nacimiento de esta que llaman democracia y no lo es. El mismo hecho de que los partidos se quedaran el poder para sí, convirtiéndose de este modo en sucesores de Franco, es un hecho corrupto.

Claro que en aquellos primeros tiempos supuestamente democráticos, casi todos los españoles nos creímos lo de la democracia y la honradez de la clase política, algunos políticos pecaron de incautos.

Uno de ellos fue Alonso Puerta. En la wikipedia se explica que fue expulsado del PSOE porque se opuso a la adjudicación irregular de contratas. Ingresó en otro partido, pero el grueso de los españoles prefirió seguir votando al PSOE o, en menor medida, al PP y otros partidos periféricos. El político que había puesto de manifiesto su honradez no fue premiado por los votantes. Y ahora que sufrimos una corrupción galopante en España podemos decir que de aquellos polvos vienen estos lodos. Tampoco la honradez de Julio
Anguita ha sido premiada jamás por los votantes, que han preferido la “brillantez”, de Felipe González, reconvertido en los últimos tiempos en diseñador de joyas para multimillonarias, o en la “austeridad”, ¡ja!, de José María Aznar, en la “gracia” de Zapatero, “every day bonsai”, o en la “malasombra” de Rajoy.

Es que Alonso Puerta fue el primero y el último en denunciar la corrupción detectada en el propio partido. A partir de entonces, todos tomaron nota. Los partidos sofisticaron sus métodos de control, para que eso no pudiera volver a ocurrir. Y los posibles denunciantes de lo que les ocurriría si seguían adelante con sus propósitos.

En aquellas naciones en las que, como en España, las oligarquías controlan todos los resortes del poder, la corrupción campa a sus anchas.

Los múltiples casos de corrupción política son ya una de las principales preocupaciones de los ciudadanos

El expolio del Palau de la Música a cargo de Fèlix Millet y Jordi Montull ha degenerado en el caso de corrupción y de financiación irregular de un partido más grave registrado nunca en Cataluña. El beneficiario es Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que pudo recibir parte de los más de 30 millones que se habrían vaciado de una de las instituciones culturales catalanas con mayor tradición. Mediante empresas interpuestas y la Fundación Trias Fargas, CDC se habría embolsado hasta seis millones, dinero que empresas constructoras abonaban a través de la institución musical para pagar comisiones por obras públicas, como la Línea 9 del Metro o la Ciudad de la Justicia.

Por este motivo, el juez instructor imputó a un extesorero de CDC y declaró a CDC responsable a título lucrativo, por lo que le exigió una fianza de 3,2 millones: el partido de Artur Mas la cubrió, en parte, con las escrituras del edificio sede del partido, ahora embargado. Una de las derivadas del caso, la del «Hotel Palau» (por la que está imputada la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona), está pendiente de que se señale fecha para el juicio oral. La instrucción de la pieza principal (expolio más financiación de CDC) está a punto de concluir.

Francisco Correa. Cerebro de la red Gürtel

Más de sesenta personas están imputadas en el caso Gürtel, un escándalo de corrupción política que ha salpicado al Partido Popular en tres comunidades autónomas: Madrid, Valencia y Castilla y León, y que se ha llevado por delante al juez que lo destapó, Baltasar Garzón, condenado por prevaricación. El presunto cerebro de la red es Francisco Correa, un empresario que pagó comisiones a cargos públicos a cambio de contratos para sus sociedades.

La investigación ha pasado por distintos tribunales: comenzó en la Audiencia Nacional, pasó después al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la implicación de diputados regionales; se fragmentó y una parte fue al Tribunal Supremo por las sospechas sobre el exsenador Luis Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino y, finalmente, ha vuelto a la Audiencia Nacional. Otra pieza se remitió a la Comunidad Valenciana, dando origen a otros dos procedimientos: el llamado caso de los trajes, que afectó a Francisco Camps y al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; y una investigación, aún en curso, sobre presunta financiación irregular del partido.

La causa matriz, en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, está hoy pendiente de nuevas averiguaciones bancarias en EE.UU.

Francisco Rodríguez. Exalcalde de Orense. Caso Pokémon

Más de una treintena de imputados suma ya el caso Pokémon, que se instruye en Lugo y amenaza con alargarse en el tiempo. Desde que arrancó la investigación de la trama, dedicada a otorgar contratos públicos a cambio de sobornos, por el despacho de la juez Pilar de Lara han pasado políticos de las tres fuerzas tradicionales en Galicia (PP, PSOE y BNG), empresarios (están implicadas medio centenar de sociedades) y agentes de la Policía local de Orense. Hasta cuatro alcaldes figuran en la causa, que está declarada secreta. El último ha sido el alcalde de Santiago Ángel Currás (PP). Antes pasaron por el juzgado el exregidor de Orense Francisco Rodríguez (PSdeG); el exalcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP); y el alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco.

Las primeras pesquisas llevaron a la detención de directivos del grupo Vendex, cuyo propietario es Gervasio Rolando; Javier Reguera, responsable del sistema de la ORA en Lugo, y Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y considerado como uno de los principales cabecillas.

Iñaki Urdangarín. Duque de Palma. Caso Nóos

El 22 de julio de 2010 el juez José Castro desgajó del caso Palma Arena una pieza separada (era la vigesimoquinta) para investigar los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo, organismos públicos dependientes del Gobierno balear, y el Instituto Nóos, presidido en esas fechas por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Castro requirió al Instituto Noos que acreditara «haber rendido cuentas de la inversión de los fondos (públicos) recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones».

Los principales imputados en este procedimiento son Urdangarín, a quien el juez atribuye delito fiscal, fraude, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, y su exsocio Diego Torres. Según los datos que obran en la causa, el Duque de Palma y Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, cantidad que coincide con la que cobraron a los gobiernos valenciano (3.519.533,90 euros) y balear (2.285.000 euros) por organizar eventos. En su declaración ante el juez, en febrero de 2012, Urdangarín reivindicó su inocencia y admitió que, aunque en 2006 Su Majestad el Rey le había ordenado abandonar Noos, en 2008 volvió a hacer negocios. La instrucción sigue abierta y de hecho deberá declarar de nuevo ante el magistrado.

Jaume Matas. Expresidente de Baleares. Caso Palma Arena

Jaume Matas, presidente de Baleares en dos legislaturas y exministro de Medio Ambiente del PP, está imputado o implicado en una veintena del total de 25 piezas del caso Palma Arena. Ya ha sido condenado a seis años de prisión en una de ellas, en concreto por favorecer a un periodista que escribía sus discursos y después los ensalzaba en un periódico de tirada nacional. En la actualidad, está pendiente de juicio con jurado en otra causa.

A Matas, en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, se le atribuyen los delitos de falsedad documental, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida, delito fiscal y delito electoral. El procedimiento matriz es el llamado caso Palma Arena, que arranca en 2008 a raíz de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Matas y el cobro de comisiones legales. Un año después, el juez José Castro empezó a investigar el sobrecoste del velódromo Palma Arena. El escándalo estalló definitivamnete con la detención de cargos de segundo nivel del Gobierno balear y desde entonces no ha hecho sino implicar a más altos cargos de esa administración.

José Antonio Griñán. Presidente de la Junta. Caso de los ERE

El mayor escándalo de corrupción andaluz saltó a la luz cuando ABC publicaba en marzo de 2009 la petición de los directivos de Mercasevilla del pago de una comisión a los dueños de un restaurante a cambio de la escuela de hostelería. Una grabación evidenciaba cómo Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban que «la Junta de Andalucía colabora con quien colabora». El caso subía de tono y la Fiscalía tomaba cartas en el asunto mientras el PP presentaba una querella que caía en manos de una juez hasta entonces desconocida, Mercedes Alaya.

Así iban saliendo tramas: adjudicación irregular de suelo; delito societario y los ERE fraudulentos, destapado cuando el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, admitía la existencia de un «fondo de reptiles» para empresas en crisis y que se incluyeron intrusos (que no trabajaban) en los expedientes. Luego llegaba la escandalosa declaración del chófer, que dijo que parte del dinero lo gastaban en «coca, fiestas y copas». Ambos eran enviados a prisión, igual que el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Los directivos de Mercasevilla y el exdelegado de la Junta fueron condenados en octubre, mientras en los ERE hay ya 60 imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta, abogados, empresarios y testaferros. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, es el máximo responsable político.

José Blanco. Exministro de Fomento. Caso Campeón

José Blanco y José López Orozco, extitular de Fomento y alcalde de Lugo, respectivamente, ponen rostro a la operación Campeón, que entra en este 2013 en su segundo año de instrucción con una pieza separada en el Tribunal Supremo para el exministro, sobre el que se ciñe la sospecha de haber dispensado un trato de favor a empresarios a cambio de dinero, que supuestamente recibía en metálico y en billetes de 500 euros.

La trama estaba destinada a captar subvenciones públicas para empresas que encuentran nexo común en el empresario Jorge Dorribo, dueño de los laboratorios Nupel, cuyas declaraciones salpicaron a la política gallega y nacional. Pasó dos años y medio en prisión por un presunto fraude de cuatro millones gestionados a través del Igape (dos altos cargos fueron arrestados) hasta que en 2011 fue puesto en libertad tras un testimonio voluntario ante la juez del caso, Estela San José, que abría la caja de pandora. En total, 15 implicados por blanqueo, evasión fiscal, alzamiento de bienes y falsedad en un sumario interminable despiezado en varias causas en las que también están imputados el diputado del PP Pablo Cobián y el exconsejero del BNG Fernando Blanco.

Josep Duran. Presidente de UDC. Caso Pallerols

El caso Pallerols alude al desvío de subvenciones para cursos de formación para la financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) y representa un caso único en la historia de la corrupción en España, al ser la primera ocasión en que un partido admite haberse financiado de manera irregular. Tras un periplo judicial que se ha prolongado casi quince años, el escándalo llegó finalmente a juicio el pasado 7 de enero, aunque la vista no se celebró porque las partes llegaron a un acuerdo de conformidad. Los imputados: el propio Pallerols y su mujer, así como altos cargos del partido que preside Josep Duran (citado como testigo) asumieron su culpabilidad.

En esencia, la trama consistía en la adjudicación de cursos por parte de la consejería de Trabajo, controlada por UDC, a las academias del empresario andorrano Pallerols. De los 220 cursos investigados por la Guardia Civil, más de 160 eran irregulares: o no se celebraron, o su precio estaba hinchado. La Generalitat pagó por ellos más de ocho millones de euros, financiados con fondos de la UE, de los cuales un 10% retornaba a UDC o a los implicados. Unió Democràtica, declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, ha acabado pagando una indemnización de 388.483 euros.

Julián Muñoz. Exalcalde de Marbella. Caso Malaya

El caso Malaya desenredó en 2006 la trama corrupta creada alrededor del Ayuntamiento de Marbella durante los últimos años de gobierno del GIL. Fue pionero en la detención de concejales de una gran ciudad y los hechos fueron de tal enjundia que derivaron en la disolución de la corporación municipal. Sobornos, contratos amañados, blanqueo de capitales, contabilidades en B… Y todo esto manejado, supuestamente, por Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo, hombre de confianza de Jesús Gil y poseedor de una fortuna millonaria que habría amasado de forma ilegal. Según Anticorrupción, una «organización» con el único fin de enriquecerse con dinero público. Junto con Roca han sido juzgados una veintena de exconcejales (incluidos los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe), empresarios, testaferros, joyeros y marchantes de arte. Durante el juicio, el fiscal pidió en total cerca de 490 años de cárcel y unos 3.800 millones de euros en multas. Malaya está pendiente de sentencia, que se espera para este verano.

Luis Bárcenas. Extesorero y exsenador del PP. Caso Bárcenas

Luis Bárcenas, que durante veinte años manejó, primero como gerente y después como tesorero, las cuentas del Partido Popular, es uno de los imputados en el caso Gürtel. La investigación destapó una trama de corrupción política en la que, a cambio de suculentas comisiones, los cargos públicos implicados favorecieron a la red de empresas vinculadas a Francisco Correa con la adjudicación de eventos. Las ramificaciones de este entramado se extendieron a Valencia y provocaron la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque éste resultó finalmente absuelto de cohecho por recibir unos trajes como regalo.

El escándalo político ha golpeado de lleno al PP al publicarse que en la etapa de Bárcenas como tesorero era práctica habitual el pago de sobresueldos de entre 5.000 y 15.000 euros a la dirección del partido. Anticorrupción ha avanzado que, de momento, no investigará este hecho.

Tras un periplo judicial que le llevó de la inicial imputación en el caso Gürtel al sobreseimiento por falta de pruebas, Bárcenas ha vuelto a ver su nombre entre los implicados en la trama. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvió a imputarle. La reciente llegada de documentación reclamada a Suiza ha puesto contra las cuerdas al exsenador: Bárcenas disponía en el Dresdner Bank de Ginebra de una cuenta en la que acumuló 22 millones de euros.

Manuel Bustos. Alcalde de Sabadell. Caso Mercurio

Después del caso Pretoria (que afecta a cargos del PSC como el exalcalde de Santa Coloma y a figuras clave de los gobiernos de Jordi Pujol), el caso Mercurio vuelve a golpear al socialismo catalán. En este caso, el implicado de mayor rango es el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, aunque a quien se considera clave en la trama es al ex edil del Partido Popular, Jordi Soriano. En la trama, en la que están imputados empresarios de la comarca, aparece también de manera destacada el tío de Bustos, el constructor Melquiades Navarro. De manera colateral se investiga también al secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, por tráfico de influencias. Siguiendo un esquema de corrupción clásica, los constructores abonaban sobre un 3 por ciento del valor de la obra a cambio de la adjudicación. En dos años, el exedil Soriano se habría embolsado casi un millón de euros en comisiones. La instrucción prosigue tras dos años de investigación, y el pasado viernes el juez levantó el secreto sobre parte del sumario. Bustos, que proclama su inocencia, ha pedido volver a declarar.

Oriol Pujol. Secretario general de CDC. Caso ITV

El caso de las ITV surge como una derivada del caso Campeón y alude a la supuesta trama compuesta por empresarios y cargos de la Generalitat para modificar los pliegos de los concursos y adjudicar así las estaciones para la inspección técnica de vehículos, entre otros negocios. El principal implicado es el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, que está siendo investigado al ser, según un informe de Vigilancia Aduanera, «colaborador necesario» en la red. En las grabaciones practicadas, los imputados aluden a Pujol como el «Zumosol».

A tenor de las evidencias que surgen de la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción estudia pedir la imputación de Pujol, lo que se da por hecho, en lo que sería el fin de la carrera política de quien en su momento se dijo que estaba llamado a suceder a Artur Mas. ç

Entre los socios de Pujol que ya están imputados se cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor. Los «Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten localidad de segunda residencia. Además de los citados, están implicados el que fuera número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, y un subdirector general de Industria, Isidre Masellas. El caso está en fase de instrucción en el juzgado.

Rodrigo Rato. Expresidente de Bankia. Caso Bankia

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, declaró en diciembre ante la Audiencia Nacional, junto a otros 32 imputados entre los que figuran el exministro Ángel Acebes y el expresidente de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas. A todos ellos, así como a Bankia y BFA como personas jurídicas, se les imputan de forma indiciaria y genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, todos los que mencionaba en su querella UPyD.

Otro de los casos de presunta comisión de delito en el sector bancario es el del Banco de Valencia. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció a los anteriores gestores de esta entidad en junio ante la Audiencia Nacional por la sospecha de que hubieran cometido delitos societarios y de falsedad mercantil. Además, está el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en el que hay cinco exdirectivos imputados por presuntas irregularidades en la gestión.

Textos elaborados por Mercedes Benítez, Àlex Gubern, elena Pérez, Esperanza Codina, Maribel Núñez y Nieves Colli.

1984
– Investigan a dos jueces por la puesta en libertad de un jefe mafioso
[Antonio Bardellino, acusado de distribuir la droga latinoamericana en Europa]. El poder judicial indaga supuestas presiones de un magistrado del Supremo a otro de la Audiencia Nacional (El País, 15/02/1984, pp. 1 y 25).
– Un sargento de la Guardia Civil detenido en San Lorenzo de El Escorial con casi dos kilos de heroína
(El País, 12/9/1984, p. 19).
Guardias civiles denunciados por pagar con droga. Un reportero de «Tiempo» se hizo pasar por confidente (Tiempo de Hoy, 12-18/11/1984, p. 1).

1985
Mafia diplomática. La cocaína viaja a España en películas de televisión (Tiempo de Hoy, 7-13/1/1985, p. y ¿?).
– Un policía [adscrito a la plantilla del Cuerpo Superior de Policía de Almería], detenido con un kilo de cocaína (El País, 1/3/1985, p. 18).
Detenido un inspector de Policía por tráfico de cocaína (ABC, 1/3/1985, p. 50).
– La Policía Nacional investiga la supuesta implicación de agentes en negocios ilegales [de juego, prostitución y drogas en el cinturón de Barcelona] (El País, 17/4/1985, p. 21).
– Interior abre una investigación sobre implicaciones de policías en el tráfico de estupefacientes. El delegado del Gobierno en Ceuta denunció la existencia de casos de corrupción
(El País, 10/10/1985, pp. 1 y 13).
– La Jefatura Superior de Sevilla investiga la implicación de policías en el tráfico de drogas. Las primeras averiguaciones se centran en la introducción ilegal de hachís (El País, 11/10/1985, p. 14).
– Barrionuevo [ministro del Interior] reconoce la supuesta implicación de policías en el tráfico de drogas (El País, 13/10/1985, p. 28).

1986
– Detenido en Algeciras un policía cuando llevaba 25 kilos de haschisch
(El País, 11/12/1986, p. 21).

1987
– El conocimiento de las investigaciones policiales permitió huir a un jefe de los GAL. Ismael Miquel era traficante de drogas y confidente
(El País, 6/5/1987, p. 17).
– Un general investiga las acusaciones sobre la relación de guardias civiles con el tráfico de drogas. Un confidente alemán occidental de la policía en la Costa del Sol implica al gobernador de Sevilla
(El País, 3/7/1987, pp. 1 y 14).
– La policía española pagaba a su confidente con cocaína, según sus cómplices. La red introducía droga en Suecia y la RFA
(El País, 3/7/1987, p. 15).
Interior: «No hay policías implicados en el tráfico de drogas» (ABC, 14/9/1987, p. 62).
– Un industrial cántabro denuncia corrupciones en el grupo antidroga de la Guardia Civil (El País, 13/10/1987, p. 24).

1988
– Policías santanderinos trataron de ocultar cómo abatieron a un supuesto traficante [desarmado]
(El País, 3/4/1988, p. 12).
– Petición de cuatro años de cárcel para un policía por tráfico de cocaína
(El País, 28/5/1988, p. 29).
– Desarticulada en Cartagena una banda de narcotraficantes. Detenidos un ex-guardia civil y un policía en la reserva
(El País, 8/7/1988, p. 21).
– Detenidos dos funcionarios [un funcionario de prisiones y una oficial de los juzgados de la Plaza de Castilla]
por presunto tráfico de drogas (El País, 1/8/1988, p. 15).
Dos detenidos dicen que acusaron a dos mossos [d’esquadra] de traficar con droga bajo presión de la Guardia Civil. Los drogadictos declaran al juez que los guardias les prometieron la libertad como recompensa (La Vanguardia, 27/9/1988, p. 31).

1989
– Tres policías de Madrid, detenidos en Oviedo por supuesto tráfico de drogas
(El País, 4/5/1989, p. 20).
– Detenido en Málaga un inspector de policía por presunto tráfico de drogas
(El País, 11/5/1989, p. 20).
– Un sargento de la Guardia Civil arrestado y 9 agentes trasladados por presunto narcotráfico
(El País, 14/5/1989, p. 21).

1990
– Desaparecen 150 kilos de cocaína aprehendidos por la policía en Irún y nadie lo investiga
(El País, 18/2/1990, p. 16).
– Un guardia civil, condenado a dos años por apropiarse de drogas
(El País, 22/2/1990, p. 21).

– Un guardia civil y un abogado detenidos por tráfico de cocaína (Las Provincias, 10/3/1990, p. 32).
– Un ex guardia civil, condenado a cuatro años de cárcel por narcotráfico
(El País, 27/3/1990, p. 33).
– En la Guardia Civil hay contrabando de tabaco, de drogas… Si el guardia abre la boca se le detiene
(El Mundo, 26/4/1990, p. 10).
– Un inspector de Málaga dice que es normal que los policías guarden hachís de «recuerdo»
(El País, 18/5/1990, p. 24).
– El jefe de la policía de Noia denuncia a tres guardias civiles por narcotráfico
(El País, 20/5/1990, p. 17).
– Detienen en Algeciras a 14 personas, 6 de ellas policías, en una operación antidroga
(El Mundo, 1/7/1990, p. 17).
– Desmantelada la brigada de Estupefacientes de Algeciras por su implicación en el narcotráfico
(El País, 4/7/1990, p. 18).
– La Guardia Civil entregó a la policía un informe falso que vincula al comisario Baniandrés con el narcotráfico
(El País, 4/7/1990, p. 19).
– Oubiña distribuyó 370 kilos de cocaína robados por policías de un depósito judicial, según el juez Garzón
(El País, 6/7/1990 , p. 19).
– Falso atestado sobre la aprehensión en Irún de 1.000 kilos de cocaína
(El País, 6/7/1990, p. 19).
– Indicios de participación de mas policías en la red de narcotraficantes de Algeciras
(El País, 9/7/1990, p. 19).
– Expedientado por consumo de drogas un policía de seguridad de la Moncloa
(Las Provincias, 14/7/1990, p. 19).
– El juez de la «Operación Algeciras» confirma que los policías traficaban con drogas
(ABC, 14/7/1990, p. 75).
– La policía vendía droga a conocidos narcotraficantes
(Las Provincias, 14/7/1990, p.10).
– El Poder Judicial suspende de sus funciones a un juez relacionado presuntamente con el narcotráfico
(El País, 2/8/1990, p. 13).
– Condenado a 6 años un policía de Madrid detenido con siete kilos de hachís
(El País, 2/10/1990, p. 20).
Se investiga una trama «ultra» que traficaba con armas y cocaína. Una red de tráfico de cocaína y armas, en la que están implicados varios policías afines al agente Ángel Duce, presunto autor del asesinato de José Muguruza, ha sido puesta al descubierto, según ha sabido Tiempo. De esta red se habría beneficiado el grupo ultra de Duce y Ricardo Sáenz de Ynestrillas (Tiempo de Hoy, núm. 440, 8 de octubre de 1990, pp. 55-58).
– Encarcelados dos policías acusados de robar cocaína requisada en Madrid
(El País, 26/10/1990, p. 24).
– Leopoldo Torres [Fiscal General del Estado] confirma que se investiga a guardias civiles sospechosos de narcotráfico
(Las Provincias, 16/11/1990, p. 10).
– Incautadas armas, droga y material robado en casa de un policía
(Las Provincias, 16/11/1990, p. 15).
– Militares y policías, investigados en Guipúzcoa por relación con el narcotráfico
(El País, 11/12/1990. p. 21).

1991
– Detenido el jefe de la Policía Local de Nájera por presunto narcotráfico
(El País, 12/1/1991, p. 17).
– Querella contra cinco juristas por supuestos favores a “narcos”
(El País, 17/2/1991, p. 21).
– El teniente coronel Rodríguez Galindo favorece operaciones de contrabando y narcotráfico
(Interviú, 18/24/1991, pp. 6-7).
– El Supremo absuelve a cuatro condenados porque el tráfico de drogas lo provocó la Guardia Civil
(El País, 20/3/1991, p. 27).
– El fiscal jefe de Cádiz investiga irregularidades en 100 casos de narcos puestos en libertad. Varios funcionarios y abogados están presuntamente implicados
(El País, 16/4/1991, p. 21).
– Un confidente involucró al ex jefe de Estupefacientes [de Valencia] y a otros agentes en negocios de droga
(El País, 21/4/1991, Com. Val., p. 3).
– Un juez investiga la presunta implicación de un teniente coronel con el narcotráfico
(Levante, 24/4/1991, p. 12).
– Un policía detenido en Las Palmas con 180 gramos de cocaína
(El Sol, 5/5/1991, p. 8).
– Guardia civil, condenado por tráfico de estupefacientes. Permitía el paso de drogas desde su puesto en el aeropuerto de El Prat
(Castellón Diario, 18/5/1991, p. 17).
– El jefe de seguridad de las personalidades del Estado, “hombre” del capo Sito Miñanco
(Tiempo de Hoy, 27/5/1991 p. 40).
– Detenido el alcalde electo de O Grove por presunto narcotráfico
(El País, 15/6/1991, p. 24).
– Confidentes de la Guardia Civil cobran sus trabajos con droga
(Cambio16, 24/6/1991, p. 20).
– Un arrepentido traficó con cocaína protegido por la Guardia Civil
(Tiempo de Hoy, 1/7/1991, p. 52).
– Antejuicio contra tres magistrados y un fiscal acusados de favorecer a “narcos”
(El País, 13/7/1991, p. 20).
– Un policía de Valencia y su hermano detenidos con tres kilos de cocaína
(Las Provincias, 20/8/1991, p. 33).
– Interior localiza seis redes de corrupción policial en otras tantas autonomías. Más de 20 agentes, sospechosos de narcotráfico, proxenetismo e irregularidades con extranjeros
(El País, 16/9/1991, p. 17).
– «Madres contra la droga» acusan a la policía y guardia civil de tráfico de estupefacientes
(Las Provincias, 15/10/1991, p. 6).
– La policía desmantela el laboratorio de heroína mis importante de España. Un ex guardia civil actuaba como asesor financiero de la banda
(Las Provincias, 24/10/1991, p. 16).
– [Pablo] Castellano: “Hay complicidad de funcionarios en el tráfico de drogas”
(Las Provincias, 26/10/1991, p. 9).
– Detenidos cuatro guardias civiles en Canarias por presunto tráfico de drogas
(El País, 7/11/1991, p. 16).

1992
– En prisión el alcalde de Almayate por tráfico de drogas
(Mediterráneo, 10/2/1992, p. 22).
– Ingresa en Fontcalent un policía detenido en Alicante por tráfico de droga
(El País, 10/3/1992, Com. Val., p. 1).
– La policía desmantela otro laboratorio de cocaína en Cullera y arresta a un agente. El funcionario de la jefatura de Valencia está acusado de colaborar con los narcotraficantes
(Levante, 17/3/1992, p.22).
– El ex diputado socialista Jose Luis Torner detenido en Ayora por tráfico de drogas
(Las Provincias, 24/4/1992, p. 40).
– Detienen a un alcalde por tráfico de drogas
(Levante, 18/4/1992, p. 14).
– Detenido un teniente de la Guardia Civil en Cádiz por narcotráfico
(El País, 24/4/1992. p. 20).
15 detenidos, tres de ellos guardias civiles, por su implicación en una red de hachís de la Mafia
(El País, 25/4/1992, p. 15).
– De guardacoches a “narcomillonario”. La captura del presunto mafioso que sobornó a guardias civiles no ha extrañado en Sevilla
(El País, 27/4/1992. p. 20).
– Arrestados otros dos guardias civiles vinculados a la red de droga de Cádiz
(El País, 29/4/1992, p. 14).
– Detenida en Eibar la mujer de un guardia civil por tráfico de heroína
(El País, 14/5/1992, p. 16).
– Cocaína en la cárcel [de Fontcalent]
(El País, 10/7/1992, p. 22).
– Detenidos dos policías de Castellón acusados de tráfico de droga
(Mediterráneo, 15/7/1992. p. 7).
– Un acusado de homicidio denuncia a 5 guardias por tráfico de drogas
(Levante, 2/9/1992, p. 18).
– Detenido un guardia civil en una operación contra una red que traficaba con hachís
(El País, 30/9/1992, p. 18).
– Un capo de la red de cocaína huye tras recibir un “chivatazo” de una persona relacionada con Interior
(El País, 2/10/1992, p. 23).
– Funcionarios de Aduanas y policías, implicados en una red de tráfico de drogas
(El País, 2/10/1992, p. 23).
– [El “arrepentido”] Portabales dice que Oubiña compró cocaína a la policía
(Las Provincias, 14/10/1992, p. 8).
– Funcionarios de aduanas declaran que les ordenaron no registrar la “pasteurizadora” donde estaba la cocaína
(Las Provincias, 15/10/1992, p. 46).
– Detenidos en Andalucía 40 presuntos “narcos”, entre ellos seis agentes y un torero
(El País, 24/10/1992, p. 15).
– El fiscal pide 20 años para un policía que cambió un kilo de cocaína pura por otra peor
(El País, 29/10/1992 p. 21).
– Cuatro policías antidroga de Sevilla, detenidos tras una operación de la “Brigada Anticorrupción”. Entre los funcionarios arrestados figuran dos inspectores jefe
(El País, 30/10/1992, p. 20).
– [El juez] Garzón detiene a un policía de Ceuta que presuntamente alertó a un “narco” de la operación “Green Ice”
(El País, 30/10/1992, p. 20).
– Dos confidentes introducen 500 kilos de coca en España
(Cambio16, 2/11/1992, p. 38).
– Los narcos sobornaron a funcionarios para destruir pruebas clave
(Tiempo de Hoy, 9/11/1992, p. 68).
– Detenido un responsable de la lucha antidroga de la Guardia Civil por pagar con cocaína a confidentes
(El País, 13/12/1992, p. 15).
– Ordenada la detención de cinco guardias más por pagar con cocaína a confidentes. El comandante Pindado, acusado de provocar entregas de droga
(El País, 14/12/1992, p. 24).
– El juez Garzón registra la dirección de la Guardia Civil para reunir pruebas contra agentes corruptos. Detenidas o encarceladas 12 personas, entre ellas el comandante jefe de la unidad anti-droga
(El País, 15/12/1992, p. 13).
– Garzón investiga a los guardias civiles antidroga por montar pruebas falsas incluso contra sus compañeros. La Audiencia Nacional ha ordenado ya la detención de la mitad de los agentes del grupo
(El País, 16/12/1992, p. 17).
– Un grupo antidroga de la Guardia Civil gestionó la entrada de varios alijos
(El País, 17/12/1992, p. 17).
– Garzón busca droga en la sede de la Guardia Civil. En la Dirección General hubo una caja con estupefacientes que “desapareció” desde que comenzó la investigación
(Levante, 18/12/1992, p. 11).
– Un juez investiga por narcotráfico a guardias civiles de San Sebastián
(El País, 20/12/1992, p.22).
– Un guardia civil dio a un “camello” 4,5 kilos de cocaína para su venta
(El País, 22/12/1992, p.15).
– Ingresa en prisión un teniente coronel de la Guardia Civil, segundo jefe del servicio antidroga. El juez Garzón acusa a Francisco Quintero de tráfico de estupefacientes
(El País, 23/12/1992, p.17).
– Un policía nacional de Gijón, detenido como presunto traficante
(El País, 23/12/1992, p.17).
– Garzón cita como inculpado a un capitán de la Guardia Civil por pagos con droga
(El País, 28/12/1992, p.15).
– Un comandante de la Guardia Civil de Guipúzcoa, citado a declarar por presunta implicación en el narcotráfico
(El País, 30/12/1992, p.17).

1993
– Guardias civiles detenidos por Garzón admiten que introdujeron 100 kilos de cocaína en España. El teniente coronel Quintero asume ante el juez que pagó con kilos de droga a sus confidentes
(El País, 3/1/1993, p. 15).
– Guardias detenidos por Garzón revelan que el desvío de droga empezó bajo mandato del coronel Ayuso. El ex responsable antidroga justificó las irregularidades por «necesidad de dinero»
(El País, 4/1/1993, p. 13).
– Detenido un policía de Rubí por dirigir una red de «narcos»
(La Vanguardia, 8/1/1993, p. 18).
– Una sobrina de Roldán [director general de la Guardia Civil] fue detenida con heroína y liberada sin cargos
(Tiempo de Hoy, 18/1/1993, p. 40).
– La Policía también paga con cocaína
(Cambio16, 18/1/1993, p. 8).
– Dos confidentes y un sargento de la Guardia Civil admiten que los altos mandos conocían los pagos con droga
(El País, 19/1/1993, p. 13).
– El coronel Ayuso admite que dejó libre a una traficante tras pedírselo la policía
(El País, 20/1/1993, p. 17).
– Garzón sospecha que un capitán de la Ucifa falsificó un atestado. Se requisaron 3 kilos de droga con la que se pagó a confidentes
(Levante, 26/1/1993, p. 14).
– Garzón procesa al comandante Pindado por ordenar importaciones de droga
(El País, 17/2/1993, p. 19).
– “Informe Semanal” compró heroína para que un “yonqui” fuera filmado mientras se pinchaba. El drogadicto exigió a TVE que le diera cinco gramos si querían grabarle
(El Mundo, 20/2/1993, p. 61).
– Orden de prisión para dos policías por pagar con droga a confidentes
(El País, 20/2/1993, p. 16).
– El coronel Ayuso implicado en un nuevo caso de pago con droga a confidentes
(Interviú, 1-7/3/1993, pp. 4,5).
– El ‘informe Navajas’, caso “maldito”. Una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa, investigados por narcotráfico
(9-10/4/1993, p. 14).
– [El juez] Bueren advierte de peligrosas relaciones entre abogados y narcotraficantes
(El País, 27/6/1993, p. 23).
– Un policía, condenado en San Sebastián a 12 años por narcotráfico
(El País, 7/7/1993, p.20).
– La Guardia Civil pagó 10 millones a un confidente a cambio de información. Además desaparecieron 38 kilos de cocaína
(Levante de Castellón, 7/7/1993, p. 23).
– Un fiscal antidroga denuncia que todavía hay bancos que permiten el blanqueo de dinero
(El País, 17/5/1993, p. 22).
– Sorprendidos en Denia con “coca” dos [policías] municipales de Carcagente
(Las Provincias, 28/8/1993, p. 28).
– Un policía, acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes que poseía un laboratorio de cocaína
(El País, 8/9/1993, Com. Val., p. 1).
– Un policía destinado en Valencia detenido con 75 kilos de hachís
(Las Provincias, 28/9/1993, p. 40).
– La cocaína que vino en la Sudamericana de Vapores. Todos en Valencia —agentes, fiscales y aduaneros— conocían al detalle las circunstancias de la operación
(El País, 9/10/1993, Com Val., p.2).
– [El “narcotraficante” Laureano] Oubiña dice que un coronel de la Guardia Civil pretendió trabajar para él
(El País, 21/10/1993, p. 26).
– Un guardia gasta el dinero de las multas en droga
(Levante, 26/10/1993, p. 21).
– Detenido un policía y aprehendidos 379 kilos de cocaína en Tenerife
(Las Provincias, 28/11/1993, p. 21).
– Condenado a seis años de prisión un policía arrepentido de traficar con droga
(El País, 1/12/1993, Com. Val., p. 2).
– Roldán alega que utilizó fondos reservados para las fianzas de los procesados en el “caso UCIFA”
(El Mundo, 14/12/1993, p. 7).
– Ratificado el procesamiento del ex jefe de la unidad anti-droga de la Guardia Civil. Pindado, acusado de narcotráfico
(El País, 28/12/1993. p. 19).

1994
– Bueren advierte que los “narcos” intentan corromper al poder en España
(Las Provincias, 5/2/1994, p.7).
– Vigilancia Aduanera descubre 7.000 millones del blanqueo de la droga. Declaran 50 personas, entre ellas banqueros y empresarios
(El País, 3/3/1994, p. 19).
– El acusador de la Operación Mago compara a Galicia con Sicilia. La fiscalía advierte que el dinero de la droga pretende infiltrarse en la política
(El País, 23/3/1994, p.1).
– El jefe de la Brigada antidroga de Vitoria ingresa en la cárcel por posesión de cocaína
(El Mundo, 16/4/1994, p. 55).
– Cuatro guardias civiles y tres policías son detenidos por tráfico de drogas en Córdoba. Facilitaban el trabajo a los narcotraficantes a cambio de información
(El Mundo, 1/5/1994. p. 27).
– Disuelto el grupo antidroga de Vitoria al comprobarse que intentaba abortar una investigación interna por cuatro acusaciones judiciales contra su jefe
(El País, 16/5/1994, p. 24).
– La Audiencia [de Valencia] condena a un guardia civil que consumió cocaína incautada en un control
(Levante, 26/5/1994, p. 26).
– Detenidos Miñanco y dos funcionarios por presunto tráfico de drogas en la cárcel
(El País, 4/6/1994, p. 23).
– Un policía se quedó hachís de un alijo
(Mediterráneo, 19/6/1994. p. 54).
– El alcalde de Teulada expedienta al policía detenido con cocaína
(Levante. 6/7/1994. p. 21).
– El tribunal condena a un guardia civil por soborno en Guipúzcoa. Pagó al jefe antidroga para que no vigilara
(Levante, 7/7/1994. p. 20).
– El concejal Cotino [del Ayuntamiento de Valencia] investiga a un policía local por presunto tráfico de drogas
(El País, 7/9/1994. Com. Val., p. 1).
– Detenidos dos policías en Barcelona por su vinculación a una red de narcotráfico
(El País, 28/9/1994, p. 20).
– Un policía vendía droga vestido de uniforme
(Levante de Castellón, 9/10/1994, p. 17).
– La fiscalía pide entre 15 y 6 años de cárcel para 10 guardias civiles implicados en el tráfico de drogas
(El País, 29/10/1994, p. 15).
– 20 detenidos en una redada tras la incautación de 150 kilos de cocaína. Entre los implicados se encuentra un inspector jefe de Torremolinos
(El País, 9/11/1994, p. 18).
– Desarticulada una banda de ocho “narcos” protegida por un policía
(El País, 10/11/1994, p. 30).
– Un juez cordobés procesa por narcotráfico a seis policías y cuatro guardias civiles
(Las Provincias, 19/11/1994, p. 16).
– Detenidos dos policías por robar 14 kilos de coca del interior de la comisaria de Tenerife
(Las Provincias, 27/11/1994, p. 22).

1995
– Denuncian la desaparición del informe que implicaba a Galindo [coronel de la Guardia Civil] en el narcotráfico. Piden prisión para 3 ex fiscales generales del Estado
(El Mundo, 6/4/1995, p. 18).
– 6 grupos mafiosos logran reorganizar el narcotráfico en la Ría de Arosa. Un alcalde y un concejal del PP, hombres de confianza de uno de los clanes
(El Mundo, 29/4/1995, p. 1).
– EL MUNDO recoge las impresiones de un «peón» del narcotráfico: «Esto no se acaba, hay tanta gente dentro, tantos intereses, tanto dinero que no quieren que se acabe… La fiscalía, la Guardia Civil, policías, todos se venden, las embajadas también»
(El Mundo, 1/5/1995, p.49).
– El PNV tiene «sospechas razonables» e «indicios claros» de que siguen existiendo «complicidades» entre clanes de narcotraficantes y contrabandistas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco, como las denunciadas en 1989 por el fiscal jefe de San Sebastián en el llamado informe Navajas, según dijo ayer en el Congreso el diputado Juan José González de Txabarri al fiscal general del Estado, Carlos Granados
(El País, 19/5/1995, p. 30).
– Juzgado un guardia civil que avisó a su cuñado de una operación antidroga en Manises
(El País, 19/5/1995, Com. Val., p. 8).
– Presentada una querella contra el coronel Galindo por el presunto tráfico de drogas en Intxaurrondo
(Las Provincias, 25/5/1995, p. 10).
– Los GAL tenían licencia para traficar con drogas. Los mercenarios antietarras contaban con la complicidad de guardias civiles para el libre paso de fronteras
(Interviú, 29/5-4/6/1995, p. 20).
– El jefe de escuchas del CESID fue cesado para proteger a un político. A través de las grabaciones descubrió la estrecha relación de un personaje próximo al Gobierno con el narcotráfico
(El Mundo, 15/6/1995, p. 1).
– Cinco redes han controlado la droga en Euskadi, según un informe reservado de la Guardia Civil. José María Santamaría y Lorenzo Olarte, asesinados por ETA, aparecen conectados con casi todas. El documento cita a Galindo [coronel de la Guardia Civil] y señala connivencias con Policía y Ertzaintza
(El Mundo, 6/7/1995, p.16).
– Según un confidente […] Un comando de ETA utilizó para huir un barco que se usaba para el narcotráfico en Euskadi. Este informador sugiere que [el coronel de la Guardia Civil] Galindo es «socio» de un contrabandista y un narcotraficante
(El Mundo, 7/7/1995, p. 16).
– El [comandante de la Guardia civil Máximo Blanco López] “número dos” de Galindo hasta 1993 pidió dos millones a un supuesto traficante
(El País, 9/7/1995, p. 18).
– La Guardia Civil pagó operaciones anti-ETA con contrabando, según el ex mando de Intxaurrondo
(El País, 9/7/1995, p. 19).
– El GAL Gastón blanquea el dinero procedente de la droga
(Interviú, 24-30/7/1995, pp. 12-14).
– El Supremo dice que tres ex fiscales del Estado no ocultaron el “informe Navajas”. En ese documento se relacionaba a guardias civiles con el narcotráfico
(El Mundo, 27/7/1995, p. 11).
– Un guardia civil, condenado por dejar entrar 21.000 kilos de hachís
(Las Provincias, 30/7/1995, p. 12).
– 29 años de prisión en total para dos guardias civiles por narcotráfico
(El País, 30/7/1995, p.18).
– Absuelto un ex guardia civil que cultivaba cannabis por “sus cualidades curativas”
(El País, 29/9/1995, Com. Val., p. 7).
– Detenidos 3 militares por tráfico de hachís. Junto a otras cuatro personas, introdujeron 1.400 kilos del estupefaciente en España
(Levante, 2/10/1995, p. 12).
– Un centenar de policías sancionados por actos delictivos. En un año se ha expedientado a agentes involucrados en tráfico de drogas, atracos, asesinatos, delitos sexuales y corrupción económica
(El Mundo, 17/8/1995, p. 18).
– EL GAL se financió con dinero del narcotráfico
(Interviú, 28/8-3/9/1995, pp.6-9).
– El gobernador de Alicante entorpeció la labor policial tras el hallazgo de un alijo de droga. Reconoció que alertó a los traficantes, quienes se dieron a la fuga
(Las Provincias, 22/9/1995. p. 38).
– El fiscal antidroga pide 2.000 millones de multa al BBV por blanqueo
(El País, 18/10/1995, p.24).
– Garzón procesa a varios policías por su relación con una banda de “narcos”
(Las Provincias, 18/10/1995, p. 14).
– Admitida una querella contra el general Galindo [de la Guardia Civil] por narcotráfico
(El País, 19/10/1995. p. 20).
– Detenidos en las Palmas dos policías acusados de tráfico de estupefacientes. Los funcionarios estaban asignados a la custodia de detenidos
(Las Provincias, 24/10/1995, p. 16).
– Un policía [español] y un parado, detenidos en Río [de Janeiro] con siete kilos de cocaína
(Las Provincias, 25/10/1995, p. 14).
– Carlos López Riaño, Delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas: “Hay jueces que quieren llevar los casos de narcotráfico para salir guapos en las fotos”
(Levante, 29/10/1995, p. 38).
– Dos guardias civiles condenados por tráfico de drogas
(Las Provincias, 30/11/1995, p.16).
– IU corrobora que Jesús Gil [alcalde de Marbella] se fotografía junto a narcotraficantes
(El Mundo, 9/12/1995, p. 14).

1996
Un policía local de Valencia ha sido detenido con cuatro kilos de cocaína (Las Provincias, 25/2/1996, p. 48).
Detenido un guardia civil con 17 kilos de hachís en un turismo (Las Provincias, 8/3/1996, p. 18).
Desmantelan una red de «narcos» formada por guardias civiles. Siete personas, entre las que se encuentran tres agentes, acusadas de introducir 120 kilos de cocaína (El Mundo, 13/3/1996, p. 53).
Políticos, guardias civiles, banqueros, empresarios, pescadores y campesinos forman parte de la mafia del narcotráfico que opera en la costa gaditana (Interviú, del 25-31/3/1996, pp. 14-18).
Dos hermanos policías, destinados en Alzira, son detenidos con alrededor de una tonelada de hachís (Las Provincias, 30/3/1996, p. 44).
Detienen a un dirigente de Convergència Democrática de Catalunya por presunto tráfico de drogas. Barberà, consejero del partido de Pujol, fue arrestado con dos personas más y les hallaron dos kilos de cocaína (El Mundo, 12/4/1996, p. 20).
Un tribunal libera al ‘cerebro’ de una red de narcotraficantes con una fianza de un millón (El País, 18/4/1996, p. 23).
Un guardia civil es detenido por permitir el tráfico de droga (Las Provincias, 27/4/1996, p. 18).
Un guardia civil, condenado por tráfico de drogas (Las Provincias, 11/5/1996, p. 16).
Guardia civil detenido en Valencia por tráfico de droga (Las Provincias, 9/6/1996, p. 54).
Un guardia civil, un militar y un miembro de Protección Civil, detenidos por tráfico de hachís. Los tres formaban parte de una banda que operaba en la costa de Barbate (El Mundo, 12/6/1996, p. 24).
Ex altos cargos de Aduanas estaban relacionados con el narcotráfico gallego (El País, 28/6/1996, p. 19).
Investigan si un alcalde del PP participó en una operación de ‘coca’ (El Mundo, 2/7/1996, p. 45).
Corrupción policial: Detenidos dos agentes en Zaragoza. Un inspector jefe y un agente, al permitir el tráfico de droga a cambio de información o de dinero y desbaratar redadas contra algunos vendedores (Las Provincias, 10/7/1996, p. 16).
Interior admite que los policías drogaron a los 103 inmigrantes y abre una investigación. Los sindicatos aseguran que la expulsión de africanos fue sufragada con fondos reservados (El País, 20/7/1996, p. 14).
Un policía figura entre los traficantes detenidos en Madrid por matar a un ‘camello’ (El País, 13/9/1996, p. 20).
Diez policías de Algeciras serán juzgados por robar alijos de droga y traficar (Las Provincias, 22/9/1996, p. 19).
Un «narco» implica ante el juez a guardias civiles y policías. Usaban un bufete de abogados como tapadera. El Juzgado ordena investigar a los agentes (El Mundo, 21/10/1996, p. 36).
El fiscal pide 12 años para el médico acusado de vender recetas a toxicómanos (El País, 22/10/1996, p. 31).
La trama financiera de los narcos, vinculada a la Cámara de Comercio [de Vilagarcía de Arousa] (El Mundo, 5/11/1996, p. 25).
Detenido un miembro del CESID en una operación antidrogas en Algeciras (El Mundo, 8/11/1996, p. 12).
Hallados 225 kilos de hachís ocultos en vehículos de la Legión en Albacete (El País, 27/11/1996, p. 24).
Un teniente de la Guardia Civil, condenado por tráfico de drogas. Dejaba entrar alijos de hachís por Cádiz (Las Provincias, 29/12/1996, p. 17).

1997
– El PSOE de Aragón estudia sancionar a un senador por consumo de drogas. Carlos Piquer, vinculado a la trama de corrupción policial de Zaragoza. En el sumario judicial figuran ya 23 imputados, diez de ellos policías
(El Mundo, 2/1/1997, p. 11).
La Policía investigó un presunto delito de tráfico de drogas en la cafetería de las Cortes de Aragón (Las Provincias, 10/1/1997, p. 7).
Un policía aparece muerto en un coche por sobredosis (Las Provincias, 14/1/1997, p. 15).
Un oficial de la Guardia Civil implica ante el juez al general Rodríguez Galindo en el narcotráfico (El Mundo, 24/1/1997, p. 7).
Incineran mil kilos de droga que contenía la cámara acorazada de Sanidad Exterior que no reventaron. La ley ordena su destrucción inmediata y parte del alijo fue aprehendida en 1989 (Las Provincias, 25/1/1997, p. 45).
Ayora: Detenido un dirigente del PSOE con cocaína (Las Provincias, 31/1/1997, p. 16).
Una jueza investiga a dos policías locales de Valencia por tráfico de estupefacientes (Levante, 2/2/1997, p. 19).
Tres guardias civiles detenidos en Marbella, acusados de pertenecer a una red dedicada al tráfico de hachís. Sus esposas también fueron arrestadas, tras la incautación de 2.350 kilos de droga (Las Provincias, 6/2/1997, p. 14).
Galindo tenía relación con «narcos», según declaran dos agentes (El Mundo, 15/2/1997, p. 13).
Tres años de cárcel para un guardia civil que vendía drogas en el barrio del Carmen [de Valencia]. “Trabajaba” con un menor, hijo de un compañero del Cuerpo (Las Provincias, 18/2/1997, p. 42).
Barcelona: Piden 13 años de prisión para el médico de la cárcel por tráfico de drogas (Las Provincias, 21/2/1997, p. 15).
Un policía dirigía una banda de traficantes de drogas (Las Provincias, 27/2/1997, p. 15).
Málaga: Tres policías antinarcóticos son condenados por tráfico de drogas (Las Provincias, 4/3/1997, p. 15).
Detenido un guardia civil acusado de llevar más de mil pastillas de «éxtasis» en Valencia (Levante, 7/3/1997, p. 17).
Un guardia dice que por falta de dinero daban droga a los confidentes (El Mundo, 15/3/1997, p. 15).
El edil del PP detenido por narcotráfico trabajaba para una red internacional (El País, 4/4/1997, p. 23).
Ucifa: [Luis] Roldán sabía que se pagaba con drogas “desde la primera comunión” (Las Provincias, 1/5/1997, p. 7).
Un coronel amenazó a un teniente coronel con meterle un kilo de coca en el coche (Levante, 26/4/1997, p. 35).
Detenido un médico por recetar barbitúricos a drogadictos (El País, 8/5/1997, p. 27).
Vera y Corcuera declaran que Garzón y Roldán “pactaron” el ‘caso Ucifa’ (El País, 22/5/1997, p. 24).
Detenido un policía por permitir el tráfico de drogas (Las Provincias, 31/5/1997, p. 15).
Dos ediles de Vélez-Málaga acaban a golpes después de que uno de ellos insinuara al otro que consume cocaína (Levante de Castellón, 1/6/1997, p. 48).
Un funcionario estará 6 meses en la cárcel por introducir droga (Mediterráneo, 10/6/1997, p. 11).
Confidente de [Baltasar] Garzón y jefe de una banda de narcotraficantes (Interviú, 1-7/9/1997, pp. 28-31).
Cuatro policías de Madrid, investigados por supuesto robo de droga decomisada (El País, 18/9/1997, p. 23).
Duras penas de cárcel a jefes de la Guardia Civil por tráfico de drogas. Los guardias del ‘caso Ucifa’ formaron una organización de ‘narcos’, según la sentencia. Guardias civiles de la Ucifa promovían entregas de droga para detener a ‘narcos’ (El País, 4/10/1997, pp. 1 y 15-16).
Un valenciano, ex gobernador civil con UCD, detenido en Madrid por su implicación en tráfico de cocaína. Vicente Segrelles Chillida está relacionado con un alijo de 1.675 kilos de droga (Las Provincias, 7/10/1997, p. 14).
[Alfonso] Guerra acusa al PP gallego de tener compromisos con el narcotráfico (El País, 9/10/1997, p. 21).
Detienen a un ex concejal socialista por tráfico de hachís (Las Provincias, 10/10/1997, p. 6).
Cinco policías y cuatro guardias civiles de Córdoba, procesados por narcotráfico (El País, 5/11/1997, p. 23).
El jefe de la Guardia Civil de Algeciras dice que en su unidad hay corrupción (El País, 15/11/1977, p. 24).
El Tribunal Supremo condena a un médico que recetaba droga a cambio de dinero (Las Provincias, 17/11/1997, p. 14).

1998
– Absueltos de narcotráfico por haber sido víctimas de un montaje policial
(El País, 16/1/1998, p. 18).
Libres cinco «narcos» porque la policía vulneró su identidad (El Mundo, 5/2/1998, p. 24).
Cuatro guardias civiles, detenidos en Tarifa y Algeciras por narcotráfico. Dos de los agentes pertenecían al Grupo de Investigación Fiscal Antidrogas (El País, 19/2/1998, p. 23).
Detenidos cuatro guardias civiles por su implicación en una red de narcotráfico. Colaboraban con el tráfico de hachís entre África y Andalucía (Las Provincias, 19/2/1998, p. 13).
Detenido un guardia civil por presunto tráfico de drogas. Investigan su patrimonio y su supuesta relación con una red de narcotraficantes (Las Provincias, 19/2/1998, p. 39).
Ingresa en prisión uno de los cuatro guardias civiles detenidos por narcotráfico (El País, 20/2/1998, p. 4).
Encarcelado uno de los guardias civiles acusados de narcotráfico (Las Provincias, 20/2/1998, p. 16).
El guardia civil detenido por presunto tráfico de drogas tiene abiertos varios expedientes disciplinarios (Las Provincias, 20/2/1998, p. 49).
José Pantojo, Jefe de la Guardia Civil de Andalucía: Es poco realista decir ‘en mi unidad no hay ningún corrupto’ (El País, 22/2/1998, p. 24).
Piden penas de cárcel para tres policías que pagaron con droga a un confidente (Las Provincias, 11/3/1998, p. 15).
Detenido un guardia civil, ya suspendido, con 8 kilos de cocaína (El País, 2/4/1998, Com. Val., p. 5).
El fiscal pide 44 años de cárcel para dos guardias civiles por narcotráfico (El País, 18/4/1998, p. 24).
Un sicario dispara a la cabeza a un ex policía implicado en narcotráfico (El País, 13/5/1998, p. 26).
Málaga: Detienen a tres policías por su implicación en tráfico de drogas (Las Provincias, 30/5/1998, p. 18).
Detenido el jefe de un grupo de estupefacientes de la policía en Málaga (El Mundo, 30/5/1998, p. 31).
Un senador relaciona al Gobierno de Melilla con el narcotráfico. Aurel Sava Garcerán (PP) insinúa que varios de los socios del Ejecutivo se financian con «dinero sucio» (El Mundo, 4/6/1998, p. 18).
Un concejal del PP de Salamanca, detenido por presunto tráfico de drogas (El País, 12/7/1998, p. 24).
Investigan a un conocido abogado por blanqueo de dinero del narco (Las Provincias, 29/7/1998, p. 3).
Detenidos dos guardias civiles con 10 kilos de hachís (Las Provincias, 3/9/1998, p. 15).
Un alijo de cocaína enfrenta a los Mossos [d’Esquadra] con la Guardia Civil (El País, 5/9/1998, p. 22).
Mafias y Estados son cómplices, según el Observatorio de la Droga. El crimen organizado se alía con esferas “cada vez más altas” (El País, 16/10/1998, p. 40).
Arrestados ocho policías y 13 guardias civiles por tráfico de drogas en 1998 (Las Provincias, 8/11/1998, p. 20).
Imputados cinco policías por una operación antidroga irregular (Las Provincias, 8/11/1998, p. 20).
Encarcelada una ex concejala de Elda que fue detenida con 1,4 kilos de cocaína (Las Provincias, 12/11/1998, p. 51).

1999
– Córdoba: Un ex policía asesina a su esposa e intenta después suicidarse con heroína. El ex policía había sido ya detenido en seis ocasiones por tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y amenazas
(Las Provincias, 13/1/1999, p. 16).
El Supremo confirma la condena a los mandos del «caso Ucifa». Deberán ingresar en prisión por pagar con droga a sus confidentes (El Mundo, 21/1/1999, p. 12).
Caso Ucifa: El Tribunal Supremo considera que no están todos los que son (Las Provincias, 22/1/1999, p. 12).
Una funcionaria de la Audiencia Nacional dejó libres a diez ‘narcos’ tras falsificar la firma del juez (El País, 22/1/1999, p. 26).
Un funcionario, sospechoso de cobrar 15 millones por dejar huir a un ‘narco’. Un ‘pinchazo’ delató al trabajador de la cárcel de Madrid (El País, 8/2/1999, p. 24).
Málaga: Procesado el ex jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía por narcotráfico (Las Provincias, 13/2/1999, p. 20).
Detienen a un guardia civil y a un agente del SVA por narcotráfico (Las Provincias, 18/2/1999, p. 20).
Juzgan a unos traficantes liderados por dos ex policías (Las Provincias, 16/3/1999, p. 20).
Procesados un comisario y dos mandos policiales de Málaga por narcotráfico (El País, 1/5/1999, p. 24).
Cotino [director general de la Policía] ordena en persona la suspensión en funciones de un policía detenido con hachís. El agente llevaba un alijo de droga a Madrid (El País, 4/6/1999, p. 30).
Procesan a un comisario de Las Palmas por narcotráfico. El policía dirigía una banda que vendía cocaína (Levante de Castellón, 18/6/1999, p. 95).
Un sindicato policial critica a la Guardia Civil por abortar una operación antidroga (El País, 19/6/1999, p. 30).
Detienen a un empleado de Sanidad Exterior por quedarse con parte de un alijo de droga incautado (Las Provincias, 1/7/1999, p. 21).
Encarcelado por supuesto narcotráfico un teniente coronel que fue ‘número tres’ del general Galindo [de la Guardia Civil]. Blanco mandó hasta 1992 los servicios antidroga del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (El País, 4/8/1999 p. 15).
Detenido un guardia civil con dos kilos de cocaína (El Mundo, 4/8/1999, p. 6).
El teniente coronel detenido recibió 1,6 millones procedentes del narcotráfico. Esperaba un nuevo ingreso en su cuenta para esta semana (Las Provincias, 5/8/1999, p. 4).
Los responsables del “caso UCIFA” se encuentran en libertad desde agosto. Sólo han cumplido un año de los ocho de condena (Las Provincias, 6/9/1999, p. 7).
Un juez militar pone en semilibertad a los tres jefes del ‘caso Ucifa’. Los tres oficiales sólo han pasado siete meses en prisión (El País, 6/9/1999, p. 22).
Un condenado implica a guardias de Intxaurrondo en narcotráfico (Las Provincias, 25/9/1999, p. 6).
Detenido un guardia civil con cocaína, hachís y un arma ilegal (El País, 5/10/1999, Com. Val., p. 5).
La policía escenificó una detención para divulgar una operación antidroga a través de la televisión. El vídeo se distribuyó a los medios de comunicación sin advertir que era una recreación (El País, 17/11/1999, p. 33).
Detenido en Brasil un cura con kilos de cocaína bajo la sotana (El País, 29/11/1999, p. 42).
Acusan a un guardia civil de colaborar con narcotraficantes (Las Provincias, 1/12/1999, p. 16).
Sito Miñanco, acusado de dirigir un desembarco de droga desde prisión (El País, 9/12/1999, p. 37).
Uno de los detenidos tras el secuestro de un traficante [de drogas] es policía local y preside una ONG. La retención ilegal tenía su origen en una partida de éxtasis valorada en ocho millones (Levante de Castellón, 30/12/1999, p. 14).
El policía implicado en la red de traficantes [de cocaína] está en libertad con cargos y de vacaciones (El País, 30/12/1999, Com. Val., p. 6).

2000
Detienen por narcotráfico a un sargento de la Guardia Civil que investigó el secuestro de Olot (Las Provincias, 29/1/2000, p. 15).
Investigado un guardia civil por tráfico de droga (El País, 6/2/2000, p. 28).
Siete detenidos, entre ellos un policía, por tráfico de drogas (Las Provincias, 13/2/2000, p. 18).
Detenido en Ceuta un policía nacional que tenía en su poder 40 kilos de hachís (El País, 13/2/2000, p. 34).
Un sargento de la Guardia Civil es detenido con siete kilos de cocaína (Las Provincias, 29/2/2000, p. 18).
Arrestan en Barcelona a un sargento de la Guardia Civil por tráfico de drogas. Detienen también a su mujer y su hija tras intervenirles 7 kilos de cocaína (Levante de Castellón, 29/2/2000, p. 18).
La Audiencia Provincial juzga a siete policías nacionales de la comisaría de Alzira por traficar con mil kilos de hachís (Levante de Castellón, 6/3/2000, p. 18).
Algeciras: detienen a un policía con 40 kilos de hachís (Las Provincias, 7/3/2000, p. 18).
Un observatorio europeo califica a España de “portaaviones de las drogas” en Europa. Las redes de ‘narcos’, afirma, disponen de informadores en la policía y el aparato judicial (El País, 21/4/2000, p. 14).
Dos guardias civiles de Córdoba niegan haber pagado con droga a confidentes (El País, 6/5/2000, p. 27).
Juicio a un policía que ‘colocó’ una bola de hachís a un detenido. La vista por la denuncia falsa del agente ha tardado 14 años en hacerse (El Periódico de Catalunya, 10/5/, p. 28).
Inhabilitado dos años el policía que ‘colocó’ hachís a un detenido por venganza. La Audiencia [de Barcelona] califica al agente de indigno (El Periódico de Catalunya, 17/5/2000, p. 22).
Condenan a una banda de narcotraficantes que estaba dirigida por un guardia civil. La organización introducía en España hachís procedente de Marruecos a través de la costa de Cádiz (Estrella Digital, 17/5/2000).
El Poder Judicial investigará al juez Ruiz Polanco por liberar a un presunto ‘narco’ (El País, 24/6/2000, p. 27).
Retiran del servicio a un Guardia Civil que consumía hachís (Las Provincias, 14/8/2000, p. 10).
Detenidos tres guardias civiles por su implicación en el tráfico de cocaína (El País, 17/8/2000, p. 16).
Detenido un guardia civil de Almería por colaborar con una red de narcotráfico. Supuestamente informaba sobre vigilancia costera (El País, 29/9/2000, p. 34).
Detenido un empleado de Aduanas en una operación antidroga en Andalucía (El País, 18/10/2000, p. 32).
Detenidos tres policías locales por sustraer parte de un alijo de hachís. El Ayuntamiento de Almuñécar decide apartarlos del servicio (El País, 27/10/2000, p. 31).

2001
– El teniente coronel Masa, detenido en Valencia acusado de narcotráfico. El guardia civil está procesado por su implicación en el ‘caso Brouard’
(El País, 22/1/2001, p. 27).
Confiscan un alijo de coca en La Costera y detienen al ex teniente coronel Masa (Las Provincias, 22/1/2001, p. 26).
El teniente coronel Masa fue apresado en La Costera junto a otras cuatro personas con 100 kilos de cocaína (El País, 23/1/2001, Com. Val., p. 4).
El teniente coronel Masa ingresa en la prisión de Alcalá por narcotráfico (El País, 24/1/2001, p. 27).
Condenado un policía nacional a cinco años de prisión por tráfico de mil kilos de hachís (Levante Digital, 14/2/2001).
Prisión para un policía nacional por transportar 1.000 kilos de hachís (Las Provincias, 21/2/2001, p. ¿?).
Un juicio revela el robo de 98 kilos de droga incautada en acciones policiales. Un empleado de Sanidad Exterior reconoce que se apoderó de hachís (Las Provincias, 27/2/2001, p. ¿?).
Un guardia civil se enfrenta a tres años de cárcel por narcotráfico (El País, 14/3/2001, Com.Val., p. 5).
Piden cuatro años de cárcel para un agente [de la Guardia Civil] por quedarse droga (Las Provincias, 15/3/2001, p. 31).
Pena de 3 años para un funcionario por robar droga (El País, 17/3/2001, Com. Val., p. 5).
Imponen 3,5 años a un funcionario de Farmacia por robar hachís decomisado (Levante, 17/3/2001, p. 26).
Alto funcionario detenido por drogas (Levante, 25/3/2001, p. 34).
Desaparecen 225 kilos de hachís que la Delegación del Gobierno [en Navarra] tenía en Imárcoain. La Guardia Civil investiga desde el viernes el posible robo de la droga (Diario de Navarra, 4/6/2001, p. 88).
El robo de hachís descubre lagunas en la custodia de la droga incautada en Navarra. El delegado del Gobierno anuncia que se estudiarán las medidas de seguridad (Diario de Navarra, 6/6/2001, p. 30).
El ministro del Interior deberá aclarar la desaparición de hachís. Varios partidos piden que Rajoy comparezca en el Congreso (Diario de Navarra, 8/6/2001, p. 31).
Rajoy se remite a la investigación para explicar el robo de 225 kilos de hachís. El ministro del Interior compareció en el Congreso a petición de PSN (Diario de Navarra, 21/6/2001, p. 32).
Robles no aporta datos nuevos del robo de 225 kilos de hachís. El titular del plan sobre drogas compareció en el Congreso (Diario de Navarra, 30/6/2001, p. 26).
Detenidos cuatro guardias civiles vinculados a una red de narcotráfico. Los agentes, arrestados en Málaga y Sevilla, facilitaban información (El País, 3/8/2001, p. 16).
Arrestan a cuatro guardias civiles por traficar con hachís (Las Provincias, 3/8/2001, p. 26).
Detenido un cabo de la Guardia Civil con 1.500 kilos de hachís en Nerja. El agente fue arrestado por sus compañeros (El País, 31/8/2001, p. 15).
Borriol. Detienen al coordinador de la policía con marihuana. Debía vigilar una plantación que se halló en una finca (Levante de Castellón, 9/9/2001, p. 19).
Cinco guardias civiles, acusados de ayudar a huir a un narcotraficante (El País, 28/9/2001, p. 36).
Un edil del PP de Benidorm acusa a otro del PSPV de “esnifar” droga (El País, 29/9/2001, Com. Val., p. 1).
Detenidos tres guardias civiles por tráfico de drogas (Las Provincias, 20/10/2001, p. 26).
Arrestan a un guardia civil por matar a otro en un cuartel por un asunto de drogas (Levante de Castellón, 17/11/2001, p. 24).
Detenidos un guardia civil y tres aduaneros por un alijo de 3.000 kilos de hachís (El País, 29/11/2001, p. 29).
La Audiencia [Nacional] excarcela a un ‘narco’ cuyo juicio está previsto para el 14 de enero. La sombra del ‘caso Bardellino’. La Audiencia excarcela al enlace en España de dos carteles de la cocaína. Su juicio por introducir 10 toneladas de droga está previsto el 14 de enero (El País, 26/12/2001, pp. 1 y 24).
El Poder Judicial investiga la fuga de un ‘narco’ liberado por la Audiencia. Los jueces revocan el auto por el que dejaron libre a Carlos el Negro y ordenan su captura. Indignación en Galicia ante un “escándalo anunciado” (El País, 29/12/2001, pp. 1, 13 y 15).
La fuga del ‘narco’ escandaliza a jueces y políticos (El País, 30/12/2001, p. 18).
El C[onsejo] G[eneral del] P[oder] J[udicial] decide el jueves si descarta delito en la decisión de liberar al ‘narco’ fugado (El País, 31/12/2001, p. 20)

2002
– El Poder Judicial envía al fiscal el caso del ‘narco’ liberado por la Audiencia. Cardenal [fiscal general del Estado] investigará si los magistrados cometieron algún delito
(El País, 4/1/2002, pp. 1 y 15).
Otra traficante a la que el fiscal le pide 39 años, en libertad con un millón de fianza. Los mismos jueces que excarcelaron a ‘El Negro’ decretaron al día siguiente de constatar su fuga la salida de prisión de Virginia de los Ríos Millán, presunta ‘cajera’ del cartel de Cali (El Mundo, 10/1/2002, pp. 1 y 10).
– Cardenal acusa de prevaricación a los jueces que liberaron al presunto ‘narco’. Es la primera acusación del ministerio público contra toda una sección de la Audiencia Nacional. El fiscal pide a la Sala Segunda del Supremo que se tomen medidas cautelares para los tres jueces (El País, 11/1/2002, pp. 1 y 13).
– La Comisión Disciplinaria [del Consejo General del Poder Judicial] decide abrir diligencias informativas a los tres jueces (El País, 11/1/2002, p. 13).
– Querella del fiscal contra los jueces que liberaron al jefe de los ‘narcos’. Cardenal acusa a los magistrados de liberar al narco a sabiendas de su injusticia (El Mundo, 11/1/2002, pp. 1 y 8).
La Audiencia respalda unánimemente a los tres jueces que liberaron al supuesto ‘narco’. El fiscal general considera esa excarcelación “un fallo estrepitoso, inexplicable e irracional” (El País, 12/1/2002, pp. 1 y 13).
– El Poder Judicial estudia expedientar a los jueces que liberaron al ‘narco’. El Consejo podría suspender hoy a los tres magistrados (El País, 17/1/2002, p. 16).
– El Poder Judicial expedienta por falta muy grave a los magistrados que liberaron al ‘narco’ (El País, 18/1/2002, p. 17).
– El Supremo admite la querella contra los tres jueces que liberaron al ‘narco’. El Poder Judicial inicial el lunes la vía para suspender en sus funciones a los tres magistrados (El País, 19/1/2002, pp. 1 y 15).
– El Poder Judicial suspenderá hoy a los jueces que liberaron al ‘narco’ (El País, 6/2/2002, p. 15).
– El Poder Judicial Suspende por 12 votos contra 9 a los jueces que liberaron al ‘narco’. El CGPJ suspende por primera vez a un tribunal al completo (El País, 7/2/2002, pp. 1 y 13).
– Juzgan a un policía local [de Valencia] por encubrir el secuestro de un narco. El agente debía intermediar en el pago de diez mil éxtasis (Levante de Castellón, 13/2/2002, p. 16).
– En libertad siete miembros de una red, entre ellos un policía, acusada de blanquear dinero. El agente [del Cuerpo Nacional de Policía] fue detenido por tráfico de drogas y por dar información policial a la banda (Las Provincias, 16/2/2002, p. 15).
– El juez acusa de cohecho al psiquiatra que informó sobre Carlos el Negro. Suspenden por seis meses a los magistrados que liberaron al narco (Las Provincias, 22/2/2002, p. 32).
– La red de narcos ligada al policía blanqueó 10 millones de euros (Las Provincias, 25/2/2002, p. 11).
– El ministerio público pide que se procese a los tres jueces que dejaron libre a El Negro (El País, 26/2/2002, p. 15).
– El instructor propone suspender hasta tres años a los jueces de El Negro (El País, 27/2/2002, p. 20).
– El Supremo mantiene la suspensión de los jueces de El Negro. El fiscal encargado del caso reitera ante el instructor la petición de procesamiento (El País, 22/3/2002, p. 23).
– Los tres magistrados que liberaron al Negro deberán abandonar la Audiencia Nacional. El instructor pide para Ollero, Cezón y Ortega siete meses de suspensión (Las Provincias, 16/4/2002, p. 29).
– Un funcionario de prisiones dirigía una banda de narcos. El detenido en Lérida con 2,2 kilos de ‘speed’ es un sindicalista liberado (El Periódico de Catalunya, 11/5/2002, p. 46).
– El juez propone archivar la querella del fiscal contra los jueces que excarcelaron a El Negro (El País, 15/5/2002, p. 17).
– Recurso contra el archivo del proceso a los jueces que dejaron libre a El Negro (El País, 18/5/2002, p. 21).
– Investigados por narcotráfico dos policías de Alicante (El País, 13/6/2002, Com. Val., p. 5).
– El juez imputa al comisario y a 9 policías de Sanlúcar por omisión ante el narcotráfico (El País, 21/6/2002, p. 36).
– Policías de Sanlúcar comerciaban con ‘narcos’ (El País, 23/6/2002, p. 22).
– Absuelto un guardia civil a que se le incautó droga (El Mundo, 15/7/2002, p. 19).
– El Poder Judicial suspende temporalmente a los tres jueces que excarcelaron a El Negro. Cezón y López, suspendidos 7 y 6 meses, pierden su destino en la Audiencia Nacional (Levante de Castellón, 30/7/2002, p. 28).
– Un juez acusa a fiscales de Cádiz de entorpecer una investigación [por supuestos delitos de narcotráfico] (El País, 6/8/2002, p. 17).
– Detenido un inspector de la Policía Nacional por tráfico de drogas. El agente trabajaba en Seguridad Ciudadana (El País, 10/8/2002, Com. Val., pp. 1 y 3).
– Procesados 15 ‘mossos’ [d’Esquadra] por forzar operaciones de tráfico de drogas (El País, 17/8/2002, p. 13).
– Detenidos en Galicia un guardia civil y su esposa por un alijo de 30 kilos de ‘coca’ (El País, 17/9/2002, p. 24).
– Arrestado un miembro de Protección Civil por tráfico de drogas (Mediterráneo, 19/9/2002, p. 24).
– La Guardia Civil se incauta de 1.680 kilos de hachís en Algeciras. Los agentes detienen a un vigilante portuario y a un marroquí (Las Provincias, 21/9/2002, p. 32).
– Condenan a dos guardias civiles por traficar con éxtasis y cocaína. Los dos agentes se enfrentan a 18 años de cárcel por introducir 50 kilos de droga en Madrid desde Colombia (Mediterráneo, 29/9/2002, p. 28).
– Detienen a dos policías [en Málaga] por tráfico de drogas (Las Provincias, 12/10/2002, p. 32).
– Cinco años de cárcel para el ex alcalde [socialista] de Estepona por blanquear dinero de narcos (Las Provincias, 23/10/2002, p. 35).
– El teniente coronel Masa
[de la Guardia Civil], condenado a 11 años de cárcel por tráfico de cocaína (El País, 26/10/2002, p. 28).
– Condenado un policía nacional de Ceuta por tráfico de hachís (El País, 27/10/2002, p. 27).
– Guerra contra el ‘cartel de Cádiz’. Presiones ocultas y actuaciones sospechosas ponen en peligro una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en España (El País, 10/11/02, p. 22).
– La Guardia Civil de Melilla halla 760 kilos de hachís en un camión militar que iba a Almería. El vehículo, destinado a unas maniobras, llevaba 48 horas aparcado en el puerto (El País, 19/11/02, pp. 1 y 26).
Defensa prorroga su contrato a un soldado procesado y en prisión por narcotráfico (El País, 27/11/2002, p. 27).
– Detenido el consejero de Economía de Melilla por un delito de blanqueo de dinero del narcotráfico. Francisco Suárez fue suspendido ayer cautelarmente de su militancia en el PP (El País, 27/11/2002, p. 30).
– El juez dicta prisión incondicional para el ex consejero de Economía de Melilla. Francisco Suárez está acusado de blanqueo de dinero del narcotráfico (El País, 30/11/2002, p. 27).
– Juicio contra dos agentes de la comisaría de Benidorm por quedarse hachís (Levante de Castellón, 4/12/2002, p. 20).

2003
Detenidos en el puerto de la Ciudad [de Melilla] dos militares con 337 kilos de hachís. Hace dos meses fueron incautados 760 kilos en un camión militar (La Razón, 18/1/2003, p. 40).
Detenido en Francia un ex guardia civil con 34 kilos de cannabis ocultos en su coche (La Razón, 28/1/2003, p. 31).
– Prisión para dos policías [de Benidorm] que se quedaron con droga incautada
(Las Provincias, 1/2/2003, p. 26).
– Desarticulan una banda mafiosa que pretendía asesinar al fiscal antidroga. La Guardia Civil imputa el caso a una abogada y a dos funcionarios de prisiones
(Las Provincias, 22/2/2003, p. 36).
– Un experto francés relaciona narcotráfico y la lucha contra ETA. La Guardia Civil combatió a ETA gracias al dinero de la droga y el contrabando, según Alain Labrousse (Las Provincias, 30/3/2003, p. 44).
Un detenido en Valencia por el alijo de hachís en un camión del Ejército (Levante de Castellón, 16/4/2003, p. 32).
La fiscal pide 4 años de cárcel para 2 policías [nacionales de Valencia] acusados de cobrar dinero a traficantes [a cambio de no detenerlos y de avisarles en caso de que se fuera a hacer alguna redada] (Las Provincias, 25/6/2003, p. 10).
Dos agentes [de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Sevilla y de la Comisaría Sur de esta misma ciudad], detenidos por drogas y asesinato  [por su presunta relación con un alijo de un kilo de cocaína y por su posible vinculación con la muerte de un joven camarero en diciembre pasado tras ser torturado] (Las Provincias, 28/6/2003, p. 35).
El PP y el PSOE piden que se investigue la actuación de la Fiscalía de Cádiz. Ambos partidos denuncian anomalías en las tres últimas grandes operaciones contra la droga (El País, 7/7/2003, p. 25).
El Poder Judicial investiga la actuación del juez y el fiscal en el caso de los ‘narcos’ de Barbate (El País, 11/7/2003, p. 24).
El fiscal [de Tarragona] pide seis años de prisión para un ex teniente coronel [de la Guardia Civil] por tráfico de hachís (La Vanguardia, 22/7/2003, p. 29).
Un guardia civil y otras cinco personas, detenidas [en Arousa] con droga [: 17 kilos de cocaína]. El agente colaboraba con una red de narcotráfico (Las Provincias, 13/8/2003, p. 28).
Un policía local [de Vinaròs] es detenido por robo y tráfico de drogas (Mediterráneo, 27/8/2003, p. 19).
Un narco de Barbate sale libre por el retraso de un recurso en el Tribunal Supremo (El País, 29/8/2003, p. 22).
Cárcel y multa de 36 millones para un ex teniente de la Guardia Civil por narcotráfico (La Vanguardia, 4/9/2003, p. 25).
Seis años de cárcel por narcotráfico a un teniente coronel de la Guardia Civil (El País, 5/9/2003, p. 21).
– Condenan a tres guardias civiles por ayudar a huir a un narco (Las Provincias, 23/10/2003, p. 34).
Desaparece un alijo de marihuana en la Delegación del Gobierno [de Aragón]. Lo constituían seis plantas de cannabis de 1,5 kilos de peso intervenidas en Ejea. Estaba depositado para su custodia como prueba judicial (El Periódico de Aragón, 20/12/2003).

2004
Un policía alicantino acusado de narcotráfico alega que le tendieron una trampa (Las Provincias, 30/1/2004, p. 29).
Detenidos tres guardias civiles [en Alicante] por pertenecer a una red de narcos (El País, 11/2/2004, Com. Val., p. 1).
La mitad de la unidad antidroga de la Guardia Civil de Santa Pola, detenida por narcotráfico. Dos de los arrestados admiten su colaboración en cuatro desembarcos de hachís (El País, 12/2/2004, Com. Val., p. 1).
Detenidos otros tres guardias civiles de Santa Pola por la red de tráfico de hachís. Uno de ellos está libre pese a admitir que una vez ganó 6.000 euros por «extraviar» dos fardos de droga. La operación deja desmantelada la patrulla fiscal, seis de cuyos nueve agentes están presos (Levante de Castellón, 12/2/2004, p. 20).
Media Unidad Antidroga de Santa Pola está detenida por narcotráfico. Los investigadores se dieron cuenta de que apenas se producían incautaciones en la zona de Santa Pola (Las Provincias, 12/2/2004, p. 29).
Cuatro topos en la nómina de los narcotraficantes. Las unidades antidroga de Málaga sospechaban de la existencia de infiltrados en la provincia de Alicante, lo que les llevó a Santa Pola, y durante cinco meses esperaron la ocasión propicia para descubrirles (Las Provincias, 12/2/2004, p. 29).
Encarcelados 9 guardias civiles en Alicante y Málaga por narcotráfico. Avisaban de los tramos de costa no vigilados o controlados por ellos (El País, 13/2/2004, p. 21).
Ingresan en prisión otros cuatro guardias civiles de Santa Pola vinculados a una red de narcotráfico. Los agentes han sido acusados de facilitar la entrada de alijos a una organización (Levante de Castellón, 13/2/2004, p. 23).
Interior desmantelará la Unidad Antidroga de Santa Pola y enviará nuevos efectivos. Son ya seis lo guardias civiles de la Patrulla Fiscal Territorial encarcelados como presuntos narcotraficantes. Tres detenciones más [de agentes de la Guardia Civil] en Málaga. El ministro Acebes califica de “manzanas podridas” a los guardias detenidos (Las Provincias, 13/2/2004, p. 27).
Un ex guardia civil, entre los detenidos en El Campello [(Alicante)] con tres toneladas de hachís (El País, 14/2/2004, Com. Val.,p. 5).
Un agente encubierto permite confiscar 3.210 kilos más de hachís en El Campello. Entre los ocho detenidos hay un ex guardia civil jubilado que ya tenía antecedentes (Levante de Castellón, 14/2/2004, p. 22).
La Guardia Civil reacciona ante los casos de corrupción y decomisa 3.210 kilos de hachís. Detenidas siete personas en El Campello, entre ellas cinco marroquíes y un agente retirado (Las Provincias, 14/2/2004, p. 28).
En prisión los siete detenidos, entre ellos un ex guardia civil, con tres toneladas de hachís en El Campello (El País, 15/2/2004, Com. Val., p. 5).
Investigan si el ex guardia civil detenido sobornó a más agentes (Levante de Castellón, 15/2/2004, p. 26).
Encarcelan a los siete traficantes que intentaron introducir 3.210 kilos de hachís en El Campello. En el grupo de los detenidos hay un agente de la Guardia Civil retirado que intentó sobornar a otro (Las Provincias, 15/2/2004, p. 27).
Un policía local de Valencia, detenido por su relación con un alijo de un kilo de cocaína (Las Provincias, 19/2/2004, p. 13).
El policía de Valencia detenido con coca iba acompañado por un peligroso delincuente. El agente viajaba por Cartagena con 10 kilos de droga debajo del capó de su coche (Las Provincias, 20/2/2004, p. 9).
La investigación a la Unidad Antidroga de Santa Pola se extiende a antiguos miembros. Los seis guardias civiles de Alicante continúan encarcelados en la prisión de Sevilla (Las Provincias, 21/2/2004, p. 24)
Dos guardias civiles, detenidos en Murcia como presuntos miembros del ‘clan de los Charlines’ (El País, 11/3/2004, p. 34).
El Dioni niega que traficara con cocaína y culpa a los policías (Las Provincias, 13/3/2004, p. 54).
El fiscal pide 26 años a un inspector de la Policía Nacional implicado en una red de tráfico de drogas (El País, 23/3/2004, Com. Val., p. 4).
Detenidos el alcalde y un concejal del PP en Labastida por tráfico de drogas (Levante de Castellón, 4/4/2004, p. 39).
Dos presos por el 11-M eran confidentes de Guardia Civil y policía sobre narcotráfico (El País, 30/4/2004, p. 28).
Liberados dos de los agentes de la Benemérita presos por presunto tráfico de hachís en Santa Pola (El Mundo-Castellón al Día, 8/5/2004, p. 18).
El juez deja libres a cuatro guardias civiles acusados de narcotráfico (Las Provincias, 14/5/2004, p. 32).
El Supremo expulsa a un agente de la Guardia Civil adicto a las drogas (El País, 25/5/2004, p. 26).
Suspendido un juez al que se expedientó por dilaciones en un caso de narcotráfico (El País, 29/7/2004, p. 16).
Detienen a cuatro guardias civiles en Cartagena en una operación contra el tráfico de drogas. Hay 12 arrestados en total, entre ellos, un subteniente, un brigada y dos agentes de la Benemérita (El Mundo-Castellón al Día, 8/9/2004, p. 35).
Prisión para dos guardias civiles por presunto tráfico de drogas (El País, 11/9/2004, p. 26).
Detenido un guardia civil en Málaga con 2.700 kilos de hachís en una furgoneta (El País, 18/9/2004, p. 24).
El Poder Judicial suspende a un juez por excarcelar a un presunto ‘narco’ (El País, 17/12/2004, p. 24).

2005
La muerte a tiros de un policía destapa un grupo de agentes corruptos. El fallecido en Madrid colaboraba con ‘narcos’ (El País, 9/1/2005, p. 26).
Policías delincuentes. 341 agentes han sido expedientados por conductas presuntamente delictivas entre 2001 y 2003. Tráfico de drogas [40 casos], violencia doméstica, amenazas y lesiones figuran a la cabeza de los motivos por los que se incoan expedientes disciplinarios a funcionarios de policías (Interviú, 17-23/1/2005, pp. 24-27).
Tres guardias civiles, detenidos por tráfico de drogas en Tenerife (Las Provincias, 16/3/2005, p. 34).
Detenidos tres guardias civiles y un policía por un alijo de coca (Mediterráneo, 20/3/2005, p. 36).
Muere en accidente un guardia [civil] detenido por narcotráfico (Las Provincias, 23/3/2005, p. 27).
La Guardia Civil abrirá expediente disciplinario a los 14 agentes de Melilla denunciados [por tráfico de estupefacientes]. Cuando reciba notificación oficial de la admisión de la querella por un delito contra la salud pública. El sargento cuyas revelaciones motivaron la causa criminal «teme por su vida y por la de su familia» (El Mundo, 21/5/2005, p. 47).
Un guardia civil del Servicio Marítimo, detenido por tráfico de hachís en Castellón. El agente ayudaba a una banda de traficantes a introducir droga por la playa (Las Provincias, 1/6/2005, p. 31).
El guardia civil detenido por filtrar información a traficantes en Castellón ingresa en prisión (Las Provincias, 2/6/2005, p. 31).
Un guardia civil se infiltró para detener a su compañero narcotraficante (Las Provincias, 3/6/2005, p. 30).
Una policía local [de Valencia] denuncia a un inspector de la Policía Nacional por una agresión en Jefatura. Se enfrentaron tras discutir por la custodia de un alijo de hachís. El inspector jefe de la Policía Nacional trató de impedir “la alteración de posibles huellas en los paquetes de hachís (Las Provincias, 8/7/2005, p. 19).
El alférez que instruye el «caso Roquetas» está siendo investigado por narcotráfico. La Asociación Unificada de Guardias Civiles se querelló también contra otros 13 agentes. Un juzgado de Melilla investiga una presunta «red de corrupción organizada y jerarquizada» (El Mundo, 22/8/2005, pp. 1 y 28).
Dos ex policías de Valencia, detenidos por formar parte de una banda de narcotráfico. La Guardia Civil arresta a otras cuatro personas y confisca 290 kilos de cocaína (Las Provincias, 24/8/2005, p. 23).
El ex policía local encarcelado por narcotráfico estafó a 350 Ayuntamientos con una falsa ONG (Las Provincias, 25/8/2005, p. 21).

2006
Prisión para el guardia civil que sustrajo droga confiscada (Las Provincias, 12/1/2006, p. 29).
El presidente de la Audiencia de Las Palmas, investigado por favorecer a un narcotraficante. La policía destapa los tratos del presidente de la Audiencia de Las Palmas con ‘narcos’. El Consejo General del Poder Judicial analiza hoy si suspende las funciones al magistrado (El País, 19/1/2006, pp. 1 y 18).
El Poder Judicial suspende al juez investigado por favorecer a un ‘narco’. La fiscalía apoyó la sanción al presidente de la Audiencia de Las Palmas (El País, 20/1/2006, p. 27).
Detenido el jefe de la policía de San Pedro del Pinatar por narcotráfico (El País, 4/2/2006, p. 25).
La pérdida de 13 cintas del juzgado de Del Olmo abre la vía para absolver a seis ‘narcos’. La desaparición de las pruebas fuerza a la fiscalía a no oponerse a los recursos de los condenados (El País, 16/2/2006, p. 15).
“¿Por qué no pides la libertad con fianza de 200 millones de pesetas?” El presidente de la Audiencia de Las Palmas medió a favor de un ‘narco’ detenido tras cinco años en busca y captura (El País, 16/2/2006, p. 23).
Del Olmo halla cintas de ‘narcos’ perdidas en su juzgado desde 2004. El extravío de las pruebas impidió al fiscal oponerse a los recursos de los condenados (El País, 20/2/2006, p. 27).
La Guardia Civil detiene a dos ertzainas que traficaban con droga y regentaban un burdel. El alijo intervenido ―95 kilos de speed― hubiera proporcionado 400.000 dosis (Las Provincias, 7/4/2006, p. 40).
Los policías eran los ladrones. Dos policías nacionales y un ‘mosso’, entre los 26 detenidos por robar droga y secuestrar a ‘narcos’. Uno de los agentes fue arrestado con tres kilos de cocaína sustraída en su coche (El País, 5/5/2006, p. 37).
Un juez investiga a agentes policiales por robo de un alijo de cocaína (El País, 23/7/2006, p. 25).
Quince implicados, entre ellos un guardia civil, en la red de narcotraficantes investigada en Barcelona (El País, 26/7/2006, p. 28).
Cinco guardias civiles, dos ‘mossos’ y un policía local, implicados en el robo de cocaína. Un informe revela que los agentes dieron cobertura a una banda de narcotraficantes (El País, 28/7/2006, p. 28).
Desaparece de la Jefatura de Policía de Valencia parte de un alijo de cocaína (Levante, 2/8/2006, pp. 1 y 26).
Desaparece cocaína por valor de 120.000 euros de la Jefatura de Policía de Valencia (Las Provincias, 2/8/2006, pp. 1 y 13).
Investigan la desaparición de parte de un alijo de cocaína de la Jefatura Superior de Policía [de Valencia] (Levante de Castellón, 2/8/2006, p. 23).
La furgoneta con la cocaína estuvo quince días en el patio de la Jefatura de Policía [de Valencia]. Sospechan que puede haber más de un agente implicado en la sustracción de la droga (Levante de Castellón, 3/8/2006, p. 22).
Un reciente caso de corrupción policial. Nueve agentes podrían estar involucrados en la desaparición de 500 kilos de droga (Levante de Castellón, 3/8/2006, p. 22).
Un juzgado investiga el robo de 20 kilos de cocaína de la Jefatura de Policía de Valencia. Agentes de la unidad antidroga serán interrogados como testigos (El País, 3/8/2006, p. 23).
La Jefatura de Policía no tiene cámaras de vigilancia en el patio en el que estaba la droga desaparecida. La cocaína pertenece a un alijo de 427 kilos intervenido en julio (Las Provincias, 3/8/2006, p. 14).
La policía sigue sin practicar arrestos cuatro días después del robo de 20 kilos de coca en Jefatura. La droga estaba a la espera de ser destruida en Sanidad exterior (Las Provincias, 4/8/2006, p. 25).
La infiltración del narcotráfico en las fuerzas de Seguridad. La investigación de un robo de droga destapa una trama de corrupción policial (El País, 6/8/2006, pp. 17-18).
El Gobierno depurará responsabilidades por el robo de cocaína en la Jefatura de Policía. Declaran los agentes que han tenido relación con el alijo del que faltan más de 20 kilos (El País, 7/8/2006, p. 26).
Los 20 kilos de coca robados en Jefatura permiten elaborar hasta 40.000 dosis de droga. El PP insiste en que el “primer responsable” es el delegado del Gobierno (Las Provincias, 8/8/2006, p. 23).
El robo de la cocaína de Jefatura se descubrió por casualidad dos días antes de denunciarlo (Levante de Castellón, 8/8/2006, p. 18).
El Ayuntamiento de Valencia dice que la droga robada “ya está en la calle y se consume”. El concejal de Sanidad pide la dimisión del delegado del Gobierno por el “descontrol” (Las Provincias, 9/8/2006, p. 9).
Interior informó en una nota oficial del alijo incautado pero no del robo en Jefatura. El comunicado se difundió un día después de detectarse la sustracción (Las Provincias, 10/8/2006, p. 3).
Dos guardias civiles detenidos en una operación antidroga. Fueron arrestados tras interceptar en El Ejido un pesquero con más de 9.000 kilos e hachís (El Mundo-Castellón al Día, 10/8/2006, p. 35).
Dos policías de Valencia y Madrid, detenidos por el robo de 20 kilos de coca en la Jefatura. Los investigadores han recuperado 17 kilos del estupefaciente sustraído hace 19 días (Las Provincias, 19/8/2006, p. 7).
Los dos policías acusados de robar 20 kilos de cocaína en la Jefatura entran en prisión (Las Provincias, 22/8/2006, p. 9).
Detenidos un tercer policía y una pareja por el robo de coca en la Jefatura Superior. Los investigadores recuperan los tres kilos que faltaban de los 20 sustraídos (Las Provincias, 26/8/2006, p. 24).
Tres policías en prisión por el robo de cocaína en la Jefatura (El País-Comunidad Valenciana, 7/10/2006, p. 37).
La Inspección pide apartar de la carrera al presidente de la Audiencia de Las Palmas. El magistrado intentó influir sobre un fiscal y un juez para lograr la libertad de un ‘narco’ (El País, 11/10/2006, pp. 1 y 22).

2007
Setenta policies implicats en casos de narcotràfic els darrers tres anys. La Guàrdia Civil lidera el rànquing, amb quaranta-sis agents investigats arreu de l’Estat (Directa, 31/1/2007, pp. 3-4).
Los  tres policías de Ronda encarcelados están imputados por una decena de delitos. Los agentes corruptos controlaban la prostitución y el tráfico de drogas de la ciudad (El País, 24/2/2007, p. 24).
Un caso de corrupción policial con “medio pueblo” de testigo. Uno de los siete agentes detenidos en Ronda revendía droga intervenida (El País, 8/3/2007, p. 34).
Detenidos dos guardias civiles en Algeciras y Ceuta por narcotráfico (El País, 13/4/2007, p. 30).
La policía interviene 4.300 kilos de hachís en los camarotes de una embarcación de apoyo de Salvamento Marítimo (El País, 23/4/2007, p. 33).
Desarticuladas cinco redes de narcotráfico con 39 detenidos, tres de ellos guardias civiles (El País, 1/5/2007, p. 24).
Detenido un guardia civil por dar información a narcotraficantes (El País, 4/7/2007, p. 31).
El fiscal pide 18 meses de cárcel para dos policías que ayudaron a huir a un ‘narco’ (El País, 21/7/2007, p. 23).
Dos guardias civiles van a prisión por un alijo de hachís (Mediterráneo, 11/9/2007, p. 27).
Detenidos cuatro guardias civiles en un desembarco de hachís en el Ebro (El País, 9/10/2007, p. 32).

2008
Imputados por el robo de 400 kilos de cocaína cinco guardias civiles, un policía y un ex agente (El País, 21/2/2008, p. 24).
Requisados 250 kilos de hachís en un patrullero de la Armada (El País, 26/3/2008, p. 17).
La Agencia de Protección de Datos acusa de falta «muy grave» a la Guardia Civil. E Instituto Armado dejó en el ordenador de un contrabandista datos de operaciones contra narcos (El Mundo-Castellón al Día, 10/5/2008, p. 42).
Detenido un policía local de Melilla con un camión con 400 kilos de hachís (El Mundo-Castellón al Día, 10/5/2008, p. 46).
El jefe de la trama de Coslada tenía en su casa cinco pistolas y tres escopetas. Siete de los 26 policías detenidos el jueves quedan libres con cargos. Los investigadores hallan cocaína y un arma simulada en las taquillas (El País, 10/5/2008, p. 18).
El fiscal pide prisión sin fianza para 13 policías locales de Coslada. Tres reconocen haber robado parte del botín de un atraco y de un alijo de droga (El País, 13/5/2008, p. 16).
En prisión el guardaespaldas del ex presidente de Melilla por tráfico de droga (ABC, 14/5/2008, p. 32).
Cae la banda de la ‘coca’ de bajo coste. Detenidas 47 personas por tráfico de drogas, entre ellas un subinspector y empleados del aeropuerto de Barajas (El País, 26/6/2008, p. 20).
Desarticulada una red de traficantes [de cocaína] en Barajas con la detención de 14 empleados y un policía (El Mundo-Castellón al Día, 26/6/2008, p. 42).
Detenidos un jefe de policía y 2 guardias civiles en una operación antidroga. La red se dedicaba al «trapicheo» de hachís en la localidad de El Molar (Levante-El Mercantil Valenciano, 14/7/2008, p. 23).
Detenido un jefe de policía de Madrid en una operación antidroga. Entre los 18 arrestados se encuentran dos guardias civiles. Uno de los guardias civiles detenido había sido condecorado y ha hecho “importantes operaciones” contra el narcotráfico. Los arrestados en El Molar y San Agustín de Guadalix están acusados de pertenecer a una red de menudeo de drogas (Las Provincias, 14/7/2008, p. 23).
La trama de drogas de El Molar se destapó por un guardia civil corrupto. A los agentes, que traficaban a pequeña escala, se les incautaron 130 gramos de cocaína (La Razón, 14/7/2008, p. 23).
La Guardia Civil revisará asesinatos tras destaparse la trama de El Molar. Los agentes detenidos exigían dinero y droga a camellos, según la investigación (ABC, 14/7/2008, pp. 16-17).
Investigan a policías por el robo de 100 kilos de coca. La UDYCO de Sevilla está integrada por al menos medio centenar de agentes (Levante-El Mercantil Valenciano, 18/7/2008, p. 25).
Cinco funcionarios de la prisión de Palma, implicados en una trama mafiosa. Dos bandas se dedicaban a la introducción de drogas y efectos prohibidos en prisión (ABC, 18/7/2008, p. 22).
Toneladas de droga esperan en comisarías una orden judicial. Los alijos se acumulan en furgonetas por la saturación de las dependencias. Sevilla no ha destruido ninguno en 4 años. “Las cantidades son cada vez más grandes y difíciles de quemar”, dice un agente (El País, 27/7/2008, p. 21).
Más del 20% de los aspirantes a policías sometidos a un test de drogas da positivo. Interior realizó pruebas a 500 de los 2.750 alumnos de la última promoción de la academia de Ávila (El Mundo-Castellón al Día, 17/8/2008, p. 38).
Detenido un escolta de la jefa de Prisiones por sus vínculos con los cárteles de la droga. La Policía le implica en una trama de blanqueo e investiga si facilitó informes penitenciarios (El Mundo-Castellón al Día, 20/8/2008, p. 30).
Detenidos dos guardias civiles en una operación contra una red de narcotraficantes en Valencia. La Benemérita arrestó a otros 13 miembros de la organización tras incautarse de 60 kilos de cocaína en el puerto. Los agentes detenidos son un cabo y un guardia de Tavernes Blanques (Levante-El Mercantil Valenciano, 13/10/2008, p. 22).
A prisión por narcotráfico los dos guardias civiles. El juez también ha enviado a la cárcel a otros seis detenidos, entre ellos un policía local de Pedralba (Levante-El Mercantil Valenciano, 14/10/2008, p. 23).
La cárcel de los agentes corruptos. 221 funcionarios de prisiones, policías y guardias civiles cumplen condena. Apartados del resto de los reclusos, siguen sus propios códigos de conducta (El País, 2/11/2008, p. 26).
Detenidos dos vigilantes de la cárcel de Picassent por introducir drogas. La policía investiga a una mafia que trafica con estupefacientes en prisiones (El País-Comunidad Valenciana, 28/11/2008, p. 1).

2009
– Horror entre ‘narcos’. Un torturado revela en el juicio la brutalidad del ‘clan La Paca’ y su connivencia con un policía de Baleares
(El País, 27/1/2009, p. 16).
– Un juez ordena prisión para un teniente coronel por supuesta corrupción. El mando de la Guardia Civil está acusado de vínculos con unos ‘narcos’ (El País, 14/2/2009, p. 15).
– El fiscal pide 10 años para el ex capellán de la Modelo por narcotráfico
(El País, 17/2/2009, p. 15).
– La fiscalía implica a 10 guardias civiles en la red mafiosa de Cataluña. La banda se hizo presuntamente con 400 kilos de cocaína que seguía la DEA. Los uniformados pasaron a orientar el ‘trabajo’ de los delincuentes. Se estableció un “fructífera empresa criminal” de dinero, drogas y coches (El País, 22/2/2009, p. 22).
– El Supremo evita que un juez que liberó a dos ‘narcos’ vaya a prisión
(El País, 11/3/2009, p. 13).
– Condenado un magistrado de Las Palmas por favorecer a un ‘narco’. El juez le orientó para obtener la libertad con fianza que él iba a decidir (El País, 16/4/2009, p. 12).
– Arrestados dos guardias civiles por tráfico de cocaína (El País, 25/4/2009, p. 22).
– Caen otros dos guardias civiles de Barbate en un nuevo golpe al narcotráfico (Diario de Sevilla, 8/5/2009).
– Desarticulada una red de militares que traficaba con hachís. Siete de los 18 detenidos en Ceuta y Sevilla son soldados profesionales (El País, 13/6/2009, p. 19).
– Detenidos 3 guardias civiles [entre ellos un subteniente y un sargento primero, jefe del destacamento portuario de Marín,] por un alijo de 815 kilos de cocaína. La droga estaba camuflada en el interior de una caja de gambas (Mediterráneo, 7/7/2009, p. 35).
– Un abogado y dos guardias civiles detenidos por un alijo de cocaína. Uno de los agentes era responsable del puerto de Marín. Un subteniente tenía previsto cobrar varios cientos de miles de euros
(El País, 7/7/2009, p. 18).
– Imputan a un jefe de la Guardia Civil por blanqueo de dinero y cohecho. El juez vincula a teniente coronel de Guadalajara con una red del narcotráfico (El Mundo-Castellón al Día, 18/7/2009, p. 33).
– Guardias civiles y policías al otro lado de la ley. Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman el efecto corruptor del crimen organizado. Los dos casos investigados giran sobre la prostitución y el narcotráfico (El País, 26/7/2009, pp. 18-19).
– Tres detenidos por el robo de 100 kilos de cocaína en la comisaría de Sevilla. Los arrestados, entre ellos un ex policía, cambiaban la droga por polvos de talco
(El País, 13/9/2009, p. 22).
– Detenido un policía por robar droga en su jefatura
(El Mundo-Castellón al Día, 13/9/2009, p. 40).
– El ex ‘número dos’ del PP de Palma [de Mallorca, Javier Rodrigo de Santos,] admite que gastó “en sexo y cocaína” el dinero malversado (El País, 15/9/2009, p. 12).
– Una ‘rata’ en comisaría. El paso al lado oscuro del policía en excedencia acusado de robar 150 kilos de droga en la Jefatura de Sevilla. Lo pillaron cenando con un ‘narco’ y dijo que era un amigo, no un confidente
(El País, 20/9/2009, p. 23).
– Detenidos cuatro guardias [civiles] en Andalucía por narcotráfico (El País, 3/10/2009, p. 18).
– La juez del robo de la droga en la Jefatura de Sevilla imputa a tres mandos policiales. El jefe de la Udyco y los jefes del grupo están acusados de encubrimiento (El País, 24/10/2009, p. 18).

2010
– Acusan a 5 policías de implicarse en robos a empresas valencianas. Los detenidos pasaban información a butroneros y se repartían el botín. Investigan su relación con el tráfico de drogas
(Mediterráneo, 31/5/2010, p. 19).

1. Caso Fidecaya

Fidecaya, entidad de ahorro creada en 1952, originó uno de los escándalos más sonados de la Transición: fue intervenida en 1980, con 250.000 afectados y unos 100 millones de euros depositados, de los que el Gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.

2. Expropiación de Rumasa

Rumasa era un holding de empresas español propiedad del empresario José María Ruiz Mateos, su fundador. Rumasa fue expropiada por el gobierno español del PSOE el 23 de febrero de 1983, en virtud del Decreto-Ley 2/1983.

El grupo Rumasa, en el momento de publicarse la disposición, estaba constituido por 700 empresas con una plantilla que alcanzaba las 65.000 personas, y facturaba unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales. Tras la expropiación fue reprivatizada por partes.

3. Caso KIO

El gran fondo estatal kuwaití presentó suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).

4. Caso Roldán

El caso Roldán salió a la luz en noviembre de 1993, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado Luis Roldán, quien estuvo al frente de la Benemérita, entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. El ex director de la Guardia Civil aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior.

Asimismo, Roldán recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones de pesetas al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior y quien manejaba los fondos reservados.

5. Caso Urralburu

El presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, fue procesado junto al ex consejero Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato, de 1987 a 1991. Ambos tuvieron que dimitir de sus cargos y terminaron en prisión.

6. Caso Ibercorp: la caída de Mariano Rubio

Desde 1992 a 1995 estuvo en candelero una irregular operación especulativa que arrastró a la entonces denominada ‘beautiful people’, formada por adinerados financieros. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, apareció involucrado en aquellos manejos, lo que provocó su dimisión y posterior entrada en prisión.

7. Caso Filesa

Fue un escándalo de financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse.

Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. De él derivó el “Caso Ave”, de cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

8. Estafa filatélica: Afinsa y Fórum Filatélico

El 9 de mayo de 2006, tuvo lugar la intervención gubernamental de Afinsa y Fórum Filatélico, las dos mayores compañías de filatelia del país, por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal. Con toda evidencia, se trataba de una estafa del tipo piramidal. 460.000 afectados han perdido sus ahorros como consecuencia de la intervención.

9. Caso Gescartera

Gescartera, una agencia de valores propiedad de Antonio Camacho, estafó unos 100 millones de euros a sus 2.000 clientes, entre ellos una treintena de órdenes e instituciones ligadas la iglesia. Fue intervenida en el verano de 2001 por la CNMV y originó una agria polémica política que provocó, incluso, la dimisión de la entonces presidenta del organismo supervisor, Pilar Valiente.

10. Caso Gürtel

Una trama de traficantes de influencias dirigida por Francisco Correa ha corrompido a numerosos políticos municipales y autonómicos del PP en Madrid y en Valencia. La investigación permanence actualmente en los juzgados.

Fuente ECOdiario

Corrupción en España: Más de 300 políticos españoles están imputados

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Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.

Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, en el que está implicado el conservador Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como conseller de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.

LA MAYORÍA, MUNICIPALES

Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.

La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas.

La corrupción en España: una larga historia

Publicado el 18 junio, 2011 por alrayon

El Presidente del Gobierno de España, ante la bochornosa y vergonzosa situación de la corrupción endémica que sufre el país, ha tomado una serie de medidas para frenar la corrupción. Se va a obligar a declarar todo el patrimonio a todos los que hayan desempeñado alguna función pública en los últimos 30 años, ya que se ha venido produciendo una especulación inmobiliaria escandalosa que ha llevado al enriquecimiento personal de los cargos públicos.

La situación económica pasa por una falta de iniciativa importante, y se realizan transacciones económicas un tanto desacertadas, dado que se vende materia prima al exterior para luego comprar a éstos el producto terminado. Ha habido una serie de suspensiones de pagos y sanciones contra el lujo desaforado, dado que el país se ha tenido que endeudar mucho con banqueros extranjeros, y el capital de los más ricos se invierte fuera de España o ni siquiera dicho capital toca suelo español. Ante esta situación, el gobierno recurre a imprimir más billetes, lo cual descontrola el poder adquisitivo (inflación) de las clases menos pudientes.

En Europa circula el mensaje “l’Afrique commence aux Pyrénées“, para describir España como una nación menos desarrollada que el resto de Europa. Hay un problema demográfico importante, y el gobierno trata en todo momento de evitar que los “cerebros” del país se fuguen. Es normal esto último, ya que la preparación cultural de los españoles es mayor que nunca, lo cual origina una impotencia mayor, dado que éstos se tienen que limitar a escribir y hacer creaciones (lo que más les gusta), ante la falta de iniciativas empresariales muchas veces limitadas por regulaciones un tanto absurdas del gobierno.

¿Parece una historia del año 2011 en pleno Siglo XXI no? Pues no, este pequeño relato que he escrito lo podemos trasladar a comienzos del Siglo XVI en España, cuando el Conde Duque de Olivares era el valido del Rey (el equivalente, más o menos, al Presidente del Gobierno actual, el puesto de mayor confianza del monarca). Era la época de pleno apogeo de los validos, cuando los reyes se dedicaban a cazar y organizar luchas entre fieras (la de 1631 muy famosa, con tigres, leones, y luego un toro que pudo con todos, ¡very spanish!).

El Duque de Lerma, que había sido el valido del rey anterior al Conde Duque de Olivares, movió la capital de Madrid a Valladolid, y vuelta a Madrid, simplemente para especular y hacer ricos a sus allegados con el suelo de EspañaHacienda solo se quedaba con el 25% de la plata que llegaba de América. Había que recurrir a los banqueros, especialmente a los genoveses y los judíos de Portugal (muchos de ellos, los marranos).

La desigualdad social era alta, por lo que hubo que nacionalizar la asistencia social. Desde 1607 hasta 1627 hubo suspensiones de pagos y pragmáticas sanciones contra el lujo. Baltasar Gracián (El Criticón, alegoría de la vida humana) dijo eso de: ”España son las Indias de Europa“. Vamos, que esto de criticar viene de lejos. España tenía serios problemas demográficos, y tras los 8 millones de españoles de pico alcanzado en 1590, se tuvo que limitar la inmigración a las Indias para que el talento no se fugase.

La cultura del Siglo de Oro crea muchos arquetipos, lo que juntado al apogeo cultural y económico de esta época, permitió a España alcanzar “prestigio internacional” e influencia cultural en toda Europa (arquetipos que hoy en día nos suenan, como vagos, pillos, corrupto, etc.). Y por si los libros eran pocos, en este siglo se introducen los teatros, lugar donde proyectar estos arquetipos (el artífice de este logro fue Lope de Vega).

Los teatros del Siglo XVI (Fuente: http://es.paperblog.com/siglo-de-oro-en-el-teatro-espanol-364870/)

Es cierto que esto permitió exportar los arquetipos españoles por Europa (la cultura de este Siglo), pero también se extiende el aprendizaje y estudio del idioma (el hispanismo). Las historia de las energías renovables en la actualidad es como la de España con la oveja merina en este Siglo XVI: se vendía la lana propia para comprar el paño fuera de las fronteras españolas (también es cierto que aquí arranca el despegue de Bilbao como puerto de exportación).

En esta época, como ahora, España también tuvo buenos economistas que pudieran tener mucho que aportar a la dirección del gobierno, pero pocos motivos encontraban para ello. En este comienzo del Siglo XVI, Se desarrolla el arbitrismo: primera literatura económica digna de tal nombre, en buena parte precedente del mercantilismo o la fisiocracia. El arbitrismo, defendía el proteccionismo y el industrialismo, sobre todo, para evitar la preponderancia de los extranjeros en el comercio español.

¿Qué quiero decir con todo lo anterior? Que España ha cambiado poco. Esto en Economía y Ciencias Sociales lo llaman Path Dependence, que básicamente se resume en cómo las instituciones históricas condicionan el contexto actual. Si España ha estado mal gobernada durante 500 años (más o menos la vida de España como unidad), no podemos pretender que de la noche a la mañana pase a tener un gobierno que saque a España de la crisis de la noche a la mañana. Siempre digo lo mismo, pero lo repito: España es rica, el problema es cuestión de gestión. Tiene recursos, pero ha faltado una estrategia y una gestión para saber explotarlos (a los datos anteriores me remito).

Lo de los arquetipos por los que se nos conoce en Europa (creedme que es así, siempre que ando en algún congreso o curso por Europa me enfrento a conversaciones similares) no es algo novedoso (léase la cultura exportadora del Siglo de Oro). Las suspensiones de pagos, ya os dije que España tenía el récord de las naciones desarrolladas. Exportar nuestro talento y recursos más preciados para luego comprarlo fuera no es algo nuevo.

Si durante años España se ha dedicado a especular moviendo la capital del Reino unos kilómetros, que no extrañe que la corrupción sea el pan nuestro de cada día ahora. Y es que, ¡qué os voy a contar sobre la corrupción en España! En 500 años, la tierra (su posesión, la transacción de compra-venta) se ha convertido en la moneda a favor de los gobiernos locales, que han tenido siempre estrechas relaciones con inversores y promotores de proyectos. ¿A qué lleva esto? A una corrupción generalizada (por suerte no llueve igual en todo España), hasta tal punto que se escapa ya del control del Gobierno Central.

En la esfera pública política (Más de 100 candidatos implicados en causas judiciales concurren en las listas), los ejemplos sobran. Como esto nos parecía poco, el soborno y la corrupción se extienden a los negocios (según estudio de de Ernst&Young, European Survey 2011, hasta un 30% de los directivos españoles justifica el pago de sobornos para conseguir un negocio). Claro, con estos ejemplos, luego me es difícil explicar que tengo grandes amigos que profesionalmente se dedican a la política y son honestos empresarios. O sino, entramos en la falacia del hombre de paja.

La corrupción es algo estructural, y esto algún día tendrá que estallar (si no lo ha hecho ya). Los efectos de la burbuja inmobiliaria que han ayudado a crear gobiernos de derechas y de izquierdas (sí, soy bastante reduccionista) hace que el estado de indignación popular no me extrañe. ¡Y la cantidad de cosas que no sabremos! Corrupción en Andalucía, en Valencia, etc.

La corrupción y el soborno los consideramos palabras de uso diario sin siquiera detenernos a pensar el daño que hacen a las sociedades desarrolladas. De ahí que muchas de ellas trabajen para erradicarlo dentro de la OCDE.  ¿Algo nos puede consolar? Bueno, mal de muchos consuelo de tontos, pero sí que es cierto que al contrario que en otros países del entorno, no ha habido casos graves de corrupción de alto nivel. Vale, sí, hubo una excepción a la regla, uno que ni siquiera quiero citar, por la imagen lo conoceréis.

Los grandes casos de la corrupción en España, Caso Torras

En el año 1.988, la papelera TORRAS, fue la elegida por los inversores de Kio Investments como cabeza de playa para su establecimiento en España. Con el asesoramiento de Javier de la Rosa, KIO compra participaciones en bancos españoles, en concreto en el Banco Central y en el Banco de Vizcaya, cuya venta posterior generaría importantes plusvalías, y en el capital de una empresa papelera Torras Hostench que por aquellos dias se recuperaba de una suspensión de pagos gracias al crecimiento que empezaba a registrar la economía española. Así mismo KIO entró en las empresas químicas Explosivos Rio Tinto (ERT) y Cros que aglutinaban actividades atractivas como refino, farmacia y plásticos, pero con dos filiales de futuro cuando menos incierto: Fesa-Enfersa, por la profunda crisis en el negocio de fertilizante, y la filial de explosivos para uso militar, que había sido el negocio tradicional de ERT. De ese modo las acciones del Grupo Torras iniciaron su andadura en la bolsa española, mediante una ampliación de capital que supuso para la compañía una inyección de capital de 45.000 millones de pesetas (€270 mill). Pero la alegría duró poco, apenas un año más tarde Torras retiraba el total de las acciones a través de una OPA de exclusión, consistente en el canje de estos títulos por  un 50% de acciones de su filial Prima inmobiliaria, y otro 50% de dinero en efectivo.

La invasión de Kuwait por las tropas de Sadam Jussein en agosto de 1.990 cayó como una losa sobre las pretensiones expansionistas de KIO, que acusaron con dureza la tendencia bajista de las bolsas internacionales. Pero además, al finalizar la guerra habían desaparecido aproximadamente unos 55.000 millones de pesetas de su filial española, el Grupo Torras, que según los gestores del Grupo, fueron supuestamente utilizados para pagar favores políticos, para permitir el tránsito de los aviones de la USAF por las bases españolas camino del Golfo. A finales de 1.991 la auditora KPMG, valoró los activos del Grupo Torras en medio billón de pesetas (€3005.060 mill)a la vez que los kuwaitíes nombran a un nuevo equipo desde Londres, encabezado por Mahmout al Nouri, siendo su primer trabajo destituir al consejero delegado en España, Javier de la Rosa, lo que destapó de inmediato la grave crisis financiera por la que atravesaba el Grupo Torras. KIO acusa a De la Rosa de la apropiación de de 100.000 millones de pesetas, y causar unas pérdidas de más de medio billón arrastrando a 20.000 trabajadores al paro por su deficiente gestión; a su vez De la Rosa acusa al grupo Kuwaití de incumplir los compromisos adoptados por no aportar la cantidad de 100.000 millones para evitar la quiebra.

En junio de 1.992 tras la dimisión de Javier de la Rosa como responsable de KIO en España, los graves problemas financieros de la empresa química ERCROS, participada al 38% por el buque insignia de las inversiones de la entidad kuwaití en España, el Grupo Torras, desató una crisis de confianza en los acreedores de algunas de las empresas relacionadas con KIO.
La credibilidad financiera de empresas como Inds. Bures, Prima inmobiliaria, o Torras Papel, descansaba tanto en sus propios fundamentos como en la cobertura de riesgo que KIO les proporcionaba. El 8 de julio  Ercros presenta suspensión de pagos. Le siguen en cascada Burés en setiembre, Torras el 4, y Prima inmobiliaria el día 12, ambos en el mes de diciembre; tan solo Ebro-Agrícola y Amaya seguros, resisten el envite, el colapso del grupo es una realidad que se convierte en la mayor suspensión de pagos en la historia de España. Un total de 50.000 puestos de trabajo están en riesgo, amenazando con lo que podría ser una auténtica catástrofe económica.

La nueva rama de los Al Sabah que tras la retirada iraquí se instaló en el emirato procedió a querellarse en Londres y Madrid contra el presidente de KIO, Fahad Mohamed Al Sabah, miembro de la familia reinante, contra su primer ejecutivo, Fouad Khaled Jaffar, y contra el presidente de Torras en España, Javier de la Rosa, quien, en declaración jurada ante la Corte de Londres reconoció en su día haber entregado a Manuel Prado y Colón de Carvajal hasta 160 millones de dólares, de los que el propio Colón reconoció en sede judicial haber recibido 100 millones, en dos entregas de 80 y 20, recepción que justificó como “el pago de dictámenes y trabajos de asesoría por él realizados para De la Rosa”. Testigo del episodio en las alturas fue Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa del Rey, a quien un día el Monarca pidió que acudiera al piso que De la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un bonito ático en el 47 del Paseo de la Castellana, para que transmitiera al catalán el siguiente escueto mensaje:    –Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número del Paseo de la Castellana y le vas a decir que, de parte del Rey, todo está arreglado y que muchas gracias. Pero bueno –quiso saber Sabino, despistado- ¿no hay que decir de qué se trata? -No, nada. Tú limítate a transmitirle lo que te he dicho.

En el subsiguiente proceso judicial por la denominada operación “Pincinco“, La Fiscalía Anticorrupción solicitó 14 años de cárcel para el empresario Javier de la Rosa y para el abogado Juan José Folchi por los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.  Asimismo, se solicitaban 11 años de cárcel para el ex consejero delegado del Grupo Torras Jorge Núñez Lasso de la Vega, 5 años para el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal y 2 años de prisión para el ex director financiero de Torras Miguel Soler. En su escrito de acusación, Anticorrupción solicitaba también el enjuiciamiento como responsables civiles de otras seis personas: Mercedes Misol, esposa de De la Rosa; Manuel Guasch; Enrique Sarasola; Santiago Tomeu; Arturo Piñana; y el ex diputado de CiU en el Parlamento catalán y miembro del Consell Constultiu Jaume Camps, al considerar que recibieron parte del dinero sustraido al Grupo Torras por los primeros.

La Fiscalía reclama que Folchi, Soler y De la Rosa que indemnicen al Grupo Torras en la cantidad de 10.973 millones de pesetas (65.949.058,21 euros); que Manuel Prado lo haga con 80 millones de dólares, siendo también responsables sus sociedades instrumentales Explotación Agrícola “Los Cansados”, Dehesa de Juan Esteban y Rialar 95; que el empresario Enrique Sarasola pague 1,1 millones de dólares; y que el ex consejero de Torras Manuel Guasch abone 150 millones de dólares.  Por su parte, solicita que el diputado de CiU Jaume Camps indemnice con 705.588 euros a Torras; que Arturo Piñana pague 360.607 euros, y Santiago Tomeu, 300.506. Estos dos últimos eran empleados de De la Rosa.

En el mismo escrito, presentado en julio de 2002, el fiscal pide el archivo de las actuaciones respecto al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Luis Carlos Croissier; Javier Vega de Seoane, Joan Piqué, Alfonso Ferrari, Carolina Maragelada, Alvaro Alvarez Alonso, Vicente Ferrer, Plinio Coll (por prescripción del delito), Carin Linda Parker y Manuel liveras Galván.

 Según el fiscal, De la Rosa utilizó la operación “Pincinco” para apropiarse de 101,89 millones de euros (16.953 millones de pesetas) que repartió, entre otras personas, a Manuel Prado y Colón de Carvajal y al empresario Enrique Sarasola. Asimismo, abarca las dos operaciones “Oakthorn” y la manipulación de las cotizaciones de la empresa Prima Inmobiliaria.

La maniobra se gestó por el presidente de KIO, Fahad Al Sabah, y el representante de Torras Javier de la Rosa, quienes, aprovechando la situación en la que quedaba KIO como consecuencia de la invasión de Kuwait en la Guerra del Golfo, en agosto de 1990, “decidieron sustraer enormes cantidades de dinero en beneficio propio“. El método seguido, según la tesis de la Fiscalía, fue mover activos de KIO por importe de 300 millones de dólares, que fueron prestados al Grupo Torras, quien a su vez los prestó a su filial Torras Hostench Ltd., que constituyó con el dinero prestado un depósito en un banco suizo (Bankers Trust) pactando un interés que le reportaría la inversión.  “Pero lejos de ser un simple depósito -señala el fiscal–, en realidad lo que se hacía era establecer con el Banco un acuerdo en virtud del cual –con la garantía del activo colocado por Torras Hostench London Ltd– serían prestados 300 millones de dólares a una sociedad de Jersey, Pincinco Ltd., que abrió una cuenta en el mismo banco suizo. Y Pincinco repartió el dinero (los 300 millones de dólares, unos 29.000 millones de pesetas), de la manera diseñada por los acusados”. Del total de la operación presuntamente delictiva, cuya investigación corrió a cargo de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, 101 millones de dólares fueron a parar a una cuenta de De la Rosa y su mujer en el Bankers Trust, quien transfirió cantidades a Jorge Núñez, Manuel Prado, Enrique Sarasola, Arturo Piñana, Manuel Guasch, Jaume Camps y Santiago Tomeu, entre otros.

 Tras largos años de dilaciones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Gómez Bermúdez, condenó el 23 de junio de 2006 a Javier de la Rosa a cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental en las operaciones Pincinco (300 millones de dólares que volaron durante la Guerra del Golfo, incluidos 80 de los 100 pagados a Prado) y Oakthorn (préstamo de 105 millones). Por los mismos delitos fue también condenado a tres años y ocho meses el abogado de Torras, Juan José Folchi; a un año y seis meses el ex consejero delegado, Jorge Núñez, y a otro año por apropiación indebida Manuel Prado y Colón de Carvajal, nacido en Quito y con residencia en Suiza, ex diplomático e intendente real, cargo que tradicionalmente designa a la persona encargada de manejar el patrimonio privado del Rey, en este caso Juan Carlos I.

Los juicios celebrados a cuenta de las distintas piezas que componían el caso KIO se saldaron con lo de siempre, un par de cabezas de turco con unas condenas ridículas y una mayoría de exculpados. Lo peor es que acabamos por acostumbrarnos y tenemos la sensación de es normal que nos timen, quizás incluso alguien piense que un día el protagonista  podría ser él.

La corrupción, el pan nuestro de cada día

Si alguien me preguntara por la crisis, podría responder de forma casi automática, que si de algo sabemos los españoles es de pagar los platos rotos. Desde que España es España, y creo que no me equivocaría al decir que incluso antes de serlo, hemos tenido que soportar a una clase de individuos cuya misión en la vida, era robarnos hasta el pelo de las cejas. Con un agravante: muchos de ellos eran nuestros héroes particulares. Les hemos llamado con toda una suerte de cariñosos apelativos: Pícaros, tunantes, golfos, espabilaos, buscavidas etc. Evitando en todo momento pronunciar su verdadero nombre: Delincuentes.

Iñaqui Urdangarín, nos ha devuelto a esos delicuentes plenipotenciarios, que cultivan la creencia de que al amparo de las Instituciones nos pueden levantar la cartera, a la vez que les sonreímos mientras admiramos su hidalguía; luego nos preguntamos: ¿No tendría este buen muchacho suficiente para vivir a cuerpo de rey? Pues ya ve que no, y yo añadiría otra pregunta: ¿Realmente después de quinientos años de historia, seguimos los del pueblo llano siendo tan imbéciles?

Creo que no está de más que todos recordemos los casos más flagrantes de la corrupción en España, y tal vez así comprendamos por qué no les cuadran las cuentas a nuestros ilustres gestores, mientras nos cuelgan el muerto una vez más y nos piden delicadamente que paguemos de nuevo los platos rotos.

El caso Matesa

El caso Matesa, puso al descubierto la fragilidad del sistema ante la corrupción. El primer caso de fraude financiero con dinero público del que se tuvo plena información a pesar del férreo control que la dictadura ejercía sobre los medios de comunicación, que a su vez gozaban de nula independencia. Pero también puso de manifiesto las luchas intestinas en la “Democracia orgánica del Estado español”

Caso Sofico

Por si alguien creía que las grandes estafas pertenecen a nuestra historia más reciente, como por ejemplo el caso del Fórum filatélico, vamos a ver como en 1.974 en la hoy castigada hasta la saciedad costa malagueña, tuvo lugar el escenario de la mayor burbuja inmobiliaria en España hasta la quiebra de Martinsa.

La cocción del escándalo

A mediados de los años sesenta, el panorama en tierras malagueñas era por así decirlo bastante heterodoxo. Málaga mostraba al mundo dos caras contrapuestas. Sus visitantes traían con ellos el modernismo europeo a sus playas, el reclamo hablaba de ruptura, de de libertad, pero tras las luces de Bohemia se ocultaban los nombres más siniestros de la dictadura, su cuadro militar al servicio del caudillo El franquismo se dio cuenta de que el turismo no sólo mejoraba las cuentas. Si toleraba los aires progresistas, no era por una concesión pública de libertades, sino por la mejora en las cuentas corrientes de los hastiados adinerados que veían con envidia a sus vecinos europeos. Muchos negocios de la provincia pertenecían a los políticos. La Nogalera, referencia actual del mundo ´gay´, formaba parte del patrimonio del subsecretario de Estado, ironía y paradoja mayúscula.

En la Costa del Sol, los grandes empresarios pertenecían al pasado glorioso del movimiento nacional. Por ello no es de extrañar que el consejo de administración de Sofico estuviera compuesto por altos cargos del Ejército. Su promotor, el malogrado empresario Eugenio Peydró Salmerón, había combatido en el bando nacional, enrolado en tareas informativas, y mantenía una excelente relación con coroneles y ejecutivos. La ligazón con Málaga estaba clara desde el principio. El objeto social de la empresa era construir, vender y alquilar apartamentos en la provincia. En Estepona, principalmente, donde sentaron las bases de la ciudad del futuro. Por desgracia, en casi todos los sentidos.

Con un capital de 15 millones de ptas. Se constituye en Madrid la “Sociedad financiera internacional” (SOFICO), con el fin de negociar mediante la construcción, venta y arrendamiento de apartamentos en la Costa del Sol. Su fundador era Eugenio Peydró Salmeron, un empresario andaluz natural de Almería, nacido en 1.906, empleado de comercio en Barcelona antes de la Guerra Civil, y que durante la misma actuó para el Coronel José Ungría, del servicio de inteligencia del ejército nacional, hecho que le proporcionaría los contactos necesarios para su posterior irrupción en el mercado de las influencias políticas en los negocios.

Algunos meses después de Sofico, se constituye SOFICO INVERSIONES, con el apoyo declarado del Ministerio de Información y Turismo, ofreciendo al inversionista intereses del 10% sobre el capital invertido en apartamentos ya construidos a nombre del inversor, pero arrendados y administrados por la entidad SOFICO. Con posterioridad los intereses devengados pasarías del 10 al 12% durante los primeros 10 años y del 16% hasta los 20 años. Es importante reseñar para poder comprender la impunidad con la que actuaban, que el presidente honorario de SOFICO era Luis Nieto Antúnez, hermano del ministro de Marina durante la dictadura de Franco. En 1965, a las ya constituidas sociedades se suman dos nuevas: Sofico Vacaciones y Sofico Atlas.

En un principio la venta de apartamentos se realizaba a obra terminada, pero para agilizar la rentabilidad de la inversión, se empezó a vender “sobre plano” cobrándose cantidades a cuenta, e incluso se cobraba el importe íntegro para que el inversor financiara la operación. Una red comercial apoyada por unas campañas publicitarias enormemente convincentes, atraían a los compradores como moscas a la telaraña, pero cuando los fondos propios no eran suficientes para garantizar la expansión de SOFICO, se recurrió a compraventa de inexistentes apartamentos, pues en ocasiones ni siquiera existían los solares donde construirlos. El problema era que, en realidad, con la operatoria normal no se reunía siquiera el dinero necesario para abonar los intereses prometidos a los inversores. Esa situación desembocó en una huida hacia adelante y Sofico tuvo que comprar nuevos terrenos y vender los correspondientes apartamentos sin construir para pagar la rentabilidad del 12%, lo que agravó el proceso deficitario.

Obligado por la necesidad a buscar nuevos ingresos, Peydró puso en marcha la creación de filiales en el extranjero, pero lo único que consiguió, fue un considerable aumento de los gastos y el déficit, además de generar actuaciones irregulares al realizar trasvases de fondos y divisas sin contabilizar de unos países a otros, y figurando en los contratos cantidades inferiores a las pagadas por los compradores. Así, vieron la luz Sofico FranceSofico Great BritainSofico DeutschlandSofico USA e Hispano Benelux.

En 1.969 aparece Sofico Renta con la finalidad de captar a los incipientes pequeños ahorradores de la generación del 600, emitiendo la cantidad de 127.000 títulos que supusieron unos ingresos de 3.189 millones de ptas. Pero nada sostenía esas participaciones, ningún bien respaldaba las aportaciones por acciones. La inviabilidad de Sofico Renta era total, pues el pago del 12% de rentabilidad suponía un desembolso anual de 380 millones, y la única fuente de ingresos era la suscripción de nuevas participaciones pero no obstante, el Ministerio de Información y Turismo le concedió ese año la “Medalla de plata al Mérito Turístico”.

Fidecaya

En 1.952 se crea la entidad de ahorro particular FIDECAYA, que llegó a alcanzar la cifra de 250.000 depositantes en el año 1.980, casi todos ellos pequeños  ahorradores que se asociaban gracias a la llamada de los nuevos tiempos, que ofrecían oportunidades financieras a la emergente clase media trabajadora, que soñaba con convertir sus ahorros en pequeñas fortunas sin contraer los riesgos y vaivenes que tenía la bolsa clásica. Fue en ese año cuando se comenzaron a vislumbrar las primeras irregularidades. La tele anunciaba las bondades del producto a través del inolvidable y célebre humorista Miguel Gila (« ¡FIDACÁYATE YA!»). Y es que desde siempre ha habido estafas sonadas, el problema es que eran mucho menos aireadas por los medios de comunicación, sometidos a una férrea censura, y en tiempos anteriores, por simple y llano desconocimiento. El procedimiento es el de siempre, ya citado en anteriores fraudes, se prometen intereses elevados a pequeñas inversiones, que se pagan con las nuevas aportaciones, mientras que los gerentes de los depósitos arriesgan el dinero de los ahorradores, en operaciones especulativas en busca de beneficios superiores a los intereses prometidos.

Miguel Soriano (empresario de Albacete que controló Fidecaya desde 1968, (dieciséis años después de su fundación, a 1971) vendió la finca Prado largo (unas 500 hectáreas situadas en Aranjuez, a cuarenta kilómetros de Madrid) a Fidecaya y a varias de su medio millar de filiales inmobiliarias y financieras. El precio fue superior a los 2.000 millones de pesetas. Los pagos se efectuaron con créditos procedentes de Fidecaya (en conjunto todas sus filiales debían a la entidad casi 10.000 millones de pesetas). El fruto de la venta habría servido a Soriano para comprar Fidecaya, de la que en diciembre de 1978 tenía el 99,57% de las acciones. Sustituyéndo así en la propiedad a varios bancos, financieras y personas físicas.

Desde entonces, Soriano hizo varias operaciones, entre ellas un cruce de acciones que le deparó el control de Promobanc. Pero lo que centra la atención del fiscal es que, tras la citada inspección de la Dirección General de Seguros y su requerimiento de aumento de capital, Soriano aportó bienes que valoraba en mil millones de pesetas. Valor que fue revisado en marzo de 1981 por el consejo de administración de Fidecaya, entonces controlado por la autoridad a través de la intervención de Promobanc y la Administración. Los bienes se cifraron entonces en 189 millones de pesetas. Ante ello, en virtud del artículo 32 de la ley de Sociedades Anónimas, Soriano optó por retirar su aportación. No obstante, algunos consideraron el hecho un intento de defraudación. La auditoría realizada entonces al grupo de empresas hablaba de un déficit patrimonial de 4.056 millones de pesetas a 30 de junio de 1980, aunque estimaba que serían 5.309 millones a finales de año.

La crisis suponía que los cedulistas se quedaran sin sus ahorros, pero el Estado garantizó sus depósitos. Fidecaya acumuló pérdidas superiores a la mitad de su capital suscrito, aplicó a sus operaciones condiciones distintas a las que tenía autorizadas y carecía de tesorería. Se trataba de presuntas estafas financiero-inmobiliarias que superaron los 1.800 millones de pesetas (11 millones de euros).

El Consejo de Ministros acordó en septiembre de 1981 hacer efectivas las garantías de devolución de depósitos a los cedulistas de Fidecaya en los porcentajes fijados por decreto ley. Igualmente decidió iniciar la liquidación forzosa e intervenida de esta «entidad de ahorro particular». Con esa decisión, los depósitos de los ahorradores cesaron de devengar intereses y premios. El plan ordenado de devoluciones de las cantidades garantizadas por el Estado, así como la efectividad de anticipos del Banco de España, se llevaron a cabo contando con las posibilidades de ventas de bienes. Fidecaya agotó su liquidez y dejó de operar al ser intervenida el 19 de agosto de 1980 por Hacienda, al considerar la Dirección General de Seguros que las aportaciones prometidas por Edmundo Alfaro, propietario de la entidad, al hacerse con la presidencia de la entidad no alcanzaban los objetivos de saneamiento, así como después de dos semanas de retiradas de depósitos.

La fiscalía abrió en 1982 un proceso por presuntas estafas de más de 1.200 millones de pesetas. Los dos últimos propietarios de Fidecaya pasaron a disposición del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, tras haber sido detenidos, horas después de que el ministerio fiscal les denunciara por presuntos delitos de estafa. El juez inició la toma de declaraciones a una veintena de miembros de los últimos consejos de administración de dicha entidad. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella. Un contrato de compra firmado por Rumasa en de aquel año diciembre no recibió el visto bueno del Gobierno, que afirmó llegar a la toma de una decisión a la mayor brevedad.

Miles de millones por medio

Los últimos papeles fueron remitidos por los liquidadores coincidiendo con la dimisión de su presidente y otro miembro de la comisión interministerial, al parecer por la complejidad de su trabajo y las escasas facilidades encontradas en la Administración. Este paquete se refería a la venta de Gráficas Cosol, empresa con 102 trabajadores, precursora del polígono industrial de Guadalajara y que llegó a imprimir los diarios Mundo Obrero y El Alcázar, órganos respectivos del PCE y de los excombatientes que preside Girón de Velasco. Según fuentes jurídicas y de la Administración, la querella del fiscal que han conocido no llega a la media docena de páginas. En resumen, dice que, antes de la decisión de extinguir Fidecaya, ocurrieron los hechos que constituyentes de delito de estafa.

El Consejo de Ministros acordó el cuatro de setiembre de 1.981  hacer efectivas las garantías de devolución de depósitos a los cedulistas de Fidecaya en los porcentajes fijados por decreto ley, el 20 de agosto. Igualmente, como estaba previsto, decidió poner en marcha la liquidación forzosa e intervenida de esta «entidad de ahorro particular», para lo cual designó una comisión que elabore un plan ordenado de devoluciones y transforme la empresa o venda sus activos a sociedades financieras e inmobiliarias. Con esta decisión, los depósitos de los ahorradores cesaron de devengar intereses y premios. A la vez, empezó a contar el plazo para que en tres meses fueran devueltos una cuarta parte de los depósitos Y en un año se alcanzaran el total, que cubre el 91% de los 16.398 millones de pesetas contabilizados a principios de año y al 96,3% de los cedulistas (más de 243.000). Los reintegros deberían ser pagados con cargo a una cuenta especial abierta por el Tesoro en el Banco de España, previsiblemente a partir de finales del citado mes y a través de las propias oficinas y delegados de Fidecaya. La comisión, que debería sustituir a los actuales órganos rectores de la entidad contaba con las más amplias facultades para liquidar y exigir responsabilidades, según el acuerdo del Gobierno, se constituyó el 5 de setiembre, coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  El plan ordenado de devoluciones de las cantidades garantizadas por el estado, así como la efectividad de anticipos del Banco de España, se llevarían a cabo, según fuentes gubernamentales, teniendo también en cuenta las posibilidades de ventas de bienes.

El polémico juez Ricardo Varón Cobos, que sustituyó por un mes al juez Francisco José Castro Meije que entendía el caso exculpó al último propietario de Fidecaya, Edmundo Alfaro. La fiscal Carmen Tagle no se conformó con la decisión del juez Varón Cobos e interesó nuevas medidas contra Alfaro. Pero sorprendentemente, en 1989el jefe de la Audiencia Nacional Eladio Escusol, solicitó el archivo del sumario de Fidecaya al considerar que no existía delito alguno El hecho causó estupor e indignación entre algunos magistrado, fiscales de la Audiencia y abogados que han seguido el proceso, varios de los cuales han precisado que no conocen ningún otro caso en el que el fiscal haya pedido el sobreseimiento de una causa promovida por su antecesor a instancias del Ejecutivo.

Extracto del auto de procesamiento del caso Fidecaya dictado por el juez Francisco Castro:

“En la operación defraudadora llevada a cabo por los procesados Soriano y Aldaz tuvo una intervención necesaria Manuel Grau, que prácticamente era el anterior titular de Fidecaya. Grau, que era titular del 48% de las acciones, transfirió a Soriano la totalidad de las mismas, que estaban sobrevaloradas. La maquinación fraudulenta hizo que su precio fuera pagado por la tesorería de la propia sociedad vendida. Soriano introdujo en la operación una finca rústica, cuyo valor no llegaba al 15% del precio satisfecho. La maniobra se inició en el consejo de administración del 14 de diciembre de 1978, en el que se incluyó en el orden del día una oferta de compra de acciones al 546,5% de su valor nominal.

Como consecuencia de la oferta, Fidecaya otorgó a Soriano un crédito por 350 millones y otros cuatro de unos 500 millones cada uno a personas interpuestas, notoriamente insolventes. Los créditos, que habían pasado a Grau, cumplieron la función de pagar los más de 2.000millones del precio de venta de las acciones de Fidecaya. La maquinación se consuma, cuando aparece como única garantía de los créditos la finca Puente Largo, situada en Aranjuez, que fuera comprada por Soriano poco tiempo atrás en un precio que en ningún caso superó los 200 millones”.

Al introducir esta finca en el patrimonio de Fidecaya para cancelar los créditos se produjo una maniobra fraudulenta con un perjuicio para !a sociedad evaluado en 1.800 millones de pesetas. Esto originó que Fidecaya no pudiera hacer frente a sus compromisos con millares de cedulistas, obligando al Estado a resarcir a los perjudicados por motivaciones sociopolíticas.

villalbasemueve.es

El expresidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, Jaume Matas, ha sido condenado a seis años de prisión por pagar con fondos públicos al periodista que le escribía sus discursos para que hablase bien de él en su medio de comunicación.

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Sin embargo, Matas no es el primero ni su Gobierno el único que está siendo investigado por corrupción en estos momentos. Estos son los casos abiertos más importantes.

GÜRTEL

La denuncia de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes populares de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fuese organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.

El caso está pendiente de recepción por parte de la Audiencia Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió de la investigación el 8 de junio de 2011.

CASO TRAJES

La vertiente valenciana del caso Gürtel investigó la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno. El ‘premio’ serían, también en esta ocasión, adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región.

Fueron imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables ante el juez de haber recibido regalos de la trama.

El juicio comenzó el 12 de diciembre de 2011 en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. El 25 de enero de 2012, Camps y Costa fueron absueltos por un jurado popular. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha recurrido el archivo de la causa interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

PALMA ARENA

Jaume Matas, ex presidente de Baleares, fue condenado el 20 de marzo de 2012 a seis años de prisión por pagar con dinero público a un periodista para que hablase bien de él. Esta es solo la primera de las 26 causas abiertas por el caso ‘Palma Arena’. Matas se sentaba en el banquillo por primera vez.

El sobrecoste en las obras de construcción del velódromo de Palma de Mallorca, finalizado en 2007, terminó por llevar al banquillo al expresidente de Baleares, que abonó una fianza de 2,5 millones de euros para no ingresar en prisión. Está acusado de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

Un informe encargado por el PSOE al llegar al Govern destapó el caso Palma ArenaLos principales imputados, junto a Matas, por la Audiencia Provincial son el exregatista olímpico y director general de Deportes en el anterior Govern, Pepote Ballester, y el exgerente del velódromo, Jorge Moisés.

En Baleares se investigan actualmente hasta 20 casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP y al partido bisagra Unió Mallorquina, que también gobernó junto al PSOE la pasada legislatura. Solo la investigación del Palma Arena tiene 26 piezas separadas.

CASO NÓOS

Es una de las piezas incluidas en la investigación del caso Palma Arena. Ha tomado entidad por sí misma después de la imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Según la investigación, el marido de la infanta Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El caso está en fase de instrucción. Iñaki Urdangarin declaró ante el juez el 26 y el 27 de febrero, cuando aseguró que era Diego Torres quien manejaba realmente el Instituto Nóos. También desvinvuló a la infanta Cristina de las actividades de la fundación. En enero, la Fiscalía del Estado rechazó investigar si la hija del Rey tuvo conocimiento de las supuestas actividades ilícitas.

Ver más grande el mapa de los grandes procesos por corrupción abiertos en España

CASO CAMPEÓN

La detención en mayo de 2011 del empresario gallego Jorge Dorribo, acusado de encabezar una trama de fraude en subvenciones públicas, ha derivado en la intervención del Tribunal Supremo para investigar al exministro socialista José Blanco por su posible implicación en la recepción de sobornos.

En su declaración judicial, Dorribo aseguró que Blanco y los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG) recibieron distintas cantidades de dinero por ayudarle a conseguir subvenciones y distintas licencias para él o para terceros. Blanco admitió ante el juez haber usado la expresión “lo miraré” cuando hablaba con empresarios, pero negó recibir cualquier pago ni realizar gestiones políticas.

Jorge Dorribo, Pablo Cobián y Fernando Blanco están imputados. También lo está el alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), no así el exministro. El caso sigue bajo investigación.

MERCASEVILLA Y LOS ERE

El caso que trae de cabeza al Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. La denuncia de dos empresarios, a los que dos dirigentes de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron un soborno, destapó cuatro casos de fraude. De uno de ellos salió el polémico ‘caso de los ERE’, marcado por las subvenciones que la Junta otorgaba para costear parte de los expedientes de regulación de empleo y para ayudar a empresas en dificultades.

Guerrero calificó la partida destinada a los ERE’s como el “fondo de reptiles”La Junta de Andalucía ha admitido la existencia de 72 ‘polizones’ entre 1.569 trabajadores investigados de los 6.096 que recibieron ayudas públicas entre 2001 y 2008. Entre ellos hay una decena de militantes o cargos socialistas, pero también cargos del Partido Popular.

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, es el principal imputado. Él era el responsable de que los 647 millones de euros que manejaba la Junta para estos conceptos tuviesen un destino adecuado. También está imputado su superior, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La investigación está en manos de un juzgado de Sevilla y no hay fecha para el juicio.

CASO BRUGAL

Trama corrupta en la que empresarios alicantinos vinculados al sector de la recogida de basuras y al urbanismo habrían sobornado a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones y otros favores.

La causa tiene una veintena de ramificaciones en las que están imputados los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, además del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El sumario también implica a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.

En la actualidad, dos tribunales de la Audiencia Provincial de Alicante deben decidir si las escuchas practicadas entre 2007 y 2010 y que sirven de base a la Fiscalía Anticorrupción se realizaron legalmente.

CASO MINUTAS

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz (GIL), y el abogado y presidente del Sevilla Club de Fútbol, José María del Nido, fueron condenados el pasado mes de diciembre por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a siete años y medio de prisión y 15 de inhabilitación absoluta cada uno. Su delito, haber malversado 2,86 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella contratando servicios jurídicos de forma irregular e injustificada.

La Policía calcula que en Marbella se defraudaron 670 millones de eurosDel Nido ha anunciado que recurrirá, pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los condenados ingresen en prisión preventiva.

El ‘caso Minutas’ es un apéndice del caso Malaya, cuya fase judicial aún no ha concluido. La policía tasa el dinero blanqueado en el ‘caso Malaya’ en unos 670 millones.

La corrupción política que no vemos

34 comentarios

Aurelio Jiménez   8 de febrero de 2012 | 08:00

Me hace gracia ver como enfoca la prensa la ola de corrupción que en los últimos meses parece atravesar el país de punta a punta. Y más gracia aún me hace comprobar como la mayor parte de la gente se sorprende y pone el grito en el cielo ante esta situación. Queramos aceptarlo o no, la corrupción es parte de la cultura política española. El arte de me arrimo, trinco y unto existe en este país desde los orígenes de la democracia.

El Bigotes, Camps, Julián Muñoz o Urdangarín son sólo los pringados de turno que no han sabido untar bien a su entorno y, en consecuencia, son pillados por su manifiesta torpeza. Ellos sólo son chivos expiatorios que la maquinaria propagandística política utiliza para generar una cortina de humo con la que aparentan depurar el sistema.

A mí estos corruptos, la verdad, no me quitan el sueño. Son corruptos de un nivel inferior que llegaron a donde llegaron por su exquisita verborrea y que se han aprovechado con astucia y poca vergüenza de la decadencia del régimen. Los que me dan verdadero miedo son los que nunca salen en las noticias porque juegan en una división superior, aquellos que son invisibles para el sistema.

La primera división de la corrupción

Ejemplos de corrupción de primer nivel existen a montones pero como he dicho son invisibles a los ojos de la ley. Imagínate a un político cuya campaña sea financiada por un par de bancos o cajas de ahorro. El tío gana las elecciones y llega al poder. Si por circunstancias económicas la crisis azota al sector financiero, ¿qué crees que pasará? El banco condonará deudas por un lado a cambio de gigantes inyecciones de dinero público con cargo al PIB por el otro. Un rescate encubierto que esconde un trapicheo que ha venido gestándose desde hace años.

Esta corrupción de alto standing es invisible para la justicia y ha movido decenas de miles de millones de euros los últimos años. Estamos hablando de crear leyes para poder dar lugar a situaciones de corrupción extrema. Esto es muy grave. Si encima te da por pensar que un presidente es un producto creado por lobbies y preconfigurado para llegar al cargo que ostenta, apaga y vámonos.

Imagínate ahora a otro político que comenta a un amigacho de toda la vida la recalificación de un terreno de rústico a urbano. El amigacho compra las tierras a precio de saldo y cinco años después construye una macro urbanización de chalets adosados a poco más de mil metros de la playa que posteriormente vende a 340.000 euros cada uno. Dos semanas después el político abre la puerta de su casa, se encuentra una bolsa Adidas con un fajo de billetes de quinientos y aquí nadie sabe nada.

Si un día abres el periódico y te enteras de que se está proyectando un macroproyecto de 18.000 viviendas en régimen de alquiler en un país donde en 2009 se construyeron 200.000 y que aún tiene un stock de 1.000.000 sin vender, no pienses en la insensatez del constructor o del político que lo ha permitido, sino en el negocio en B que allí hay montado. ¿Como si no se iba a generar trinque?

Del mismo modo, si un ayuntamiento tiene que conceder una obra pública de envergadura según unos criterios pactados con la oposición, y tras publicarse los criterios da la casualidad de que el primo de la mujer del alcalde los cumple al dedillo, ahí tampoco se puede demostrar nada.

Cada vez que hay una crisis (pasó también en el 93) el pastel se reduce y las porciones son más pequeñas. Cuando los comensales se ponen nerviosos porque no pillan cacho a uno se le va la lengua y al otro le aparece el teléfono pinchado. Luego nos lo venderán como una depuración del sistema y mucha gente dormirá tranquila sabiendo que la justicia funciona. Esto sí que es un circo y no el de la Fórmula 1.

¿Puede evitarse la corrupción?

La única forma de acabar con la corrupción de los gobiernos es haciendo que estos se normalicen y vuelvan a sus funciones normales, mucho más básicas. Mientras jueguen a inversor, empresario y buen samaritano la situación irá obligatoriamente a peor. La corrupción cuando el gobierno maneja enormes cantidades de dinero es automática por tres motivos:

  1. Los políticos no son inversores profesionales, y si algunos lo fueran seguro que no serían los mejores de la población. Financieros, expertos bursátiles, médicos, ingenieros o físicos tienen que demostrar su valía si quieren alcanzar puestos importantes en el sector privado. Los políticos, mientras tanto, sólo son oradores y líderes de masa.
  2. El dinero que manejan no es suyo. Por más que muchos por inercia se hayan habituado, esto es un estado de aberración moral. Y en este caldo de cultivo de moral difusa en el que “todo vale según con qué palabras lo plantees”, la corrupción es una reacción obvia que tarde o temprano aparecerá siempre.
  3. El beneficio o utilidad que obtengan con ese dinero no es para ellos. Ésta situación cambia mucho el panorama y la forma de usar el dinero, muy diferente de la eficacia, precisión y esfuerzo con que lo emplea el propio inversor o profesional en la búsqueda de un rendimiento que tiene que ser su retorno para sí mismo.

La trampa de la política actual es pensar que todo se arregla con más leyes, más normas coercitivas, más cárcel y más sanción, cuando lo único que conseguiremos así será tener la mayor proporción de población política corrupta de Europa. La política sólo funcionará bien cuando sea libre, justa y meritocrática, y todo lo demás es una utopía.