Pelea al rojo con la ministra Jiménez: empresas solares acusan que se han trabado cientos de millones en inversión

Entre 300 y 600 millones de dólares. Esa es la estimación que los inversores en energía solar acusan que se paralizó luego del 22 de abril, día en que diferentes fondos, asociaciones gremiales y representantes del sector fueron invitados a un seminario del Ministerio de Energía, que lidera Susana Jiménez.

La cita –coordinada por la Comisión Nacional de Energía– tuvo una alta convocatoria, pero durante su desarrollo tomó otro cariz, luego que el secretario Ejecutivo de la CNE, José Venegas, le anunció a los actores del rubro que las cosas iban a cambiar: el Gobierno de Sebastián Piñera estaba estudiando un cambio en el Decreto Supremo 244, que regula las reglas de pago de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs).

En palabras sencillas, se trata de una serie de empresas que invierten en pequeñas centrales –principalmente de generación solar– y que pueden optar a una estabilización de precios. La normativa nació con la idea de apoyar a las generadoras que no tenían capacidad de firmar contratos con grandes empresas y necesitaban tener certeza sobre los precios de la energía para poder financiar proyectos y hacerlos atractivos.

“Esta señal de precio estable ha permitido financiar gran parte de los proyectos PMGDs, ya que permite proyectar con menor incertidumbre sus ingresos y flujos de caja. Para el levantamiento de capital que hacemos nosotros como inversionistas con bancos locales e internacionales, es fundamental contar con dicha estabilidad. Por tanto, el solo anuncio del Gobierno de modificar la forma de cálculo del precio estabilizado utilizada hasta ahora, detuvo las inversiones en el sector. Esperamos que el Ministerio de Energía pueda hacer un anuncio que permita restituir la certeza normativa y dar tranquilidad a los inversionistas”, manifestó a El Mostrador Mercados Fernando Olave, socio de Rockville Capital.

El anuncio que se hizo en ese seminario de abril fue sorpresivo y desató la molestia de las compañías del rubro, que principalmente son inversionistas que –por medio de fondos de inversión– han puesto plata para enterar proyectos de varios millones de dólares, contrayendo deuda con la banca.

Lo cierto es que la primera noticia del cambio de reglas la dio una semana antes la propia ministra Jiménez, pero fuera de Chile, durante un seminario en Nueva York, donde señaló que el Gobierno estaba estudiando modificaciones a la normativa.

Desde la gran manzana los bancos encendieron la alarma y el efecto de sus dichos fue casi inmediato. En una reunión con inversionistas representantes de JP Morgan, estos frenaron el financiamiento a un proyecto local de cerca de US$ 100 millones, aduciendo a las noticias de las que, en todo caso, en Chile aún nadie se enteraba.

Hasta ahora el negocio le daba altas garantías a la banca de su rentabilidad. El precio de la energía de estas inversiones solares permitía, gracias al decreto, alcanzar una media por sobre el costo marginal de la energía y garantizaba, como bien dice su nombre, una estabilidad en el tiempo, pudiendo asegurar cuáles eran los flujos del negocio. Pero con la incertidumbre instalada ahora en el aire, todo el financiamiento que estaba en agenda para los próximos meses se suspendió.

Para ponerlo en contexto: estas empresas comenzaron su auge en 2016 y crecieron de forma importante gracias al decreto. De acuerdo a datos de la industria, los PMGDs son unos 300 MW, es decir, el 1,2% del sistema.

“Esta señal de precio estable ha permitido financiar gran parte de los proyectos PMGDs, ya que permite proyectar con menor incertidumbre sus ingresos y flujos de caja. Para el levantamiento de capital que hacemos nosotros como inversionistas con bancos locales e internacionales, es fundamental contar con dicha estabilidad. Por tanto, el solo anuncio del Gobierno de modificar la forma de cálculo del precio estabilizado utilizada hasta ahora, detuvo las inversiones en el sector. Esperamos que el Ministerio de Energía pueda hacer un anuncio que permita restituir la certeza normativa y dar tranquilidad a los inversionistas”, explicó a El Mostrador Mercados Fernando Olave, socio de Rockville Capital.

El anuncio no solo cayó como un balde de agua fría para el sector, sino que también irritó a sus representantes. Según testigos, la reunión del 22 de abril, además se dio en el peor de los ambientes, porque no se preparó bien, lo que fue evidente, ya que se les presentó un Power Point con una propuesta muy general y les dieron un mail para mandar observaciones en un plazo de dos semanas.

Lo que más molestó a los presentes –explicaron algunos de ellos– fue que los representantes del Gobierno dijeron que en realidad el decreto no era más que un subsidio, un argumento que solo refleja que la administración piñerista “compró” el discurso de las grandes generadoras.

En efecto, la estabilización de precios, de ser necesaria, es asumida como un costo marginal de las generadoras, las mismas que hace pocos días salieron en la foto firmando un plan de descarbonización criticado por los ambientalistas.

Al buzón de voz

Desde las grandes generadoras aseguraron que la intención de modificar el decreto no vino de parte de ellos. Explicaron que dentro del proceso de participación –que tras las presiones se extendió hasta el 17 de junio– ellos también entregarán su visión formal del tema, pero que no les significa un costo relevante el tema, aunque sí reconocen que ha crecido. Igual el contraataque contó con varias versiones en redes sociales contra las generadoras.

Todas las empresas que invierten en solares han levantado asesores para participar del proceso, que aún debe pasar por las etapas de una consulta ciudadana abierta y la Contraloría General. A la par se activaron todas las peticiones de las asociaciones gremiales del rubro solar para reunirse con Venegas y la ministra Jiménez, algo que primero les fue negado y que se concretó recién la semana pasada.

Actores del mercado agregaron que, tras el anuncio del 22 de abril, el escenario fue confuso y que, si bien la medida ha sido supervisada por la ministra, lo concreto es que el equipo técnico que la acompaña –entre ellos Venegas y el jefe de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, Gabriel Prudencio– no supo leer el momento político para hacerlo público. “Un equipo de puros tecnócratas sin ninguna experiencia política”, reclamó una fuente del sector, mientras otros afirmaron que las autoridades “están escuchando a la gente equivocada”.

Esta tensión se genera cuando la ministra Jiménez ya viene golpeada por el caso de los medidores eléctricos y, además, por el hecho de que la agenda del Gobierno esta “teñida” de verde a propósito de la realización de la COP25. Un conflicto de esta naturaleza no ayuda en nada a Piñera.

El Gobierno explicó a El Mostrador Mercados que la justificación de haber tomado la opción de la modificación se sustenta en varios puntos. El primero, que se esta dando una sobreinversión en el sector y un auge de estas centrales donde no son necesarias, algo que desmienten de forma tajante desde esta industria.

Segundo, el Gobierno agregó que se estaban pagando sobreprecios del orden de 65 dólares por MW y, por último, precisó que había aprovechamiento de algunos grande actores al fraccionar enormes proyectos para recibir el beneficio, único argumento en el que hay consenso en toda la industria.

La versión gubernamental añadió que en ningún caso piensan eliminar la estabilización, sino que moderarla para que no se genere una auge artificial de inversiones en el segmento, solo por estar asegurada la utilidad.

La integrante del Comité Ejecutivo de PMGDs, Ana Lya Rojas, detalló a El Mostrador Mercados que “hemos constituido una mesa con el ministerio, basada en estudios técnicos. Lo que amerita esta discusión en conformidad a esa apertura de esa mesa de trabajo, es elaboración técnica de los fundamentos que expliquen la medida”. Rojas dijo que es relevante la apertura del Gobierno a escuchar a los actores del sector, pues no se explica que previamente –sin respaldar técnicamente la medida– se haya hablado casi de un cambio unilateral.

En ese sentido, el Gobierno aseguró que todo se puso sobre la mesa no por influencia de ciertas empresas sino porque “se estaba dando la señal incorrecta al mercado”. Consideran clave incentivar que estas centrales, con el plan de retiro de poco más de 1.000 MW de carbón de la matriz, se ubiquen cerca de los centros de consumo y no en lugares donde no se necesitan, como estaba ocurriendo.

“Eso es un mito. Hoy existen solo 6 proyectos de este tipo en la zona norte. La mayoría de los PMGD están en las zonas central y sur, donde justamente se concentra la demanda eléctrica del país”, rebatieron desde las empresas solares.

Consultada para este artículo, la ministra Jiménez comentó que “atendiendo a los Pequeños Medios de Generación Distribuida, los PMGD, estamos trabajando en incorporar una serie de perfeccionamientos reglamentarios, tanto para facilitar los procesos de conexión de los PMGD, como para habilitar su desarrollo de largo plazo bajo un enfoque económico de mercado y con señales de precio eficientes. Hemos abierto esta discusión, en un proceso que permite que todos los actores involucrados puedan entregar constructivamente sus estudios e ideas en esta materia, y así lograr una regulación razonable que también se haga cargo de decisiones ya establecidas”.

Con todo, si hay un punto de coincidencia entre todos los consultados, es que este era un pésimo momento para sentarse a discutir la normativa y con el riesgo de que las esquirlas puedan alcanzar a la ministra.

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Author: Natalia Saavedra