El juzgado de instrucción nº 5 de Santander mantuvo la orden de lanzamiento contra el matrimonio formado por Carmen y Luis hasta el último momento. A pesar de que, según la plataforma Stop-Desahucios, “existía base jurídica para haberlo suspendido sin necesidad de ningún pacto con la parte ejecutante”.

Carmen y Luis fueron acompañados por varios activistas de la plataforma y estuvieron toda la mañana en el juzgado. Al final, por intervención de la letrada-secretaria del juzgado, se llegó a un acuerdo que establece el compromiso de la familia en abandonar el inmueble antes del 19 de agosto, que es la fecha señalada en el decreto de suspensión del juzgado.

Para Antonio G. Javega, coportavoz de la plataforma, “los problemas de salud y nerviosismo de la familia han provocado el acuerdo. No querían volver a vivir el estrés de una movilización y de la amenaza de la violencia de los antidisturbios. Es humano y lo entendemos perfectamente. Ahora, el problema es qué va a pasar el 19 de agosto con esta familia. Ese día se encontrarán en la calle porque nadie ha hecho nada para remediarlo. Las administraciones públicas se desentienden de la situación de muchas familias. Vivimos en un país muy hipócrita que abandona a personas en riesgo inminente de desahucio por absurdas sutilezas legales. Vivimos en un Estado donde el derecho a la propiedad está demasiado por encima del derecho a la vivienda, a pesar de que la Constitución no dice precisamente eso. Y recuerdo que estamos hablando de una entidad, UCI, cuyo dueño es el banco Santander, que financiamos todos los ciudadanos gracias a los mal llamados créditos fiscales”.

La plataforma ya había convocado la movilización anti-desahucios para mañana. “desconvocarla no será ningún problema, lógicamente. Lo primero son las familias. Y lo que ellos decidan va a misa”, aclara Javega. “Lo que no entendemos es que el juzgado haya emitido una nueva orden de lanzamiento para el 19 de agosto, siendo dicho mes inhábil. Aunque hay una excepción en los procedimientos penales, sólo se refiere a la fase de instrucción o similar; y en el caso de Luis y Carmen se trata de una ejecutoria penal, la última fase de cualquier procedimiento penal. Creo que en el juzgado han confundido el pacto entre las partes con lo que debe ser una orden de lanzamiento, cuando son cosas muy diferentes”, afirma de forma contundente el portavoz de la plataforma.