Marino apuntando con un arma larga

La opacidad y el abuso son factores frecuentes en el uso de la fuerza por parte de las autoridades México. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional y policías como la de Ciudad de México ocultan a cuantos civiles matan sus elementos, los registros de letalidad de la Secretaría de Marina y de diversas policías multiplican los límites establecidos en parámetros internacionales, e incluso superan los registrados en países como Brasil o Venezuela.

Así lo revela el informe “Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina”, elaborado por el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras instituciones, y que por primera vez compara los índices de uso de la fuerza y posibles abusos en cinco países del continente: México, Venezuela, Brasil, El Salvador y Colombia.

El estudio –que se hace público hoy– concluye que la región padece de focos de alarma en el uso de la fuerza no solo porque la letalidad está por encima de parámetros aceptables sino, además, porque existen indicadores poco confiables y transparentes, siendo México el caso más preocupante pues de los 12 indicadores que se analizan, ocho tuvieron que hacerse con estimaciones de prensa y dos más fueron imposibles de calcular por la falta de información oficial.

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Al profundizar en el caso de nuestro país el análisis destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional (sobre la que ahora recae la operación de la Guardia Nacional y es pilar en el plan de seguridad) se ha negado, desde el 5 de enero de 2014 hasta la fecha, a revelar el número de civiles que mueren por disparos de sus elementos.

Lo anterior pese a que existen varias resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Peronales (INAI) que ordenan revelar esos datos, y a que sí cuenta con la información como quedó de manifiesto en el debate de aprobación de Guardia Nacional, cuando el titular de la Sedena refirió en enero pasado que en 2018 murieron más de 700 civiles en enfrentamientos con el Ejército.

Pero la Sedena no es el único caso. El informe revela que se solicitaron vía transparencia datos de uso de la fuerza a las 32 entidades del país, pero solo 24 de ellas respondieron en alguna medida y solo la mitad de forma completa. Entre las entidades que no revelaron información se encuentra Ciudad de México, situación especialmente delicada pues cuenta con la policía más numerosa de todo el país.

También se requirieron datos a 10 fuerzas de seguridad municipal y solo una proporcionó la información.

En ese contexto el informe realizó un análisis utilizando datos oficiales de las corporaciones donde sí se obtuvieron, y reportes de prensa en donde la información oficial no fue transparentada.

Entre los resultados destaca el elevado índice de letalidad de la Marina. Según los datos oficiales que esa institución sí proporcionó, en 2013 y 2014 los marinos abatieron a más de 60 personas por cada una que lesionaron; para 2015  bajó a un promedio de nueve muertos por cada herido; en 2016 volvió a subir 30 por cada herido, y en 2017 el dato fue de 21.

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La Policía Federal reportó que en 2013, hasta 17 civiles fueron abatidos en enfrentamientos por cada uno que lesionó, disminuyendo en los siguientes años hasta llegar a tres civiles muertos por cada herido en 2016, para después repuntar a cuatro en 2017.

Todos esos son datos preocupantes según lo que marca el informe, pues la experiencia internacional indica que en los conflictos modernos y donde hay un uso racional de la fuerza, el número es justo a la inversa: la proporción de heridos siempre es mayor a la de muertos hasta en una relación de 4 a 1.

“En suma, el índice de letalidad (civiles muertos frente a heridos) debería ser siempre inferior a 1. Cuando el valor supera este umbral, es decir, cuando registramos más muertos que heridos, estamos ante un escenario de uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, en presencia de ejecuciones sumarias”, alerta el informe.

Si el análisis se hace a partir de datos de prensa para extenderlo a otras corporaciones, la proporción en todos los casos también es superior a uno, aun con el sesgo de que no todos los casos se conocen en medios. Por ejemplo, en 2017 el índice de letalidad del Ejército fue de 4.1; el de policías estatales de 2.6 y el de policías municipales de 1.6. Mientras que en operativos conjunto el índice de letalidad crece hasta los 18.6.

Entre otros datos que el informe presenta se encuentra el de la relación entre agentes de la autoridad caídos, frente a los civiles abatidos en enfrentamientos. Los expertos destacan que según la experiencia internacional, los agentes (por su entrenamiento y equipo) matan en mayor medida de lo que son abatidos, pero que dicho parámetro como máximo debería ser de 10 civiles muertos por cada policía o militar.

En el caso de la Marina, que es la corporación que proporcionó datos oficiales, dicho índice se rebasó en todos los años de 2013 a 2017, siendo el caso más grave el de 2016 donde se reportaron hasta 60 civiles muertos por cada marino abatido, es decir, seis veces más de lo que marca como máximo la experiencia internacional.

Si la revisión solo se hace con notas de prensa ante la falta de información oficial, aun así se identifican indicadores elevados como en el Ejército Mexicano donde el indicador fue de 11.6 civiles abatidos por cada soldado, o de la policía estatal con una relación de 10.3, ambos por encima del promedio.

“En conclusión, luego de que en 2011 pareciera haber un descenso, la incidencia de la fuerza letal puede estar repuntando en 2017 y, como consecuencia, se hace aún más urgente la construcción de datos oficiales a nivel de todas las instituciones del país, policiales y militares”, sentencia el informe.

País y región problemática

El informe “Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina” muestra varios puntos que despiertan preocupaciones respecto a niveles de violencia y uso de la fuerza.

En el caso de México, como ya se dijo, destaca la opacidad en la mayoría de los indicadores, pero también se identifican datos preocupantes. Por ejemplo, la relación de los civiles que los marinos en México abaten respecto a los que resultan lesionados en los enfrentamientos, que ha llegado a ser de 65 a  1, supera a la de las fuerzas del orden en Brasil que es de 58 abatidos por 1 herido, o de Colombia que es de 1.2 a 1.

Otro foco de alarma para México es el número de agentes muertos, pues tan solo en 2017 ascendió a 251 militares y policías abatidos, que supera por mucho a los otros países. Por ejemplo, Colombia registró 143 agentes asesinados, Brasil 81, Venezuela 57 y El Salvador solo cuatro.

Los otros países también presentan datos que despiertan preocupación ante posibles abusos.

“Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios de los países estudiados. El caso extremo es Venezuela, donde más de un cuarto de los homicidios son debidos a la intervención de los agentes del Estado. El Salvador también supera el límite de 10% que está asociado al abuso de la fuerza; Brasil posee un indicador más moderado, pero aún elevado (7.3%)”. indica el informe.

El estudio añade que la relación entre civiles y agentes públicos muertos alcanza valores “alarmantes” en El Salvador, donde mueren más de 100 civiles por cada agente fallecido. En Brasil,  indica el estudio, el valor es inferior pero aún muy alto: 58 civiles por cada agente.

“En suma, las informaciones obtenidas por este estudio permiten llegar a dos conclusiones de gran relevancia. La primera es la limitada transparencia en lo que atañe al uso de la fuerza letal en América Latina y, en función de ello, la necesidad de exigir la divulgación pública (…) y la segunda es que los datos apuntan a un uso excesivo de la fuerza en varios países de la región”, subraya el informe.

¿Qué hacer frente a esto?

Los coordinadores del estudio, Catalina Pérez Correa, Carlos Sirva Forné e Ignacio Cano, establecieron en el informe  algunas recomendaciones para hacer frente a los problemas ya descritos en el uso de la fuerza en la región.

En cuanto al problema de la opacidad consideraron fundamental que exista a nivel nacional y subnacional un registro preciso sobre personas muertas y heridas en incidentes en los que participen miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Es indispensable, además, que estos datos sean divulgados regularmente, de forma que sea posible monitorear el fenómeno y tomar, en su caso, medidas preventivas o correctivas. La información registrada y divulgada debe contar con suficientes detalles sobre el contexto del incidente, su localización y horario, si los agentes estaban o no de servicio, el tipo de armas empleada”, señalaron los expertos.

En cuanto a regulación, señalaron que es indispensable que cada país cuente con una norma específica de uso de la fuerza de alcance nacional y que sea compatible con los estándares internacionales, situación que en varios de los países de América Latina no ocurre.

El informe destaca la importancia de que cada incidente donde se haya usado fuerza letal y resulte en la pérdida de vidas humanas se registre y se investigue de forma rigurosa, tanto administrativa como penalmente.

“Por su parte, la investigación de los hechos debe ser realizada por miembros de otras instituciones o, por lo menos, de otras unidades diferentes de aquellas que participaron en la acción, de modo que se garantice la independencia de la investigación, de acuerdo con la jurisprudencia existente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluye.

Aquí puedes consultar el informe Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina

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Author: Arturo Angel