Ley del Derecho de la Vivienda de la PAH

Podemos Cantabria ha presentado hoy una Proposición de Ley para el Derecho a la Vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Con esta iniciativa se pretende garantizar el derecho subjetivo a la vivienda en Cantabria, desarrollando el derecho a la vivienda ya reconocido en la Constitución y  en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y llenando de contenido la competencia exclusiva en materia de vivienda que el Estatuto de Autonomía de Cantabria asume en su artículo 24.3.

El diputado de Podemos, Alberto Bolado, ha señalado que esta norma “no es una proposición de ley de Podemos ni de ninguno de los grupos políticos, sino que es una ley de la gente, de la sociedad civil y fundamentalmente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que a lo largo de los últimos años ha trabajado muy duro para acabar con la gravísima situación de injusticia que vivimos en España y en Cantabria con respecto al derecho a la vivienda”.

La presentación de la norma, que fue registrada el miércoles en el Parlamento de Cantabria,  pretende acabar también “con la inacción de quien tiene la responsabilidad de adoptar medidas para acabar con la gravísima vulneración de los derechos humanos que hemos vivido en los últimos años” y que ha motivado, según el diputado, “que sea precisamente la sociedad civil la que haya tomado la iniciativa y hayan redactado esta ley que ninguno de los políticos que nos sentamos en este Parlamento hemos hecho, ni ahora, ni en ningún momento previo pese a contar con competencia autonómica en materia de vivienda en nuestro estatuto de autonomía. Por ello”, apunta,  “el único papel de mi grupo es facilitarle a la sociedad civil lo que tendría que ser un derecho, poder presentar iniciativas legislativas”.

Bolado recordó que  pese a que en teoría el derecho a presentar iniciativas legislativas populares existe, en la práctica es una carrera de obstáculos insalvable que “incluso aún habiendo redactado la proposición de ley, incluso habiendo recogido más de 8.000 firmas, no ha podido ser debatida en el pleno del Parlamento de Cantabria. Por eso, nosotros hemos decidido recoger el guante y facilitar su tramitación parlamentaria”. En este sentido, el diputado ha agradecido la “sensibilidad”  del Partido Socialista, que ha apoyado la tramitación de la iniciativa de la PAH.

Podemos ha recordado que en Cantabria se siguen ejecutando cada año un elevado número de desalojos forzosos. Según los datos del CGPJ, sólo desde el año 2013 hasta la actualidad, se han practicado más de 6.127 lanzamientos

 

“Un desalojo forzoso sin alternativa habitacional constituye una agresión directa a los derechos fundamentales de la persona. Es un ataque a su dignidad e integridad moral porque privar por la fuerza a una persona que no tiene la capacidad de pagar el coste de mantener una vivienda es en si mismo un trato inhumano y degradante y un atentado contra el derecho a la intimidad personal y familiar de todo ser humano”, señala Bolado.

En cuanto a las medidas concretas que se proponen figuran las siguientes:

-Se declara el interés social de la expropiación de viviendas desocupadas injustificadamente cuando se haya incumplido la función social que el artículo 33 de la constitución atribuye a la propiedad.

-Se pretende fomentar el alquiler social, la regulación de un procedimiento de cesión de viviendas al parque público, ayudas y subvenciones, medidas impositivas como reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, deducciones sobre la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta, o un impuesto por desocupación de las viviendas y medidas para paliar la pobreza energética.

-Se regula el ejercicio del derecho a solicitar y obtener un derecho de uso sobre una vivienda. El sistema de residencia se ha dividido en dos categorías: el de vivienda más o menos como ya lo conocemos y el de alojamiento dotacional, siendo este último el que viene definido por la temporalidad de la medida de emergencia habitacional.

-Se modifica el Registro Público de Demandantes de Vivienda para incluir los alojamientos dotacionales y para que sirva como un verdadero instrumento de gestión y control de la adjudicación de las viviendas del parque público que se deberá regir por los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia.

Además, se incorpora un régimen sancionador y se crea un cuerpo de inspectores con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las previsiones de la ley y el uso eficiente y adecuado de los recursos disponibles.