La formación morada consigue el apoyo de todos los grupos para que la nueva Ley de Régimen Jurídico  impida casos como el de Sodercán, adscrita Universidades en vez de Industria

Podemos Cantabria ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la nueva Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma, que incluye, entre otras medidas, la obligación de atribuir la tutela y adscripción de las sociedades públicas a una consejería que guarde relación directa con su objeto social, lo que evitaría que se vuelvan a dar situaciones como la de Sodercán, adscrita a la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social en vez de a Industria. De esta manera se prima el correcto funcionamiento de la administración sobre los intereses partidistas.

En total, Podemos ha presentado 56 enmiendas a la Ley, de las que se han aprobado la mitad y  del resto,  la mayoría han sido transaccionadas, entre ellas la creación de un Consejo de Supervisión Continua que tiene encomendada la supervisión de las entidades integrantes del sector público institucional. Según el diputado Alberto Bolado, “con la anterior regulación quedaban en las zonas más oscuras de la administración, llegando a permitir incluso la creación de una especie de administración paralela mucho más difícil de controlar para los representantes de los ciudadanos de Cantabria. De esta manera podríamos decir que esta regulación es la guinda del pastel tras la aprobación por el Parlamento de Cantabria de la ley de trasparencia que para nosotros ha sido uno de los principales objetivos de la legislatura”.

Los grupos parlamentarios formarán parte del Consejo para facilitar la función de control del Gobierno.

Otro de los puntos que recoge la Ley  es la reducción del número de supuestos de silencio administrativo negativo,  ya que para Podemos, “falta de resolución expresa por parte de la administración provoca una grave inseguridad jurídica que es perjudicial para los derechos de los administrados y en muchas ocasiones frena el dinamismo económico y la generación de riqueza. No en vano son abundantes las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración y los ciudadanos que tienen un claro contenido económico”.

Asimismo,  en cuanto  al nombramiento y estatuto personal de los directores generales, Podemos presentó una enmienda que finalmente quedado reflejada en la ley como consecuencia de una transaccional, con la que se garantiza que los nombramientos no estarán limitados a funcionarios de carrera, si no a cualquier persona siempre que se garantice su cualificación y experiencia para dicho cargo. Además se introduce la obligación de que el Gobierno informe al Parlamento para facilitar el control del ejecutivo en relación a la adecuación e idoneidad de dichos nombramientos.

Igualmente, tal y como  señaló el diputado en el Pleno, “hemos conseguido introducir una modificación que promueva la correcta atención de las personas con discapacidad por parte de la Administración, blindando la accesibilidad universal como derecho para la ciudadanía”. Según recordó el diputado “si no queremos que la accesibilidad universal consagrada en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad siga siendo papel mojado pese a que el pasado 4 de diciembre de 2017 venció el último de los plazos establecidos por nuestro ordenamiento para cumplir las obligaciones legales en materia de accesibilidad, es imprescindible una mayor concreción de las obligaciones de la administración en este sentido. De esta manera la previsión que hemos enmendado viene a ser el cierre legal de las medidas en materia de accesibilidad de la administración pública que contendrá la ley cántabra de derechos de las personas con discapacidad que pronto debatiremos en Pleno”.