La repetición del juicio contra los 15 acusados por los disturbios ocurridos en los aledaños de El Molinón antes del derbi regional de septiembre de 2017 (el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló la primera sentencia por un defecto de forma) lleva meses atascada en el juzgado. El principal escollo, toda vez que parece que se reeditará un acuerdo ahora de todos los implicados para aceptar las penas de cárcel, es encontrar encaje legal a la expulsión de los estadios deportivos a imponer a los procesados. Esta medida la exige la Liga de Fútbol, que ejerce la acusación popular, y en su nuevo escrito de acusación reclama que sea por un periodo de tres años, cinco meses y 29 días. Hay dos opciones, o bien como medida condicionada a la suspensión de las penas privativas de libertad o bien en virtud de la ley del Deporte. Pero no hay quórum. De hecho, dado el entuerto, las partes serán citadas próximamente por la Audiencia para intentar desatascar el conflicto y fijar la vista oral de unos hechos que ocurrieron hace ya cuatro años. Y en breve se cumplirá un año desde que se celebró el primer juicio.
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