La ilusa y pretenciosa etiqueta publicitaria de “Cantabria Infinita” sigue causando estragos en las  competencias sobre ordenación territorial y planeamiento urbanístico alimentando las visiones más desarrollistas y depredadoras contra la sostenibilidad  de los recursos, la calidad de vida y el Patrimonio Natural y Cultural.

Ejemplo de esta región “ilimitada” lo encontramos en la labor legislativa  desde hace  décadas y las lecturas parciales y tendenciosas de las normativas  específicas de carácter municipal, autonómico, estatal o comunitario para vaciarlas de contenido, ignorar sus objetivos más razonables y potenciar las lecturas más interesadas y retorcidas para favorecer empresas e intereses clientelistas. En esa dirección camina la LOTUCA (Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria) para  rematar el deterioro generalizado de las condiciones ambientales de pueblos  y ciudades, de las áreas rurales, y de los espacios naturales que no han cesado en los últimos tiempos de perder sus valores originales y la singularidad de sus escenarios más relevantes y atractivos.

Solo hay que comprobar los caóticos crecimientos de ciudades y villas como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Noja, Solares, El Astillero, Camargo,  Los Corrales, Bárcena Pie de Concha, Reinosa, Polientes, Ramales, Ampuero, Colindres, San Vicente, Comillas,  Potes, Cabezón de la Sal, Puente San Miguel, Bezana…, que han desbordado corolas, perímetros y periferias –en sus impactos sobre bahías, litorales, ríos, mieses y vegas próximas– para  convertirse en aglomeraciones sin personalidad por el hacinamiento demográfico, la contaminación visual y atmosférica, y el secuestro sistemático de las perspectivas y los paisajes diáfanos y abiertos en la costa, los valles del interior y hasta la misma Cordillera, pendiente de los polígonos eólicos y otros negocios.

Todo ello sin valorar la necesidad de impregnarse –sobre todo en una región tan pequeña– de criterios de decrecimiento para conservar los recursos naturales y el carácter compacto del poblamiento con la rehabilitación o restauración de viviendas y del Patrimonio histórico y cultural –incluido aquí el etnográfico y el de las culturas viarias o fluviales tradicionales cada vez más castigadas por obras e intervenciones innecesarias– y en la dinamización e intercambios más justos y redistributivos entre el campo y la ciudad en cuanto a los precios de los productos agroganaderos y la dotación de los servicios y equipamientos  a los habitantes de las áreas rurales sin caer en la tentación de convertirlas en el receptáculo de un turismo masivo, estacional y agresivo con infraestructuras superfluas o infrautilizadas con picos de masificación o intensificación de tráficos y rentabilidades  negativas para los residentes habituales de los lugares afectados que tampoco ven impulsos e iniciativas más seguras y beneficiosas como son el cultivo de especies de maderas nobles y frutícolas, el apoyo a la agricultura ecológica, la volatería doméstica o la apicultura, y las rebajas fiscales en el IBI, el IRPF, el Impuesto de Circulación o en la transmisión de bienes.

Esta LOTUCA despilfarradora de recursos  tampoco valora la pérdida de suelo rústico, la dispersión residencial, y los perjuicios agroganaderos dentro de la inutilidad de la abundante producción legislativa y su incumplimento en el control y seguimiento de normativas –que habrían hecho innecesaria esta “nueva” Ley del Suelo–; y de la falta de aplicación de las Leyes estatales de Aguas, Costas o Minas y de transferirse las Confederaciones Hidrográficas y la Demarcación de Costas–; de directivas como Hábitats, Red Natura 2000, Zonas Húmedas o Biodiversidad; o de las leyes autonómicas de Patrimonio, Conservación de la Naturaleza, Carreteras o Paisaje, carentes, además, de efectividad por la impotencia ejecutiva de Planes de Ordenación y Catalogación precisa de los Recursos Naturales, del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), o del Plan de Ordenación del Litoral (POL). Derroche normativo que no ha impedido la degradación de la ordenación territorial y la planificación urbanística donde, además, la Comisión Regional de Urbanismo, llamada a ejercer una función de supervisión de toda la legislación sobre el tema, ha sido, con frecuencia cómplice de toda clase de infracciones y corruptelas, tanto de las distintas Consejerías implicadas como de los  Ayuntamientos con sus figuras concretas de Normas o PGOU,s que ante sus mismos ojos,  ha favorecido los desastres territoriales y urbanísticos en sus propios términos municipales sin rectificar criterios y actuaciones para mejorar sus planteamientos y conductas.

Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción. Apartado 37. 39500-Cabezon de la Sal. E-mail: cantarida@nodo50.org