La investigación de la Fiscalía de Cantabria sobre las presuntas irregularidades en contratos del SCS (Servicio Cántabro de Salud), abierta a raíz de las denuncias de Izquierda Unida y el PP, ha recaído en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el asunto entró ayer miércoles, y ahora la jueza, Mercedes Compostizo, tiene que revisar la documentación, que ocupa ya «varios tomos», antes de dictar, en su caso, auto de incoación de diligencias.
La Fiscalía notificó el pasado lunes 26 de noviembre a IU y al PP la remisión de sus diligencias, con la correspondiente denuncia, al juzgado decano de Santander para su reparto al juzgado de instrucción de turno, a fin de que se proceda a la apertura de diligencias «tendentes a la averiguación de los hechos y presuntos responsables». En sus denuncias, PP e IU alertaban de indicios de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones, tipificados todos ellos en el Código Penal, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la sanidad cántabra, algunas de ellas a «empresas relacionadas entre sí y vinculadas a políticos socialistas». Ambos partidos presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento. El caso provocó la dimisión del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González.
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Author: eldiariocantabria