La Comisión Europea investigará si el Gobierno de Cantabria ha respetado la ley en la prospección minera «Salia»

La Comisión Europea investigará si el gobierno autonómico de Cantabria está actuando de acuerdo con la legislación europea al permitir la prospección minera «Salia», tras la petición de Izquierda Unida.

La solicitud realizada por el dirigente de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, y abierta a adhesiones, ha sido declarada admisible por la Comisión de Peticiones “ya que el asunto que se plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”, tal y como reza la notificación.

De entre todos los expedientes abiertos, el escrito de IU se centra en el permiso de investigación conocido como ‘P.I. SALIA’, el más avanzado hasta la fecha, concedido por el Gobierno de Cantabria a Cantábrica de Zinc SL, que forma una joint venture (creada en 2016) con Global Amidala SL y la minera canadiense Emerita Resources.

Dicho proyecto afecta a los municipios de Suances, Torrelavega, Santillana del Mar, Reocín, Cartes y Mazcuerras y se quiere desarrollar en un área de interés que cubre 120 Cuadrículas Mineras con una superficie aproximada de 3.600 Hectáreas.

Ruiz Salmón llama la atención sobre varios hitos, dado que el 10 enero de 2019, la empresa canadiense Emerita Resources anunciaba que había conseguido los permisos para empezar las prospecciones en la explotación de zinc de los terrenos en ‘Proyecto Zona Norte’. Sin embargo, según los comunicados de la propia empresa, el concurso público lo ganaron en octubre de 2017.

“¿Qué ha pasado entre medias? Que el Gobierno de Cantabria ha modificado ad hoc la ley del suelo en Cantabria para poder abrir una serie de concursos públicos para explotar las minas de Zinc que hasta ahora estaban cerradas”, opinaba el dirigente de IU. “Y también se aprobó, en 2017, el CETA, el acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea”, ha continuado.

Además, la solicitud presentada y admitida para su investigación, plantea la posible vulneración de varias Directivas: Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.

Así, la petición se ha trasladado a la Comisión Europea para que lleve una investigación preliminar, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo.

“Se inicia, por tanto, un camino en el cual se debatirá sobre el asunto y en el que esperemos que la investigación arroje unas conclusiones claras y, sobretodo, ponga luz ante la opacidad con que el Gobierno autonómico guarda los detalles más controvertidos”, sentenciaba.